El PP rechaza que el pleno del Ayuntamiento de Albacete se oponga a la subasta de la Casa Perona

ALBACETE.- La moción propuesta por el Grupo Municipal de IU en el Pleno del Ayuntamiento de Albacete de este jueves para solicitar a la Junta de Comunidades que no subaste el edificio de la Casa Perona, que hasta ahora albergaba la institución del Defensor del Pueblo, ha sido rechazada por los votos en contra de la mayoría del PP, con sus 16 concejales, a pesar de haber sido apoyada por el grupo proponente y por el Grupo Municipal del PSOE.

   El documento planteaba, además, que el Pleno mostrara su rechazo a la enajenación de patrimonio público y que el Ayuntamiento iniciara conversaciones con el Gobierno regional para ver los posibles usos que se podrían dar a este histórico edificio de 1783.

   El concejal de Urbanismo, Francisco Javier Díaz de Prado, ha recordado que este edificio fue rehabilitado por dos mercantiles en 1997 y que, años más tarde fue vendido "al mejor postor", la Junta de Comunidades, y "permaneció impasible la ciudad".

   Para el concejal 'popular', "ni en aquel momento, ni antes, se hizo nada por adquirirlo como propiedad municipal", en respuesta al argumento dado por la portavoz de IU, Victoria Delicado, quien ha puesto de manifiesto que "los exalcaldes de la capital han reclamado públicamente la defensa de este edificio y que se mantenga como patrimonio público".

   Según Díaz de Prado, "la presidenta regional ha tomado esta decisión no por voluntad, sino por necesidad" y ha argumentado el voto en contra del PP en que "si bien todo el patrimonio público debe servir para satisfacer los intereses generales, primero debe servir para garantizar los servicios básicos".

   La respuesta de la oposición ha sido de crítica por la postura del equipo de Gobierno, que "quiere defender lo indefendible", ha dicho Victoria Delicado. Por su parte, la concejala socialista Carmen Oliver ha lamentado que se ponga de manifiesto una vez más "la forma de gobernar del PP", quejándose de que la alcaldesa, Carmen Bayod, "no represente los intereses de los albaceteños y se pliegue a los de su partido".

Fitch advierte de los problemas de las CCAA para financiar su deuda

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha advertido de las dificultades a las que podrían enfrentarse las comunidades autónomas para obtener financiación para su deuda debido a la situación del sector bancario y a la incertidumbre en torno a su desempeño financiero. 

   En un informe, la agencia destaca que el entorno operativo actual es probable que siga siendo complicado en 2012 a medida que los gobiernos de la eurozona implementen medidas de austeridad para recortar sus déficits y las perspectivas en torno al crecimiento económico sigan siendo débiles.

   "Una mayor incertidumbre en torno al comportamiento financiero y el desapalancamiento de los bancos podría hacer más difícil para algunos gobiernos territoriales, especialmente en España, obtener financiación para de su deuda nueva o existentes", señaló.

   En este sentido, añadió que estas tensiones financieras serán "más evidentes" en países que están experimentando una mayor incertidumbre en torno al éxito de las medidas de los gobiernos nacionales para reducir deuda, como Italia, Portugal o España.

   Fitch recuerda que un gran número de ratings de gobiernos territoriales tienen perspectiva 'negativa' o están en revisión para una posible rebaja después de los recortes de las calificaciones de Italia, Portugal o España en la segunda mitad de 2011. En algunos casos, incluyen además las perspectivas de un menor crecimiento económico, el deterioro de la generación de ingresos o los posibles recortes en la financiación de los gobiernos nacionales.

    Por otro lado, señala que la intensificación de la crisis de la eurozona en la segunda mitad de 2011 ha provocado un aumento general en el número de ratings con perspectiva 'negativa' asignados por la agencia, después de años de estabilidad en los ratings globales.

   "Los tentáculos de la crisis de la eurozona se han expandido a lo largo y a lo ancho, ahogando la solvencia de una gran número de sectores en todo el mundo", incide.

   En concreto, la proporción de ratings con perspectiva negativa aumentó globalmente hasta el 9,3% a finales del año 2011, por encima del mínimo del 6,8% registrado tras la quiebra de Lehman BrotHers. Sin embargo, este aumento sigue estando por debajo del 18,3% visto en el tercer trimestre de 2009.

   En concreto, la agencia destaca que el sector en el que más han aumentado las perspectivas 'negativas' es el de los bancos, donde pasaron del 8,5% de finales de la primera mitad del año hasta el 11,5%.

   En este contexto, Fitch subraya que el fin de la crisis de la eurozona, algo que no contempla en el corto plazo, se traduciría en una estabilización de las perspectivas 'negativas' más que en medidas positivas de rating, y apunta que incluso sus previsiones más conservadoras esperan nuevas rebajas en este escenario.

