viernes, 27 de abril de 2012

El paro aumentó en 26.900 personas en C-LM en el primer trimestre del año

TOLEDO.- El paro aumentó en 26.900 personas en Castilla-La Mancha en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento del 10,96 por ciento en relación al trimestre anterior, que deja el número total de desempleados de la región en 272.500. 

   De esta forma, la tasa de paro en la Comunidad Autónoma se situó en el 27,19 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
   De enero a marzo la cifra de ocupados disminuyó en 29.000 personas en relación con el trimestre anterior, lo que supone un descenso del 3,82 por ciento, de forma que la cifra total de ocupados alcanza los 729.900 personas.
   A nivel nacional, el paro subió en 365.900 personas en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 6,9% más, situándose el número total de desempleados en 5.639.500 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.
   Del total de 272.500 parados de Castilla-La Mancha en el primer trimestre del año, 141.500 eran hombres y 131.000 mujeres. La tasa de paro en el sector masculino era del 24,75 por ciento mientras que en mujeres se situó en el 30,42 por ciento.
   Por provincias, en Albacete el primer trimestre de 2012 acabó con 56.000 parados y una tasa de paro del 29,19 por ciento. De ellos, 27.000 eran hombres y 29.000 mujeres. En cuanto a los ocupados, la provincia registró 135.800 ocupados, de los que 78.500 son hombres y 57.400 mujeres.
   En la provincia de Ciudad Real se registraron 71.000 parados y una tasa de desempleo del 30,47 por ciento. Por sexos, hay 37.600 hombres parados y 33.400 desempleadas. En cuanto a la ocupación, en la provincia trabajaron en el segundo trimestre del año, 162.000 personas, de las que 97.800 son hombres y 64.200 son mujeres.
   En Cuenca, la cifra de parados fue de 22.200 personas, y la tasa de paro del 23,69 por ciento. De los desempleados, 12.500 son hombres y 9.700 mujeres. Este periodo se cerró con 71.600 ocupados, 43.200 son hombres y 28.500 mujeres.
   La provincia de Guadalajara acabó con 24.100 desempleados y una tasa de paro del 19,24 por ciento. De ellos, 13.600 eran hombres y 10.500 mujeres. Respecto a la ocupación, se registraron 101.000 ocupados, 55.700 hombres y 45.300 mujeres.
   Por último, en la provincia de Toledo, el primer trimestre se cerró con 99.200 parados, y una tasa de paro del 27,67 por ciento. De los desempleados, 50.900 son hombres y 48.400 mujeres. En la provincia se registraron 259.500 ocupados, 155.200 hombres y 104.300 mujeres.

Cientos de personas exigen en C-LM mayor seguridad laboral

TOLEDO.- Cientos de personas se han concentrado este viernes en las cinco provincias de Castilla-La Mancha para reivindicar una mayor seguridad laboral, así como para recordar a los trabajadores fallecidos, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo.

