La deuda de Entidades del Sector Público Local de C-LM supera los 910 millones

TOLEDO.- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2009 de las Entidades del Sector Público Local de Castilla-La Mancha suponen un total de 493.935.456,61 euros, y las obligaciones pendientes de pago suman un total de 457.084.271,41 euros. Mientras, el endeudamiento total a 31 de diciembre de 2009 de las Entidades del Sector Público Local de Castilla-La Mancha que han rendido la cuenta general asciende a 910.794.190,46 euros.

    Así se desprende del informe anual sobre la rendición de las cuentas del Sector Público Local de Castilla-La Mancha correspondientes al ejercicio 2009 de la Sindicatura de Cuentas, que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

   De dicho informe se desprende que para rendir la cuenta general del ejercicio 2009 cada entidad local ha tenido que darse de alta en la nueva plataforma de rendición telemática, algo que para este ejercicio han hecho un total de 904 entidades locales.

   Asimismo, desvela que a 14 de octubre de 2011, fecha de cierre del presente informe para la agregación de los datos de las cuentas rendidas, un total de 815 Entidades Locales de la región han cumplido la obligación legal de rendir la cuenta general del ejercicio 2009 ante la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, lo que representa un 73% del censo de Entidades Locales de dicho ejercicio.

   El sindico de cuentas determina, asimismo, que sólo el 53 por ciento de las Entidades Territoriales Inferiores al Municipio (EATIM) y el 61 por ciento de las Mancomunidades han cumplido con la obligación legal de rendir la cuenta general.

   El sindico señala igualmente que de las 815 Entidades Locales que rindieron la cuenta general del ejercicio 2009, 710 aprobaron el Presupuesto con posterioridad al 31 de diciembre de 2008, incumpliendo la Ley Reguladora de Haciendas Locales, lo que representa un 87 por ciento de retraso de aprobación de presupuesto.

   La Sindicatura de Cuentas ha revisado 6.097 incidencias iniciales aparecidas en los estados de las cuentas generales rendidas y se han resuelto 1.415 incidencias, que han sido consideradas justificadas.

   De las 815 Entidades Locales que presentaron la cuenta general del ejercicio 2009 fueron requeridas 362 para que subsanaran o justificaran las incidencias no aceptadas en el proceso de validación.

   Así, los 695 municipios de Castilla-La Mancha que han rendido su cuenta general son las Entidades Locales que más incidencias presentan en el proceso de validación. Tras el proceso de validación sólo 28 cuentas generales presentadas por municipios no tienen incidencias.

   El informe de la Sindicatura de Cuentas establece también que el total de obligaciones reconocidas de las Entidades del Sector Público Local de Castilla-La Mancha que ha rendido la cuenta general del ejercicio 2009 asciende a 3.047.015.916,55 euros. El total de derechos reconocidos netos asciende a 3.095.562.869,10.

   En cuanto a la deuda viva que mantienen con Entidades Financieras, asciende a 886.722.696 euros, de las que 195.424.576,84 corresponden a las cinco Diputaciones Provinciales, y 691.298.119 euros a ayuntamientos.

   El informe también contempla que el indicador de liquidez inmediata determina que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes son las Entidades Locales con menor liquidez. En cuanto a la solvencia a corto plazo, indica que también los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes son las Entidades que presentan una menor solvencia a corto plazo.

   Asimismo, en base a este informe, el endeudamiento por habitante durante el ejercicio 2009, representa para las Diputaciones Provinciales 106,85 euros, mientras que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes alcanzan los 630,05 euros/habitantes, cantidad que se minora en más de un 50% para los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, representando 293,09 euros/habitantes.

    Durante el ejercicio 2009 el gasto por habitante alcanza el mayor grado en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, con un ratio de 1.318 euros, mientras que en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes el gasto es de 1.114 euros, lo que significa el mayor coste en la prestación de servicios para los municipios con menor población. En el mismo sentido, el gasto de inversión por habitante alcanza su mayor cuantificación en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

   El informe de la Sindicatura de Cuentas también determina que de los quince ayuntamientos, capitales de provincia y población superior a 20.000 habitantes, seis presentan un remanente de tesorería para gastos generales negativo. Se trata de Albacete, Guadalajara, Talavera de la Reina, Toledo, Hellín y Villarrobledo.