   La agencia mantiene desde el pasado mes de diciembre en vigilancia negativa las calificaciones de España, Italia, Chipre, Bélgica, Eslovenia e Irlanda y prevé tomar una decisión, que en la mayor parte de los casos será una rebaja, antes de finales de enero.

Cerca de un millar de personas se concentran en la provincia de Cuenca contra la instalación del silo

 TOLEDO.- Cerca de un millar de personas --según la organización-- se han concentrado en diferentes lugares de la provincia de Cuenca para mostrar su rechazo a la instalación en Villar de Cañas del cementerio que ha de acoger los residuos nucleares de todo el país.

   En concreto, y convocados por a Plataforma Anti-ATC, ha habido protestas en Cuenca capital, donde se han concentrado cerca de 200 personas, y en los municipios de Tarancón, donde han participado cerca de 250 personas, en Motilla del Palancar, con 200 manifestantes, y Las Pedroñeras, donde se han concentrado unas 250 vecinos.

   La concentración menos numerosa ha sido la de Cañizares, donde medio centenar de personas han querido, un jueves más, expresar su rechazo a la instalación del silo en la provincia.

   Así lo ha confirmado Carlos Villeta, miembro de la Plataforma Anti-ATC, quien ha explicado que en Cuenca, de forma espontánea, los concentrados han decidido dirigirse desde la Plaza de España hasta la Diputación, donde han dejado globos negros y amarillos, para "simbolizar que la provincia se ha convertido en zona radiactiva".

   Mientras la portavoz de plataforma, María Andrés, se ha mostrado satisfecha de que las concentraciones de este jueves hayan sido más numerosas que las de la semana pasada, convencida de que el rechazo a la instalación del silo en Villar de Cañas se irá incrementando.

   Y es que esta plataforma, que integra una treintena de organizaciones políticas, sindicales, vecinales y ecologistas, tiene previsto concentrarse cada jueves en varios puntos de la provincia para revocar el acuerdo del Gobierno central, que el pasado 30 de diciembre aprobaba ubicar, finalmente, este cementerio nuclear en la provincia de Cuenca.

Por otra parte, Ayuntamientos manchegos contrarios al Almacén Temporal Centralizado (ATC), ubicados en la zona de influencia, han encargado a gabinetes jurídicos que estudien la redacción de recursos contra la resolución de ubicación del cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca).

   Así lo ha adelantado el secretario general del PSOE de Cuenca, José Luis Martínez Guijarro, durante una rueda de prensa ofrecida en las Cortes de Castilla-La Mancha.

   El pasado 20 de enero el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de diciembre, con el que se designó a Villar de Cañas para acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

   El dirigente socialista ha dicho que "técnicamente" son los ayuntamientos del área de influencia del ATC los que tienen capacidad para recurrir el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros.

"Me consta que hay ya gabinetes jurídicos estudiando el recurso" contra la ubicación del ATC en Villar de Cañas, ha añadido.

Enresa explica a alcaldes de la zona de Villar detalles técnicos del ATC

CUENCA.- Técnicos de la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) han explicado este jueves a una treintena de representantes municipales de la zona de Villar de Cañas (Cuenca) los detalles técnicos sobre el proyecto de Almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado y su centro tecnológico asociado que se instalará en la localidad.

   Así, según ha informado ENRESA a la cita han asistido el alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz; la alcaldesa de Tarancón, María Jesús Bonilla, y el presidente de la Diputación de Cuenca y alcalde de Fuentelespino, Benjamín Prieto.

   La cita se ha celebrado a petición de los alcaldes de la zona y otras instituciones provinciales para conocer en profundidad en los detalles técnicos del ATC que construirá ENRESA.

   En el encuentro, el jefe del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad de ENRESA, Pablo Zuloaga, y la técnico de departamento de Ingeniería de Suelos Silvia Rueda, que han explicado a los asistentes las características, funcionamiento y las medidas de seguridad del ATC.

Posteriormente, el alcalde de Villar de Cañas, municipio designado para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, ha asegurado que técnicos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) acudirán a la comarca a explicar a los vecinos los detalles técnicos de la construcción del silo.

   Sáiz, que este jueves se ha reunido con técnicos de la empresa y cerca de una treintena de alcaldes y concejales de pueblos de la comarca, ha explicado que quedan más reuniones por celebrarse, en la que personal de ENRESA expondrá a los habitantes de la zona los pormenores de la construcción del almacén.

   Tras la reunión celebrada en la localidad, Sáiz se ha mostrado "muy satisfecho", ya que todos los asistentes, "incluidos algunos alcaldes y concejales del PSOE, se han ido muy contentos" tras conocer las características del futuro almacén.

   Por otro lado, el primer edil de Villar de Cañas, ha indicado que espera que el ATC empiece a construirse a finales de verano, "dentro de unos seis y ocho meses", aunque todavía queda cumplir muchos trámites como "la elección de los terrenos o el impacto medioambiental".

