Piden al Ayuntamiento de Madrid que coloque en los jardines del Museo del Prado una placa en memoria de Tony Leblanc

ALBACETE.- La Asociación Nacional de Amigos de los Teatros de España (AMITE), constituida para la defensa y promoción del patrimonio arquitectónico español, quiere hacer público su dolor por el fallecimiento anoche, en Madrid, de su presidente de honor, Tony Leblanc, a la vez que anuncia la petición al Ayuntamiento de Madrid para que coloque en los jardines del Museo del Prado, lugar de su nacimiento, una placa que lo recuerde, como era su deseo. 

   El actor madrileño había obtenido en 1997 el II Premio Nacional de Teatro 'Pepe Isbert' y estaba en posesión de su medalla de oro, ha señalado AMITE en una nota de prensa, en la que ha añadido que durante su presidencia honorífica la Asociación recuperó el Teatro Circo de Albacete, se entregaron XVI premios Isbert, se creo el premio Gregorio Arcos a la conservación del patrimonio teatral que alcanza nueve ediciones o se paralizó la subasta de las históricas butacas del Teatro Lara de Madrid.

   "Fue al recibir el Premio Pepe Isbert en Albacete cuando el actor Santiago Segura descubrió que seguía vivo y le llamó para interpretar la primera película de la saga Torrente. Precisamente fue en el Teatro Circo de esa ciudad, y en la noche del pasado viernes cuando  Tony Leblanc recibió su última ovación en vida", ha indicado.

   AMITE señala que durante la Gala de entrega del XVI Premio Isbert de Teatro al actor Manuel Galiana, se proyectó un video con palabras del actor aún con vida, que recibieron una prolongada y cerrada ovación. También dice el presidente de AMITE, Javier Galiacho, abrió la Gala dedicando la misma a Tony Leblanc al conocer ya su delicado estado de salud.

   AMITE prepara en el Teatro Circo de Albacete un acto de homenaje a su presidente de honor fallecido, que tendrá lugar en las próximas semanas, a la vez que solicitará al Ayuntamiento de Albacete que denomine una calle en su honor.

Las obras de mejora de la CM-3214, en Albacete, están ejecutadas al 50%

ALBACETE.-   La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, ha destacado el importante esfuerzo inversor que el Gobierno de Castilla-La Mancha está llevando a cabo en 2012, en materia de carreteras, priorizando la conservación, reparación y refuerzo de la red de carreteras secundarias para garantizar la seguridad vial, así como la comunicación entre los municipios, en condiciones óptimas de circulación.

   Según apuntaba García de la Calzada, "es incomprensiblemente que una red tan importante, que facilita la comunicación entre los municipios de Castilla-La Mancha, así como el acceso a las autovías, haya estado olvidada durante tanto tiempo", ha informado la Junta en nota de prensa.      

   Por este motivo, según explicaba la titular de Fomento, el Gobierno regional ha invertido este año un total de 15 millones de euros en la red secundaria de carreteras de Castilla-La Mancha para mejorar su estado, priorizando las necesidades de cada una de las provincias de la región.

   Marta García de la Calzada hacía estas declaraciones durante la visita que ha realizado a las obras que se están acometiendo en la provincia de Albacete, en el tramo comprendido entre la intersección de la autovía estatal A-30 y la confluencia de la CM-3214, señalando que "esta carretera tenía una situación de degradación insostenible que hacía que fuera peligroso el tráfico, por lo que hemos acometido esta actuación de conservación para mejorar su circulación y beneficiar a los vecinos de la zona".

   Según explicaba la consejera, la obra, que ha contado con un presupuesto de de 763.168 euros, está ejecutada en un 50% y se estima que esté finalizada en el próximo mes de diciembre, al igual que el resto de actuaciones acometidas en Castilla-La Mancha durante el presente año.

   En lo que respecta a 2013, García de la Calzada ha apuntado que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, "vamos a ahorrar en lo superfluo para incrementar nuestra inversión en todas la áreas de la Consejería de Fomento, facilitando la comunicación entre los municipios y centrándonos en esas necesidades reales de los castellano-manchegos que han sido desatendidas hasta ahora"

   La consejera de Fomento señalaba además que "vamos a conjugar la austeridad con el impulso de la actividad económica que supone este tipo de actuaciones para fomentar la generación de empleo en la región" al considerar que "es el objetivo prioritario del Gobierno de Castilla-La Mancha en estos momentos"

   Según ha explicado la consejera de Fomento, la obra de conservación que se está acometiendo en la provincia albaceteña consiste en el refuerzo del firme de la vía desde el punto kilométrico cero hasta el 17.443, en su intersección con la CM-3211.

