martes, 9 de octubre de 2012

El Sindicato de Estudiantes C-LM llama a tres jornadas de huelga

TOLEDO.- El Sindicato de Estudiantes de Castilla-La Mancha --que asegura que cuenta con cerca de 400 afiliados entre Toledo, Guadalajara y Talavera-- ha llamado a los alumnos a participar en las tres jornadas de huelga que se han convocado la próxima semana para protestar contra los "recortes" en Educación del Gobierno regional y contra el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa planteado por el Gobierno central, y han advertido de que "puede plantearse de manera indefinida".

   Así lo han indicado en rueda de prensa el secretario general del Sindicato de Estudiantes a nivel regional, Rodrigo Pasero, el secretario de este sindicato en Talavera de la Reina, Juan Antonio Valverde, y la secretaria de este sindicato en Toledo, Sandra Turón.
   El próximo lunes se organizarán jornadas informativas en centros educativos de las tres provincias para concretar los detalles de las tres jornadas de huelga, que tendrán lugar el martes 16, el miércoles 17 y el jueves 18 de octubre. Finalmente, el viernes 19 se evaluará la participación de esta huelga para "así plantear acciones futuras".
   Para esos tres días de huelga, el sindicato ha organizado "piquetes informativos" para el martes en Toledo, Guadalajara y Talavera, y manifestaciones y concentraciones para el miércoles en la Plaza del Ayuntamiento en Toledo, en la Plaza de la Trinidad de Talavera, en la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, en Almansa (Albacete) y en Torrijos (Toledo).
   El jueves harán un llamamiento a toda la comunidad educativa  --profesores, padres y estudiantes-- para que también se manifiesten a las 18.00 horas en la Plaza de la Trinidad en Talavera y en Guadalajara en el Palacio del Infantado.
   En esta línea, han hecho un llamamiento a los sindicatos CCOO, UGT y STE-CLM para que también "participen y muestren su apoyo" en estas tres jornadas de huelga.
   Pasero ha criticado el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa como "una vuelta a la educación franquista" por la implantación de "reválidas al finalizar 4º ESO y 2º Bachillerato". Además, a su juicio, la implantación de la Formación Profesional Dual "generará que el alumno haga prácticas en beneficio de la empresa y no en beneficio de su formación laboral".
   El secretario regional de este sindicato ha lamentado que con esta ley se "elimine la figura del Consejo de orientadores" y que el Consejo Escolar "pase a ser un órgano meramente consultivo".
   De su lado, Valverde ha señalado que en Talavera se han contabilizado "14 personas sancionadas con multas de entre 500 y 800 euros" por participar en manifestaciones en defensa de la educación pública. "Esto es un ejemplo del aumento de la represión de la Delegación del Gobierno en este año", ha aseverado.
   En concreto, Valverde ha explicado que él mismo está citado a juicio por "negarse supuestamente a enseñar el DNI" en una manifestación en Talavera "cuando es falso ya que sí le enseñé este documento de identidad a la policía" y él pidió a los agentes que "también se identificaran pero no lo hicieron".
   Aunque no han precisado datos concretos en otras provincias, el sindicato estima que "el número de sancionados asciende a una veintena en la región".

La UCLM se opone a eliminar titulaciones y dice que es competencia de la Junta

ALBACETE.- El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, ha afirmado que los recortes presupuestarios en la UCLM "tienen un límite" y ha insistido en que la institución es contraria a la posibilidad de reordenar titulaciones, apuntada por el consejero de Educación, Marcial Marín, al tiempo que ha defendido el "actual modelo de universidad".

