martes, 11 de diciembre de 2012

El Ayuntamiento anuncia la integración de las funciones del servicio de laboratorio municipal en Aguas de Albacete


ALBACETE.- La concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Albacete, Rosa González, llevará el próximo viernes a Comisión Informativa la ejecución de la medida del Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Albacete sobre la integración de las funciones del servicio de laboratorio municipal a Aguas de Albacete, que será efectiva a partir del 1 de enero de 2013.

   De esta manera, la realización de los controles de competencia municipal en cuanto a la gestión y control del ciclo integral del agua, el análisis del agua en el grifo del consumidor, el control del agua de abastecimiento de urbanizaciones y el control del agua de recreo (piscinas) será realizado por esta empresa mixta, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

   Las funciones que anteriormente realizaba el laboratorio de Albacete se analizaban en Ciudad de Real y con esta nueva integración se realizaran ahora en Albacete.

   Así el Ayuntamiento optimiza y unifica recursos evitando duplicidades entre la citada empresa concesionaria del servicio, Aguas de Albacete y el Ayuntamiento, pues ahora, con esta integración las competencias en cuanto a las determinaciones analíticas, control de agua potable y el ciclo integral del agua se realizarán en nuestra capital.

   Se inician así los trámites para aprobar la integración del laboratorio municipal en Aguas de Albacete, medida que fue aprobada en el pleno del mes de marzo y que sin duda supondrá mejorar la calidad del ciclo integral del Agua y que no existan competencias compartidas.
   En cuanto a los trabajadores, ha destacado González, que no se ha producido ningún despido y que los derechos laborales de los mismos serán respetados, prioridad del equipo de Gobierno de Carmen Bayod en esta cuestión, dado que los trabajadores interinos y el personal laboral se han integrado en Aguas de Albacete respetándose sus condiciones de empleo y derechos sociales.

El ministro Soria defiende el plan de reestructuración para Paradores

SANTIAGO.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido este martes el plan de reestructuración de Paradores, que contempla un ERE a 644 trabajadores y el cierre total de siete establecimientos, con el fin de garantizar su "viabilidad".

   Así ha defendido Soria, en una entrevista concedida a TVE, el plan previsto para la red de Paradores, una "sociedad pública" con 94 hoteles y 4.400 empleados, que en 2004 "tenía 50 millones de euros invertidos en Bonos del Tesoro y ha pasado a tener pérdidas de 114 millones de euros", ha argumentado.
   Soria ha explicado que mientras que hace ocho años Paradores ganaba 20 millones, en la actualidad pierde unos 35, por lo que "si no se adoptan medidas, va abocado a un proceso concursal".
   En este sentido, ha defendido que lo que se pretende es "garantizar la viabilidad de la empresa dentro del marco de la reforma laboral que se ha hecho", porque de lo contrario "no será viable".
   De esta forma, Soria se ha cuestionado si los contribuyentes estarían dispuestos a pagar un parador que ocasiona 600.000 euros de pérdidas, y ha apostado por "consolidar la extraordinaria red" en vez de "gastar" como se hizo en el pasado.
   El titular de Industria, Energía y Turismo ha recordado que España dispone de una oferta hotelera "extraordinaria" y reiterado la necesidad de consolidar la red de hoteles de alta categoría, para la que confirmó el ERE planteado que podría afectar a 644 trabajadores, el 14% de la plantilla actual.

Las administraciones públicas deben 368 millones a los autónomos de C-LM

TOLEDO.- Los autónomos de Castilla-La Mancha tienen facturas pendientes de cobro de las administraciones públicas por valor de 368 millones de euros, según se desprende de la encuesta realizada por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA a unos 900 trabajadores autónomos de la región.