   La sección original posee un arcén sin pavimentar, por lo que se va a prolongar la capa de refuerzo hasta cubrirlo por completo. Con anterioridad al refuerzo del firme, se realizará el desbroce y posterior recrecido de los arcenes existentes

   Además, se procederá a la reposición de la señalización horizontal existente y se instalará una barrera de seguridad en las tres obras de fábrica situadas respectivamente en los puntos kilométricos 1.470, 2.550 y 2.750, mejorando así la seguridad de los vehículos en zonas puntuales de la carretera mediante la instalación de una barrera metálica de seguridad.

   Para una correcta evacuación de las aguas superficiales desde la plataforma, se realizará el reperfilado y limpieza de las cunetas existentes en el lado de desmonte.

El PSOE de Albacete pondrá en marcha una oficina de atención al ciudadano

ALBACETE.-  El Partido Socialista de Albacete abrirá una oficina de atención al ciudadano en la Casa del Pueblo para asesorar y tramitar todas aquellas demandas que los vecinos de la provincia quieran plantear. 

   Así lo ha anunciado esta mañana el secretario provincial del PSOE, Manuel González Ramos, instantes antes de dar comienzo el Comité Provincial que el Partido ha celebrado en Albacete, ha informado el PSOE en nota de prensa.

   La oficina de atención al ciudadano es una de las propuestas debatidas en dicho órgano y su puesta en marcha está prevista antes de final de año, según ha asegurado el secretario provincial, para quien "el PSOE debe de serle útil a la sociedad de Albacete y esta Casa del Pueblo debe de ser para todo el pueblo y que le sirva para cualquier tipo de consulta, ayuda o respuesta a situaciones imprevistas".

   González Ramos ha avanzado que la nueva oficina prestará "asistencia de toda índole" en temas como los desahucios, el cumplimiento de la Ley de Garantías de Sanidad, o incluso los problemas en materia de educación.

   Para su funcionamiento se contará con las aportaciones de "muchos voluntarios que ya nos han manifestado que quieren hacer algo por la gente", ha indicado.

   María Ángeles López Fuster, Salvador Jiménez, José Antonio Almendros o Florián Godes son algunos de los nombres que ya han manifestado su "compromiso" con esta oficina, "que va a comenzar a funcionar lo antes posible en la tercera planta de la Casa del Pueblo", ha dicho Ramos

   Asimismo, ha explicado que "conforme vayan surgiendo las demandas nosotros las iremos canalizando para ofrecer a los ciudadanos las posibles soluciones y vamos a ser tremendamente ambiciosos", siendo el objetivo el traslado de este modelo de oficina a otros muchos municipios de la provincia.

   En el Comité Provincial de este domingo han sido también aprobadas cinco resoluciones en distintas materias, "habida cuenta de que asistimos en un año de Rajoy y en año y medio de Cospedal a recortes brutales en todos los ámbitos", ha justificado Ramos.

   Por ello, la primera de las resoluciones aprobadas estaba relacionada con "la lucha por una sanidad pública, justa para todos y con garantías para los ciudadanos de Albacete, que elimine el copago farmacéutico, que no le cueste nada a la sociedad y que no signifique el desmantelamiento de lo público".

   La segunda resolución exigía un "cambio radical" de los gobiernos nacional y regional en su orientación de las políticas educativas "que ya han supuesto cargarse las rutas de transporte escolar, la no gratuidad de los libros de texto o la constante pérdida de presupuesto o de becas y que la educación, en definitiva, ya no sea igual para todos".

   Los socialistas de Albacete también han apoyado resoluciones en defensa "de un trato igualitario y contra la discriminación política de la Junta a los ayuntamientos socialistas de la provincia" y de los presupuestos relacionados con la lucha contra la violencia de género.

   Por último, el Comité Provincial ha mostrado su "apoyo" al sector agropecuario y al desarrollo rural "en un momento en el que el recorte de los presupuestos de la Unión Europea le puede suponer a Castilla-La Mancha la pérdida de más de 300 millones de euros".

 "Lo que le pedimos al Gobierno es que defienda con mayor ardor estos presupuestos", ha finalizado el secretario general.

Blesa y Hernández Moltó comparecerán el martes en el Congreso

MADRID.- Los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó comparecerán el próximo martes ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso que retomará así su análisis sobre la crisis de Bankia.

   Estas comparecencias arrancaron en julio, a raíz de la polémica suscitada en torno a la nacionalización de Bankia, lo que permitió citar en el Congreso entre otros a Rodrigo Rato, presidente de Caja Madrid, y al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero ya no se retomaron en septiembre, como se había anunciado.

   Ello motivó la protesta del PSOE, cuyo portavoz económico, Valeriano Gómez, se dirigió por carta al PP emplazándole a poner fecha a nuevas comparecencias. Finalmente Gómez y el ponente 'popular', Fernando López Amor, acordaron un calendario para retomar esos trabajos.