   En Toledo, alrededor de un centenar de personas se han concentrado en la Plaza de Zocodover para pedir a la Junta de Comunidades que, en temas de salud laboral, "no se ahorre ni un solo euro porque la vida de los trabajadores está en juego".
   Así lo ha asegurado el secretario de Organización de UGT en Toledo, Sergio de la Fuente, quien ha señalado la necesidad de "incrementar y apoyar" las distintas políticas de seguridad "para poder aminorar y dejar a cero" los datos de la siniestralidad en el trabajo.
   Por su parte, el secretario general de CCOO en Toledo, Jesús García Villaraco, ha explicado que, "sin estar contentos, porque siempre que hay un fallecido en un accidente de trabajo es una tragedia", la evolución de la siniestralidad se ha reducido "gracias al trabajo, a la prevención y a la formación en las empresas".
   "El año pasado se produjeron 11 accidentes mortales en la provincia de Toledo cuando en estos años atrás se producía una media de 30", ha asegurado Villaraco, al tiempo que ha afirmado que esta reducción es "fruto de un trabajo constante de prevención".
   Sin embargo, ha asegurado que actualmente "se cierne un peligro sobre la salud y la seguridad de los trabajadores", ya que, además de que los trabajadores tienen más miedo al despido que a la siniestralidad, "se están reduciendo las inversiones empresariales en materia de seguridad y la Junta ha eliminado los programas que había de formación en prevención y vigilancia en las empresas".
   "Yo estoy seguro de que en el mismo grado que baja la inversión en prevención, va a subir el grado de siniestralidad. Por tanto, si en los próximos años aumenta el índice de siniestralidad, la responsabilidad será de aquellos que están retirando dinero en prevención", ha sentenciado.
   En Guadalajara, alrededor de 200 personas se han concentrado ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en defensa de un trabajo digno y seguro. Previamente a la lectura de un manifiesto, se ha guardado un minuto de silencio por los trabajadores fallecidos en la provincia.
   "La reforma laboral significa un riesgo mayor para la salud", ha señalado el secretario provincial de UGT, José María Rey, quien ha recordado que la nueva norma "aumenta la precariedad y con ella los riesgos de seguridad y salud en el trabajo".
   Según Rey, a esto hay que sumar una nueva amenaza para los trabajadores que "son los riesgos psicosociales derivados del miedo que éstos tienen por perder su puesto de trabajo, ya que la reforma laboral da los instrumentos necesarios para que despedir sea más fácil".
   En Albacete, cerca de un centenar de delegados sindicales se han concentrado ante la sede de la Patronal en Albacete portando un muñeco en el que se leían las cifras de siniestralidad laboral en la región en lo que va de año: 4.052 accidentes leves, 47 graves y 9 mortales.
   "Hemos advertido a FEDA en un intento de que la Patronal se sume a nosotros porque, en materia de salud laboral, sospechamos que las condiciones de trabajo son leoninas", ha manifestado el secretario provincial de CCOO, Francisco de la Rosa, quien ha añadido que no se quieren arriesgar "a que esta reforma laboral tenga un efecto pernicioso en la siniestralidad laboral".
   Por su parte, el responsable de la gestora provincial de UGT, Alberto Sánchez, ha defendido que este día ha de servir "para el recuerdo de todos los trabajadores que han perdido su vida o su salud en un puesto de trabajo y de reivindicación, pidiendo unas condiciones laborales más seguras, más dignas y más saludables".
   Sánchez ha hecho un llamamiento a los empresarios, ya que considera "incomprensible que las empresas, en vez de invertir en salud laboral, están quitando las mejoras en los convenios colectivos y están dejando el control de las enfermedades laborales a las mutuas".
   En Cuenca, cerca de 50 personas se han concentrado a las puertas del edificio de sindicatos para conmemorar el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el trabajo. Así, tras la pancarta 'Hay alternativa, trabajo digno y seguro', han reclamado que la reforma laboral y los recortes no repercutan en las condiciones de trabajo de los ciudadanos.
   Desde CCOO, el secretario provincial de Salud Laboral, Javier Cañamares, se ha mostrado preocupado por la precaricación del trabajo en España a raíz de la reforma laboral.
   Asimismo, ha alertado de que podría romperse la tendencia descendente de la siniestralidad laboral registrada en los últimos años en la provincia de Cuenca y ha recordado que los datos del primer trimestre del año han sido muy negativos, ya que se registraron varios accidentes mortales en la provincia.
   Por su parte, el secretario general de UGT Cuenca, Félix Martínez, ha instado a los empresarios a no reducir presupuesto en seguridad en el empleo y ha arremetido contra la reforma laboral que, a su juicio, repercutirá en la siniestralidad por el empeoramiento de las condiciones de trabajo en las empresas.
   En Ciudad Real, unos 30 delegados sindicales se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno junto a los secretarios provinciales de UGT y CCOO, Juan Jiménez Contreras y Felipe Pérez, quienes han criticado la falta de actuación del Gobierno regional en materia de prevención de la siniestralidad laboral.
   También han lamentado que la reforma laboral ya esté influyendo en la salud de los trabajadores, que no piden la baja por enfermedad o se reincorporan a sus puestos de trabajo antes de estar curados del todo ante el temor de poder ser despedidos.
   Por último, han recordado que en esta comunidad autónoma, el paro sigue subiendo por encima de la media nacional.