   Dentro de los siete municipios, capitales de provincia o con población superior a 50.000 habitantes, el síndico destaca el importe del ajuste realizado por exceso de financiación afectada, que provoca el cambio de signo en el remanente de tesorería total de seis municipios, siendo el ayuntamiento de Guadalajara el único que presentó remanente de tesorería para gastos generales positivo.

   En relación con el remanente de tesorería de los ayuntamientos con población comprendida entre 20.001 y 50.000 habitantes, la Sindicatura destaca la evolución negativa de los Fondos Líquidos de cinco ayuntamientos, si bien el resultado agregado es positivo al haberse incrementado la evolución de los Fondos Líquidos. La evolución de las obligaciones pendientes de pago en términos agregados ha aumentado a 31 de diciembre de 2009.

   Ante estos datos, la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha recomienda que, con el fin de facilitar el control y transparencia del Sector Público Local de Castilla-La Mancha, debería regularse un registro público donde se inscriba la existencia, creación y extinción de Entidades Locales, dejando constancia de su actividad orgánica y económica.

   Asimismo, aconseja a las Entidades Locales que presten un mayor interés en cumplir los plazos fijados en la normativa presupuestaria para la confección, aprobación del presupuesto municipal, la liquidación y la rendición de la cuenta general.

   El Pleno de la Corporación, como órgano fiscalizador de la gestión de la entidad, debe exigir el envío de la cuenta general para su publicidad y aprobación antes del día 1 de octubre, facilitando la rendición tanto al Tribunal de Cuentas como a la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, añade el informe.

   Añade el sindico que la Administración regional y las Diputaciones Provinciales deberían hacer un esfuerzo en facilitar la dotación de recursos humanos suficientes para que se puedan cumplir las funciones del control interno de las Entidades Locales, así como facilitar a todos el acceso a la Administración electrónica.

   Concluye el sindico señalando que se debería ponderar la necesidad de promover iniciativas legislativas para que la rendición de cuentas del Sector Público Local sea considerada requisito necesario para que una Entidad Local y sus Entes Dependientes puedan acceder a los procedimientos de ayudas y subvenciones públicas.

El Proyecto de Ley de los 1.500 millones de euros se aprobará en pleno

TOLEDO.- El Proyecto de Ley que permitirá conceder suplementos de crédito a los Presupuestos Generales de la Junta de este año 2011, por un importe superior a 1.500 millones de euros para atender obligaciones de diversas Consejerías de la Junta de Comunidades se aprobará en el pleno de este jueves, día 1 de diciembre.

   Según ha explicado, en declaraciones a los medios en las Cortes, la secretaria primera de la Mesa, Cesárea Arnedo, la tramitación del Proyecto de Ley --que prevé conceder suplementos de crédito por 1.533.959.490 euros para las consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales; Educación, Cultura y Deportes; Agricultura, Fomento, y Economía y Hacienda-- se aprobará por lectura única y posteriormente el texto será debatido y votado.

   No obstante, la sesión plenaria --que comenzará a las 16.00 horas-- se iniciará con la designación de Miguel Ángel Rodríguez como nuevo senador por designación autonómica, a propuesta del Grupo Popular, toda vez que la Comisión de Reglamento y del Estatuto del Diputado de las Cortes ha determinado la falta de incompatibilidades para que el nombramiento se produzca.

   Además, el pleno se completará con el debate y votación de la resolución de la Comisión de la Mujer sobre prevención de malos tratos y prevención a mujeres maltratadas de 2010 -que se vio el viernes 25 en Comisión; y un debate general con información previa del Consejo de Gobierno sobre ordenación e inspección del transporte en Castilla-La Mancha, derivado de sendas interpelaciones de PP y PSOE sobre este tema.

   A continuación, se celebrará otro debate general sobre los programas de los servicios sociales básicos en Castilla-La Mancha, también derivado de sendas interpelaciones del Grupo Socialista y el Grupo Popular sobre este asunto, con información previa del Consejo de Gobierno.

   El pleno finalizará con la formulación de seis preguntas orales, una sobre la repercusión del Plan de Garantía de los Servicios Básicos en la enseñanza concertada, a cargo del socialista Santiago Moreno; sobre el nombramiento de la directora del Instituto de la Mujer, a cargo de la socialista Mercedes Giner, y dos de la diputada del PP Inmaculada López sobre la Red de Teatros de Castilla-La Mancha.

   Además, el diputado socialista José Molina formulará una pregunta oral sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2012 y la parlamentaria del PSOE Amaya Villanueva se interesará en el pleno sobre la contratación de bibliotecarios en la Comunidad Autónoma.