   Según ha informado ATA en un comunicado, las deudas son las acumuladas desde enero y hasta finales de noviembre de 2012 así como las facturas pendientes que no se pudieron acoger al Plan de Pago a Proveedores que llevó a cabo el Gobierno central y autonómico en el primer semestre del año.
   Según el análisis realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo para ATA, los autónomos de Toledo son los castellano-manchegos que más padecen la morosidad de las administraciones públicas --Gobierno autonómico, diputaciones, entes locales y empresas públicas--, con un importe estimado en facturas pendientes de cobro de 125,5 millones de euros, lo que representa el 34,1 por ciento del total de la cuantía de dinero que se adeuda.
   Los autónomos de Ciudad Real y Albacete se ven también gravemente afectados por la morosidad pública, con una deuda por parte de las administraciones públicas de 88,7 millones de euros en primer caso y de 68,8 millones de euros, en el de los autónomos albaceteños.
   El estudio evidencia, según ATA, que los autónomos de Toledo y Ciudad Real son los que más sufren la morosidad y concentran el 58,2 por ciento de la deuda pública con los autónomos y microempresas de Castilla-La Mancha.
   Los autónomos de Cuenca tienen 48,9 millones de euros en facturas por cobrar, lo que supone un 13,3 por ciento de la deuda total, mientras que los trabajadores por cuenta propia de Guadalajara son los autónomos castellano-manchegos que menos facturas pendientes de cobro tienen de las Administraciones, en torno a 36,1 millones de euros.
   Según el informe, los autónomos y pymes de la región cobran sus facturas atrasadas de las Administraciones en un tiempo medio de 164 días, un día por encima de la media nacional, donde los autónomos tardan 163 días en cobrar sus facturas, incumpliendo así la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la UE obligará a la Administraciones en 2013 a pagar en 30 días.
   Si se desglosa el tiempo que tardan los autónomos en cobrar sus facturas, la encuesta realizada para ATA Castilla-La Mancha pone de manifiesto que uno de cada tres autónomos castellano manchegos --el 38,7 por ciento-- tarda en cobrar más de seis meses y sólo el 13,1 por ciento cobra antes de 90 días de las administraciones públicas.
   Según la presidenta de ATA Castilla-La Mancha, Rosario Moreno-Opo, "un país serio que quiere ganarse la credibilidad de los mercados, los ciudadanos y el resto de Europa, no puede permitir que sus administraciones tarden más de seis meses en hacer frente a sus obligaciones con los autónomos".
   En este sentido, ha recordado que "uno de cada cinco autónomos que cierran su negocio en la actualidad es como consecuencia de la morosidad pública", de ahí que las administraciones públicas "tienen que trabajar para conseguir dar cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley de Morosidad", ha señalado Moreno-Opo.

El PSOE avisa al Gobierno de que no tiene ni el respaldo legal, ni el democrático, para privatizar la sanidad pública

MADRID.- La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha avisado al Gobierno de que no tiene ni el respaldo legal, ni el democrático, para privatizar la sanidad, que es un servicio público que está gestionado con recursos y personal público, que están pagando todos los españoles, y una medida que no prometieron en su programa electoral del año pasado.

   Así lo ha asegurado la portavoz socialista en rueda de prensa en la Cámara baja, tras la Junta de Portavoces de los martes, en la que también ha recordado que el Grupo Socialista defenderá una moción, consecuencia de interpelación, que ya debatió con la ministra del ramo, Ana Mato, a finales de noviembre, y en la que someterá a votación la implantación del euro por receta en Cataluña y Madrid.
   Es más, ha alertado de que estas pretensiones de privatización se extienden por todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, con una respuesta de la ciudadanía como se está demostrando, a su juicio, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde desde hace tres semanas el profesional sanitario está en huelga.
   Así, ha recordado que la salud es un derecho constitucional, de todos, a la vez que ha insistido en que el negocio que está detrás de esta decisión política no responde a una sostenibilidad de su gestión sino a intereses privados.
   En este sentido, Rodríguez ha augurado que, "para que el negocio sea redondo", el objetivo final es privatizar al 100 por cien los centros de salud, como ya se ha realizado en Castilla La-Mancha, o en la Comunidad Valenciana, "pionera en la gestión privada" y ambas comunidades gobernadas por el PP.

El PSOE denuncia que el PP "está desmantelando" la red de Paradores

MADRID.- El Grupo Socialista ha denunciado que el PP "está desmantelando" la red de Paradores, con motivo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía.