El céntimo sanitario se duplicará en C-LM a partir de este sábado

TOLEDO.- El llamado céntimo sanitario se duplicará en Castilla-La Mancha a partir de este sábado, 28 de abril, según contempla la Ley de Medidas en Materia de Tributos Cedidos, aprobada la semana pasada por las Cortes regionales y publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

   Este impuesto en la gasolina y el gasóleo de uso general pasará de 24 a 48 euros por cada mil litros; en el queroseno de uso general aumentará de 24 a 48 euros por cada mil litros; y el gasóleo de usos especiales y de calefacción pasará de dos a cuatro euros por cada mil litros.
   Del mismo modo, el gravamen por cada tonelada de fuelóleo será de dos euros en lugar de uno. Esta norma garantiza la devolución del cien por cien de este impuesto en el caso del gasóleo de uso profesional.
   Dice la ley que los rendimientos derivados del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos en la Comunidad Autónoma quedan afectados en su totalidad a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria, en la forma que establezca la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
   Por medio de esta norma el Gobierno de María Dolores Cospedal pretende recuperar el equilibrio económico-financiero de la Hacienda Regional, potenciar el tejido empresarial a través de los emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas (Pymes) de la región, o atender a grupos de población, como las familias numerosas, que se ven más afectados por la crisis económica.
   La norma contempla modificaciones en la regulación de tasas en materia de industria, energía y minas de la región, modificaciones en los tipos de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración y actualiza las tasas y precios públicos de la región.
   En materia de tributos cedidos, contempla deducciones por nacimiento o adopción de hijos (100 euros en el caso de un hijo, 500 en el caso de dos y 900 en el de tres) y deducciones por familia numerosas (150 las de categoría general y 300 euros para las de categoría especial).
   La nueva norma contempla, asimismo, deducciones por cantidades donadas para la cooperación internacional al desarrollo y a las entidades para la lucha contra la pobreza, exclusión social y ayuda a personas con discapacidad.
   En materia de autoempleo, la Ley establece deducciones para el fomento del autoempleo en los contribuyentes menores de 36 años o si se tratase de mujeres de cualquier edad, que causen alta por vez primera en el Censo de Empresarios y Profesionales.
   Así las cosas, los contribuyentes podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica del impuesto el 15 por ciento, si realizan donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación empresarial.
   Recoge también reducción en adquisiciones sucesiones y donaciones de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones en entidades y aplicará el tipo de 4 por ciento a determinadas transmisiones de bienes inmuebles.
   Se modifica también el tipo tributario general aplicable a la tasa fiscal sobre juegos de suerte envite o azar, que será del 25 por ciento.
   La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOCM, si bien su disposición, referida a la tributación y celebración del juego del bingo, surtirá efecto a partir del día primero del mes natural siguiente a dicha publicación.

Toda la deuda con las farmacias de C-LM quedará saldada en el mes de junio

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado este viernes que toda la deuda que la Junta de Comunidades tiene pendiente con las farmacias de la región quedará saldada en el próximo mes de junio, en este caso las facturas correspondientes al segundo semestre del año 2011. 

   Esto supone el cobro de casi 300 millones de euros, que es el importe de las recetas de los meses de julio a diciembre. El procedimiento para hacer efectivo este pago implica la aceptación por parte de los acreedores de ser incluidos en este mecanismo extraordinario de pago, para lo cual los colegios farmacéuticos de la región deberán celebrar las correspondientes asambleas, con el fin de ratificar su adhesión a este procedimiento de pago, asegura la Junta en nota de prensa.
   El abono se realizará en las entidades bancarias que indiquen los propios colegios y se producirá, de acuerdo con las estimaciones del ICO, en la segunda quincena de junio.
   Con este mecanismo, agrega la nota, los pagos a las farmacias de Castilla-La Mancha quedarán al día y totalmente normalizados. La falta de previsión financiera durante la segunda mitad de 2010 motivó el agotamiento de los créditos para farmacia y el impago de la factura del mes de mayo de 2011.
   Tras el pago de esta factura, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales gestionó un calendario de pagos que preveía el pago de 2 mensualidades en 2012 y de 4 en 2013.
   Según asegura la Junta en la nota, se adelanta en año y medio la previsión inicial sobre la que trabajaban todas las partes implicadas para dar solución a la grave situación provocada por la falta de previsión financiera del anterior Ejecutivo regional.
   El consejero de Sanidad y Asuntos sociales, José Ignacio Echániz, ha destacado la "gran importancia de esta noticia, por cuanto da solución a una cuestión que nos ha ocupado de manera casi constante desde que llegamos a esta Consejería".
   Echániz ha resaltado que "este nuevo panorama es consecuencia directa de la coordinación de las políticas puestas en marcha por el gobiernos de Castilla-La Mancha y también a nivel nacional".
   "Si a ello sumamos el buen entendimiento con los colegios farmacéuticos de Castilla-La Mancha, todo junto da como resultado haber alcanzado con mucha antelación el objetivo por el que tanto hemos trabajado", ha añadido Echániz.
   Según indica la Junta, para conseguir este "notable" adelanto en los pagos ha sido decisivo que las farmacias castellano-manchegas hayan sido incluidas en la relación de proveedores que verán saldadas sus facturas pendientes de 2011 a través del mecanismo de pago a proveedores establecido por el Ministerio de Hacienda, que será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial.