   Collado, que ha insistido en que la necesidad de financiación para la institución ronda los 125 millones de euros, ha dicho que la universidad está haciendo "ajustes en aquellos puntos débiles que tiene que mejorar" y ha puesto de relieve que cualquier actuación sobre el propio modelo de Universidad "corresponde a los representantes de Castilla-La Mancha y no a la Universidad".
    En relación al modelo actual, Collado ha admitido que tiene unas titulaciones que funcionan "bien", aunque "siempre se puede hacer un ajuste puntual", si bien ha reiterado que este modelo "ha funcionado bien y ha atendido la demanda de formación universitaria de la región, generando riqueza e investigación".
   El rector, que ha realizado estas manifestaciones en declaraciones a los medios en Albacete, donde ha acudido a la inauguración del Máster de Ingeniería Industrial, ha recordado que "hace meses" que la universidad ha reducido cargos directivos, retribuciones, y que sigue haciendo "ajustes" en la medida de sus posibilidades, pero sabiendo que "hay un límite".
   "Tenemos un modelo de Universidad que ha funcionado bien, el 30% de crecimiento de Castilla-La Mancha se debe a la universidad, y es un modelo que defendemos", ha insistido el rector.
   En otro orden de cosas y sobre su comparecencia en las Cortes regionales para explicar las necesidades de la UCLM que reclama el PSOE, Miguel Ángel Collado ha confirmado no haber recibido una petición "formal" del Parlamento y que conoce "solo" la petición "directa" del Partido Socialista.

Ibercaja Banco rompe su fusión con Liberbank y Caja3

MADRID.- Ibercaja Banco ha decidido romper su proceso de fusión con Liberbank y Caja3, que se había iniciado a finales del pasado mes de junio, informó la entidad.

   En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ibercaja Banco señala que "ha decidido, con esta fecha, no aprobar la segregación de sus activos y pasivos a favor de Libercaja Banco en los términos previstos en el proyecto común de segregación".
   Ibercaja Banco indicó en un comunicado que ha entendido que las circunstancias sobrevenidas desde esa fecha alteran las condiciones bajo las que se subscribió el acuerdo con Liberbank y Grupo Banco Caja3.
   En esa sucesión de hechos destacan el programa de asistencia financiera a España para la recapitalización del sector bancario, recogido en el Memorando de Entendimiento del Banco Central Europeo, de 20 de julio; el Real Decreto Ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, de 31 agosto, que desarrolla dicho Memorando, y los resultados de las pruebas de estrés del sistema financiero español realizadas por Oliver Wyman y hechos públicos el pasado día 28 de septiembre, y en los que se plasmaban las necesidades de capital de la banca española.
   Liberbank, Ibercaja y Cajatres debían cubrir por sus propios medios las necesidades de capital en un escenario muy adverso de hasta 2.108 millones de euros identificadas por la consultora independiente Oliver Wyman.
   La prueba de resistencia encargada por el Gobierno dio unas necesidades de capital superiores (2.203 millones de euros) si se sumaban las que registran cada una de las tres entidades por separado: Liberbank (1.198 millones), Ibercaja (226 millones) y Cajatres (779 millones).
   En los próximos días, Ibercaja Banco comunicará al Banco de España que dichas necesidades de capital van a ser cubiertas en su totalidad individualmente por la entidad, antes del 30 de junio de 2013 y sin ningún tipo de ayuda pública.
   Liberbank ya había aplazado a este mes de octubre la junta general de accionistas que estaba convocada para finales de septiembre para aprobar el proyecto de integración con las dos entidades.
   Según los planes que Liberbank comunicó a finales de agosto, la nueva sociedad fruto de la fusión, con la denominación provisional de 'Libercaja', contaría con un patrimonio de 2.120 millones de euros tras recibir los negocios bancarios de las tres entidades.
   Concretamente, el accionariado de 'Libercaja' quedaría formado por Ibercaja (46,5%), Liberbank (45,5%) y Grupo Caja3 (8%). La entidad que presidiría Amado Franco y que contaría con Manuel Menéndez como consejero delegado tendría un volumen de negocio de 181.000 millones de euros y un volumen de activos de 117.000 millones de euros.

