viernes, 13 de octubre de 2023

Vanguard & Blackrock: ¿Dictadura mundial encubierta bajo la coartada democrática? / Fernando Vizcaíno Carles *

La mayoría de personas que habitan en este planeta creen vivir en países democráticos gobernados por políticos que resultan electos por mediación del voto de la ciudadanía a través de procesos electorales. No cabe duda de que esto es lo que invitan a pensar las apariencias.

Sin embargo, un reducido número de personas afirma que la democracia tan solo es una ilusión creada por quienes realmente gobiernan el mundo desde las sombras para inspirar una falsa sensación de libertad en la población. 

De esta forma, mientras que las condiciones de vida empeoran, el ciudadano de a pié no puede más que proyectar la causa de sus problemas y/o buscar soluciones en las personas equivocadas; quienes, aun por encima, se supone fueron elegidas democráticamente. 

Desde que en el mes de marzo del 2020 fue declarada la pandemia del Coronavirus, este ha sido un tema que ha salido una vez tras otra a la palestra, ya que aquellos a los que los medios de comunicación estigmatizaron como “negacionistas de la pandemia” hicieron todo lo posible por hacer comprender al resto de la ciudadanía que casi todos los políticos, medios de comunicación y organizaciones sanitarias del mundo estaban siendo dirigidos desde mucho más arriba para transmitir a la población la misma serie de mentiras.

Para la inmensa mayoría de personas, la posibilidad de que tantos políticos, periodistas y médicos/sanitarios de tantos países diferentes pudieran actuar mancomunadamente con el propósito de engañar y aterrorizar a la población mundial, resulta inadmisible. Por lo que a los medios de comunicación no les costó mucho trabajo colgar a los “negacionistas de la pandemia” una nueva etiqueta: la de “teóricos de la conspiración”.

Discernir si los negacionistas son realmente unos conspiranoicos, o si dicen la verdad –y en cambio eran los medios de comunicación quienes mentían como bellacos–, resulta muy sencillo si se está dispuesto a realizar el trabajo de investigación correspondiente. 

Un pesquisa que tan solo requiere de comprobar quienes son los principales propietarios del accionariado de 1) las empresas farmacéuticas más importantes, las cuales riegan con su financiación y marcan las pautas a seguir al resto de organizaciones sanitarias; 2), de los principales medios de comunicación; y, 3), de la banca internacional; a la cual, tal y como explicaré más adelante con mayor detenimiento, se hayan sujetos los gobernantes de la totalidad de los países del mundo en base a la enorme cantidad de deuda pública acumulada por cada uno de ellos debido al fraudulento sistema económico y/o bancario mundial – para entender esto último recomiendo encarecidamente el visionado del documental “El dinero es deuda”–.

Si al realizar estas averiguaciones descubriésemos que los principales accionistas/propietarios de estas empresas farmacéuticas, medios de comunicación y bancos internacionales, fuesen siempre los mismos, podríamos concluir que todos estos farmacéuticos/sanitarios, periodistas y presentadores de radio/televisión y gobernantes y políticos, sí trabajarían todos ellos bajo la dirección de unas mismas personas y directrices y, consecuentemente, en pos de unos mismos intereses.

Dicho esto, ¡vamos al lío!

¿Quiénes son los principales accionistas de las empresas farmacéuticas que resultaron más beneficiadas a raíz de la declaración de la pandemia del coronavirus?

La respuesta a esta pregunta es la misma en los cuatro casos correspondientes a las cuatro empresas pioneras en lo que a la fabricación y comercialización de “vacunas” contra la COVID-19 se refirió: el fondo de inversión Vanguard.

¡Qué casualidad!

Vanguard posee el 9% de accionariado Pfizer, seguida por Blackrock con el 7,88% y por State Street Corporation con el 5,09%. Si bien debe además tenerse en cuenta, que Vanguard es también la principal accionista tanto de Blackrock como de State Street Corporation. Y para terminar de cerrar el círculo, resulta que Blackrock y State Street Corporation son a su vez la principal y la sexta mayor inversionista, respectivamente, de Vanguard. Por lo que, cuando de ahora en adelante, leamos los nombres de Blackrock o State Street Corporation, sabremos  que estos otros fondos de inversión no son sino extensiones de la propia Vanguard.

Continuamos con Moderna y nos encontramos con que entre Vanguard, Blackrock y State Street, poseen más del 17% de su accionariado.