Agricultura ha abonado 13,5 millones de euros de ayuda al Pago Único

TOLEDO.- La Consejería de Agricultura, cumpliendo el compromiso adquirido por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal de agilizar los pagos a los agricultores y ganaderos de la región, ha realizado esta semana el abono de 13.536.711 euros de la ayuda del Pago Único, que beneficiará a 790 preceptores de toda la región.

   Esta ayuda la percibirán la totalidad de los agricultores que tenían su expediente pendiente de control sobre el terreno, así como aquellos que tenían alguna incidencia que haya sido subsanada, según ha informado la Junta en nota de prensa.  
   Concretamente, la provincia de Albacete recibirá 5,8 millones de euros y beneficiará a 215 agricultores; la provincia de Toledo, con 321 preceptores, recibirá 3,5 millones de euros; Cuenca contará con 2,3 millones de euros para 102 beneficiarios; Ciudad Real recibirá 1,6 millones de euros para 135 agricultores; y finalmente, la provincia de Guadalajara, con 17 perceptores, recibirá 50.000 euros.
   En total, la Consejería de Agricultura ha pagado hasta ahora más de 618 millones de euros de ayuda al Pago Único para la solicitud de 2011.

La CHT celebra las primeras reuniones para analizar recursos

TOLEDO.- La Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), ha celebrado esta semana las primeras Juntas de Explotación ordinarias de la cuenca en este año hidrológico con el objetivo de analizar la situación de los recursos y las medidas que tomar, una vez conocidos los acuerdos de la comisión de desembalse del pasado 30 de marzo.

   Las ocho Juntas de Explotación (Cabecera del Tajo; Henares; Tajo Medio, Tajuña y Jarama; Alberche; Tiétar; Árrago; Alagón; y Tajo Oeste) han transcurrido en un ambiente de "cordialidad y responsabilidad" por parte de los representantes de los usuarios de la cuenca y las autoridades del organismo, según ha informado el ministerio en un comunicado.
   Asimismo, en ellas se ha analizado la situación de los embalses, la campaña de riego, las actuaciones y obras en ejecución y las medidas que adoptar conforme al Plan Especial de Actuaciones en Situación de Alerta y Eventual Sequía de la cuenca del Tajo.
   Las Juntas de Explotación son los órganos básicos de gestión de la Confederación Hidrográfica del Tajo en régimen de participación y, en su conjunto, están representados todos los usuarios. Su finalidad es coordinar la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de la cuenca, respetando los derechos derivados de las concesiones y autorizaciones existentes.
   En ellas se analiza la distribución y el reparto de agua para todos los usos según el volumen disponible y que, previamente, se ha determinado en la Comisión de Desembalse. Asimismo, se elaboran los cánones y tarifas, se eligen a los representantes de los usuarios en otros órganos de participación, y se toman otras medidas de gestión.
   Anualmente se celebran dos citas de las Juntas de Explotación, aunque se pueden reunir con carácter extraordinario cuando lo acuerde el presidente, por propia iniciativa o a petición de los usuarios. En la Confederación Hidrográfica las fechas de reunión de las Juntas de Explotación se determinan según las necesidades, siendo habitual celebrar una al principio de la campaña de riego para analizar la situación y las previsiones, y otra en verano para comprobar la situación de los recursos y estudiar aspectos relacionados con tarifas y cánones.
   Todos los órganos de gestión participativa de la Confederación se eligen a partir de las Juntas de Explotación, puesto que el conjunto de los representantes de los usuarios de las ocho Juntas de Explotación conforman la asamblea de usuarios, que a su vez elige a sus representantes en la Junta de Gobierno, la comisión de Desembalse y otros órganos gestores participativos.

C-LM registró 5.027 accidentes con baja laboral en el primer trimestre

TOLEDO.- Castilla-La Mancha registró en el primer trimestre del 2012 un total de 5.027 accidentes con baja laboral, que supone una reducción de 1.534 bajas con respecto al mismo periodo de 2011, según los datos del Índice de Siniestralidad Laboral en la región que ha ofrecido la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero.