El PSOE pide a Cospedal que haga un Gobierno "nuevo" para C-LM

TOLEDO.- El secretario de Organización del PSOE, José Manuel Caballero, ha instado a la presidenta regional y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal a que, cuando se conforme el nuevo Gobierno de España "nombre uno nuevo" también para Castilla-La Mancha porque el actual "está agotado".

   En declaraciones a los medios en el Grupo Socialista de las Cortes, Caballero ha señalado que Cospedal "tiene en mente hacer una renovación" del Ejecutivo autonómico, tras conocerse que Miguel Ángel Rodríguez, responsable de la Oficina Presupuestaria de Castilla-La Mancha --que fue la "gran promesa" de Cospedal-- haya dejado su cargo para ser nombrado senador autonómico, evidenciándose que este organismo "no tenía ni sentido, ni valor, ni ha servido para nada".

   "No parece que fuera importante su trabajo, cuando lo ha nombrado senador", ha dicho el también diputado socialista, que ha advertido que los hechos evidencian que la mitad del Ejecutivo castellano-manchego "no paga aquí sus impuestos", no vive en la región o "está pensando en otros horizontes y responsabilidades".

   Lo mismo sucede, ha destacado José Manuel Caballero, con otros responsables 'populares' como los cinco miembros del Grupo Popular que se van a Madrid a ocupar otras responsabilidades u otros altos cargos que también se van a la capital "muy pronto" cuando aquí "ni siquiera les ha dado tiempo a calentar el sillón".

Los embalses de Entrepeñas y Buendía bajan15 hectómetros pero aún acumulan 1.058

TOLEDO.-   Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado 15 hectómetros desde la última medición, almacenando esta semana un total de 1.058 hectómetros cúbicos, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

   De este modo, el embalse de Entrepeñas disminuye sus reservas en ocho hectómetros, quedándose con 453 de los 835 que puede almacenar, y el de Buendía ha perdido siete hectómetros y almacena 605 de una capacidad total de 1.639.

   De los ocho embalses restantes de la provincia de Guadalajara, cuatro han aumentado sus reservas y el resto se han mantenido invariables. Así, el de Alcorlo gana un hectómetro y se coloca con 103 de los 180 que puede almacenar; el de Beleña suma uno y se sitúa en 30 hectómetros de los 53 de su capacidad total; el de Bolarque gana dos y almacena 28, a tres de su máximo; y el de El Vado aumentando en dos su agua embalsada y retiene un total de 13 hectómetros, de los 56 que puede albergar.

   El resto mantienen sus reservas invariables. Así, el de Almoguera mantiene seis de los siete que puede almacenar; y el de El Atance sigue con 16 de un total de 35 embalsables.

   Por su parte, el de Palmaces continúa con 12 de 31 que puede almacenar; y el de la Tajera se mantiene con 34 de los 59 que es capaz de albergar.

   Por otro lado, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, mantiene sus reservas y se queda con cuatro, a dos de su máximo embalsable.

Castilla-La Mancha no cumple con el objetivo de déficit del 1,3% y es la región que lo tiene más elevado, 4,84%

MADRID.- Las comunidades autónomas registraron un déficit de 12.873,78 millones hasta septiembre, el 1,19% del PIB, una décima por debajo del objetivo que se había fijado el Ejecutivo para el conjunto del año (1,3%), según ha adelantado la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado.

   En una rueda de prensa, Salgado ha explicado que la cifra es ligeramente inferior al déficit del 1,21% registrado en el trimestre anterior, ya que si sólo se tiene en cuenta el resultado del tercer trimestre del año se ha registrado un superávit de 192 millones.

   En este sentido, el Gobierno considera "evidente"  el efecto de las medidas previstas en los planes de reequilibrio aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en las cuentas de las comunidades y asegura que si se analiza únicamente el comportamiento presupuestario del tercer trimestre, diez comunidades cerraron con superávit.

   Según Salgado, el dato demuestra que las comunidades han hecho esfuerzos y están en la senda de reducción del déficit, por lo que ha confiado en que finalmente cumplan el objetivo marcado, tal y como hará el Estado.

   De hecho, ha descartado la posibilidad de nuevas medidas de ajuste para cumplir el objetivo de déficit público (6%) porque "no tendría mucho sentido" que las tomara un Gobierno en funciones y porque la Administración Central va a cumplir.