Por otra parte, los tres primeros accionistas de la Johnson & Johnson son, en este mismo orden, Vanguard, Blackrock, y State Street.

Y, por último, tenemos a Astrazeneca, la cual pareciera ser la excepción a la regla, ya que ninguno de estos tres fondos de inversión aparece en el listado de sus primeros accionistas. ¿Pero qué ocurre si profundizamos solo un poquito más y buscamos quienes son los principales accionistas del principal accionista de Astrazeneca? Lo que sucede es que que los tres principales accionistas de T.Rowe Price Group son, también en este mismo orden, Vanguard, Blackrock y State Street.

Aclaradas las bases de la financiación de las farmacéuticas de la pandemia, pasemos a la siguiente cuestión.

¿Quiénes son los principales accionistas de los medios de comunicación más importantes del mundo?

Las seis grandes empresas que agrupan en su seno al 70% de los medios de comunicación del mundo, todas ellas con sede en los Estados Unidos, son Time Warner, Disney, NBC Universal, NewsCorp, y las fusionadas Viacom y CBS. Entre todas tienen en propiedad 1.500 periódicos, 1.100 revistas, 2.400 editoriales, 9.000 emisoras de radio y 1.500 cadenas de televisión. Por lo que podemos deducir que “la verdad oficial” del planeta tierra es transmitida a través de esta enorme conglomeración mediática. ¿Os imagináis el peligro que supondría que todos estos medios de comunicación pertenecieran a un mismo dueño?

¡Comprobémoslo!

Comenzamos por la Warner Bros y  descubrimos que sus principales accionistas son, vaya una sorpresa, Vanguard, Blackrock y State Street.

Venga, a ver si adivináis cuales son los tres primeros accionistas y en qué orden, de Disney.

¡Premio al caballero!

La respuesta es Vanguard, Blackrock y State Street.

Continuamos con News Corporation solo para comprobar que más del 8% del valor total de su accionariado se reparte entre Blackrock, State Street y Vanguard.

Por su parte, NBC Universal cuenta Vanguard, Blackrock y State Street, como su primero, su segundo y su cuarto inversor principal, respectivamente. El nombre de sus acciones es Comcast  Corporation.

Y, por último, la Paramount Global, la cual cuenta como segundo, tercer y cuarto principales inversores con Vanguard, Blackrock y State Street, respectivamente.

El primer inversor de la Paramount es Berkshire Hathaway, y no sé si seríais capaces de adivinar cuales son y en qué orden, sus tres primeros inversores.

¿Qué aburrido verdad? ¡Siempre es lo mismo!: Vanguard, Blackrock y State Street.

Pues todavía no he terminado con los medios de comunicación. Aun queda darnos una vuelta por las tres principales conglomeraciones mediáticas de esta España en la que habitamos: que son Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), Mediaset (Telecinco y La Cuatro) y el Grupo Prisa (Cadena Ser y El País).

El principal accionista de Atresmedia es… Sí, lo han adivinado: Vanguard.

Aunque no he sido capaz de encontrar el listado de los principales accionistas de Mediaset, si he encontrado diferentes artículos, como lo es este publicado en la web oficial de Bankinter, en el que se nos informa que en el año 2017 Blackrock ya poseía el 5% de su accionariado.

Respecto al Grupo Prisa, nos encontramos con un caso semejante al de la farmacéutica Johnson & Johnson. Pese a que ninguno de nuestros ya famosos tres fondos de inversión se encuentran entre sus principales accionistas, sucede que tres de los cuatro primeros accionistas de Morgan Stanley, que es a su vez el primer accionista de PIMCO Dynamic Income Fundprincipal accionista del Grupo Prisa–, son, como no podría ser de otra manera, Vanguard, Blackrock y State Street.

Queda, pues, patente, que los dueños de prácticamente todos los medios de comunicación del Mundo, son los mismos que los de las empresas farmacéuticas que habrían de beneficiarse del terror creado por dichos medios en base a la presunta aparición de la pandemia del coronavirus –cuyas tasas de mortalidad ni siquiera alcanzaron a los de la neumonía de toda la vida–. 

Así que a nadie debe sorprender la caza de brujas que fue orquestada mediáticamente en todo el mundo contra quienes inicialmente fueron denominados como “negacionistas”, y posteriormente, según que conveniencias, como “teóricos de la conspiración” o “antivacunas”.