La recentralización del Estado y sus consecuencias

MADRID.- Según el CIS, el 40% de los españoles está a favor de regresar al centralismo y devolver a Madrid las competencias de las autonomías. Pero esto implicaría reformar la Constitución, afectaría a la clase política y obligaría a seguir pagando los sueldos de cerca de medio millón de funcionarios sin tarea, según http://arndigital.com

El Estado autonómico vive sus horas más bajas de los últimos años. Por un lado, su viabilidad está siendo puesta constantemente en duda por los partidarios a favor de la separación de Cataluña o de la implantación de un modelo federal. Por el otro, cada vez están cobrando más fuerza las propuestas de aquellos que exigen lo contrario. Cuatro de cada diez ciudadanos entrevistados por el CIS se muestran favorables a la supresión de las comunidades, o, al menos, a que pierdan alguna de las competencias que les han sido transferidas. El principal argumento que esgrimen los partidarios de la recentralización es que esto supondría un importante ahorro y pondría fin a las duplicidades. Pero, según los expertos, dicho ahorro solo empezaría a notarse tímidamente al cabo de un mínimo de cinco años y, en el corto plazo, supondría duplicidades y serios problemas políticos, jurídicos y de deuda.
La pasada primavera, mucho antes del viraje hacia el soberanismo del Gobierno catalán, la por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso que se devolviesen al Gobierno central competencias como la Sanidad, la Educación o la Justicia. Tan sólo unos meses después, un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) señalaba que la mayoría de los ciudadanos veía con buenos ojos una recentralización. Algo que, en un momento en que Madrid ha establecido límites de déficit y endeudamiento de las comunidades, y en el que casi todas las regiones con mayor peso en la economía española han acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), podría ser visto por algunos como una oportunidad política inmejorable.


Un proceso políticamente imposible…


El problema es que, como señala el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Ramón Punset, “salvo que se trate de llevar a cabo un cambio revolucionario, cualquier intento de suprimir una Comunidad Autónoma requeriría una reforma de la Constitución por la vía agravada del artículo 168”. Y, si lo que se pretende es que el Estado recupere competencias que han sido asumidas por una Comunidad, habría que modificar ineludiblemente su Estatuto, para lo que también sería necesario cambiar la Carta Magna, aunque, quizás, por el procedimiento del artículo 167, mucho más sencillo.


La reforma constitucional sólo podría eludirse en un número de casos muy limitado: en aquellos en los que, como sucede con la policía de tráfico en Cataluña, se haya utilizado una ley orgánica de transferencia o delegación.


Pero, según Punset, la recentralización es “políticamente imposible”. Esto se debería, como explica Juan Aitor Lago, director del Strategic Research Center de la escuela de negocios EAE, a que, si se viesen privados de todas sus competencias, lo más probable es que las instituciones de las comunidades autónomas dejasen de existir, lo que afectaría seriamente a la clase política. Según los expertos, si en España se adoptase un Estado centralista similar al francés, el número de políticos se reduciría de 400.000 a 100.000.


… y complicado para la economía


Éste motivo, el mismo que haría que la clase política española se opusiese en todo momento a una vuelta total al centralismo, es precisamente uno de los más utilizados por sus partidarios. Los otros dos son el ahorro y la supresión de duplicidades entre administraciones. Ahora bien, en el plano económico la recentralización también tendría una serie de consecuencias que no serían precisamente positivas.


Y es que, como señala el catedrático de Economía de la Universidad Complutense Mikel Buesa, “todo puede ser económicamente viable: todo depende de los costes y de los beneficios”. En la actualidad, las competencias que tienen un mayor peso en el gasto público del Estado y de las autonomías son, como se ha venido recordando insistentemente, las relacionadas con la Sanidad y la Educación, ya que la justicia mantiene aún un notable grado de centralización. Se calcula que el gasto público en estas dos materias ascendía en 2009, antes de los últimos recortes, a cerca de 110.000 millones de euros.


Si Madrid recupera la titularidad de estas competencias, el gasto repercutirá en la Administración central, y también quedarán a su cargo los empleados públicos autonómicos que hasta entonces las desempeñaban. Pero, como explica el también profesor de la Complutense Alfonso Utrilla de la Hoz, es muy posible que, en vez de generar ahorro, a corto plazo la vuelta al centralismo produzca más costes, derivados, paradójicamente, de la aparición de nuevas duplicidades.