   En rueda de prensa, acompañada por el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, Casero ha concretado que de estos 5.027 accidentes con baja laboral 4.956 han sido leves frente 6.486 del mismo periodo del año anterior, un 23 por ciento menos.
   Asimismo, de estos 5.027 accidentes 51 han sido graves frente a los 67 del 2011, lo que supone una reducción de 23,9 por ciento. Además, los accidentes en jornada laboral han sufrido una disminución del 24 por ciento, mientras que los siniestros 'in itinere' han bajado en un 14,2 por ciento.
   Por sectores, en Construcción se ha producido una disminución del 25 por ciento, en Industria un descenso del 20 por ciento, en Servicios un descenso del 15 por ciento y en Agricultura una disminución de un tres por ciento.
   De forma general, la titular de Economía y Empleo ha señalado que respecto al año 2009 se ha producido un descenso acumulado de 34 por ciento de la siniestralidad laboral en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
   Casero ha defendido que estos datos avalan los programas "novedosos" puestos en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha con respecto a los que se venían realizando por parte del Ejecutivo regional anterior.
   Entre estos programas ha destacado el Programa de Trastornos Multiesqueléticos, el Programa de Emprendedores, los Servicios de Prevención para mejorar la calidad de la actividad desarrollada por las empresas que se dedican a esta materia, los servicios de prevención mancomunados, microprogramas por rama de actividad y el Servicio de Prevención laboral para entidades locales.
   Casero ha añadido que el Gobierno regional está trabajando también en la nueva elaboración del Acuerdo Estratégico para la prevención de Riesgos Laborales, que tienen su finalización en 2012, y ha añadido que la Junta está a la espera de las líneas estratégicas del Gobierno central y la Unión Europea (UE) en este sentido.
   También ha recordado que este jueves se celebró la reunión de la Comisión Regional de Salud Laboral donde trasmitió a sindicatos y empresarios que el Gobierno de María Dolores de Cospedal "quiere seguirá trabajando y colaborando con todos los que tienen mucho que decir en este ámbito".
   Respecto al convenio firmado con el presidente de la FEMP en materia de seguridad laboral, Casero ha dicho que esta iniciativa  tiene como "objetivo primordial" prestar asesoramiento técnico a todos los municipios de la región en esta materia para que cumplan con el objetivo del Ejecutivo castellano-manchego de reducir "a cero" la siniestralidad.
   De este modo, ha añadido que, mediante el mecanismo de adhesión de los municipios a este convenio, se pretende elaborar un mapa de aquellos en los que se produce una siniestralidad mayor, con el fin de poder "atajar mejor y con mayor incidencia" la siniestralidad en función de la zonas.
   El presidente de la FEMP regional ha dicho que cualquier ayuntamiento podrá participar en este convenio y que habrá una comisión de trabajo por parte de la Federación y que el personal técnico de la Junta se pondrá a disposición de los ayuntamientos con un mínimo de visitas.
   "El objetivo es reducir la siniestralidad", ha señalado Lucas-Torres, quien ha destacado que con la firma de este convenio el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha querido dar apoyo y ayuda a los municipios.

Contratar varios trabajadores irregulares será delito

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un plan de intensificación de la lucha contra el fraude laboral hasta 2013 que, entre otras medidas, plantea un endurecimiento de las penas al convertir en delito la contratación de varios trabajadores irregulares.

"Modificaremos el Código Penal para tipificar como delito el empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en empleo irregular", dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros.
Además, Báñez dijo que la modificación del Código Penal ampliará el periodo de prescripción, de 5 a 10 años, de los supuestos delictivos más graves contra la Seguridad Social, y que los defraudadores deberán abonar todas las cuotas defraudadas para eximirse de la responsabilidad penal.
En una nota de prensa, el Ministerio de Empleo dijo que entre estos supuestos se encuentran "las 'empresas fantasma' sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública".
El plan, anunciado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, tiene como objetivo, entre otros, impulsar el afloramiento de la economía sumergida y así generar mayores recursos económicos para el sistema de la Seguridad Social.
En ese sentido, se contempla una reorganización de la inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que actúen coordinadamente en la lucha contra el fraude, la incorporación de 53 inspectores y 60 subinspectores para dedicarse a este tema, y la realización de campañas en aquellos sectores que se identifiquen como "bolsas de fraude".
En el plan también se introducen cambios que pretenden proteger a los trabajadores mayores de 50 años, como por ejemplo, la ampliación del número de empresas sometidas a la obligación de contribuir a las prestaciones que recibirán estos trabajadores si son incluidos en despidos colectivos, al rebajarse de 501 a 101 el número de trabajadores mínimo de las empresas sometidas a esta obligación.
En este sentido, además, se prohíbe la jubilación obligatoria a determinada edad en convenios colectivos.