En el programa “Todo es mentira” de “La Cuatro”, en el cual vomitaban mentiras sobre mí casi a diario durante  tras mi convocatoria de la concentración del 16 de agosto del 2020 en Madrid contra las medidas y la falsedad de la pandemia, llegaron a compararme sin fundamento alguno con el líder de una secta con antecedentes por abusos sexuales.

Miguel Bosé y Josep Pamies fueron los otros dos grandes damnificados por los medios de comunicación de este país y, mucho más especialmente, por el ya mencionado programa “Todo es mentira”.

Si estas contra los intereses de las farmacéuticas, también estás contra los intereses de los medios de comunicación.

¡Obvio!

¡Sus propietarios son los mismos!

¿Y qué iban entonces a decir en los medios de comunicación acerca del veneno que a tantos millones de personas ha asesinado y enfermado  al que las farmacéuticas dieron el nombre de vacuna COVID-19?

Las vacunas son efectivas, seguras, e imprescindibles.

Las vacunas son efectivas, seguras, e imprescindibles.

Las vacunas son efectivas, seguras, e imprescindibles.

El mantra era repetido 24/7 por incansables presuntos periodistas, presentadores de televisión, actores y deportistas famosos.

¡Cómo si de robots perfectamente programados se tratasen!

Y, por supuesto, el insulto y escarnio público que había sido y continuaba siendo dirigido hacia los “negacionistas”, comenzó a ser dirigido también contra todos aquellos que manifestasen sus dudas frente la “vacuna”; a quienes, por descontado, muy pronto les colgarían el sambenito de “antivacunas”.

No seguir el redil marcado por las absurdas y, en el caso de la “vacuna”, peligrosísimas medidas de prevención contra la presunta COVID-19, no solo te convertía en un paria y un irresponsable, sino, también, en nada más y nada menos que en un asesino.

Pero los medios de comunicación no fueron los únicos que defendieron con uñas y dientes los intereses de las farmacéuticas. También lo hicieron los gobernantes y políticos de prácticamente la totalidad de los países del mundo, sin ni siquiera importar a qué facciones políticas pertenecían. 

Por vez primera en la historia de la Humanidad, políticos de derechas e izquierdas, liberales y conservadores, rusos, chinos y estadounidenses, estuvieron todos milagrosamente de acuerdo en todo.

¿Quiénes son los dueños de los países y, por ende, los verdaderos dirigentes de sus gobernantes y políticos?

“Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes”.

Mayer Amschel Rothschild

La inmensa mayoría de países del mundo –empezando por España con su deuda de 1.500 mm de euros y terminando por los todopoderosos Estados Unidos con la de 24.900 mm de euros–, se hallan endeudados hasta límites que incluso superan su propio PIB. Estamos hablando de miles de millones de euros; es decir, de billones de euros.

Los acreedores de tan desorbitantes sumas de dinero son los bancos internacionales.

Los bancos internacionales son aquellos que imprimen el dinero para prestárselo a los países con intereses. Unos intereses que jamás puede ser pagados limpiamente debido a la sencilla razón de que la usura –interés que se cobra por un préstamo– es un fraude. Si el Banco central Europeo le presta 1000 millones de dólares a España a un interés del 4,5%, España debe regresar al banco no solo eso mil millones, sino, también, otros 45 millones.  

Y la pregunta que correspondería hacerse, es de dónde va a sacar esos otros 45 millones si originalmente el banco solo imprimió 1000. Ese dinero no existe y, por tanto, no puede ser reembolsado. La única solución para pagar la deuda con sus intereses, es la de pedir al Banco Central Europeo un nuevo préstamo que generará todavía más intereses y aumentará 1) la deuda pública española, y, 2), la inflación –disminuyendo así el valor del dinero ya en circulación en manos de la ciudadanía–.

Este es la razón por la que todos los países del mundo han terminado en bancarrota y con la soga al cuello, así como sus ciudadanos más pobres a cada día que transcurre.

¿Y quién sostiene esa soga y la aprieta o afloja a voluntad?

Los dueños de estos bancos internacionales; quienes, por extensión, se han adueñado también de los países endeudados y de sus políticos.

¿De quién es la casa que has pagado con un préstamo bancario que todavía no has devuelto?
Si tienes alguna duda al respecto, ésta se disolverá de inmediato el día que intentes vender la casa. El banco no te lo permitirá mientras no haya recuperado lo suyo + los intereses correspondientes.