Hospitales públicos de C-LM deben 408 millones en medicamentos

MADRID.- La deuda por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) asciende a 6.369,3 millones de euros, un 36 por ciento más que en la misma fecha de 2010 cuando la deuda superaba los 4.684 millones de euros, según ha informado Farmaindustria, que sitúa la deuda de los hospitales de Castilla-La Mancha por este concepto en 408,2 millones de euros (un 89 por ciento más que en 2010).

   Los datos, que ha compilado la patronal farmacéutica dentro de la monitorización trimestral con fecha a 31 de diciembre, muestran además que la demora media de pago es de 525 días, aunque pero cuatro comunidades autónomas superan los 800 días.

   "El importante aumento de la deuda (36%) contrasta con el estancamiento de las ventas a hospitales (1,1%) en 2011, de lo que se deduce que el aumento de la demora se debe a la dramática caída de los pagos por parte de las comunidades autónomas y no a nuevas compras", advierten.

   Farmaindustria pide que esta situación no se prolongue por más tiempo y advierten de que las consecuencias de esta situación "son verdaderamente dramáticas", ya que las compañías no tienen capacidad de seguir funcionando y puede llegar a estar en riesgo el suministro de medicamentos estratégicos en términos de normalidad. Además, entienden que "la imagen internacional de España se está desmoronando al no hacer frente a estos pagos"

   Ante esta coyuntura la patronal farmacéutica ya le ha hecho llegar al Gobieno central y a las comunidades autónomas con mayores demoras la necesidades del sector. Asimismo, manifiesta su interés por colaborar con las administraciones en la articulación de una solución que suponga normalizar el pago de las nuevas compras a partir de 2012 en los plazos legales establecidos para evitar que se siga incrementando el volumen de la deuda. Asimismo, con  el necesario establecimiento de una fórmula que permita hacer frente a un plan de pagos de la deuda acumulada hasta la fecha con las suficientes garantías.

   Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registra el mayor nivel de deuda (1.523,7 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (1.292,5 millones), Madrid (762,3 millones) y Castilla y León (573,4 millones). Les siguen Castilla-La Mancha (408,2 millones), Murcia (265,1 millones), Galicia (264,7 millones), Cataluña (252,3 millones), Baleares (216,3 millones) y Aragón (202,6 millones).

   Por debajo de los 200 millones, se encuentra Cantabria (180,9 millones), Asturias (153,6 millones) y Canarias (120,9 millones). Las comunidades con menor nivel de endeudamiento por suministro de medicamentos son las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (800 mil euros) Navarra (14,4 millones), País Vasco (37 millones), La Rioja (46,6), y Extremadura (54,3).

   Asimismo, sólo dos comunidades consiguieron reducir el montante de su deuda hospitalaria en 2011 -- Navarra un 51,4% y País Vasco un 28,9%--. Por el contrario, entre las regiones que más la han incrementado se encuentran Castilla-La Mancha (un 89%), Aragón (67,2%), Comunidad Valenciana (un 57,9%), Galicia (un 54,4 %), y La Rioja (un 51,4 %).

   El periodo medio de pago queda establecido en 525 días, 135 más que en 2010, lo que supone un incremento del 34,6 por ciento. Hasta cuatro comunidades acumulan más de 800 días de retraso en el pago por suministro de medicamentos a hospitales.

   La Comunidad Valenciana es la que registra una mayor demora (884 días), seguida de Baleares (848), Castilla y León (816) y Cantabria (804). Por encima de la media les siguen Andalucía (746), Castilla-La Mancha (742) y Murcia (633).

   Por debajo de la medida, Asturias (476), Aragón (451), La Rioja (439), Madrid (363), Galicia (306), Cataluña (275), Canarias (220), Extremadura (161), Navarra (73), País Vasco (70) y la Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla (28).

   Nuevamente Navarra y País Vasco fueron las dos únicas comunidades que redujeron su periodo medio de pago, un 50,6 y un 23,9 por ciento respectivamente, mientras que Castilla-La Mancha fue la que más lo aumentó (un 91%), seguida de Aragón (66,7%), Galicia (61,1%), Comunidad Valenciana (57,7%) y Baleares (44,1%).

Aprobada la nueva estructura de Hacienda, Empleo y AAPP de C-LM

TOLEDO.- El Consejo de Gobierno, tras la remodelación del Ejecutivo regional de este martes, ha aprobado tres decretos con la nueva estructura orgánica de las consejerías de Hacienda, Empleo y Economía y Presidencia y Administraciones Públicas.

   Así lo ha avanzado este jueves en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Leandro Esteban, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados este jueves por el Consejo de Gobierno.

   Sobre este acuerdo en concreto, Esteban ha asegurado que viene a adaptar las competencias de estos tres departamentos a la nueva estructura que se propone, tras la remodelación que la presidenta regional, María Dolores Cospedal, ha realizado de su Gobierno.

