miércoles, 30 de mayo de 2012

CCOO denuncia que la Guardia Civil impide una concentración de trabajadores de Asprona en el Ayuntamiento de Almansa

ALBACTE.- El sindicato CCOO ha denunciado que la Guardia Civil ha tratado de impedir que los trabajadores de Asprona se concentraran ante las puertas del Ayuntamiento de Almansa para reclamar el pago de sus nóminas.

   En nota de prensa el sindicato ha informado de que el pasado día 25 de mayo, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, al amparo de la Ley Orgánica 9/99 de 21 de abril que regula el Derecho de Reunión, informó a la Subdelegación de Gobierno en Albacete de la convocatoria, para este miércoles 30 de mayo, de una concentración pacífica a las puertas del Ayuntamiento de Almansa.
   Dicen que a falta de un documento de desautorización de Subdelegación de Gobierno, esta mañana a las 10.30 horas, diez trabajadoras de Asprona Almansa, "amparándose en su derecho constitucional", y portando unas cartulinas con sus reivindicaciones, estaban concentradas en la puerta del Ayuntamiento cuando cuatro guardias civiles han tratado de impedirles ejercer tal derecho, instándoles a abandonar sus protestas y solicitando la documentación a los asistentes.
   CCOO ha recordado que al ser menos de 20 las personas concentradas no se requiere de autorización previa y ha lamentado la actuación del subdelegado del Gobierno en Albacete, Federico Pozuelo, "al tratar de impedir el libre ejercicio democrático del derecho de reunión de los trabajadores, que en la actualidad continúan por vigésimo primer día en Huelga Indefinida por el impago de sus nóminas".

Cambian de condiciones de 350 trabajadores de Geacam

ALICANTE.- El sindicato CCOO ha denunciado que la empresa pública Geacam ha modificado de "forma sustancial" las condiciones de trabajo de 350 personas para poder despedir así a otros tantos interinos.

   En nota de prensa, CCOO ha denunciado que este martes, 29 de mayo, a tan solo tres días del inicio de la campaña de alto riesgo de incendios forestales, la empresa pública Geacam comunicó a los representantes de los trabajadores la modificación de la encomienda de gestión que la Consejería de Agricultura quiere hacer al dispositivo de extinción de incendios forestales.
   Dicen que esta modificación debería haber sido objeto de negociación colectiva, ya que afecta de forma colectiva y sustancial las condiciones de trabajo de dos categorías profesionales, las de Vigilante Forestal Móvil y la de Ayudante de Vigilante Forestal Móvil, que integran en total a unas 350 personas, han indicado.
   "Lo que pretende la empresa es cambiar la categoría profesional de estos trabajadores, de forma que puedan ejercer cualquier función y en cualquier retén o retenes de las diferentes unidades de cada provincia", han denunciado desde CCOO, que han alertado del perjuicio que tal modificación supone para unos trabajadores que, "después de percibir salarios pequeños, se ven obligados a deslazarse, instalarse y pagar de su bolsillo una pensión o alquiler de vivienda si es que quieren trabajar en el dispositivo".
   Defienden que el fin de este proceso es evitar tener que contratar a los 350 interinos que venían prestando servicios en este dispositivo desde hace ocho y hasta nueve años en algunos casos, han indicado.
   Dicho esto, han alertado de los efectos laborales "directos y violentos" que esta medida va a tener sobre los 350 interinos que echan a la calle y sobre los trabajadores del dispositivo, "a los que  obligan a trabajar en localidades con la merma económica". También implica una sobrecarga de trabajo a todo el dispositivo regional, que se ve mermado en un 20% sobre el operativo que tenía el año pasado.
   Asimismo, han alertado de los "graves" efectos que esta decisión va a tener sobre los montes de la región, ya que eliminan unas unidades, como las patrulla móviles, que son las encargadas de la vigilancia directa y de intervención primera e inmediata en tareas de extinción.
   "Son las unidades más rápidas que tenemos dentro de nuestro dispositivo, cuya intervención es clave para que muchos los incendios se queden en conatos y evitar así que se extiendan y agraven", han denunciado.

El Gobierno rechaza ampliar el plazo a CCAA para reducir el déficit

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se ha mostrado contrario a que una posible ampliación de un año a España por parte de Bruselas para situar el déficit por debajo del 3 por ciento se traduzca en una ampliación a su vez para CCAA y municipios. "Si eso pasara, mi opinión es que no", ha dicho.