El sistema bancario/económico mundial es un fraude que conduce a un igualmente ineludible que creciente endeudamiento público de todos los países del mundo; y, con ello, como no podría ser de otra manera, a la pérdida de su soberanía. Soberanía que termina en manos  de los propietarios de los bancos internacionales. Lo que significa que los presidentes electos y/o gobernantes de los países de este mundo, ni presiden ni gobiernan dichos países, ni mucho menos aun actúan en beneficio de los intereses de sus ciudadanos.

Los países, incluso aquellos del primer mundo como España, Alemania, Italia, Estados Unidos o Canadá, son pobres como ratas y pertenecen a los dueños de la Banca Internacional.

Llegados a este punto dejaré a un lado al juego de las adivinanzas. Porque cuando la respuesta es siempre la misma, el juego pierde todos los alicientes.

Como veremos a continuación, Vanguard es también, directa o indirectamente, el accionista mayoritario de los bancos internacionales.

Comencemos por el Banco Central de los Estados Unidos, La Reserva Federal, el cual imprime –y presta con su correspondiente interés– la moneda que mueve al mundo: el dólar.

Existe una enorme opacidad respecto a quienes son los principales accionistas de la Reserva Federal (FED), pese a que esta información debiera ser pública y estar al alcance de todos. Pero en febrero de 2020, el Institutional  Investor presentó un requerimiento de acceso a la información pública a la FED de New York, preguntando por las diferentes participaciones accionariales de sus miembros desde el 2007 al 2018.

Más del 72% del accionariado de la FED era propiedad de los bancos Citigroup y J.P. Morgan Chase Bank. Y resulta que, como no podría haber sido de ninguna otra manera, los tres principales accionistas de ambos bancos son, en este mismo orden, Vanguard, Blackrock y State Street. Pinchando aquí accederéis al listado de los principales accionistas del Citigroup, y aquí a los del J.P. Morgan Chase Bank.

Con el accionariado del Banco Central europeo (BCE) sucede exactamente lo mismo: si buscamos el listado de principales inversores de sus tres principales inversores, el Royal Bank of Canada, el Bank of Montreal, y el National Bank of Canada, Vanguard ocupa siempre el primer lugar de sus principales accionistas de fondos de inversión, y el tercero y segundo puestos de sus accionistas institucionales , respectivamente, en Royal Bank of Canada y Bank of Montreal.

Si nos centramos en los principales bancos españoles, como lo son el Banco Santander, el BBVA, CaixaBank o el Banco Sabadell, comprobaremos supongo que ya sin mucho asombro, que Vanguard/Blackrock encabezan los listados de sus principales accionistas. Más aun si tenemos en cuenta que Vanguard es también, ¡cómo no!, el principal accionista de Norges Bank –el otro gran invitado en los listados de principales accionistas de los bancos de la nación–.

Para concluir con este aporte de documentación que demuestra que Vanguard es el gran emperador en la sombra de este mundo, me gustaría añadir que los tres principales accionistas de las cinco empresas más poderosas e influyentes del mundo son, una vez más en este mismo orden, Vanguard, Blackrock y State Street. 

Las empresas a las que me refiero son Apple, Amazon, Berkshire Hathaway, Alphabet y Microsoft, esta última fundada por Bill Gates, quien a su vez es el dueño y señor de la OMS.

No es una teoría de la conspiración; ¡es la cruda realidad! El mundo entero está gobernado por un muy reducido grupo de personas cuya identidad permanece oculta tras la opacidad –en mi opinión de muy dudosa legalidad– del fondo de inversión Vanguard.  

Aunque los propietarios de Vanguard  no quieren que sepamos quiénes son exactamente, muy presumiblemente sus accionistas más destacados sean miembros de las cinco familias más poderosas del mundo: los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Du Pont, y los Bush. 

 Al resto de accionistas más o menos minoritarios, los encontraremos sin duda entre el 0,001% de entre las restantes personas más ricas del planeta.

Si bien me temo que conocer sus identidades no cambiaría nada, ya que de salir éstas a la luz pública, nadie que se creyera con verdadera autoridad movería un solo dedo en su contra. Y si alguien lo hiciera, vería como pese a todos sus esfuerzos, su dedo o incluso mano entera, serían cercenados sin muestra de misericordia alguna por autoridades superiores o muy superiores a la suya. 

