ALBACETE.- La situación económica y
los problemas particulares de entidades financieras españolas se ha
llevado por delante decenas de oficinas de cajas y bancos durante los
últimos años, también en la provincia de Albacete, pero la tendencia ha cambiado
durante el último año. Así lo señalan los datos del Banco de España
relativos al cierre de 2012, ya que en la provincia existen ahora
abiertas 328 oficinas de las distintas entidades de crédito y depósito.
En comparación con el cierre del año anterior los albaceteños tienen
ahora a su disposición una mayor oferta de oficinas, con 13 sucursales
más ahora. El número de oficinas está ahora al nivel que aparecía a
mediados del año 2006, según figura en las estadísticas históricas del
Banco de España.
El dato ofrecido en el resultado de 2012 se queda sin embargo aún por debajo del que se marcó en septiembre de 2008 (el Banco de España ofrece este dato cada trimestre), el momento en el que Albacete tuvo una mayor red de cajas y bancos operativos y en funcionamiento. Entonces se llegó a 351 oficinas abiertas en la provincia albaceteña, (a principios de la década se rondaban solo las 300), según figura en el mismo documento estadístico. La pregunta a realizar en la actualidad tras observar la recuperación de sucursales es si la tendencia se mantendrá, o si los procesos de nacionalización sobre Bankia y otros movimientos entre bancos tendrán efecto en la actual red de sucursales de Albacete, y por consiguiente también efecto sobre las plantillas de cada entidad.
Esther Ruiz, responsable del sector bancario en Comisiones Obreras Albacete, indicó que precisamente el próximo martes se movilizarán en el Altozano para pedir un proceso negociado en el caso Bankia, entidad con una veintena de sucursales en Albacete: «No sabemos cómo va a afectar en la provincia, porque no tienen voluntad de negociar, y por eso protestaremos;solo sabemos que ofrecen 22 días por año y 14 mensualidades de tope, nada más». También la absorción de Banesto en Banco Santander puede suponer algún cambio, aunque la responsable de CCOO señaló que «es un proceso con un protocolo en el que se comprometen a negociar y que no haya medidas traumáticas», con lo que no debería repercutir en el empleo.