   En declaraciones en el Senado, tras informar en comisión sobre los Presupuestos del Estado, Beteta ha sido preguntado por esta posibilidad y se ha mostrado contrario a una relajación en cascada de los plazos para rebajar el déficit público.
   "Lo bueno es no relajar. Estamos haciendo algo en el control del gasto público que es bueno, la filosofía de no gastar lo que no se tiene es buena y tenemos unos planes económico financieros ya aprobados que son perfectamente cumplibles y lo que tenemos que hacer todos es cumplirlos", ha respondido preguntado al respecto.
   El secretario de Estado ha insistido en que no es oficial que la Comisión Europea vaya a tomar esa decisión, pero ha dejado claro que su criterio es "no relajar en absoluto" el cumplimiento de los objetivos establecidos y seguir "por la misma senda".
   Por otro lado, ha censurado que desde la Comisión se dude de la capacidad del Gobierno para controlar el déficit autonómico y ha defendido los planes de saneamiento aprobados para que las comunidades se queden este año en el 1,5 por ciento.
   "Creo que la Comisión Europea se equivoca, hay una voluntad de las comunidades de cumplir y hay instrumentos suficientes para cumplir", ha respondido, y ha recordado que en junio será público cómo van cumpliendo los gobiernos regionales con los ajustes, al publicarse la evaluación trimestral de su contabilidad. "Se podrá ver si existe ese compromiso, que yo creo que sí existe, de todo el sector territorial con la estabilidad presupuestaria", ha concluído.

Aval

El Ministerio de Hacienda apuesta por que el Estado avale emisiones de deuda de las comunidades autónomas de forma individual y supeditado al cumplimiento del objetivo de déficit y el plan de saneamiento correspondiente acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), según han informado fuentes de este Departamento.
   Éste es el mecanismo que el Consejo de Ministros estudiará este viernes para resolver los problemas de liquidez y de financiación de las comunidades y que se ha puesto encima de la mesa este miércoles en la comisión de subsecretarios.
   Se trata de un aval "individual, condicionado y voluntario", ya que lo tiene que solicitar expresamente la comunidad, han explicado las mismas fuentes. El Gobierno concederá ese aval para fines concretos y con la condición de que la comunidad cumpla con el déficit.
   Con esta fórmula, el Gobierno rechaza los llamados 'hispanobonos', porque en la práctica sería mutualizar la deuda de las CC.AA., lo que podría perjudicar al Estado ante los mercados a los que acude para financiarse.
   Sobre la posibilidad de utilizar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar las emisiones de deuda de las comunidades, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro recuerda que ya se ha agotado la línea ICO dedicado a financiar los vencimientos de deuda de las autonomías, según fuentes gubernamentales.
   En concreto, explican que esa línea de financiación se acabó este mismo martes una vez que Hacienda acordó desbloquear el crédito de 510,5 millones de euros solicitado por la Junta de Andalucía para la financiación de los vencimientos de su deuda, después de haber recibido una carta del Gobierno andaluz comprometiéndose a cumplir el plan de saneamiento.
   El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había dado a entender este lunes que se recurriría al ICO para ayudar a las comunidades autónomas a resolver sus problemas de financiación, si bien no aclaró el instrumento.
  "Hemos establecido una línea en el ICO para que aquellas comunidades autónomas, cuando les vence una deuda y no pueden refinanciarla porque el mercado no se la refinancia, sea el ICO el que les ayude", explicó en una comparecencia en la sede del PP tras la reunión del Comité Ejecutivo de su partido.
   Eso sí, el presidente del Gobierno ya hizo hincapié en que el Ejecutivo ayudará a todas las comunidades con la "única condición" de que asuman el compromiso de cumplir con el déficit que asumieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El Gobierno estudia ampliar el pago a proveedores para CCAA y municipios

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado que el ministerio de Hacienda estudia ampliar el plan de pago a proveedores para comunidades autónomas y ayuntamientos, al no agotarse en la primera fase los 35.000 millones que se habían previsto para saldar esta deuda.

