miércoles, 2 de mayo de 2012

Un mínimo de 5.000 habitantes, una de las opciones para agrupar ayuntamientos

MADRID.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha trabajado con la cifra de un mínimo de 5.000 habitantes como una de las opciones para agrupar ayuntamientos, según informaron fuentes del Ejecutivo, con el fin de ahorrar gastos en la prestación de los servicios a los ciudadanos. 

   Esta, la posible fusión de municipios, es una de las cuestiones que podrían estar mañana sobre la mesa en la reunión que tendrán el grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar el catálogo de competencias de los ayuntamientos españoles.
   La determinación de las competencias que podrán ejercer las corporaciones locales, así como a partir de qué umbral de habitantes se podrá ejercer cada una de ellas, es una de las cuestiones clave a resolver en los próximos días. Y esto es así por varios motivos, uno de ellos porque hasta la fecha los ayuntamientos estaban ejerciendo una serie de competencias que no tenían asignadas, pero también lo es porque dada la autonomía municipal, no se puede obligar a los ayuntamientos a fusionarse.
   Sin embargo, sí se puede hacer por la vía de los hechos, es decir, que el Ejecutivo podría decidir que las competencias de las localidades más pequeñas sean ejercidas por otra entidad, por ejemplo las diputaciones, y que esos ayuntamientos, al carecer de competencias, tengan menos sentido y se vean obligados a asociarse.
   Por ello, una de las opciones con las que ha estado trabajando el Ministerio, aunque no hay ninguna decisión tomada al respecto, es la de aplicar el corte en los municipios de 5.000 habitantes. Es decir, que los menores de esta población se vean obligados a agruparse por no poder prestar determinados servicios o por no poder ejercer competencias en solitario. En la actualidad el número de municipios españoles asciende a más de 8.000, pero esta cifra es considerada elevada por el Ejecutivo y así lo ha manifestado en público alguno de los ministros.
   Lo que parece tener meridianamente claro el Ejecutivo es que mantendrá las diputaciones provinciales. De hecho, Mariano Rajoy siempre ha defendido con intensidad su permanencia. Lo que no está tan claro es qué ocurrirá con las mancomunidades.
   La reordenación en profundidad de la administración local y sus competencias se viene abordando entre Administraciones Públicas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que trabajan desde hace tiempo para acordar las reformas que el Gobierno quiere llevar adelante, aunque hasta la fecha no se había concretado.
   Sin embargo, ahora se perfila como una cuestión de cierta urgencia, teniendo en cuenta que esta, además, es una de las reformas que ha citado el Gobierno en su Plan de Reformas que ha enviado a la Unión Europea. De hecho, mañana está previsto que un grupo de trabajo creado entre Administraciones Públicas y la FEMP se reúnan para abordar estas cuestiones y revisar también el informe que ha concluido la Federación Española de Municipios y Provincias sobre cómo reformar el catálogo de competencias siguiendo el principio establecido por Mariano Rajoy de "una administración, una competencia".
   Hasta ahora, los municipios españoles están destinando una media del 25 por ciento del gasto a lo que se llaman "competencias impropias", es decir, las desempeñadas por las corporaciones locales aunque no les corresponda ejercerlas. Se trata en su mayoría de cuestiones sociales. Para todo ello, el Gobierno reformará la Ley de Bases de Régimen Local, que regula la vida de los municipios y del resto de entidades locales, como diputaciones y comarcas.

CHA "estará enfrente del Gobierno" si recupera el trasvase del Ebro"

ZARAGOZA.- El diputado de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, ha asegurado que su partido "estará enfrente del Gobierno español en caso de que recupere el trasvase del Ebro", después de que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, "no nos ha dicho que no se iba a hacer".