   Tras la reunión mantenida en el Congreso entre la portavoz del grupo parlamentario socialista, Soraya Rodríguez, junto a varios diputados y senadores socialistas, con representantes de UGT y CCOO del comité de empresa de Paradores, el grupo socialista se ha comprometido a presentar una batería de iniciativas legislativas de distinto orden para defender la red de Paradores; iniciativas que se completarán con preguntas orales la próxima semana en las sesiones de control de ambas Cámaras.
   Además, ha manifestado su apoyo al comité sindical de la empresa y reiterado su oposición al plan de reestructuración presentado por los responsables de Paradores, por ser "salvaje, injusto e ineficaz", dado que supone el cierre definitivo de siete establecimientos y los cierres temporales durante cinco meses al año de 27 de los 94 paradores que conforman la red, lo que afectará a unos 1.500 trabajadores.
   Los socialistas también han criticado el ERE presentado por la compañía, ya que supondrá la extinción de 644 puestos de trabajo, casi el 14% de la plantilla, y han recordado que han pedido la comparecencia de la secretaria de Estado de Turismo y de la presidenta de Paradores para que informen sobre el plan de reestructuración.
   Frente a las recientes declaraciones de responsables de Paradores, en las que aseguraban que "no habría cierres totales" en estos establecimientos, los responsables socialistas lamentan que, una vez más, "el PP vuelva a engañar a los ciudadanos" y que ahora el ministro José Manuel Soria, argumente que dicho plan tiene como objetivo garantizar la viabilidad de la empresa cuando en realidad "la desmantela".
   Asimismo, han denunciado que la red de Paradores ha empeorado tras un año del PP y ahora cuenta con menos ocupación, menos ingresos y más deuda, lo que deja a la empresa en los peores resultados de su historia.

Fitch cree que las CC.AA. pueden cumplir los objetivos de déficit para 2012

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que los datos de déficit de las comunidades autónomas correspondientes al tercer trimestre de 2012 sugieren que pueden alcanzar los objetivos marcados para 2012, según informó la agencia en un comunicado.

   Aun así, Fitch añade que aún no es "seguro" que lo vayan a cumplir y subraya que esto requerirá que las autonomías mantengan sus esfuerzos de consolidación en los tres últimos meses del año, cuando a menudo se concentran los gastos.
   Las comunidades autónomas registraron en el tercer trimestre de 2012 un déficit de 595 millones de euros, lo que sitúa el acumulado hasta septiembre en los 9.790 millones de euros, equivalente al 0,93% del PIB. "Esto es significativamente un inferior al objetivo anual del 1,5%", destaca Fitch.
   Sin embargo, la agencia advierte de que el aumento del 2,3% de los ingresos registrado en el periodo comprendido entre julio y septiembre es "vulnerable" a la contracción de la economía española y el déficit final de los nueve primeros meses del año dependerá de los ajustes contables, que en los últimos ejercicios han sido "grandes".
   Por otro lado, destaca que las autonomías están llevando a cabo "fuertes reducciones" del gasto operativo y de capital, algo positivo pese a que no todas ellas lograrán alcanzar los objetivos de déficit.
   En concreto, señala que los costes de personal se han reducido un 4,4% en comparación con hace un año, lo que sugiere una intensificación de las medidas de austeridad desde el verano de 2011, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y Baleares.
   Por su parte, los gastos de capital se redujeron un 26% en el tercer trimestre, aunque Fitch apunta que si el balance no mejora en los tres últimos meses del año, las autonomías retrasarán aún más los proyectos pendientes para poder así cumplir con los objetivos fiscales marcados.
   La agencia de calificación también incide en que existe una "amplia" diferencia entre regiones, ya que Murcia y Navarra ya han superado el objetivo del 1,5% y Cataluña, Andalucía y Extremadura tendrán difícil alcanzarlo pese a la "impresionante" mejora respecto a 2011.
   A este respecto, agrega que no está claro todavía como reaccionará el Gobierno central ante el incumplimiento de los objetivos, aunque considera que cualquier intervención será "políticamente sensible".
   Por último, explica que los ratings que otorga a las regiones españolas ya tienen en cuenta los "significativos esfuerzos" que están realizando para recortar el gasto, que respaldan sus calificaciones incluso si se desvían ligeramente de los objetivos. Aun así, cree que cumplirlos sería un "paso clave para recuperar la confianza de los inversores en las autonomías".

Los obispos dicen que Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos

MADRID.- El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la asignatura de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que está recogido en la Constitución Española, y ha añadido que esperan que la nueva reforma de la Ley de Educación, a diferencia de la legislación vigente, facilite plenamente el ejercicio de este derecho.

