MADRID.- Superando los 400 hectómetros cúbicos establecidos por el Memorándum del trasvase Tajo-Segura,
los embalses de cabecera del Tajo, que esta semana llegan casi a los
450 hectómetros, se preparan, casi once meses después, para una nueva
transferencia de agua tras el anuncio de la ministra García Tejerina la
pasada semana, recuerda Abc.
Una noticia que, aunque era esperado, ha caído como un jarro de agua fría en Castilla-La Mancha,
donde tanto el Ejecutivo autonómico, como los ayuntamientos afectados y
los partidos políticos han salido en tromba contra el anuncio del
trasvase.
Pero, en esta ocasión, más allá de las críticas hay una
novedad, como es el hecho de que el Gobierno autonómico presidio por el
socialista Emiliano García-Page plantee subir la reserva mínima a los
510 hectómetros cúbicos de los pantanos de Entrepeñas y Buendía para
poder trasvasar agua.
Una propuesta que el pasado martes hizo la consejera de Fomento castellano-manchega, Agustina García Élez,
quien envió una carta al Ministerio de Agricultura, en la que pide que
se haga «una revisión al alza» del límite de las existencias en los
embalses de cabecera no trasvasable».
Los motivos que aducen desde el
Gobierno de Castilla-La Mancha es que con el actual límite de 400
hectómetros cúbicos «no se garantiza ni los derechos de la cuenca
cedente, ni se garantiza el crecimiento y desarrollo de los pueblos
ribereños». Además, alertan de que el abastecimiento de agua en estos
municipios próximos a Entrepeñas y Buendía puede verse en peligro de cara al verano.
Un
planteamiento novedoso, el de la reserva mínima de los 510 hectómetros
cúbicos, pues hasta ahora todos los gobiernos del PSOE en esa región se
habían opuesto a cualquier trasvase. Ello, a pesar de que fue la
expresidenta María Dolores de Cospedal la que consiguió
llegar a un acuerdo con el Ejecutivo central en 2013 para llegar a los
400 hectómetros, muy lejos de los 240 que había fijados antes de que el
Partido Popular gobernara en Castilla-La Mancha.
Aun
así, desde el Gobierno castellano-manchego insisten en que recurrirán
el trasvase que probablemente se aprobará en la reunión de la comisión
técnica del Tajo-Segura del 3 de abril. Y, además, siguen insistiendo en
las plantas desaladoras como una «alternativa viable».
El último, de
muchos de los cargos del Ejecutivo autonómico, en defender esta postura
fue el mismo presidente García-Page, quien el pasado miércoles abogó por
la «optimización de las desalinizadoras construidas en el Mediterráneo
como el futuro para paliar el actual déficit hídrico de Murcia, Valencia y Almería».
Pero,
sin duda, los más afectados y cabreados con este nuevo trasvase son los
vecinos de los pueblos próximos a los embalses de cabecera del Tajo
que, representados por la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía,
han anunciado que convocarán una gran manifestación si finalmente se
aprueba el trasvase, con fecha y lugar aún sin determinar. Francisco Pérez Torrecilla,
presidente de esta organización y alcalde socialista de Sacedón -uno de
esas localidades-, hace una llamamiento para que la movilización sea
masiva: «Estamos obligados a salir a la calle otra vez y concienciar a
los ciudadanos de que con esta situación el año será igual o peor que en
2017».