Los comerciantes temen que la subida del IVA sea "la puntilla que remate" el sector

MADRID.-   Los comerciantes han advertido de que la subida del IVA anunciada por el Gobierno para 2013 supone un "hachazo" para un sector que acumula 21 meses consecutivos de caída de ventas y temen que sea "la puntilla que remate" a las tiendas que están intentando evitar el cierre.

   "La subida hará mucho daño al comercio en las actuales circunstancias de decaimiento del consumo y crea temor y desconfianza en los consumidores desde hoy", dijo hoy el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo.
   El presidente de la CEC defendió la necesidad de poner en marcha medidas que "favorezcan el consumo y no que vayan en contra" como, a su juicio, es el caso de un alza fiscal de este tipo, al tiempo que advirtió del impacto de esta medida en un sector que está "agotando todas sus reservas".
   Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio Textil y Complementos (Acotex), Borja Oria, manifestó la sorpresa del sector ante este anuncio, después de los "mensajes del Gobierno de que no se iba a subir este impuesto", así como la preocupación por el convencimiento de que se trata "la peor medida que se puede tomar".
   Oria señaló que, tras el incremento del IVA aplicado en julio de 2010, las tiendas de ropa registraron una caída de las ventas del 10% ese mismo mes, debido a la desconfianza del consumidor, dado que la mayoría de las empresas absorbieron la subida.
   El vicepresidente de la CEC y presidente de la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem), Hilario Alfaro, coincidió en que el anuncio supone un "hachazo a la posible recuperación del consumo". "Va en línea contraria a lo que hay que hacer, que es un plan de dinamización del comercio", apuntó.

Cuatro de cada diez mayores ya ayudan económicamente a algún familiar

MADRID.- El 40,4 por ciento de las personas mayores ayuda o ha ayudado en los dos últimos años en España a familiares, según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica Investigación para la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). 

   Así, mientras que en el año 2010 de las personas mayores que ayudan o habían ayudado en los dos últimos años a familiares representaban un 15,1 por ciento, actualmente recurrir a la solidaridad de los progenitores se ha convertido "en una de las principales estrategias de adaptación a la difícil situación que padecen muchos ciudadanos españoles".
   Entre las personas mayores que ayudan o han ayudado durante los dos últimos años económicamente a familiares o amigos, el índice de opinión señala que entre los progenitores con mayor nivel formativo, es decir, con estudios al menos secundarios, se registra un porcentaje (48,8 por ciento) significativamente superior de solidaridad que el registrado entre quienes tienen un nivel de estudios inferior (37,5 por ciento).
   También la clase social de los mayores es determinante para adoptar este comportamiento solidario. Así, más de la mitad de personas mayores de clase social alta, media-alta y media (52,5 por ciento) ayudan económicamente a familiares mientras que este porcentaje entre quienes pertenecen a la clase media-baja y baja es significativamente inferior (37,9 por ciento).
   Por otro lado, el número de ayudas destinadas a las personas mayores ha sufrido un descenso de cinco puntos respecto al estudio de 2010. Así, actualmente, los mayores que reciben algún tipo de ayuda económica de familiares se sitúa en un 7,5 por ciento, una bajada significativa respecto al 12,5 por ciento que recibían ayuda en 2010.
   Entre ellos, las mayores que viven solos (13,6 por ciento) registran un porcentaje significativamente superior de ayuda que aquellos que viven acompañados (5,2 por ciento) y, en relación a su nivel de estudios, son los que tienen hasta estudios primarios, con un 8,7 por ciento, los que tienen más ayuda familiar, frente al 4,6 por ciento registrado entre quienes tienen estudios más elevados.
   Finalmente, atendiendo al estatus social se observan diferencias en el mismo sentido, ya que el porcentaje de personas mayores de clase social media-baja o baja que reciben alguna ayuda económica de familiares (8,6 por ciento) es significativamente superior al registrado entre quienes pertenecen a una clase social más alta (3,2 por ciento). De este modo, quienes reciben ayuda de sus hijos se caracterizan principalmente por vivir solos, haber recibido una formación básica como mucho y pertenecer a las clases más bajas.