   "La clase de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que tienen derecho a que sus hijos puedan ser educados de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas y pedagógicas. Está incluso recogido en la Constitución este derecho fundamental y un estado democrático tiene que facilitar el ejercicio efectivo de este derecho. Y nosotros esperamos que lo que hasta ahora no estaba plenamente facilitado en la legislación vigente, que en las nuevas leyes educativas sea realmente facilitado", ha remarcado.
   De esta forma, según ha añadido, "el 70 por ciento de alumnos cuyos padres piden cada año la educación en religión católica y moral" podrán ejercer su derecho "sin dificultades, sin inconvenientes y sin discriminación".
 "Suponemos que esto va a favor de la educación de los jóvenes y suponemos que nadie tiene un inconveniente de fondo, sino que se trata de cómo se articula esto en los planes educativos", ha añadido.
   Además, ha subrayado que la clase de Religión es una asignatura "de libre opción" que "no impone nada a nadie" y que, según los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, la asignatura de Religión "debe darse de tal modo que su estatuto sea equiparable al de las asignaturas fundamentales".
   "¿Cómo se articula eso? Hay diversas formas de articularlo, pero esto es el compromiso del Estado para que sea una asignatura que quienes la solicitan libremente --esto hay que repetirlo muchas veces, no se impone nada a nadie, es una asignatura de libre opción--, puedan tener la garantía de que es una asignatura seriamente impartida, cuyo curso no perjudique a nadie, ni a los que la eligen ni a los que no la eligen", ha precisado.
   Martínez Camino ha asegurado que esto es lo que "siempre se ha tratado de buscar" y ha indicado que los obispos esperan que la fórmula que finalmente se encuentre, "responda a estas características de las cuales nadie tiene nada que temer".
 En cualquier caso, ha advertido de que "todavía es un anteproyecto de ley" y "no hay nada todavía determinado por el Parlamento".

El Gobierno solo se plantea cierres y reducciones del número de paradores de turismo

MADRID.- Los sindicatos de Paradores han denunciado ayer lunes, tras reunirse con la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, el "inmovilismo" de Gobierno, que no tiene ninguna intención de negociar nada que no sea el cierre de los Paradores anunciados y la reducción de los otros".

   Así, fuentes sindicales señalaron que les parece "lamentable que no se haya planteado una oportunidad al diálogo" y que no se haya querido conocer las propuestas de los trabajadores. "No ha habido ni un solo intento de aproximación a lo que planteamos", recalcaron.
   "Rechazamos el inmovilismo del Gobierno después de una convocatoria de huelga, que se mantiene para los días 31 de diciembre y 1 de enero. Estaríamos dispuestos a reconsiderar nuestra posición si se abre una mesa de dialogo para negociar un plan de viabilidad, no de extinción de contratros", subrayaron las fuentes consultadas.
   En esta línea, se preguntaron cómo puede ser que la empresa no aborde un plan de viabilidad y racionalización, al tiempo que reclamaron la retirada del ERE que afectará a 644 empleos. "No negamos que el actual momento requiere esfuerzos de todo el mundo, y la plantilla está dispuesta, siempre que haya un interlocutor también dispuesto a escucharnos", añadieron.
   La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, recibió este lunes a una representación del Comité Intercentros de Paradores, integrado por CC.OO. y UGT, a petición de los sindicatos, tras el reciente ERE presentado por la cadena hotelera, que supondrá la extinción de 644 puestos de trabajo.
   El objetivo de la reunión, que se produjo tras la petición de los representantes de los trabajadores, es trasladar a la responsable de Turismo "los problemas laborales" que sufren, "agravados con el reciente ERE".
   La dirección de Paradores ha cifrado en dos millones de euros las pérdidas por la huelga secundada por los trabajadores de la hotelera durante este puente de diciembre, días 7 y 8, en contra de los planes de la compañía, que recortará en casi un 14% su plantilla.
   Según Paradores, la caída de la facturación en este puente rondará el 50% en comparación con la registrada durante este mismo puente del año pasado, cuando alcanzó los 3,9 millones de euros.
   La cadena cifró en el 10,17% el seguimiento de los paros en su segundo día y en un 12% en el primer día, frente a los porcentajes ofrecidos por los sindicatos, un 75% y un 80%, respectivamente.
   Según los sindicatos, la dirección de Paradores planea cerrar siete establecimientos de la red y cierres temporales de cinco meses al año en 27 de los 94 paradores que conforman la red.
   Paradores asegura que se está trabajando para encontrar una solución a la situación que atraviesa la empresa con un caída de la ocupación del 70% en 2007 a un 52% en 2012 y unas pérdidas acumuladas de 77 millones de euros hasta 2011, además de las pérdidas previstas para 2012 que ascienden a otros 30 millones.
   Así las cosas, la dirección de la cadena y los sindicatos volverán a encontrarse en la reunión prevista para mañana martes, tras la apertura de la mesa negociadora el pasado 3 de diciembre.