   "Pronto se hará una normativa adicional que permita incluir supuestos complementarios para alcanzar la cifra de 35.000 millones", ha dicho Beteta durante su comparecencia en el Senado para informar sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
   El plan se dotó con 35.000 millones, a través de un crédito sindicado en condiciones ventajosas al que han podido recurrir las CCAA y los ayuntamientos para pagar esa deuda. Sin embargo, las primeras han pedido finalmente 17.000 millones y los segundos, 10.000, por lo que quedarían disponibles otros 8.000 millones de euros.
   En los pasillos del Senado, el secretario de Estado ha precisado algo más su anuncio. Su departamento estudia aceptar "nuevos supuestos" para que pequeñas y medianas empresas puedan cobrar nuevas facturas tanto de CCAA como de entidades locales. Para ello, se baraja ampliar el plazo en el que se emitieron esas facturas y aceptar las que se emitieron por la prestación de algunos servicios públicos de gestión indirecta cuya cobertura no se ha admitido.
   Se estudia además atender la petición de alguna institución que tiene facturas pendientes de pago y que no ha podido saldar, pese a querer hacerlo, porque a su vez "ha sufrido retrasos en sus ingresos por otra administración", sin querer precisar nombres.
   La otra vía para ampliar este plan de pago a proveedores afectará exclusivamente a las entidades locales. Hacienda trabaja con la Federación Española de Municipios y Provincias para dar un nuevo plazo a los ayuntamientos que quieran aprobar el correspondiente plan de saneamiento para sumarse a este programa y que no pudieron hacerlo en su momento.
   Se trata de los 315 municipios a los que Hacienda les suspendió ese plan y de aquellos otros que, pese a tener la voluntad política de elaborarlo, no lo hicieron por falta de consenso en el pleno. A todos los demás municipios, los que según Beteta no han demostrado ninguna intención de cumplir esta exigencia, se les retendrá el 50 por ciento de la financiación estatal.
   "Es mejor un plan saneamiento aprobado que tener que ir a una retención de la participación en los ingresos del Estado", ha dicho el secretario de Estado, para quien será así "más visible ese compromiso de la estabilidad presupuestaria".
   Beteta ha repasado por lo demás las grandes líneas del proyecto de Presupuestos, que inicia este miércoles su debate en el Senado. Ha defendido que la financiación autonómica crece un 0,19 por ciento pese a la rebaja general de las cuentas y que la financiación local sube un 8,08 por ciento.
   Por parte del PSOE, Basilia Sanz ha criticado el proyecto, aunque también se ha felicitado de las nuevas medidas del plan de proveedores anunciadas y de que Gobierno y socialistas vayan a trabajar de forma conjunta en la reforma de las administraciones públicas.
   Al respecto, el secretario de Estado ha dicho que "muy pronto" estará listo el informe que elabora el Instituto Nacional de Administración Pública en colaboración con expertos, y que podrá servir de base para el trabajo en el Parlamento.
   Ha insistido en que el Gobierno no es partidario "de la desaparición obligatoria de municipios", sino que quiere mejorar los servicios públicos que estos prestan y su coste. Para ello, ha vuelto a defender un refuerzo de las diputaciones provinciales.

El rector nombra a Tomás López Moraga gerente de la UCLM

TOLEDO.- El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Miguel Ángel Collado, ha nombrado a Tomás López Moraga gerente de la universidad regional.    

En una resolución que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el rector resuelve el nombramiento del gerente en virtud de las atribuciones que le confieren los Estatutos de la UCLM y una vez ratificado por el pleno del Consejo Social en su reunión del pasado 11 de mayo de 2012.

Aprobados los dictámenes de las cuentas generales manchegas de 2008 y 2009

TOLEDO.- La Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales ha aprobado los dictámenes de las cuentas generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha correspondientes a los años 2008 y 2009. 