Nuevas duplicidades


Esas duplicidades estarían causadas, según Juan Aitor Lago, porque, aunque se queden sin tarea, los funcionarios que ocupan puestos administrativos en las autonomías seguirán manteniendo sus plazas fijas de trabajo, y, por lo tanto, cobrando los salarios correspondientes del Gobierno central, aunque no desempeñen ninguna función. Esto se vería de una forma especialmente acusada en la Sanidad y en la Educación, sobre todo en las universidades públicas autonómicas.


En este sentido, otros especialistas añaden que, si bien una recentralización supondría inequívocamente el despido de gran parte del personal laboral, el problema de los funcionarios no tendría solución. Estos mismos analistas indican que, de acuerdo con el último Boletín de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el número de dichos funcionarios –descontando al personal sanitario y los maestros, cuya inserción en un sistema centralizado sería mucho más sencilla– ronda el medio millón de personas.


Pagar más por la deuda


El otro gran problema vendría asociado a la deuda autonómica, que este año ha ascendido a 140.000 millones de euros. De la Hoz apunta que, una vez se hubiesen visto privadas de sus principales competencias, las comunidades seguirían teniendo que hacer frente a sus endeudamientos millonarios, pero podrían muy bien no tener ingresos para ello. Para salvarlas del ahogamiento, los expertos coinciden en que sólo quedaría una solución: que la Administración central hiciese suya dicha deuda. El problema es que, entonces, los elevados intereses de los bonos autonómicos podrían hacer que el Tesoro español tuviera que pagar mucho más para colocarlos en los mercados.


¿Y el ahorro?


El proceso de recentralización sería especialmente complejo y dificultoso, ya que las comunidades podrían oponerse a perder unas competencias que les fueron transferidas a lo largo de quince años. Y además, en una situación de problemas de costes y pagos de los intereses de la deuda, únicamente podría esperarse una reducción de gastos en un plazo mínimo de un lustro. Y todo ello dependería, no obstante, de las condiciones que Alemania impusiese de cara a una posible petición de rescate por parte de España y del modo en que se llevasen a cabo las conocidas como ‘economías de escala’, es decir, conseguir que la actividad de la Administración llegase al mayor número de usuarios al menor coste posible. Lo malo es que, como recuerda Xavier Cuadras, profesor del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, en determinados servicios, como la Sanidad, su elevada territorialidad hace muy difícil que estas ‘economías de escala’ puedan tener una gran implantación. Por todo ello, los expertos coinciden en que, en lugar de impulsar un proceso involutivo hacia el centralismo, la opción más adecuada estaría en apostar por la reducción de gastos y la coordinación entre entidades territoriales.

Por qué no quieren a los políticos / José Oneto

La crisis institucional se agrava conforme se complica la situación económica y social del país, según reflejan dos de las más importantes encuestas que se elaboran periódicamente: la del oficial CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) y la que para el periódico “El País”, realiza Metroscopìa.

Los datos de los dos sondeos proporcionan una radiografía bastante aproximada de la grave deriva económica, política, social, constitucional e institucional en la que está el país, hasta el punto que, por ejemplo, en la serie histórica que viene elaborando el CIS, la preocupación por la clase política ha ido en aumento y ha alcanzado su récord, ya que más de la cuarta parte de los españoles creen que los políticos y la denominada clase política, constituyen el tercer problema del país, después del paro y de la situación económica.

Pero es que, además, casi el 89 por ciento está convencido de que la situación económica del país es mala o muy mala, el 67 por ciento que es peor que hace un año, y el 77 % que el año que viene será igual o peor que éste, al tiempo que más del 77 por ciento piensa que la situación política es mala o muy mala, más del 87 por ciento que es igual o peor que el año pasado y el 76 por ciento que el año próximo será igual o peor que hoy.

El cuadro lo completa Metroscopia al señalar que quizás, debido a esa desconfianza en la clase política, se desploma la fidelidad de los ciudadanos a los dos grandes partidos, que se hunden respecto a los resultados de las últimas generales, mientras sus líderes cosechan un gran rechazo. Más el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, ya que el 90 por ciento de los encuestados confían poco o nada en él, frente al 84 por ciento de disconformidad frente a Mariano Rajoy. Dos cifras realmente preocupantes.