C-LM interpondrá acciones judiciales si el trasvase "no se ajusta a derecho"

TOLEDO.- El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha asegurado que el Ejecutivo interpondrá las acciones judiciales que considere "oportunas" si el último trasvase al Levante, aprobado por la Comisión de Explotación del Tajo-Segura el pasado viernes, no se ajusta a derecho.

   De este modo se ha pronunciado Esteban, a preguntas de los medios, durante la tradicional rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, sobre si los servicios jurídicos de la Junta van a presentar un recurso contra el trasvase aprobado el pasado viernes.

   Esteban ha asegurado que el deber del Gobierno regional es velar por que se cumpla la legalidad no solo en materia hidráulica sino en general, y que por ello si la decisión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura no se ajusta a derecho interpondrá las acciones oportunas, en legítima defensa de los intereses de los castellano-manchegos.

   Dicho esto, Esteban ha insistido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por la planificación hidrológica nacional, que reconozca la prioridad de la cuenca cedente y permita satisfacer las necesidades que en materia de agua tiene la región, eso sí, con "consenso" interterritorial.

El PSOE llevará 55 enmiendas parciales a Ley Medidas Complementarias

TOLEDO.- El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado que presentará 55 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha si las Cortes regionales tumban su enmienda a la totalidad, que han registrado este mismo jueves.

   Así lo ha anunciado su portavoz, José Luis Martínez Guijarro, en una rueda de prensa en las Cortes castellano-manchegas, donde ha explicado que han presentado esta enmienda a la totalidad porque quieren que el proyecto de Ley sea devuelto al Consejo de Gobierno.

   Los socialistas consideran que este proyecto de Ley supone el "desmantelamiento del entramado jurídico del Estado de Bienestar" que durante los últimos años se ha construido en Castilla-La Mancha, puesto que afecta a doce leyes autonómicas, cinco de las cuales fueron aprobadas con la unanimidad de los diputados regionales.

   De esas doce leyes, ocho de ellas ni siquiera han alcanzado los dos años de vigencia, por lo que su aprobación ya se produjo cuando la Comunidad Autónoma estaba sufriendo los "envites" de la crisis financiera internacional, ha añadido el dirigente socialista.

   Según ha dicho, "se trata de un proyecto de Ley en el que para su elaboración no se ha contado con la participación de los agentes sociales y económicos de la región, ni por supuesto con los colectivos sociales afectados por el proyecto de Ley".

   Además, ha señalado que "incumple" la Ley de Entidades Locales de Castilla-La Mancha y la Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha --tal y como lo ha puesto de manifiesto el Consejo Consultivo de la región-- porque no se ha cumplido con la obligación legal de incluir los informes del Consejo Regional de Municipios y del Consejo Asesor de Servicios Sociales.

   Asimismo, ha avisado de que la política económica impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha va a significar la "destrucción" de "miles" de puestos de trabajo, tanto en el sector público como privado, lo que a su vez tendrá una repercusión "negativa" en la actividad económica regional.

   Los socialistas consideran necesario que la Junta reclame el Gobierno central que los incrementos de recaudación que se produzcan como consecuencia de las últimas decisiones de incremento de la tarifa del IRPF y otras figuras tributarias, se destinen a financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales, competencia todos ellos de las comunidades autónomas, por lo que deberían ser incorporados directamente, según los socialistas, como ingresos propios de las comunidades.

   También han criticado que con este proyecto de Ley los trabajadores que caen en baja laboral por enfermedad común o accidente no laboral dejarán de percibir el 100 por cien de las retribuciones, algo que, ha asegurado, puede ser dar lugar a una posible inconstitucionalidad de la futura ley porque el Gobierno regional no tendría competencias para regular esta materia.

   Esto afecta a quienes dependen de la Seguridad Social, no de MUFACE, ya que estos trabajadores cobran el 100 por cien según la legislación estatal, y la Junta "no puede" legislar por debajo de esa garantía que les ofrece la Ley Estatal. Por lo tanto los mutualistas deberán seguir cobrando el 100 por cien durante los tres primeros meses de bajo, dicen los socialistas.

   Asimismo, ha lamentado que el proyecto de Ley elimine la norma que desarrollaba el principio constitucional de acceso a una vivienda digna y adecuada estableciendo una garantía de plazo para su efectividad.

   Por todo ello, el dirigente socialista ha asegurado que su partido podría plantear la inconstitucionalidad de este proyecto de Ley si acaba aprobándose en los términos en los que está planteado.

   Sobre la decena de enmiendas parciales en las que estaría trabajando el PP, Martínez Guijarro ha mostrado su "temor" de que éstas sirvan para incrementar "más" los recortes que plantea la Ley.