El empresario que defraude a la Seguridad Social deberá devolver las cuotas

MADRID.- Los empresarios que defrauden a la Seguridad Social deberán devolver íntegramente las cuotas para evitar responsabilidades penales, según las modificaciones del Código Penal que introduce el nuevo Plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, aprobado este viernes en Consejo de Ministros.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha resaltado que con este plan se trata de evitar comportamientos "que atenten contra los derechos de los trabajadores, así como situaciones de competencia desleal entre las empresas".
   En último término, ha señalado que el efecto más importante del plan es evitar que la detracción de ingresos a la Seguridad Social por el fraude "ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema", a lo que ha sumado que los ciudadanos que cumplen "ven con muy malos ojos" las estas conductas irregulares.
   En este sentido, los objetivos fundamentales del plan serán el afloramiento de la economía sumergida, evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo, tratar de que todas las empresas den de alta a sus trabajadores, evitar la obtención indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales o el disfrute en fraude de ley de prestaciones en aquellos casos en los que se constituyan empresas ficticias.
   Báñez ha hecho hincapié en los cambios normativos que afectan al Código Penal, que requerirán un anteproyecto de Ley Orgánica de modificación, y ha destacado también la tipificación como delito del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular, para perseguir los talleres clandestinos.
   Asimismo, se pretende la ampliación del periodo de prescripción de cinco a diez años en los delitos más graves, como la creación de empresas 'fantasma' que simulan relaciones laborales para obtener prestaciones públicas.
   Por otro lado, a través de un anteproyecto de Ley Ordinaria, se modificarán también la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el Estatuto de los Trabajadores.
   En cuanto a éstas últimas normas, se ampliará el periodo de investigación en supuestos de fraude complejos de 9 a 18 meses y se extenderá a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación. Asimismo, se amplían las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social hasta los 187.515 euros.
   Además, el plan establece una serie de medias complementarias para proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la ampliación de la vida laboral.
   Entre ellas se incluye que las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores, y no de más de 500 trabajadores como hasta ahora, tengan que hacer aportaciones al sistema cuando incluyan a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos, o la prohibición de que los convenios colectivos establezcan topes de edad de jubilación.
   Otras de las medidas incluidas en el plan son un refuerzo de la Inspección de Trabajo con 53 inspectores y 60 subinspectores, y una mayor coordinación con la Inspección de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, entre otras instancias.
   En este punto, Báñez resaltó también la importancia de la participación en el marco del fraude de los colectivos del notariado y de los registradores de la propiedad.
   De esta forma, el Gobierno pretende realizar nuevas campañas de inspección donde está están identificadas posibles bolsas de fraude, así como realizar un seguimiento del empleo aflorado por la inspección para evitar que vuelva a sumergirse.

El Gobierno subirá los impuestos al consumo en 2013 para reducir el déficit

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto incrementar los impuestos al consumo en 2013 con el objetivo de conseguir recaudar 8.000 millones de euros.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos explicó que el Ejecutivo está planteado una "modificación de la estructura impositiva" en España, en el sentido de reducir los impuestos sobre el trabajo y aumentar la carga impositiva sobre el consumo.
   "Lo que estamos planteando es, en un momento en el que debemos dar el salto desde el punto de vista de la competitividad, reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo, que está bastante penalizado en estos momentos, e incrementar la imposición del consumo, que estaría en torno a unos 8.000 millones de euros", afirmó.
   El ministro de Economía explicó que esta subida de la imposición al consumo no solamente se refiere al IVA ya que "existen otros tipos de impuestos al consumo e impuestos especiales".
   De Guindos resaltó así la necesidad de reducir los impuestos sobre el trabajo y subir los del consumo cuando se inicia la recuperación económica, que es lo que se demanda a España desde fuera.
   Además, recordó que el problema de la imposición indirecta es subir los tributos cuando la economía cae, porque acelera la tendencia depresiva.