De los dos sondeos se deduce que el malestar social que ha provocado la crisis económica y sus devastadores efectos, han terminando dañando a los partidos políticos, a sus dirigentes, a los gobernantes, al sistema democrático, e incluso al modelo de Estado autonómico, al que se acusa de ser uno de los causantes del despilfarro que ha complicado, en alguna medida, la actual crisis, que ha terminado por condicionar el futuro político del país, en tanto hemos ido perdiendo soberanía frente a Europa a la que, para agudizar más la “gran crisis” en la que estamos, se quiere incorporar Cataluña, después de independizarse y escindirse de España, mientras tenemos que cumplir unas durísimas condiciones económicas -endurecidas en caso de un rescate de la Deuda soberana- que nos han conducido, por el momento, a una de las mayores recesiones económicas desde el final de la guerra civil de l936-1939. Aunque el ministro de Economía y Competencia, Luis de Guindos, acaba de asegurar en Luxemburgo, en la reunión del Eurogrupo, que “España no necesita más austeridad”.

Al final, ese gran despilfarro, la falta de un mínimo consenso para hacer frente a una crisis que se puede llevar todo por delante; los numerosos casos de corrupción que hace que, por ejemplo, en el Parlamento valenciano el tercer grupo parlamentario sea el de los “imputados” en numerosos casos de corrupción; que muchos imputados puedan volver a presentarse a las elecciones, como si no hubiese pasado nada; que representantes partidos políticos tengan una gran responsabilidad en el gran escándalo del hundimiento de las Cajas de Ahorros que han tenido que ser rescatadas con el dinero de los ciudadanos; que conocidos los datos de su desprestigio ante la ciudadanía, la única reacción que hayan tenido haya sido en vez de hacer la mínima autocritica, echarse la culpa uno a otro, el PP al PSOE, el PSOE al PP, Carlos Floriano a los gobiernos socialistas y Oscar López al gobierno de Rajoy, explica muy bien esa falta de sensibilidad con lo que realmente está pasando, ese desprestigio que está afectando gravemente al sistema, esa ausencia de liderazgo, en uno de los momentos más graves de nuestra democracia.

http://www.republica.com/2012/10/08/por-que-no-quieren-a-los-politicos_559523/

La compraventa de viviendas repunta tras 17 meses de caídas

MADRID.- La compraventa de viviendas aumentó un 3% en agosto respecto a igual mes de 2011, hasta un total de 27.708 operaciones, de las que el 49,8% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 50,2% sobre inmuebles nuevos, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   El repunte interanual de las compraventas de vivienda registrado en agosto pone fin a una racha de descensos que ya duraba 17 meses y se debe al empuje de las transacciones de pisos nuevos.
   En concreto, la compraventa de viviendas nuevas subió un 6,2% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 13.922 operaciones, mientras que la de usadas no registró variación alguna, con 13.786 operaciones.
   La mayor parte de las viviendas transmitidas por compraventa durante el octavo mes del año, en concreto el 90,3%, fueron viviendas libres. En total, la compraventa de este tipo de viviendas aumentó un 7,3%, hasta 25.022 operaciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas sumaron 2.686, con un descenso del 25% respecto a agosto de 2011.
   En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se incrementó un 1,2%, frente al repunte del 7,8% que experimentó en julio. En los ocho primeros meses del año, las compraventas de viviendas acumulan un retroceso del 16,3%.
   En agosto, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (106), Baleares (101) y Comunidad Valenciana (99).
   El 60,5% de las compraventas de viviendas efectuadas en el octavo mes de 2012 se registraron en Andalucía (5.526 operaciones), Comunidad Valenciana (4.073), Cataluña (3.835) y Madrid (3.343).
   Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas en agosto fueron Navarra (245 operaciones), La Rioja (273) y Cantabria (393).
   Las regiones donde más se incrementó la compraventa de viviendas en valores interanuales fueron Extremadura (+19,2%), Baleares (+18%) y Castilla-La Mancha (+16,9%), mientras que las que presentaron los mayores retrocesos fueron Cantabria (-16,3%) y Asturias (-12,3%).
   Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), el total de fincas transmitidas en agosto fue de 129.133, con un alza del 6,5% sobre agosto de 2011 y un descenso del 3% respecto al mes anterior.
   Por compraventa se transmitieron un total de 60.643 fincas, un 6,4% más que en agosto de 2011, mientras que 4.842 fincas se transmitieron por donación (+8,5%), 740 por permuta (-28,4%) y 28.917 inmuebles por herencia (+4%).
   En el apartado de compraventa, el 87,2% de las transacciones efectuadas en agosto correspondieron a fincas urbanas y el 12,8% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 52,4% fueron compraventas de viviendas.
   Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 2,5% en agosto, hasta las 7.752 operaciones, mientras que el de fincas urbanas repuntó un 7%, hasta las 52.891.
   El número total de fincas transmitidas en agosto por cada 100.000 habitantes fue mayor en Castilla y León (549), Castilla-La Mancha (521) y Aragón (519).
   Las comunidades con mayor tasa de variación interanual fueron Baleares (+28,9%) y Castilla-La Mancha y La Rioja (+28,8% en ambos casos), mientras que los mayores descensos se los anotaron Navarra (-33,1%), País Vasco (-20,5%) y Cantabria (-20,3%).