   "La Administración Central va a cumplir y las comunidades deberían hacerlo", ha señalado, tras asegurar que el dato de las comunidades en los nueve primeros meses es un "buen indicativo" de cómo los diferentes territorios están reduciendo el déficit.

   El dato registrado de 12.873 millones es consecuencia de unos ingresos no financieros que han caído un 3%, mientras que los gastos han bajado un 2,81% respecto al mismo periodo de 2010.

   Por comunidades, los datos muestran que todos los territorios menos el País Vasco (+0,60%) han registrado un saldo negativo y sólo seis incumplen el objetivo del 1,3% frente a las ocho que lo rebasaban en el trimestre anterior.

   Diez comunidades mejoran sus datos respecto al segundo trimestre (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja), mientras que siete los empeoran (Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia).

   De hecho, Castilla-La Mancha (4,84%) y Murcia (3,03%) son las comunidades con el déficit más elevado, aunque también se sitúan por encima del objetivo marcado (1,3%) Comunidad Valenciana (2,32%), Extremadura (1,98%), Asturias (1,57%) y Cataluña (1,34%).

  
Por encima del 1%, pero por debajo del objetivo marcado se sitúan Castilla y León (1,25%), Cantabria (1,19%), Andalucía (1,11%), seguidas de Baleares (0,97%), Aragón (0,89%), Galicia (0,82%), La Rioja (0,56%), Canarias (0,51%), Madrid (0,47%) y Navarra (0,06%).

   De cara al futuro, Salgado ha confiado en que las comunidades se mantengan en la senda de reducción del déficit tomando nuevas medidas, ya que es "evidente" que hay que seguir haciendo esfuerzos hasta finalizar el año.

   No ha querido valorar las iniciativas concretas que ha puesto en marcha cada comunidad, aunque sí ha dicho que el Ministerio se pondrá en contacto con las comunidades que no están cumpliendo para conocer la situación.

   De la misma forma, ha asegurado que no está previsto convocar otra vez el CPFF y no ha querido dar "consejos" a su sucesor al frente de la cartera de Economía y Hacienda o anticipar los resultados de su trabajo.

   Sobre la situación concreta de Cataluña, Salgado se ha limitado a decir que la relación con la Comunidad Autónoma es "cordial" y que el Estado no escucha que no va a cumplir el objetivo fijado porque entiende que es su "obligación".

"Todo el mundo tiene que hacer lo posible por cumplir", ha dicho.

Los tribunales han comenzado a tomar cartas en el asunto de los complejos productos financieros

VALENCIA.- Los tribunales han comenzado a tomar cartas en el asunto de los complejos productos financieros que los bancos ofrecen a los clientes que buscan una rentabilidad superior a la media para sus ahorros. La ley prohibe a las entidades "vender" este tipo de inversiones a personas que carezcan de la preparación adecuada para entender sus riesgos, pero los banqueros han llegado a colocárselas a octogenarios, según el diario 'Levante'.

