TOLEDO.- La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha cumplido un mes al frente del Gobierno de la región, que ha estado marcado por las polémicas sobre el estado de las cuentas heredadas del anterior Ejecutivo de José María Barreda y por los conflictos con varias empresas, instituciones y asociaciones impagadas que le han reclamado el dinero que se les adeuda.
El punto de discusión más relevante durante el último mes ha girado sobre la cantidad de millones de euros en facturas sin pagar que ha dejado el Gobierno de José María Barreda. El nuevo Ejecutivo de Cospedal aseguró en un primer momento que el Gobierno socialista había dejado a deber más de 1.700 millones de euros, cifra que más tarde elevó a más de 2.600 millones, situando el déficit en el 4,9 por ciento.
Ante estos datos hechos públicos por el nuevo Gobierno, el expresidente del Gobierno regional, ha subrayado durante todo este tiempo que él dejó la cifra de obligaciones pendientes de cobro en 700 millones de euros a 30 de abril, y el dato del déficit en el 1,7 por ciento, además de que las obligaciones de pago" podrían haber aumentado en estas semanas debido a la tensión política".
Una vez evaluado el estado de las arcas, Cospedal pidió una reunión "urgente" con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, tras lo que la ministra instó a la presidenta regional a no exagerar el déficit, añadiendo que se reunirá con ella para abordar cuestiones políticas pero precisando que serán los servicios técnicos los encargados de examinar las facturas.
De hecho, Salgado apuntó la posibilidad de que el Gobierno de Cospedal estuviese contabilizando facturas anteriores a este ejercicio dentro de ese informe económico al cual no daba validez "por no estar firmado por el interventor", algo que ya manifestó el PSOE de la región. Además, los socialistas de la región aseguraron tras conocer los datos del informe que el método utilizado para elaborarlo no era el oficial, algo que fue desmentido por el PP.
Por otro lado, la difícil situación de las arcas públicas hizo en su día el Ejecutivo insinuara la posibilidad de tener dificultades para pagar las nóminas de los funcionarios públicos del mes de junio, algo que finalmente no ocurrió, lo que hizo que el PSOE regional acusara de "mentir y crear alarma" a los dirigentes 'populares'.
Otros de los puntos de conflicto que han marcado el primer mes de Gobierno ha sido las continuas denuncias de varias empresas e instituciones reclamando las cantidades que se les adeuda por parte de la Junta, y es que durante este mes, varios colectivos han reclamado el pago de los compromisos adquiridos por el Gobierno.
El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez Ataz, reclamó una cifra cercana a los 100 millones de euros; los empresarios farmacéuticos de la región en torno a unos 50 millones de euros en facturas impagadas; distintas entidades sociales tasaban el montante de la deuda en 24 millones; y la empresa concesionaria del transporte sanitario, Ambulancias Transaltozano, 17 millones de euros, entre otras.
En el caso de los farmacéuticos, que llegaron a amenazar con paralizar el suministro, el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha mantenido dos reuniones con los empresarios del sector primero y con los colegios provinciales de farmacéuticos después para intentar desbloquear la situación, tras las que se comprometió a abonar parte de la deuda --unos 24 millones-- aunque los farmacéuticos aún no se han dado por satisfechos.
En la misma línea, el propio Echániz prometió al colectivo de mujeres separadas de Albacete, que habían denunciado llevar desde abril sin recibir la ayuda de la Junta, solucionar la situación "lo antes posible". Algo parecido ha ocurrido con los trabajadores de la empresa Amiab, concesionaria de la limpieza en la Consejería de Presidencia, que llevan sin cobrar desde el mes de octubre, situación ante la cual el Ejecutivo ya ha anunciado que se pondrá a trabajar.
Además, en la última semana se ha aprobado el pago distintas facturas pendientes heredadas del anterior Gobierno, y se abonarán 9,6 millones de euros a las residencias de mayores; 2,1 millones de euros de la gratuidad de libros de texto; y 9 millones de euros pendientes del transporte escolar.
Durante este tiempo Cospedal ha trabajado por terminar de culminar su ejecutivo. La estructura de Gobierno todavía no está concluida, a falta de la toma de posesión de seis directores generales, hecho que ha sido criticado por el PSOE.
El viernes eran nombrados nueve altos cargos, entre los que destaca el nombramiento de Nacho Villa como nuevo director general de Radio Televisión de Castilla-La Mancha (RTVCM). El nombramiento de Villa ha sido uno de los que más en secreto se ha llevado hasta hacerse efectivo, y con él se ha puesto fin a los rumores de quién podría hacerse cargo del Ente en sustitución del anterior director general, Jordi García Candau.
Con estos nombramientos, Cospedal ha llevado a cabo su promesa de "adelgazar la estructura del Gobierno", que tendrá un 60 por ciento menos de altos cargos y un 40 por ciento menos de personal eventual. En esta línea, además, hace dos semanas se suprimían oficialmente los órganos de defensa de la competencia de Castilla-La Mancha --Comisión Regional de la Competencia y Consejo Regional de la Competencia.
De esta manera se han reducido los cargos en un 50 por ciento, lo que supondrá según el PP "un ahorro de 25 millones de euros", después de reducir a cinco los delegados de la Junta y de 46 a 28 las direcciones generales con respecto a la anterior legislatura, además de la intención de suprimir varios organismos más como el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.
Al margen de las cuentas y de la formación de Gobierno, Cospedal ha anunciado que a partir de septiembre se podrá poner en marcha un calendario de pagos a las empresas, asociaciones e instituciones acreedoras de la Junta, cumpliendo así otra de sus promesas electorales, así como la aprobación de una ley de emprendedores que se terminará de perfilar en el próximo Consejo de Gobierno del mes de agosto.
María Dolores de Cospedal, que tuvo su primer acto público un día después de tomar posesión como primera mujer en desfilar como presidenta en la procesión del Corpus Christi en Toledo, hacía poco después su primer recibimiento como presidenta de Castilla-La Mancha a la plantilla del Deportivo Guadalajara tras conseguir en Miranda de Ebro el ascenso a la Segunda División del fútbol español.
Tras esta reunión, ha recibido a los familiares de las víctimas del incendio de Riba de Saelices (Guadalajara) --era una promesa electoral--, al presidente de Globalcaja, al presidente de Caja Rural, al presidente del TSJCM y con el rector de la Universidad de Alcalá (UAH), Fernando Galván.
Durante toda esta etapa, María Dolores de Cospedal ha compatibilizado su labor en el Gobierno regional con su cargo de secretaria general del PP a nivel nacional, donde ha estado muy pendiente de lo acontecido en la Comunidad Valenciana, donde el 'Caso de los trajes' del expresidente regional, Francisco Camps, ha acabado con su dimisión y el nombramiento del alcalde de Castellón, Carlos Fabra, como su sucesor.
Son muchos aún los retos que tiene por delante el Gobierno de Cospedal, fundamentalmente los relacionados con la creación de empleo, aunque la presidenta regional ha asegurado que "trabajará sin descanso" por mejorar elevar el nivel de empleo, reducir las tasas de paro y reducir la calidad de vida de los castellano-manchegos".