   Durante la Comisión, la diputada socialista Delfina Carrasco ha aludido a los informes de fiscalización elaborados por el Síndico de Cuentas correspondientes a los ejercicios citados, defendiendo que el mismo establece que no se han advertido infracciones, abusos o presuntas irregularidades.
   Concretamente, sobre el ejercicio 2008, el PSOE señala que la cuenta general se rindió en plazo, contiene todos los estados previstos y existe coherencia interna entre los datos de los distintos estados de dicha cuenta con el balance de sumas y saldos.
   Desde el punto de vista de la ejecución de las cuentas del 2008, el PSOE ha destacado que la recaudación neta supuso un nivel de realización del 99 por ciento sobre los derechos reconocidos, y que las obligaciones reconocidas supusieron una ejecución del 94 por ciento sobre los créditos definitivos. "Hubo un altísimo grado de ejecución presupuestaria", ha dicho.
   En lo que se refiere a las modificaciones de créditos en la Administración general, la diputada regional ha indicado que supusieron un ocho por ciento de los créditos iniciales en 2008 y que fueron contabilizadas dando cumplimiento a la normativa aplicable en su tramitación.
   En cuanto al Ejercicio 2009, la diputada regional se ha expresado en los mismos términos que con las cuentas del 2008, introduciendo una salvedad recogida en el informe de fiscalización elaborado por el Sindico de Cuentas que establece que ese año se advirtió una "importante" disminución en el rendimiento de IVA, poniéndose de manifiesto un menor consumo en la región.
   De este modo, ha indicado que esta disminución de ingresos provocó un aumento del endeudamiento para hacer frente a los compromisos que había contraído la Junta para aquel año, aunque ha añadido que --según el informe del Síndico-- esta cifra de endeudamiento cumple los límites establecidos.
   Por su parte, el diputado regional del PP José Manuel Tortosa ha señalado que los 'populares' han dado el visto bueno a las proposición de las cuentas generales de 2008 y 2009 por responsabilidad, ya que el Grupo Parlamentario Popular tiene la mayoría en las Cortes y "la prudencia aconseja aprobar" las cuentas generales.
   No obstante, ha dicho que el hecho de que el PP dé el visto bueno a las cuentas del 2008 y 2009 no significa que apruebe la gestión del Gobierno socialista de José María Barreda en esos años. "Todo lo contrario, reprobamos la gestión de los recursos y la política presupuestaria del Gobierno socialista", ha agregado.
   De este modo, ha indicado que con la puesta en marcha de esa política presupuestaria en los ejercicios 2008 y 2009, la Comunidad Autónoma estaba encaminada a poner "en serio riesgo el normal funcionamiento" de la Junta de Castilla-La Mancha.
   "El tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón y en aquellos ejercicios se pudieron tomar las medidas necesarias, no se hizo y hoy nos encontramos en esta situación de quiebra en las cuentas públicas como consecuencia de aquella política presupuestaria", ha argumentado.
   Tortosa ha destacado que en el ejercicio 2009 se produjo como "hecho novedoso" la no contabilidad de determinados gastos, según recoge el Síndico de Cuentas, que en su informe establece --ha señalado el diputado regional-- que "por primera vez se hacía el bloqueo selectivo al acceso de obligaciones".
   Algo que ha considerado que entra dentro de la denominada "contabilidad creativa" para "falsear las cuentas" y "enmascarar" un déficit real que no aforase en el resultado presupuestario del ejercicio 2009. "La situación económica de la región en este ejercicio empeora, hay limitaciones, una deficiente presupuestación y una sobrevaloración de los ingresos", ha sentenciado.
   La Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes ha aprobado igualmente que sea José Manuel Tortosa el ponente encargado de la defensa de este dictamen en el Pleno del Parlamento regional con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE.
TOLEDO.-

Periodos hábiles de caza y vedas para la próxima temporada

TOLEDO.- La Consejería de Agricultura ha dictado una orden por la que fija los periodos hábiles de caza y las vedas especiales en Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2012-2013.

   Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el proceso de tramitación de la presente orden se ha tomado en consideración la fenología y población de las aves declaradas cinegéticas en Castilla-La Mancha con el fin de determinar su estatus en la región y la idoneidad de incluirlas como especies cinegéticas para la presente temporada de caza.
   No se incluyen como especies cinegéticas para la temporada 2012/2013 la cerceta carretona, el ánade silbón, el porrón común, el porrón moñudo, la agachadiza común, la agachadiza chica y la grajilla por no tener poblaciones que permitan su aprovechamiento cinegético sostenible.
   Por otro lado, y con el fin de proteger las poblaciones de tórtola común se le pone cupo de número de ejemplares/cazador y día.
   Según la orden del departamento que dirige María Luisa Soriano queda autorizada la caza del ciervo, jabalí, corzo, cabra montes y gamo, como especies de caza mayor, y la caza del conejo, liebre y zorro, como caza menor.
   En cuanto a las aves migratorias acuáticas, se podrá cazar el ánade friso, el ánade rabudo, el ánade real, el ánsar común, la cerceta común, la focha común, la gaviota patiamarilla, la gaviota reidora, el pato colorado y el pato cuchara.
   En cuanto a las aves migratorias no acuáticas, Agricultura permite la caza de la avefría, de la becada, de la codorniz, del estornino pinto, de la paloma torcaz, de la paloma zurita, de la tórtola común, del zorzal alirrojo, del zorzal común, del zorzal real.
   También se puede cazar corneja negra, faisán, paloma bravía, perdiz roja, urraca y zorzal charlo, como especies de aves no migratorias.
   Asimismo, Agricultura determina que son especies exóticas objeto de control de poblaciones en Castilla-La Mancha el muflón y el arruí.
   Decreta también como especies comercializables la cabra montés, el ciervo, el corzo, el gamo, el jabalí, el conejo, la liebre, el zorro, el ánade real, la codorniz, el faisán, la paloma torcaz, la paloma zurita y la perdiz roja.
   En el caso de la caza menor, los períodos y días hábiles de caza para la próxima temporada cinegética y para toda la región serán, en los terrenos sometidos a régimen cinegético especial el período hábil, desde el día 8 de octubre de 2012 hasta el día 8 de febrero de 2013, ambos inclusive.
   En los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común, el periodo hábil será desde el primer domingo de noviembre al último domingo de diciembre, ambos inclusive, limitándose la caza a los domingos de las 9.00 a las 13.00 horas, exclusivamente en terrenos con superficie continua igual o superior a 250 hectáreas, pudiendo cazar cada cazador como máximo 2 piezas por día de caza del conjunto de las especies conejo, liebre y perdiz, quedando el cupo libre para el resto de las especies cinegéticas.
   A estos periodos hay tres excepciones, la de la caza en media veda, la de las aves migratorias no acuáticas y la de las aves acuáticas.
   En cuanto a la media veda, el período hábil de caza de codorniz, tórtola común y paloma torcaz, además del establecido con carácter general, será el comprendido desde el 15 de agosto al 15 de septiembre de 2012, ambos inclusive, para codorniz, y desde el 23 de agosto hasta el 23 de septiembre de 2012, ambos inclusive, para tórtola común y paloma torcaz.
   Para la tórtola común se establece un cupo de 10 ejemplares/cazador/día, salvo que en el plan técnico de caza se establezca uno inferior en cuyo caso se estará a lo que prevea dicho plan.
   Los días hábiles serán jueves, sábados, domingos y festivos de carácter nacional. Durante la media veda está prohibida la práctica de la caza en los terrenos cinegéticos de aprovechamiento común.
   Para las aves migratorias no acuáticas, el período hábil de caza para estas especies en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, finalizará el día 31 de enero de 2013.
   En los lugares de parada existentes en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, durante los dos períodos hábiles para esta especie, la paloma torcaz podrá cazarse desde puestos fijos con el auxilio de cimbeles naturales o artificiales.
   Mientras, se podrán cazar aves acuáticas desde el 15 de octubre de 2012 hasta el 31 de enero de 2013, ambos inclusive, pudiéndose en puesto fijo emplear cimbeles naturales o artificiales.
   En el caso de la perdiz roja con reclamo, dado el carácter tradicional de esta modalidad en la región, se autoriza la misma en todo su territorio únicamente en terrenos sometidos a régimen cinegético especial, desde el día 24 de enero hasta el día 6 de marzo de 2013, ambos inclusive, en aquellos con altitudes medias inferiores a 600 metros sobre el nivel del mar, y desde el día 1 de febrero al 14 de marzo de 2013, ambos inclusive, en aquellos terrenos con altitudes iguales o superiores a 600 metros sobre el nivel del mar.
   La modalidad de cetrería, podrá practicarse en aquellos terrenos sometidos a régimen cinegético especial que expresamente la tengan autorizada en su plan técnico de caza o en aquellos terrenos sometidos a régimen cinegético especial que tengan autorizada en su plan técnico de caza la modalidad de caza menor al salto.
   El periodo hábil para la práctica de la caza mediante esta modalidad es el correspondiente a la caza menor, es decir del 8 de octubre al 8 de febrero.
   Fuera del período hábil de caza, se podrán realizar prácticas de adiestramiento sin sueltas de escape tanto en terrenos sometidos a régimen cinegético especial como en terrenos de aprovechamiento cinegético común.
   Las prácticas de adiestramiento con sueltas de escape únicamente se podrán realizar en zonas que previamente hayan sido autorizadas.
   Para la caza con arco se aplican los periodos, condiciones y días hábiles fijados en esta orden, solo podrán utilizarse flechas de aluminio y de carbono, siempre que en su construcción actúen capas en distintas direcciones: circulares y verticales.
   Además de los métodos y medios de captura que se relacionan en la Ley de Caza de Castilla-La Mancha y de su Reglamento general de aplicación, queda prohibido el empleo de cartuchos de perdigones para la práctica de la caza mayor.
   En cuanto a la recogida de cartuchos y balas usados, recuerda Agricultura que en la práctica de la caza el cazador estará obligado a recoger las vainas de los cartuchos y balas usados.
   En los terrenos sometidos a régimen cinegético especial en los que la densidad de conejos es elevada y no tuvieran contempladas medidas de control en la resolución aprobatoria de su plan técnico de caza, dice Agricultura que, previa solicitud de los titulares cinegéticos, los Servicios Periféricos correspondientes podrán autorizar dentro del periodo comprendido entre el 1 de junio y el 15 de agosto de 2012, ambos inclusive, su caza con escopeta un número de días determinado en función de la densidad de población que albergue el coto, no permitiéndose el empleo de perros hasta el 1 de agosto.