Ellos controlan a los presidentes de los gobiernos y a los políticos, a los medios de comunicación y a todo el funcionariado de cada país. Policías, militares, jueces, médicos… 

Todos trabajan para ellos y permanecen obedientes a riesgo de ver destruidas sus reputaciones, de perder sus trabajos y nóminas y, en definitiva, la posibilidad de salir adelante de la única forma que conocen: a través de un sistema que les brinda una falsa sensación de libertad porque se encuentra perfectamente encubierto bajo la coartada de la democracia.

Si alguien duda de lo que estoy diciendo, que pregunte al que durante la presunta pandemia del Coronavirus fue el presidente de Brasil Jair Bolsonaro; quien tras oponerse públicamente tanto a las restricciones COVID como a la “vacunación” obligatoria contra la presunta enfermedad, perdió las subsiguientes elecciones a la presidencia contra el ex presidiario Lula Da Silva, que había sido condenado y encarcelado durante casi dos años por corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero. 

 Que alguien me explique cómo fue si no posible que un criminal convicto le ganase las elecciones a uno de los pocos presidentes nacionales que durante la presunta pandemia defendió los derechos fundamentales y libertades de sus ciudadanos.  

Porque a quienes ya no puede preguntárseles nada, es a los ex presidentes del gobierno de Burundi, Pierre Nkurunziza, y Camerún, John Magufuli. Ambos fallecidos prematuramente tras expulsar a la OMS del país el primero de ellos –apenas fue declarada la pandemia–, y tras denunciar públicamente el fraude los PCR el segundo.

¡Tremenda casualidad! : Los dos únicos presidentes de gobierno que fallecieron entre los años 2020 y 2021, fueron precisamente aquellos que ofrecieron una mayor y más precoz resistencia a la plandemia.

Ellos tienen todo el poder en sus manos para hacer que se su agenda se cumpla puntualmente: así corresponda iniciar guerras que jamás responden a las razones expuestas política y/o mediáticamente, potenciar la lucha contra un cambio climático inexistente, convertir positivos PCR fraudulentos y enfermedades respiratorias de toda la vida en peligrosísimas pandemias, o lavarle el cerebro a la población –y, mucho más especialmente, a las próximas generaciones– usando la demencial ideología de género.  

Epílogo

Del mismo modo que el ciudadano de a pie ignora que todos los políticos obedecen órdenes de unos mismos jefes que nadie conoce y acude a las urnas creyendo que su voto puede cambiar las cosas, también cree elegir libremente sus estudios, trabajo, aficiones, e incluso lugar de residencia sin ni tan siquiera sospechar que todo ha sido programado por los verdaderos amos del mundo para que, a grosso modo, haga exactamente lo que cree estar haciendo por voluntad propia; para que sea un esclavo ignorante de su propia condición de esclavitud.

Quien se oponga a ellos será censurado en las redes sociales, repudiado por el sistema y tachado por este mismo como un loco, o como algo peor. Pero, a un mismo tiempo, el grado de esclavitud al que, en comparación con el resto de la ciudadanía se verá sometido en vida, será muy inferior o prácticamente nulo. Y, desde luego, siempre podrá mirarse al espejo y sentirse cómodo con la imagen que este le refleje.

Porque la verdad sí nos hace libres y colma de satisfacción.

PD: Quisiera dedicar este artículo a los presentadores del canal de televisión “La Cuatro”, Mónica Sanz, Antonio Castelo y Miguel Lago. Todos ellos trataron de ridiculizarme cuando en sus programas afirmé que el mundo estaba gobernado por los dueños de la banca internacional y las grandes corporaciones.

Aquí he dejado las pruebas que lo confirman.

Al menos ahora ya no podrán decir que no saben para quien trabajan.

 

(*) Autodidacta valenciano. Profesor de Yoga y Acroyoga. Activista, astropsicólogo y psicólogo.

 

https://diario16plus.com/vanguard-backrock-dictadura-mundial-encubierta-bajo-la-coartada-democratica/

El no derecho al aborto / Juan Carlos M. Torrijos *

 

 Una simplificación en la búsqueda del camino
 

Vivimos en una sociedad afortunada, en un tiempo privilegiado, pero parece que no somos conscientes de ello. 
 