   Sin embargo, sus planes se vieron alterados por el Pleno de Presupuestos, que obligó a aplazar las comparecencias que habían fijado inicialmente para el pasado 13 de noviembre. Concretamente, para ese día habían citado al director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, y el economista valenciano Santiago Carbó. Todavía no hay nueva fecha para que den explicaciones ante la subcomisión.

   Así las cosas, la subcomisión se reactivará el próximo martes con la visita del que fuera presidente de Caja Madrid en los años de la 'burbuja' inmobiliaria, Miguel Blesa, y el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, que estuvo al frente de Caja Castilla-La Mancha hasta su intervención.

   La Caja de Castilla-La Mancha fue la primera entidad intervenida en España (29 de marzo de 2009) y Hernández Moltó fue destituido de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión. Estuvo imputado por la Audiencia nacional aunque un informe de la Fiscalía Anticorrupción concluyó que no se enriqueció personalmente durante su etapa al frente de la entidad.

   Por su parte, Miguel Blesa, que estuvo al frente de Caja Madrid durante 14 años (desde 1996 hasta 2010), no está imputado en la querella de UPyD que se tramita en la Audiencia Nacional ya que no estaba en la entidad cuando Bankia salió a Bolsa, que es la operación que se investiga.

   Donde sí está imputado es una causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por la aprobación un crédito de 26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió al empresario Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE. Ambos están citados el próximo 5 de diciembre.

   Las comparecencias parlamentarias seguirán las mismas reglas que las realizadas antes del verano, con lo que serán públicas y abiertas, en el seno de la Comisión de Economía del Congreso y no ante la subcomisión del FROB, cuyas sesiones se celebran a puerta cerrada.

Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros

MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

   "El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios", indicaron fuentes de esta institución.

   No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".

   Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.

   Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.

   A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.

   Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las "dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".

   El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.

   Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.

   "Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.

   En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a familias que lo están pasando mal".

 "Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar", detalló.

Un experto del PSOE en la negociación sobre desahucios cree que unas 50.000 familias españolas han perdido su casa en cinco años

MADRID.- El experto del PSOE en la negociación con el Gobierno sobre los desahucios, Julio Rodríguez, quien también fue presidente de la Caja de Granada, considera que los lanzamientos de primera vivienda en los últimos cinco años rondan los 50.000. Explica que en las conversaciones con el Ejecutivo hubo algunos acercamientos pero cree que otros temas, como la reforma de la Ley Hipotecaria planteada por el PSOE, serán " difíciles de conseguir".

   En su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno la semana pasada "mejora algo las condiciones de los deudores hipotecarios morosos" y se trata de "un paso en la buena línea". Pero considera que este "avance" resulta "insuficiente" ya que el "espectro de hogares que se pueden ver favorecidos es reducido".

   Además, constata que otro de los problemas que se pusieron de manifiesto es que se dispone de una información estadística "escasa y deficiente", tanto "sobre la realidad de las ejecuciones hipotecarias, como sobre el número de hogares que podrían verse favorecidos por el umbral establecido en el Real Decreto Ley que ha salido".

   De hecho, considera que es una "estimación arriesgada" la cifra que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha dicho que unas 600.000 personas podrían verse beneficiadas en el futuro por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.

   Cree que se trata de una "estimación" de la que se conoce la metodología seguida. Argumenta que no queda claro si se han utilizado datos de la encuesta de población activa que hace el INE cruzados con la Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España. Esta puede ser una "guía para aproximarse", aunque nunca, puntualizó, para hacer una "estimación precisa", junto a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. "No se puede decir si es buena o mala la estimación de 600.000", apunta, pero, añade: "en todo caso parece una estimación arriesgada".

   Según explicó, durante los últimos cinco años (2008-2012) se han producido unos 430.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, de los que entre un 20 y un 25 por ciento han podido afectar a la primera vivienda según "las cifras que se están manejando". Por lo tanto, según precisó, se estaría hablando de una cifra "próxima a 100.000 ejecuciones hipotecarias" que afectan a la primera vivienda, "que bajaría a 50.000 en el caso de los lanzamientos hipotecarios" durante ese periodo.

   Julio Rodríguez explicó que la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno y el PSOE fue "muy rápida" porque el fin era "sacar medidas urgentes". Ese no era el marco para una reforma "en profundidad" de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley Hipotecaria, ya que son asuntos que requieren más tiempo que "un plazo de cuatro días".

   Pero se mostró esperanzado en que el Gobierno aborde una reforma en profundidad a la vista del texto incluido en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 27/2012 para frenar los desahucios, en el que se dice que se "procurará reformar con profundidad el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Esto, recalca, le hace albergar "moderadas expectativas de que algo va a mejorar" en este "complicado tema de la ejecución hipotecaria a la vista del crecimiento del problema".