CCOO denuncia la avalancha de recortes en la educación pública de la mayoría de las comunidades autónomas

MADRID.- La Federación de Enseñanza de CC.OO. exige al Gobierno central y a los de las comunidades autónomas que frenen los recortes que está sufriendo la educación pública y los profesionales de la enseñanza. 

   Estos recortes afectan a las plantillas de los centros, a las retribuciones, a la jornada laboral lectiva y de obligada permanencia en el centro y total y a los complementos retributivos que percibe el personal de la Seguridad Social en situación de baja por enfermedad y el personal de Muface.

   En algunas comunidades los recortes afectan a servicios esenciales. Así, por ejemplo, en Castilla-La Mancha los profesores cotizantes a la seguridad Social perderán los tres primeros días de su salario cada vez que tengan una baja laboral.  En Cataluña el complemento salarial llamado sexenio, se endurece de tal manera que pasa de los seis años actuales a nueve.

   En concreto, en la Comunidad de Madrid se aumenta a veinte horas el horario lectivo del profesorado de Secundaria y de Formación Profesional. En la Comunidad Valenciana se recorta el 50% del complemento de formación permanente. Al mismo tiempo se aumenta la carga lectiva del profesorado.

   En Baleares se suspende el Programa de Refuerzo y Orientación al Alumnado (PROA) con dificultades y en Navarra desaparecen 200 plazas de profesorado para el próximo curso y aumenta la carga lectiva de los docentes.

   En Galicia este curso hay 980 profesores menos en los centros públicos que el curso anterior. Además aumentan las horas lectivas tanto para el profesorado de Primaria como para el de Secundaria.

   En algunas comunidades sólo se cubrirán las bajas por enfermedad estrictamente imprescindibles, denuncia el sindicato en comunicado de prensa.

   A estas situaciones añade la paralización de las ofertas de empleo público docente tanto para 2012 como para los años siguientes. La decisión de no convocar oposiciones se ha convertido en un subterfugio para empeorar las condiciones laborales del profesorado.

   Por ello CCOO rechaza enérgicamente esta medida y exige ofertas de empleo en todas las comunidades autónomas, que sirvan al menos para compensar las jubilaciones que se están produciendo.

   Ante estos ataques "sin precedentes" a la calidad educativa, a la igualdad de oportunidades y al empleo en el sector, CCOO comunica que seguirá movilizándose e insistiendo en la necesidad urgente de frenar esta política de recortes.

   Y es que, indicó José Campos, secretario general de FECCOO, "hemos manifestado en reiteradas ocasiones que los recortes no han servido ni para combatir el desempleo ni para transformar el modelo productivo, sino para desprestigiar un servicio publico educativo, que debe ser de calidad, porque la educación es la mejor política económica y la mejor inversión de un país, así como la mejor política social y el instrumento más idóneo para impulsar la igualdad de oportunidades, por lo que no dejaremos de movilizarnos para seguir rechazando estos recortes".

La mayoría de las CC.AA acumulará la oferta de empleo público docente en 2013

MADRID.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado que la "gran mayoría" de las comunidades autónomas se han mostrado partidarias de acumular la oferta de empleo público docente en 2013, de manera que este año no van a convocar plazas. 

   "Se ha producido una muy mayoritaria convergencia de las comunidades para considerar que esa tasa de reposición resulta en muchos casos antieconómica y que es más conveniente acumularla al año siguiente", ha puntualizado el ministro tras presidir la Conferencia Sectorial de Educación.

   Se trata de la primera reunión con todas las comunidades autónomas desde que Wert tomara posesión del cargo, hace más de un mes, y antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, el próximo martes 31 de enero, donde detallará las políticas de su departamento para la Legislatura.

Las administraciones que no corrijan el déficit pagarán multas si reinciden

MADRID.- Las administraciones que no cumplan sus planes económicos-financieros para corregir las desviaciones de déficit deberán constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

   Esta es una de las novedades que se incluirán en el anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las administraciones públicas, que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

   Además, las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable, puesto que el anteproyecto que aprobará el Ejecutivo este viernes transpone los mecanismos correctores de la Unión Europea.

   Asimismo, se establecerá un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores. De hecho, Hacienda podrá enviar una delegación a los territorios que considere oportunos para valorar la situación de la administración incumplidora, tal y como ocurre en la Unión Europea.

Montoro rechaza que Estado autonómico sea sinónimo de "despilfarro"

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha rechazado la idea de que el Estado de las autonomías sea sinónimo de "despilfarro" y ha sostenido que es "perfectamente compatible" un sistema descentralizado con una prestación "eficiente" de los servicios. Además, ha trasladado a las comunidades autónomas el compromiso del Gobierno de "respeto" a sus competencias más allá de la coordinación y control necesarios. 

   En su primera comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro ha sostenido que el Estado de las autonomías es "consustancial" a la democracia española y se ha marcado el objetivo de "desterrar" la "asimilación que se ha instalado en la opinión pública" igualando el Estado de las autonomías con el "despilfarro".