Nuestro entorno, ciñéndonos a nuestro país, es privilegiado, tanto en el espacio como en el tiempo: en el espacio, porque en muchos países las mujeres no tienen garantizados sus derechos, como ocurre en Irán, Afganistán y otros muchos o en los que sus ciudadanos tienen que luchar a diario simplemente por sobrevivir al hambre, la inseguridad, las pandemias seculares... que amenazan su existencia y dónde, por ejemplo, la esperanza media de vida es de 53 años, como ocurre en Lesotho; cuando en España es de unos 83 años; siendo el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, detrás de Japón. 
 
En el tiempo, porque en la España de hace 100 años a la mujer le quedaban aún 12 para poder votar y en 1960 aún necesitaban permiso de su marido para determinados actos de contenido jurídico y patrimonial (es decir para disponer de sus propios bienes o dinero), situación está que se prolongaría nada menos que hasta 1975.

El camino equivocado

España hoy, y desde 1978 en que se aprobó nuestra vigente Constitución, es un país democrático y seguro jurídicamente hablando, en el que imperan la ley y el derecho y en el que todos los ciudadanos gozamos de unos derechos y libertades garantizados por nuestra norma suprema (o eso debería ser).

De todos esos derechos vamos a fijarnos solo en tres: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la tutela judicial efectiva. El artículo 15 de nuestra Constitución, al afirmar que “todos tienen derecho a la vida", viene a proteger a cualquier ser humano que se encuentre en España, sea o no ciudadano de nuestro país. Por su parte, el artículo 33.1 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la propiedad privada. 
 
Finalmente, el artículo 24.1 de la misma norma legal dice que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Consecuentemente, en España es delito asesinar o simplemente matar a una persona, robar sus bienes y, además, todos tenemos derecho a que la justicia vele por nuestros intereses.

A la vista de esto sería impensable conceder un derecho al robo legítimo del patrimonio privado y a nadie se le ocurriría (espero) legislar que se despenalice el robo o el hurto, aún en supuestos de necesidad económica grave, aunque se trate de casos en los que la cantidad sustraída fuera inferior a un determinado importe. 
 
Por ello, el Código Penal en su artículo 234, castiga la sustracción de bienes ajenos sin que medie violencia. Pero supongamos que el día de mañana esta progresía política que rige sin rumbo fijo nuestros destinos decidiera despenalizar, por ejemplo, lo que hoy es hurto leve (cuando el valor de lo sustraído es igual o inferior a 400 €) en algunos supuestos como el ya citado de necesidad económica grave. 
 
A pesar de ello, a nadie se le ocurriría decir (Dios no lo quiera) que esta despenalización consagra el derecho a sustraer bienes ajenos de escasa entidad y, aún menos, a criminalizar todo intento de oponerse a ser objeto de una sustracción de pequeñas cantidades de dinero o de bienes de escaso valor.

Sin embargo aunque nuestro patrimonio se halla protegido contra apropiaciones indebidas, aún cuando estás sean de escasa cuantía o valor, nuestra vida, valor supremo al del patrimonio para cualquier persona con dos dedos de frente, no está  igualmente protegida; porque a pesar de que en España se garantiza el derecho de todos a la vida, cuando uno de esos “todos” es de escasa cuantía (en este caso un embrión humano de menos de 14 semanas) o de "cuantía intermedia” (si el embrión es menor de 22 semanas y se practica una interrupción voluntaria del embarazo por causas contempladas en la ley), se le puede eliminar impunemente. 
 
Es más, a nivel social ya no se habla de "despenalización del aborto", cómo rezaba el título de la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio, que despenalizó lo que sigue siendo un delito: el aborto voluntario, en determinados supuestos, sino que se pretende elevar el aborto a la categoría de “derecho”,

Aquí entra en juego el tercer derecho: el de obtener la tutela efectiva de los jueces, que asiste a toda persona. En una interrupción voluntaria del embarazo hay tres tipos de actores: un sujeto activo, que es la mujer que decide abortar; un sujeto proactivo, que es quién facilita, mediante su intervención (y a menudo lucrándose de ella) la práctica del aborto y, el gran olvidado, el sujeto pasivo, que es el abortado o, en román paladino, el muerto (por no llamar asesinado) y a quien nadie parece querer proteger en nuestro país desde los poderes públicos.

Tristemente hemos llegado hoy al punto en el que en España se habla abiertamente de un derecho que no existe: el derecho de la mujer a abortar; pues aunque ella pueda considerarse dueña de su cuerpo, no lo es de la otra vida que lleva dentro de sí, que es un ser vivo diferente de la madre, en lo que hoy podemos encontrar un consenso casi universal y, además, no está en ninguna de los catálogos de derechos en la legislación española o en la internacional relativa a los derechos humanos (aunque no faltan quienes quieren convencernos de lo contrario).