  Hace unos días se conocían tres nuevas sentencias relacionadas con productos financieros complejos que se habían ofrecido a los clientes de los bancos sin informar correctamente sobre los riesgos que se asumían. Uno de los casos lo resolvía la Audiencia Provincial de Murcia condenando a Caja Mediterráneo (CAM) a devolver a una octogenaria, domiciliada en Cartagena, los 134.000 euros colocados en bonos del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers -quebrado en 2008-, al no haber advertido la entidad financiera al cliente los riesgos a los que se enfrentaba en la operación.
Otro juzgado, en esta ocasión de Valencia -la Audiencia-, se pronunciaba a favor de un matrimonio que había invertido 250.000 euros en el mismo producto, "seguro y de buena rentabilidad", según les dijeron en 2008 en la oficina de Bankinter, aunque un año después la sucursal les envió una comunicación en la que les trasladaba que habían perdido todo lo invertido.
Por las mismas fechas, a casi ochocientos kilómetros de distancia, la sección séptima de la Audiencia Provincial, en Gijón, atendía una reclamación similar y obligaba a Banif, la filial de banca privada del Banco de Santander, a pagar a una clienta los 262.318 euros que había invertido en Lehman. Los motivos, los mismos: no habían advertido adecuadamente a la demandante los riesgos que asumía con la adquisición del producto. Esa misma oficina bancaria ya había tenido que devolver con anterioridad otros 800.000 euros a una decena de clientes por incumplir los deberes de "información y lealtad" en la venta de los productos.
Lo cierto es que mientras la economía funcionaba bien y la burbuja inmobiliaria se hinchaba no había problemas. Los bancos y las entidades financieras ingresaban regularmente los beneficios en las cuentas de los inversores y nadie se paraba a pensar dónde estaba metido su dinero. Sin embargo, septiembre de 2008 marcó, como en casi todo, el punto de inflexión. La caída del banco de inversión Lehman Brothers, de las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG provocaron la caída del castillo de naipes y la conversión de los boyantes rendimientos en importantes pérdidas, que en algunos casos supusieron no solo un porcentaje, sino todo el dinero invertido, como en el caso de Lehman.
Estas pérdidas soliviantaron a numerosos inversores que, aún siendo conscientes de que podrían perder dinero, jamás habían llegado a imaginar que su cuenta se podría quedar a cero. Se trataba en la mayoría de los casos, que se están resolviendo ahora en los juzgados, de personas sin experiencia en la inversión, que pretendían sacar de sus ahorros una rentabilidad superior a la media, desconocedores, además, del amparo que les brinda la legislación ante este tipo de productos. En concreto, la Ley de Mercado de Valores de 2007, que modificaba la de 1988 para incluir una serie de directivas europeas. En su artículo 79 bis se regulan las obligaciones de información que deben cumplir las entidades financieras con los demandantes de un producto de inversión. Cuando se trate de clientes no profesionales, la ley deja las cosas meridianamente claras. Primero, la entidad deberá asegurarse de la capacidad intelectual del cliente para comprender el tipo de producto que se le ofrece y los riesgos que comporta, estableciendo un perfil sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión. En caso de que el potencial comprador tenga dudas, el banco está obligado a no ofrecerle ese producto.

Información clara y no engañosa
En segundo lugar, la información que se ofrezca ha de ser "imparcial, clara y no engañosa". Precisamente, este artículo de la ley es el que está llevando a los bancos a perder las demandas de los clientes. La Audiencia Provincial de Murcia, en la sentencia que da la razón a la octogenaria de Cartagena frente a la CAM, lo deja muy claro. El banco debe "proporcionar al cliente una información individualizada y adecuada en relación con el producto financiero que adquiere, a fin de que pueda alcanzar una cabal comprensión de sus características y de los riesgos asociados a la misma, en especial el referente a la posibilidad de pérdida total 0 parcial del capital invertido".
También hay otros productos complejos que han dado lugar a las reclamaciones de los clientes, como las llamadas participaciones preferentes, que se han convertido en un callejón sin salida para miles de pequeños ahorradores en la CAM. Con la compra de estos valores, el inversor lo que hace en realidad es prestar su dinero a perpetuidad al banco o caja en cuestión a cambio de un interés anual, generalmente bastante elevado, que se pagará siempre que existan beneficios.
Esto significa que, rentabilidad aparte, la única forma de recuperar lo invertido es encontrar a otra persona que desee comprar las participaciones, algo muy complicado en el actual momento de crisis, en el que todo el mundo desconfía de las entidades financieras y prácticamente no existe demanda para estos títulos. Tienen también el inconveniente de que en caso de quiebra, al tratarse de deuda subordinada, sus propietarios son los últimos en la lista de cobro, sólo por delante de los accionistas.
Para las entidades la principal ventaja es que el dinero captado con este tipo de emisiones computa como recursos propios de máxima calidad o "core capital" y les permite alcanzar los mínimos de solvencia que les exige la legislación. Por este motivo, aunque hay emisiones de finales de los noventa, fue a partir del año 2009 cuando empezaron a utilizarse de forma masiva para hacer frente a los primeros embates de la crisis, hasta el punto que la mismísima Comisión Nacional del Mercado de Valores tuvo que llamar la atención al sector y advertir públicamente de los riesgos del producto.
Aún así, en estos momentos los bancos y cajas españoles tienen colocados casi 24.000 millones de euros en participaciones preferentes, según los datos del AIAF, el mercado de renta fija donde en teoría pueden comprarse y venderse, como si fueran acciones, aunque la realidad es que las operaciones son muy escasas. Entre las entidades con más títulos destacan La Caixa, con emisiones por valor de 4.897 millones; el BBVA, con 3.475 millones; Caja Madrid, con 3.022 millones; el Santander, con 1.965; la CAM, con más de 1.400 millones; o Bancaja, con 600 millones.
Se trata, en definitiva, de un "instrumento complejo y de elevado riesgo que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido", como deja claro la CNMV en sus folletos. Es decir, un producto destinado a inversores expertos que, sin embargo, se vendió indiscriminadamente a través de las redes de oficinas de las entidades, la mayoría de las veces camuflado bajo la apariencia de imposiciones a plazo fijo.