   "No tiene nada que ver con un estado del despilfarro. Es perfectamente compatible con administraciones descentralizadas eficientes en la prestación de servicios públicos", ha insistido antes de poner como ejemplo a países de nuestro entorno "con rigor" y una administración federal.

   Además, ha querido trasladar a las comunidades autónomas y entidades locales la decisión del Gobierno de actuar con "máximo respeto" a sus competencias y su nivel de autogobierno y ha pedido no confundirlo con la transparencia, controles y exigencias del Estado en ámbitos como, por ejemplo, la futura ley de estabilidad presupuestaria.

   En este sentido, Montoro ha valorado el compromiso por el cumplimiento del déficit alcanzado por todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado la pasada semana y ha repasado las líneas principales que incluirá la futura legislación.

   El ministro ha realizado además una breve referencia en el comienzo de su intervención a la decisión del Gobierno de penalizar a los malos gestores públicos y ha sostenido que es una práctica que se debe "desterrar" y "erradicar por ley".

   "Los gestores públicos que falseen las cuentas públicas en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, esas prácticas hay que erradicarlas porque van contra la transparencia más fundamental del ejercicio del gobierno y contra los principios esenciales de la democracia", ha explicado.

   Montoro ha situado a las administraciones públicas como elementos de "primer orden" para la competitividad de la economía española y por ello ha fijado el objetivo de modernizarlas "para avanzar en el ámbito económico, social y su impacto medioambiental" favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

   En esta línea de reforma de las administraciones públicas ha recordado la necesidad de suprimir el número de organismos, fundaciones o entes públicos dependientes de la administración central, autonómica o local, "en aras de la transparencia y buen gobierno".

   Para el ministro, estos entes "no son empresas públicas", sino "procedimientos de toma de decisiones políticas arbitrarias y fuera de control".

"Tenemos que volver al redil de la conducta ortodoxa, identificada y transparente propia de los gobiernos actuales", ha defendido antes de adelantar que se trabajará en este sentido "en el plazo más breve posible".

   Además, ha adelantado que el Ejecutivo también pondrá en marcha una homogeneización de leyes y normativas autonómicas y locales que "impiden hoy en día la actividad económica de libre circulación en España" y ponen "barreras" al desarrollo de las empresas y el crecimiento económico.

   Montoro ha dedicado también unas palabras a la situación de los municipios y ha garantizado la voluntad del Gobierno de "equiparar" su trato al de las comunidades autónomas. "Las entidades locales deben dejar de ser esa cenicienta de orden menor", ha reconocido antes de avanzar su voluntad de "reordenar instrumentos".

   En este sentido, ha apuntado una reforma de la administración que suprima competencias "reproducidas" hasta llegar al cumplimiento del lema de "una administración, una competencia" y se supere la actual situación "anómala" por la que los ayuntamientos prestan servicios que no les corresponden, con la correspondiente "carga" que eso les supone.

   Desde el PSOE, la diputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro ha pedido a Montoro que el Gobierno cumpla con su compromiso de sacar adelante la ley de estabilidad presupuestaria con consenso y le ha reclamado que cumpla con su "responsabilidad". Además, ha reconocido que comparte su discurso de respeto a la autonomía de las comunidades y le ha pedido que lleve estas palabras también "a los hechos".

   Desde el PSC, Meritxell Batet ha criticado la parte del discurso del ministro referida al sector público empresarial y ha advertido de que no supone "un buen inicio" para poner en marcha una remodelación del sector. De la misma forma, le ha pedido un discurso "más rico y riguroso" en lo referido a las duplicidades entre las administraciones públicas.

   Los representantes de todos los grupos parlamentarios han agradecido la garantía de Montoro de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales y le han avisado de que estarán vigilantes de que este compromiso se cumpla.

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido también consenso en la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades autónomas "no salgan perjudicadas" y ha exigido al Ejecutivo un "escrupuloso" respeto al autogobierno de las autonomías y sus competencias. "De entrada nos tranquiliza", ha reconocido.

   En este contexto, la diputada de ICV, Laia Ortiz, ha advertido a Montoro de que, a su juicio, "empieza mal la legislatura" jugando un papel de "policía" de las comunidades autónomas. Y mientras, ha recordado, el Estado "no cumple sus compromisos" con las administraciones y "no paga sus deudas".

   De la misma forma, la representante de ERC, Teresa Jordà, ha reivindicado la "independencia fiscal" para Cataluña mediante un sistema similar a los conciertos del País Vasco o Navarra. "Queremos recaudar nuestros impuestos y decidir qué hacemos con ellos --ha sostenido--. Los catalanes viven muy por debajo de sus posibilidades y empiezan a ser conscientes de ello".

   Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha afirmado que su grupo parlamentario pedirá siempre el máximo nivel de respeto a las comunidades autónomas. "Vamos a ser implacables", ha avisado antes de pedir que la ley de estabilidad presupuestaria respete "escrupulosamente" el actual marco estatutario y "no trate de imponer con la excusa de la crisis económica".

   Por último, la diputada de Amaiur Maite Ariztegui ha mostrado su rechazo a todo tipo de medidas "recentralizadoras" y ha reivindicado el "derecho" de la sociedad vasca a "decidir su futuro con un marco propio de ingresos y gastos". .

TV local, radio y centros Internet de Albacete continuarán, según el Ayuntamiento

ALBACETE.- Nova Onda seguirá siendo la emisora de servicio público para los jóvenes de Albacete, es más, se pretende seguir trabajando en 2012 en la línea de intentar mejorar la calidad técnica y de contenidos de la programación a destacar. Así como también la creciente heterogeneidad de los contenidos de los 48 programas en emisión, recogiendo aficiones, inquietudes, y materias de distinto interés para los jóvenes.

   Así lo ha anunciado la concejal del área de Juventud, Maria Delicado, quien ha asegurado que "con los proyectos en mano, los jóvenes de la ciudad si son una prioridad para este ayuntamiento y si estamos trabajando de manera muy intensa en proyectos municipales de manera interesante para que ellos puedan beneficiarse, como la radio local joven, que sigue abriéndose a iniciativas nuevas y a colaboraciones diversas", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

   Tendrán preferencia los grupos de jóvenes tanto pertenecientes a asociaciones juveniles, como a centros de educación formal y no formal, grupos informales o cualquier otro colectivo juvenil interesado en este recurso.

   La participación pretende ser lo más plural posible. Así, se dará cancha a las asociaciones, a sus proyectos, sus inquietudes o sus problemas, pero también hay hueco para todos los jóvenes que simplemente disfruten del medio radiofónico, de una determinada música, del deporte o del cine.

   Se trata, por tanto, de un total de 44 programas con un coste del coste es de 17.641 euros cuando el año pasado costó este proyecto entre Junta de comunidades y Ayuntamiento 41.000 euros.

   En cuanto al proyecto 'TV Joven', la concejala también ha garantizado su continuidad, cuyo objetivo es capacitar a los jóvenes para que puedan desarrollar de manera autónoma sus proyectos audiovisuales.

   Como principal novedad para este año, la edil ha destacado la puesta en marcha de la 'Escuela de Televisión'. Con la dinamización semanal de grupos de jóvenes de entre 12 y 18 años  Con cada grupo que se constituya se trabajarán en tareas como formación, refuerzo de habilidades sociales básicas para la comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones y motivación del grupo.

   Los contenidos de formación para la realización de programas atenderán a las inquietudes de los grupos, guiones, lenguaje audiovisual, producción. El coste del proyecto de Televisión local tendrá un coste de 9.500 euros, el anterior costaba 13.000 euros.

   Respecto a los centros de Internet, la concejala ha destacado los cursos de formación completamente gratuitos para jóvenes desempleados (Programas de base de datos, así como hojas del cálculo y programa Word) que últimamente son tan demandados por las empresas.

   Además de estos programas, se van a realizar charlas en IES de Internet Seguro. Se orientará dicha sesión a la comprensión por parte de los participantes de la importancia de percibir los principales riesgos a  los que estamos expuestos en Internet, la manera de prevenirlos e incluso de  solventarlos y de la utilización racional de las redes sociales  principalmente.

   La finalidad de esta sesión será dar una serie de claves o leyes de oro para  mantener nuestra seguridad en las redes sociales y endurecer la seguridad de  nuestro ordenador ante la posibilidad de entrada de intrusos.

   Hay abierto un plaza de solicitudes abierto a todos los IES de Albacete. De momento se han confirmado 20 charlas para 4º ESO en cinco centros educativos de Albacete.

Nuevas concentraciones de rechazo al ATC

CUENCA.- La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha organizado para este jueves, 26 de enero, a las 20.00 horas, concentraciones de rechazo a la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Cuenca capital y en los municipios conquenses de Tarancón, Motilla del Palancar, Las Pedroñeras y Cañizares.

   La Plataforma, en un comunicado, ha criticado que "los máximos dirigentes del PP frenen desde Madrid las negociaciones con empresarios y políticos de su propio partido, que hasta hace poco más de un mes, se mostraban reacios o comedidos en sus declaraciones y nunca se manifestaron a favor de ésta instalación".

   Por eso, han considerado que "ha llegado el momento" de que los miembros de la CEOE-CEPYME, Asaja, la Cámara de Comercio y el PP, "se opongan a las presiones y el chaqueteo de sus dirigentes", ha avisado.

   "Los afiliados y socios de estas organizaciones --las únicas que se han declarado a favor del ATC y desde hace 25 días-- tienen que decir basta y desmarcarse de sus supuestos representantes", ha indicado la organización.