Sin embargo, y aunque sea triste, en España hemos llegado de despenalizar lo que con un eufemismo comparativo podríamos denominar “hurto de vidas humanas de escasa cuantía” y estamos en camino de consagrar el derecho a hacerlo.

Hacia el camino bueno

A pesar de que he tratado reducir la exposición de un grave problema a términos simples, soy consciente complejidad del asunto y de las graves situaciones que siempre conducen a tomar una decisión que ninguna mujer desea. Al fin y al cabo soy padre y abuelo de mujeres y un día pueden verse (también Dios no lo quiera) en esa tesitura.

No obstante en medio de esta complejidad y a semejanza de cuando en una marcha en medio de la Naturaleza nos desorientamos y hacemos un alto para tomar referencias y encontrar la senda adecuada, en este tema es necesario hacer un alto y plantearnos una reflexión que nos permita retomar la el buen camino.

Una vez hecho este alto, he llegado a una conclusión: creo que hay una vía teóricamente muy sencilla y en la práctica asumible, incluso en términos económicos, aunque los que viven del negocio del aborto intenten hacernos creer lo contrario y que, incomprensiblemente, parece que nadie la quiere abordar desde el poder.

Siguiendo el principio de derecho “quien puede lo más, puede lo menos”; es decir, que quien tiene poder para hacer cosas grandes o importantes, puede hacer sobre el mismo tema cosas menores, accesorias, o derivadas de las primeras, vamos a situarnos en el caso posiblemente más desagradable y difícil en esta materia: el del embarazo no deseado motivado por una agresión sexual, por una violación, cuando además la mujer es menor o económicamente dependiente. 
 
A partir de ahí, como supuesto de lo más, es fácil inferir que la misma solución es aplicable a lo menos, como pudiera ser un embarazo no deseado en el seno del matrimonio.

Desde el punto de vista de cómo actuar con el fruto de ese embarazo, se debería abordar ni más ni menos como lo que es, un accidente no deseado. Para clarificar esto pongo un ejemplo: si una persona viaja en cualquier medio de transporte como pasajero y el vehículo sufre un accidente que le produce una lesión irreversible, nuestra sociedad tiene asumido que hay que proteger a la víctima inocente y facilitarle al máximo que pueda llevar una vida plena. 
 
Con el embarazo no deseado, en el supuesto analizado hay que actuar igual: hay que proteger a ambos sujetos: madre e hijo no nacido. A la madre, facilitando que tenga todo tipo de ayudas desde el minuto cero del embarazo (sanitarias, económicas, sociales, psicológicas…) para llevar a buen término el mismo, aún no habiéndolo deseado, como víctima del “accidente" del embarazo. Al futuro bebé, al embrión, que también es sujeto de derechos, hay que protegerlo para garantizar su “derecho” a nacer. Y si la madre decide, por el motivo que sea, no quedárselo, deben ser los poderes públicos los que atiendan tanto a su cuidado con a su educación.

No sólo es una cuestión de pura humanidad (¿a alguno de nosotros nos gustaría estar en el lugar del feto que va a ser abortado?) sino también de supervivencia social. Los datos disponibles hablan de que en España se produjeron en 2022, 98.316 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supuso un incremento del 9,01% respecto al año anterior, lo que supuso casi el 30 % (29,8%) sobre el número de nacimientos registrados en España en ese año (329.892); es decir, la reducción de abortos podría suponer un incremento notable de la tasa de natalidad española (y aún así no llegaríamos a cubrir la tasa de fallecimientos anuales, que en 2020 alcanzó las 463.133 personas).

Como ciudadano aspiro a que el derecho a la vida sea una realidad absoluta en España y que el más débil, el no nacido, sea el más protegido, pero sin olvidar nunca a la madre, aun manteniendo claramente que el derecho a la vida impide dar carta de naturaleza al aborto como derecho y, consecuentemente, esto debería impedir dedicar fondos públicos a financiar, cómo lo hacemos, una actividad inmoral para una sociedad que se declara mayoritariamente católica (según el Centro Español de Investigaciones Sociológicas, el 56,8 % de los ciudadanos españoles se auto identifican como católicos, de los que el 37,9 % se definen como no practicantes, mientras que el 18,9 % como practicantes.