Canadá busca 320.000 obreros de la construcción para los próximos ocho años

TORONTO.- Canadá anunció ayer que, a partir de enero próximo, abrirá las puertas a 3.000 trabajadores extranjeros cualificados como electricistas o soldadores ante la incapacidad del país para generar los más de 320.000 trabajadores de la construcción que necesitará en los próximos ocho años. 

El ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Jason Kenney, informó de que el programa, que entrará en vigor el 2 de enero de 2013, aceptará el primer año un máximo de 3.000 personas pero que esa cifra es sólo un modesto inicio de la entrada de trabajadores que se aprobará en los próximos años.
"Para evitar la acumulación de peticiones, en el año inicial sólo se aceptarán 3.000 solicitudes pero repito que ese número crecerá", dijo Kenney en una rueda de prensa celebrada en una empresa en las cercanías de Toronto. "Será un año de prueba y espero elevar las cifras", añadió el ministro canadiense.
El anuncio fue aplaudido por organizaciones empresariales que desde hace años solicitan a las autoridades canadienses cambios en el sistema migratorio, que prima la llegada de inmigrantes con títulos universitarios, para agilizar la entrada de trabajadores en oficios de alta demanda. Michael Atkinson, presidente de la Asociación Canadiense de la Construción, dijo que "el nuevo programa asegura que se da una mayor consideración a las necesidades de las empresas cuando se procesan las solicitudes de emigración".
Atkinson dijo que para 2020 Canadá necesitará 320.000 trabajadores más en el sector de la construcción, y que el país sólo será capaz de generar como mucho la mitad de esa cifra. "Solo la mitad procederá de fuentes nacionales. No es que la inmigración sea la respuesta total a nuestros futuros problemas laborales, pero es una parte importante", explicó Atkison. Gran parte de esta demanda de trabajadores cualificados es fruto del fuerte crecimiento de los sectores de la construcción y energía que el país norteamericano ha experimentado en los últimos años.
Solo la provincia de Alberta, donde están los yacimientos de arenas bituminosas que han convertido a Canadá en una potencia mundial en la producción de petróleo y que se consideran contienen las terceras mayores reservas de crudo del mundo, necesitará en los próximos años 115.000 trabajadores para la construcción. Kenney declaró que "el nuevo programa de Oficios ayudará a responder a la grave escasez (de mano de obra) en algunas regiones del país y apoyar el crecimiento económico".
"Durante demasiado tiempo, el sistema de inmigración de Canadá no ha estado abierto a estos trabajadores en oficios de alta demanda. Estos cambios se tenían que haber producido hace mucho tiempo y nos ayudarán a ir hacia un sistema de inmigración rápido y flexible que funciona para la economía de Canadá", explicó el ministro.
Los cambios favorecerán a aquellos trabajadores extranjeros que tengan una oferta de empleo en Canadá, unos conocimientos mínimos de inglés o francés, una experiencia de al menos dos años en el oficio y que ésta se ajuste a lo demandado por el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Aunque la lista de profesiones que Canadá solicitará todavía no ha sido anunciada, Kenney afirmó que las peticiones elegibles incluirán electricistas, soldadores y mecánicos de equipamiento pesado. Kenney reiteró que Canadá ha rebajado el nivel necesario de conocimiento del inglés o francés, los dos idiomas oficiales, para facilitar la llegada de trabajadores de otras naciones.
"Recalco que será un nivel básico de idiomas porque muchos trabajadores extranjeros no tienen educación secundaria, no han tenido la oportunidad de perfeccionar el nivel de su inglés o francés por lo que normalmente no estarían preparados para el programa de trabajadores cualificados", dijo. Por eso, añadió, se ha rebajado al nivel básico de idiomas, "lo suficiente para que puedan trabajar de forma segura en Canadá".