Atrapados por las preferentes
En las últimas semanas el caso más paradigmático ha sido el de la CAM, donde a la desconfianza existente en los mercados se ha unido la intervención de la entidad y la más que probable suspensión del abono de intereses trimestrales (al entrar la caja en pérdidas) para aniquilar cualquier posibilidad de desprenderse de los títulos en el mercado. Es decir, que aunque oficialmente no han perdido ni un sólo euro, no pueden disponer de su dinero. En las asambleas de afectados que estos días está celebrando la asociación de usuarios de banca Adicae los testimonios se repiten.
"Yo quería un plazo fijo y me dijeron que esto era lo mismo. Le pregunté como diez veces si tenía algún tipo de riesgo y le dejó muy claro que no quería nada donde pudiera perder dinero pero me dijo que todo estaba asegurado y que podría sacar cuando quisiera", explicaba Manuel G., un camarero de 53 años de Benidorm, en la asamblea celebrada este viernes. En la fila de detrás, Ricardo T. sonreía al comprobar la similitud de la historia con su propia experiencia. "Si a mí me llegan a decir que esto era como invertir en Bolsa me levanto y me voy de la sucursal".
Un simple vistazo a las últimas operaciones realizadas en el AIAF da una idea de hasta qué punto pueden llegar las pérdidas, a pesar de las promesas de garantía de los comerciales. Así, en la última operación con preferentes de Ibercaja el precio pagado fue de sólo un 64% del valor nominal; las del Banco de Valencia se pagan a sólo la mitad de su importe original; y una emisión de la antigua Caixa Sabadell ya apenas vale el 36% de su precio de emisión.
Según Adicae, en más del 90% de los casos puede demostrarse que la venta no fue correcta. De hecho, esta asociación presentó hace unas semanas una reclamación ante la CNMV contra 52 entidades por comercializar preferentes y prepara una demanda colectiva contra la CAM. También en Ausbanc están atendiendo decenas de personas con este problema, aunque en su caso han optado por las reclamaciones individuales.
La cifra de afectados no hará más que crecer en los próximos meses, según las citadas asociaciones, a medida que el próximo año se cumpla la fecha de muchos de estos supuestos plazos fijos y los ahorradores descubran la verdadera naturaleza de su inversión. Muchos de ellos son pensionistas.
La situación, además, no ha mejorado precisamente con la aplicación de la nueva normativa bancaria internacional de Basilea III. A partir de ahora, si las entidades quieren que las nuevas emisiones de preferentes cuenten como capital de máxima calidad deberán incluir una cláusula en la que se indique que se puede suspender el abono de intereses de forma absolutamente discrecional, aunque existan beneficios. A las preferentes, además, hay que sumar el caso de las obligaciones y bonos subordinados sin fecha de vencimiento que, en la práctica, presentan los mismos problemas de liquidez y de imposibilidad de recuperar la inversión.

La trampa de los derivados
A la sombra del dinero también han nacido otros productos financieros, los llamados "swaps", que ya han dado lugar a 403 sentencias en contra de los bancos frente a 72 a favor, por las demandas presentadas por particulares y pymes, según los datos recogidos por la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros (Asuapedefin). La asociación calcula que en España hay entre 200.000 y 400.000 particulares y minoristas con este tipo de productos de intercambio de tipos de interés (swaps) y permutas financieras (clips), vendidos antes del estallido de la crisis en septiembre de 2008. Estos productos se comercializaron como seguros que protegían al cliente contra las eventuales subidas de los tipos de interés de sus hipotecas, pero les han impedido beneficiarse de la bajada de los tipos, porque los clientes han tenido que abonar al banco la diferencia entre el porcentaje fijado y la caída.
Por el momento, solo tres del total de las 475 sentencias han llegado al Tribunal Supremo, ya que los recursos de casación están limitados a cantidades superiores a los 150.000 euros, según los datos de la asociación. Bankinter es la entidad española con más sentencias en contra tanto en los Juzgados de Primera Instancia (118 en contra y solo 19 a favor) como en segunda instancia, dictadas por las Audiencias Provinciales (36 en contra y cuatro a favor) por la comercialización del producto "Clip Bankinter", que incluía un tipo fijo a pagar del 4%.