   De otro lado, la Plataforma ha señalado que "no es la primera vez que desde Villar de Cañas venden humo", ya que "existen varios testimonios que hablan de un proyecto que se intentó llevar a cabo en éste mismo pueblo" y que pretendía que las mismas zonas donde se ha planteado instalar el ATC, "hace unos años iban a albergar una residencia para militares jubilados, con aeropuerto y centro comercial incluido".

   "Un timo que fue descubierto pero que pasó factura al Ayuntamiento de Villar de Cañas que gastó varios millones de las antiguas pesetas y buscó la adhesión de los pueblos vecinos", hecho que esta organización considera "igual" que el proyecto del ATC "pero sin medir las consecuencias".

Los ayuntamientos también tendrán 10 años para devolver liquidaciones de 2008 y 2009

MADRID.- El Gobierno ha extendido a los ayuntamientos la ampliación de cinco a diez años del tiempo del que disponen para devolver las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 y 2009, que en este caso ascienden a unos 6.000 millones de euros.

   Así lo han adelantado anoche  el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cirstóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local.

   En dicha reunión, el Gobierno ha planteado a los ayuntamientos las líneas básicas del anteproyecto de ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y ha planteado y extendido las medidas pactadas con las comunidades la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Así, los ayuntamientos también podrán acceder a la línea ICO para facilitar el pago a proveedores y mejorar su liquidez  y dispondrán de un anticipo del 50% de la liquidación positiva correspondiente al año 2010, igual que las comunidades.

   Estas medidas requerirán la presentación de un plan de ajuste por parte de las entidades locales en los términos previstos en la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

   Por su parte, los ayuntamientos han asumido las principales líneas del anteproyecto de ley que se aprobará el viernes, que incluye la creación de una regla de gasto y el establecimiento de sanciones para las regiones que no cumplan los objetivos fijados.

   Además, las entidades locales se han comprometido a elaborar presupuestos o ejecutar los mismo teniendo en cuenta que los ingresos del sistema de financiación y el resto de recursos se verán condicionados por la recesión.

   Asimismo, las entidades locales emprenderán las actuaciones que sean necesarias para la mejora de la eficiencia en su prestación y evitar duplicidades, al tiempo que remitirán trimestralmente a Hacienda información sobre la evolución de su tesorería y los saldos con los proveedores.

   Montoro ha explicado su satisfacción tras la reunión porque las entidades locales, como ya hicieran las comunidades, han asumido las líneas básicas del anteproyecto de ley, algo muy importante porque la reducción del déficit se tiene que hacer de manera conjunta.

   A su parecer, los pactos a los que ha llegado el Gobierno con las comunidades y los ayuntamientos son casi "pactos de Estado" que facilitan la tarea de reconducir las cuentas públicas trabajando junto al resto de administraciones, pero sin interferir en sus competencias.

   Para el presidente de la FEMP, los compromisos alcanzados por Montoro con las entidades locales demuestran la "voluntad de diálogo y seriedad" del Gobierno, ya que se van a tomar "medidas urgentes", como la línea ICO y el aplazamiento de la devolución de las liquidaciones negativas, pero también se determinarán las competencias de estas corporaciones así como la financiación que les corresponde.

   "Es un planteamiento serio, con mucha sensatez, y un compromiso que estábamos deseando escuchar", ha señalado el también alcalde de Sevilla, quien ha prometido que las entidades locales se van a "apretar el cinturón" y también a ser "más eficaces y eficientes".

   No obstante, ha remarcado que hasta que no se reforme la ley de financiación local "es muy difícil saber hasta donde se puede apretar uno el cinturón", si bien ha dicho que, en cualquier caso, las administraciones públicas "siempre" deben procurar ser más eficientes, "como ocurre en cualquier empresa o familia".

   A la pregunta de si en la reunión se ha abordado la posibilidad de fusionar o suprimir entidades locales, Zoido ha asegurado que este asunto no ha salido a relucir, pero que, en todo caso, la intención es "controlar y racionalizar el gasto público" porque "no puede haber dos órganos dentro de una misma administración haciendo lo mismo".

   En cuanto a la fijación de sanciones a los que no cumplan, Zoido ha dejado claro que las entidades locales aceptan "los principios básicos de la estabilidad presupuestaria porque es la única manera de empezar a crecer y crear empleo".

   Aunque ha manifestado que está "convencido" de que los ayuntamientos cumplirán estos compromisos, ha subrayado que "el que no lo haga tiene que asumir las consecuencias" y que "el rigor es el mismo para todos porque es la credibilidad del Estado la que está en juego".

   El presidente de la FEMP ha agradecido a Montoro haber recibido a los ayuntamientos cuando el Gobierno "acaba de llegar" para abordar la difícil situación financiera por la que están pasando las administraciones locales.