   El procedimiento que conduce al desahucio del deudor hipotecario, advirtió, "resulta injusto". En su opinión, "parece más normal que el banco acreedor vaya primero a por la garantía del deudor y que, sólo en el caso de que no haya podido cubrir la deuda con la garantía del deudor, acuda a la garantía del fiador", precisó. Además, explica que también en este caso podrían plantearse "situaciones muy duras" sobre todo, señala, si la deuda es muy elevada y la vivienda del deudor tiene poco valor.

   Por ello, insiste en que "hay que corregir esta situación" ya que "lo normal es que se vaya a por el deudor y no que se vaya a por aquello que el banco encuentre más mollar para recuperar su dinero".

   También explica que el PSOE plantea en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso el 31 de octubre pasado que los intereses de demora no superen el 2%. Asegura que "no se ha llegado a contrastar" si el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se alcance ese porcentaje, y recuerda que en el Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo pasado por el Ejecutivo de Rajoy, "ya está recogido el 2,5 por ciento" para dichos intereses de demora.

   Este experto defiende las propuestas que incluyó el PSOE en el Proyecto de Ley antes citado para abordar el problema de los desahucios, por entender que afronta el problema "con mucha más profundidad".

   Recuerda que en ese texto se plantea modificar el procedimiento de ejecución para que "tras el mismo, el deudor no quede en una situación de pérdida de vivienda y de alto endeudamiento con la entidad financiera". Estas modificaciones, dijo, deberían afectar al "tiempo, plazo de la subasta, la tasación, la proporción de la tasación, que sería el valor que tuviera la casa en el momento de la subasta, o los tipos de interés de demora".

   En su opinión, el procedimiento actual es "injusto" y la prueba, dijo, es que el deudor se queda, tras la ejecución, "muy endeudado, a pesar de haber perdido la vivienda".

   También señala que en el Proyecto de Ley que propone el PSOE pretende reforzar los umbrales del Código de Buenas Prácticas. Un Código, dijo, que los bancos han rechazado aplicar en torno al 75 por ciento de las ocasiones en que se ha solicitado. Además, apuntó que otra de las propuestas es establecer una Ley de Segunda Oportunidad --como se la llama en Francia-- para articular un procedimiento concursal de suspensión de pagos para las familias al estilo de lo que existe en Europa occidental, salvo en Reino Unido y EEUU, donde las daciones en pago son más frecuentes.

   En cuanto a la propuesta del Gobierno de conceder la residencia a los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros, Julio Rodríguez, considera que esta medida "puede mejorar algo la compra de vivienda por parte de extranjeros", porque, argumentó, "hay mucha vivienda tóxica" en las zonas de playa y esa fórmula puede "ayudar a reforzar la demanda".

   Sin embargo, cree que la citada propuesta tiene "un coste elevado" y "genera un agravio comparativo" con otros inmigrantes que están trabajando en España. En su opinión, "revela hasta qué punto el Gobierno está pendiente del tema del mercado inmobiliario, no se sabe si es para salvar a los bancos o porque este Gobierno lleva en el ADN el gusto por el ladrillo en grado máximo que ha caracterizado la política económica española en los últimos tiempos".

Correa llama a los ecuatorianos en España a "rebelarse" ante los desahucios

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a sus compatriotas residentes en España a "rebelarse" ante los desahucios aplicados por las entidades financieras, ya que suponen una "masacre" y un "abuso criminal" sobre la población que no puede pagar las cuotas de su hipoteca.

   "Las familias se quedan sin casa, pero encima, se quedan endeudados para toda la vida", lamentó el sábado Correa durante su programa semanal, en el que informó de los contactos entablados con autoridades en España durante su reciente viaje para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

   El mandatario ecuatoriano criticó las "cláusulas abusivas" que imponen los bancos y el hecho de que muchos clientes "firmaban contratos sin leer", lo cual "atenta contra la normativa europea", según declaraciones recogidas por los medios estatales. En su opinión, "es una masacre, un abuso criminal del capital financiero sobre los seres humanos".

   La Embajada de Ecuador en España calcula que entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron. Quito confía en que parte de este colectivo pueda beneficiarse de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que contempla una moratoria en los pagos a las familias con menos recursos.

   Correa catalogó la crisis económica en España como "el peor de los mundos" y advirtió de que miles de personas se han quedado sin un techo. En este sentido, apuntó que "si una familia no puede pagar un crédito, es problema para la familia, pero si un millón de familias no pueden pagar, el problema es para los bancos también".

   El presidente de Ecuador llamó a "rebelarse" a quienes sufren la crisis en España y otros países europeos, para recordar que es la ciudadanía "quien manda en la sociedad" y no "el capital financiero".