El Supremo sentencia la división de una vivienda en un caso de divorcio

MÁLAGA.- El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que sienta como doctrina jurisprudencial la posibilidad de dividir una vivienda en un procedimiento de divorcio, cuando sea "lo más adecuado" para la protección del menor y "siempre que sea posible la división y reunir las viviendas resultantes las condiciones de habitabilidad, a pesar de que no haya acuerdo entre los cónyuges".

   Esta sentencia surge a raíz de un recurso presentado a la Audiencia Provincial de Málaga por un bufete de abogados de Benalmádena, tras iniciarse en 2010 un litigio entre dos cónyuges en el que su "único" punto de discordia era la atribución del uso de la vivienda familiar.
   En concreto, se trata de una casa de dos plantas en la que vivía la pareja con sus dos hijos, cuya custodia le fue atribuida a la madre. Por las condiciones arquitectónicas de la misma, el padre sostenía que se podía satisfacer las necesidades de todas las partes, sin interferir en la vida privada o íntima que pudiera iniciar cada uno.
   Así, se proponía que el marido se quedara con la planta inferior de la vivienda y que la superior fuera para el resto de la familia, según ha informado el bufete de abogados a través de un comunicado. Además, el padre no tenía otra vivienda donde irse a vivir.
   El Juzgado de Primera Instancia de Vélez-Málaga accedió a la solicitud, atribuyéndole la planta baja de la casa "siempre y cuando acometiera obras mínimas para independizar ambas viviendas". La esposa, por su parte, presentó recurso ante la Audiencia, que revocó la sentencia, indicando que en caso de discrepancia entre ambos cónyuges había que aplicar "estrictamente" el artículo 96 del Código Civil, el cual no permite la división.
   Finalmente, el marido, representado por el citado bufete recurrió la decisión de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, quien "sienta como doctrina jurisprudencial que cabe la división de una vivienda en un procedimiento matrimonial cuando ello sea lo más adecuado para la protección del menor".

Bruselas cree que la ley de estabilidad es insuficiente para controlar gasto regional

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha dicho este miércoles que la ley de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno es un "paso positivo" pero insuficiente para controlar el gasto de las comunidades autónomas, a las que atribuye la responsabilidad de los desvíos en materia de déficit público de España en 2011.

   "La ley es un paso positivo, ya que obliga no sólo al parlamento nacional, pero también a los parlamentos regionales, a respetar la estabilidad presupuestaria", explica el Ejecutivo comunitario en su evaluación de las reformas españolas.
   "No obstante, la ley prevé un periodo de transición muy largo, hasta 2020. Es más, las partes preventiva, correctiva y coercitiva del nuevo marco presupuestario incluyen plazos relativamente largos y podrían ser insuficientes para garantizar una corrección a tiempo de desviaciones presupuestarias", resalta el Ejecutivo comunitario.
   Bruselas también critica que la ley no prevé la creación de una oficina presupuestaria "independiente".