Las CC.AA. que se acojan al FLA podrán endeudarse

MADRID.- Las comunidades autónomas que se acojan a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al fondo de liquidez autonómico podrán realizar operaciones de endeudamiento a través de certificados de deuda que se sometan a las leyes alemanas, según la disposición general que acaba de publicar el Ministerio de Economía.

   De esta forma, las comunidades autónomas que voluntariamente se adhieran al fondo de liquidez sólo podrán endeudarse a través de distintos instrumentos, entre los que se encuentran los certificados de deuda bajo ley alemana, los conocidos como 'schuldschein', instrumentos híbridos entre préstamos y bonos, que se rigen por el ordenamiento jurídico alemán y con plazos de devolución amplios, de entre diez y quince años.
   Pero las comunidades adheridas al fondo de liquidez no sólo podrán financiarse a través de este instrumento, sino que también podrán realizar operaciones de endeudamiento en valores negociables o no, emitidos mediante emisión pública o privada, en mercados mayoristas o dirigidos al segmento minorista, o bien instrumentos de financiación a corto plazo, préstamos a largo plazo u otros instrumentos que autorice expresamente la Secretaría General del Tesoro.
   Lo que no podrán hacer es acudir a los mercados para realizar operaciones instrumentadas en valores ni operaciones de crédito en el extranjero y, además, el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos, no podrá superar en 250 puntos básicos el rendimiento de la deuda pública del Estado al plazo equivalente.
   En el caso de las operaciones en derivados financieros, Economía prohíbe a las comunidades que se adhieran al fondo de liquidez contratar derivados financieros sin un coste máximo cualquiera que sea el escenario, derivados donde se asuma el riesgo de cualquier índice de precios, derivados que supongan un diferimiento de la carga financiera o derivados contratados a precios fuera de los precios razonables de mercado.
   Asimismo, la realización de derivados financieros exigirá la firma de un contrato estándar por el que se recojan los derechos y obligaciones asociadas a estas operaciones, y se prohíben las cláusulas de resolución anticipada de cualquiera de los instrumentos de financiación como consecuencia de una bajada de la calificación crediticia.
   Igualmente, si las comunidades deciden realizar una emisión en divisa distinta del euro, el riesgo cambiario deberá cubrirse con un contrato de permuta financiera, cuyo coste se incorporará al coste total de la emisión.
   La resolución del Ministerio de Economía indica que con carácter excepcional se podrán autorizar operaciones de endeudamiento que no se ajusten a estas condiciones, siempre que la comunidad autónoma que lo solicite presente una memoria en la que se detallen las circunstancias extraordinarias de mercado y se justifique que la operación no pone en peligro su solvencia financiera.
   Por último, las regiones que se acojan al fondo de liquidez tienen la obligación de comunicar mensualmente las condiciones finales de todas las operaciones de endeudamiento, y dichas comunicaciones se acompañarán de un certificado del interventor general de la comunidad.