MADRID.- Más de medio millón de inmigrantes perderán la
cobertura sanitaria integral de la que ahora gozan en España porque se
encuentran en situación irregular y, de salir adelante la modificación
de la Ley de Extranjería anunciada por el Gobierno el pasado viernes, ya
no bastará con estar empadronado para acceder a una tarjeta sanitaria.
En la actualidad, 573.712 inmigrantes figuran en las
estadísticas oficiales como residentes en España sin autorización, ya
que 3,2 millones de personas nacidas en países de fuera de la Unión
Europea están empadronadas en el país pero son 2,6 millones los permisos
expedidos a ciudadanos de estas nacionalidades.
Estos datos son fruto de cruzar el avance de resultados del
Padrón Municipal a 1 de enero de 2012 que elabora el Instituto Nacional
de Estadística con el balance oficial de permisos de residencia cerrado a
31 de diciembre de 2011 de la Secretaría General de Inmigración y
Emigración.
No obstante, la cifra está sujeta a variaciones,
principalmente porque el Padrón Municipal se actualiza cada dos años,
por lo que pueden figurar inmigrantes que hayan fallecido o abandonado
el país y que aún no hayan salido del registro de sus municipios de
residencia. Además, esta cadencia en la depuración de los datos hace que
sólo cada dos años se eliminen las posibles duplicidades.
Esta puede ser una de las razones por las que sólo un año
antes, en 2010, la diferencia entre ambas estadísticas arrojaba un
balance de 872.556 personas residiendo en España sin permiso para
hacerlo y 835.530 en el año 2009. Con todo, un extranjero puede
regularizar su situación en España reuniendo una serie de requisitos de
empleabilidad al cabo de tres años de residencia en el país, antigüedad
que estas personas acreditan con el registro del Padrón.
Además, inscribiéndose en el registro municipal los
extranjeros no comunitarios pueden acceder a una tarjeta sanitaria estén
o no en situación irregular, ya que el artículo 12 de la Ley de
Extranjería reconoce que los inmigrantes "inscritos en el padrón del
municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la
asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles".
Este derecho fue introducido por el Congreso a través de una
Proposición de Ley de Extranjería que partió de varios grupos y de la
que, pese a participar en un consenso inicial, el Grupo Popular se
descolgó por entender, entre otros motivos, que la normativa hacía
imposible expulsar a extranjeros irregulares. Pese a ello, la norma vio
la luz porque por aquel entonces el Gobierno no gozaba de mayoría
suficiente para imponer su criterio.
Sin embargo, con la nueva mayoría absoluta obtenida por el PP
en el año 2000, el Gobierno de José María Aznar reformó el texto e
introdujo numerosas modificaciones, aunque respetó el artículo 12 que se
ha mantenido prácticamente invariable desde entonces, y con él, el
acceso a la tarjeta sanitaria de los inmigrantes empadronados en las
mismas condiciones que los españoles.
Caso aparte son los extranjeros procedentes de países
europeos. Del cruce de datos del INE y la Secretaría General destaca la
diferencia entre el número de europeos que figuran en el padrón y
quienes tienen una tarjeta de residencia. Dado que la libertad de
circulación, residencia y trabajo en la Unión Europea les exime del
imperativo de gozar de autorización para vivir en España, hay muchos
europeos que residen en el país y no llegan nunca a empadronarse.
De hecho, según los datos hay 2,4 millones de europeos
registrados en España, 100.000 menos que los que gozan de una tarjeta de
residencia. Con todo, estos ciudadanos necesitan estar registrados para
realizar trámites administrativos o acceder a la Sanidad y a la
Justicia en España, entre otros, y lo hacen mediante la obtención del
Número de Identidad de Extranjero (NIE), una tarjeta similar al DNI para
cuya obtención no es preciso estar empadronado.
Sobre este asunto, un estudio publicado en 2010 por el Real
Instituto Elcano reveló que el 21 por ciento de los dos millones y medio
de europeos que viven en España son jubilados que en la mayoría de los
casos no se empadronan por no pagar impuestos, porque no están
integrados (no hablan el idioma), por no perder derechos sociales en sus
países de origen o por desconocimiento.
El informe, señaló que "la población extranjera retirada
tiende a no empadronarse" en el municipio de residencia, "a pesar de lo
cual acceden a determinados servicios y beneficios sociales", lo que
"causa perjuicios relevantes a las arcas municipales y a la capacidad de
los Ayuntamientos y otras administraciones públicas para planificar la
dotación de servicios".