Ecuador prepara un "Plan B" ante los recortes en sanidad pública en España

QUITO.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ecuador, ante el anuncio de recortes en la sanidad pública anunciada en España, prepara un "Plan B" para apoyar a sus compatriotas que puedan verse afectados con esa medida.
Así lo anunció anoche el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, al revelar que dicho plan supone la prestación de servicios sanitarios de forma extraterritorial a ecuatorianos que se encuentren afiliados voluntariamente a la institución.
"Estamos muy preocupados por la información" de recortes y por ello "tenemos un Plan B" que se aplicará este mismo año en España, pero también en Estados Unidos, explicó González.
Comunicó, en rueda de prensa, que el próximo 20 de mayo estará en Nueva York para atender la situación de miles de sus compatriotas en situación irregular en EEUU, que no pueden acceder a los servicios sanitarios.
González dijo que del total de ecuatorianos residentes en EEUU, el 80 por ciento se encuentra en situación irregular y que sólo el 20 por ciento tiene sus papeles en regla.
Lo contrario sucede en España, donde sólo un 20 por ciento de los ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentran en situación irregular, estimó la autoridad.
Por ello, indicó, en EEUU se prevé alcanzar un convenio para crear el "primer seguro que dé servicio de salud extraterritorialmente a los afiliados voluntarios" del IESS que se encuentren en esa nación norteamericana.
Esa misma estrategia se replicará "inmediatamente" en España, añadió González, al recordar que Ecuador ya tiene un convenio suscrito con la seguridad social española para la "portabilidad de pensiones", que permite a una persona de cualquiera de estos países jubilarse independientemente del lugar donde trabaje.
También la Embajada de Ecuador en España expresó su "profunda preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país ibérico.
En un comunicado, la sede diplomática recordó la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.
"Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país", señaló la legación diplomática.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del Ministerio español de Empleo.
Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la Embajada ecuatoriana.
La nota explica que la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.
Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles".
Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.
Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, indica el texto de la Embajada.

El AVE no alcanza el umbral de rentabilidad por viajeros en ninguna línea


MADRID.- La red ferroviaria de Alta Velocidad (AVE) española, de unos 2.900 kilómetros de longitud, no tiene un grado de uso por pasajeros mínimo para alcanzar el umbral de la rentabilidad, estimado en entre 6,5 y 8 millones de viajeros.

   Así lo indica un informe realizado por el RACC a partir de distintos estudios, y en el que esta institución llama a hacer un "alto en el camino" en la inversión en AVE para "plantearse si conviene continuar con un proyecto que a día de hoy muestra su falta de sostenibilidad, sobre todo en el actual contexto económico".
   "Se ha llegado al límite de sostenibilidad de las finanzas públicas dada la situación económica del país", indica la institución, por lo que "no se pueden seguir malgastando los recursos públicos". "No se trata de poner en cuestión un hecho ya irreversible, sino de hacer un alto en el camino para ver lo que se ha dejado atrás y lo que queda por delante", añade.
   El informe apunta que "tras un esfuerzo inversor sin precedentes en la historia económica contemporánea del país" (4.263 millones de euros sin contar con el AVE a Sevilla), España será el país de la OCDE con la red AVE más extensa, y el segundo del mundo tras China, una vez se completen las conexiones con Galicia y el País Vasco.
   No obstante, el número de viajeros por kilómetro de las principales rutas del AVE "deja en evidencia" a los dos principales corredores, los que unen Madrid con Sevilla y Barcelona. Con 14.000 y 9.000 viajeros por kilómetro, respectivamete, "quedan a distancias insalvables respecto a otros como el París-Lyon, el Colonia-Frankfurt y el Tokio-Osaka".
   Pese a reconocer la "satisfacción" de los usuarios por el servicio del AVE, señala que "esta satisfacción no ha tenido un paralelismo en los ingresos obtenidos por las líneas en explotación, claramente insuficientes, no ya para cubrir los costes de construcción de la infraestructura, sino los de explotación, incluida la amortización de los trenes".
   El RACC cita varios estudios para indicar que la implantación presente y futura del AVE "responde más a un único objetivo de naturaleza esencialmente política que a motivos fundados de rentabilidad económica y social".
   Asimismo, considera que la centralidad de Madrid en la red AVE "hace dudar de la extensión de los beneficios del modelo en todo el territorio español". 
"Más que un proyecto de futuro es la réplica del modelo decimonónico radial", indica, por lo que estima que "el desarrollo regional de la inversión en Alta Velocidad parece muy exiguo".
   Además, estima que la inversión realizada "es más de sustitución que de generación de nueva demanda", dado que, según los datos que maneja, el 90% de los viajeros del AVE a Barcelona procedían del avión.
   Con todo, el RACC considera que "existen alternativas razonables" al AVE que pasan "gradualizar y limitar" los recursos destinados a este modo de transporte y destinar parte de ellos a invertir en otras infraestructuras que cuenten con una mayor rentabilidad social, entre los que cita "favorecer un adecuado transporte de mercancías en tren" o "modernizar y adecuar zonas críticas de la red convencional".