(*) Abogado actualmente

El mundo rural español se moviliza de nuevo para proteger la agricultura y su economía

 


MADRID.- El mundo rural español se pone de nuevo en marcha de forma coordinada y con una agenda de largo recorrido y gran profundidad política y social. SOS Rural, que surgió en abril de este año gracias al apoyo de cientos de organizaciones a este movimiento ciudadano independiente, anunció en Madrid esta semana la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con una campaña masiva de recogida de firmas, cuyo objetivo central es “proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío”, ya que es un “sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”.

Una ILP, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja.

SOS Rural informó también de que esta ILP irá acompañada de una acción a nivel europeo con sus aliados de países como Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países.

Para ello, se quiere “promover el uso de la política comercial de la UE para establecer aranceles y defender el producto agrícola español y europeo contra la competencia desleal de terceros países que no son parte de la Unión Europea, así como para dar preferencia a las cadenas de suministro locales”, como explicó José Andrés García Cuesta, director-gerente de ADESPOFA.

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, explicó durante una jornada, organizada junto con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), que “el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles”. 

Y tiene además otra incidencia económica de calado: desmantelada la industria, “si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio”.

Corbalán incidió en esta línea: “La soberanía alimentaria es un factor estratégico para un país. Para naciones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia el sector primario es una cuestión de Estado”.

El también portavoz de SOS Rural Salvador Marqués explicó las líneas maestras que se incluirán en la ILP. Así, detalló que, además de impulsar una campaña masiva de recogida de firmas, el texto pedirá “la protección de la agricultura y la economía rural con un marco regulador integral que persiga el objetivo de la seguridad alimentaria y que gire en torno a varios ejes: uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos y protección de las tierras de regadío, que desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos”.

Además, incluirá la petición de proteger “el sector primario en conjunto con un marco regulador integral para dotar al sector productivo y al resto de la industria agro alimentaria de herramientas para impulsar su actividad económica, basada en la producción de alimentos seguros, saludables, suficientes y asequibles”. 

También, la “protección del acceso a insumos ganaderos esenciales para la supervivencia de los animales de granja a un precio razonable, incluyendo piensos y fertilizantes”, así como la “protección de la actividad pesquera para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector”.

Defendió Marqués que la ILP incluirá la petición de “acceso de las comunidades rurales a servicios como infraestructuras y transporte, financiación especializada, digitalización, emprendimiento y educación, áreas que forman los pilares para la sostenibilidad de la vida fuera de la ciudad”. 

También, la ancestral reivindicación del mundo rural de una “actualización de la política hídrica en España que favorezca el desarrollo socioeconómico y agro alimentario, que respete el riego y garantice los caudales. Y también la vigilancia sobre la contaminación de las aguas sobre la base de criterios técnicos e independientes, no ideológicos”.

El Ayuntamiento de Cuenca pide al Gobierno central aplazar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones


CUENCA.- El Ayuntamiento de Cuenca solicitado una prórroga al Gobierno de España para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad. De esta manera, se suma a las solicitudes en estos mismos términos que ya han planteado ciudades como Málaga, Granada, Donostia o Palma de Mallorca.

El alcalde, Darío Dolz, ha confirmado de forma expresa durante esta semana a Voces de Cuenca que «hemos pedido, como les pasa a muchos ayuntamiento a nivel nacional, una prórroga para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad». 

En principio, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética obligaba a que todas aquellas ciudades y municipios de España que superen los 50.000 habitantes (más del 50% de la población española), a establecer una Zona de Bajas Emisiones en 2023. Sin embargo, las dificultades para llevarlo a cabo han complicado su cumplimiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico primero publicó un documento con las Directrices para la Creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), presentado en noviembre de 2021. Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2022 el Real Decreto 1052/2022 que regula las Zonas de Bajas Emisiones.

El alcalde apuntaba a finales del pasado mes de diciembre que el Ayuntamiento preveía implantan este año la Zona de Bajas Emisiones para no perder fondos estatales mientras que el concejal de Movilidad, Adrián Martínez, señalaba pocos días después finales de año como fecha de implantación de la Zona de Bajas Emisiones aunque precisaba que era «prácticamente imposible por los plazos que lleva» ya que estaban pendientes las conversaciones con vecinos y PYMES y la aprobación de una ordenanza municipal.