   En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en la comisión de seguimiento del Pacto del Agua de Aragón, presidida por el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el presidente de las Cortes autonómicas, José Ángel Biel, Palacín ha mostrado su "indignación" y una "preocupación importante".
   "Pensamos que es una tomadura de pelo a los aragoneses que se vuelva a hablar de recuperar el trasvase del Ebro", ante al cual "salimos infinidad de veces a la calle y que creo que tendremos que volver a salir" porque CHA "tendrá una oposición frontal" al mismo.
   Asimismo, ha preguntado al Gobierno de Aragón "cómo permite que el señor ministro no niegue el trasvase del Ebro, cuando, en estas Cortes hemos aprobado hace escasas fechas una iniciativa que decía que las Cortes estaban en contra de ese próximo trasvase del Ebro".
   Palacín también ha criticado que "estamos volviendo a vivir un ataque frontal a nuestros ríos" y el ministro "no nos ha querido contestar nada del caudal ecológico" por lo que "nuestros ríos van a tener serios problemas en las próximas fechas con la bajada del caudal ecológico que marca el plan de cuenca".
   Joaquín Palacín ha argumentado, respecto a las obras hidráulicas del recrecimiento del embalse de Yesa y de la construcción de Biscarrués, que "estamos viviendo el enfrentamiento de dos modelos, uno que apuesta por el despilfarro de recurso ambientales, del agua, una de las mayores riquezas que tendremos en el futuro los aragoneses" y también "por el despilfarro de recursos económicos".
   En este sentido, ha apuntado que Yesa se licitó en un primer momento por "109 millones de euros y vamos por 300 millones", mientras que desde CHA "apostamos por un aprovechamiento adecuado de los ríos" y de los recursos económicos, especialmente en un momento de crisis.
   Sin embargo, ha manifestado, se quiere impulsar "una política que rompe la equidad territorial", en la que "unos están por encima de otros", sin que se resuelvan los problemas porque "los regantes siguen sin poder regar y los habitantes del territorio siguen con esa espada de Damocles que les está coartando su desarrollo con la posible pérdida de trabajo en algunas zonas, como la Galliguera".
   Por eso, ha esgrimido que "se habla de consenso, cuando existen soluciones mucho más técnicas y baratas", y en el caso de Yesa "existen otras soluciones mucho mejores" y "no estamos de acuerdo con la respuesta sobre la inseguridad de los desprendimientos de laderas", que "no es un pequeño problema", sino que "desde hace tiempo se está produciendo y aquí parece que es algo normal".
   Además, "no entendemos cómo se están quitando tierras" para "carreteras que no serían necesarias, si no se recupera la cota máxima" de forma que "parece una tramitación oscura y compra de voluntades".
   El diputado de CHA ha subrayado que "tampoco existe consenso" respecto a Biscarrués ya que es una obra con "muchos problemas medioambientales" y "se pierde un desarrollo en la zona y puestos de trabajo", si bien hay "soluciones más baratas y más sostenibles, como los embalses de Valcuerna y Almudévar, que solucionarían los problemas de los regantes de forma más rápida".
   Finalmente, ha expuesto que su modelo en política hidráulica es el embalse de San Salvador, en el que "ha habido diálogo y participación del territorio" y "sí ha habido un consenso de regantes y de los territorios que se van a ver afectados" por la obra.

Admitida a trámite una demanda contra Cospedal, Romero y Cañizares

MADRID.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Coslada ha admitido a trámite la demanda presentada por la empresa Detectives Almirante y su director, Isidro García, sobre tutela de su derecho al honor contra la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal; la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, y el dirigente del PP Francisco Cañizares. 

   En el decreto del juzgado madrileño, fechado el 23 de abril se especifica que los demandados tendrán que contestar en un plazo de 20 días hábiles, apercibiéndoles de que "si no comparecen en el plazo indicado se les declarará en situación de rebeldía procesal".
   La demanda fue presentada el pasado mes de enero por el "grave perjuicio" que según la empresa le han causado las manifestaciones que los tres 'populares' realizaron contra la misma y su responsable entre los meses de enero y febrero de 2011.
   En la demanda, Detectives Almirante explica que habiendo siendo contratada por un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real para investigar un supuesto caso de acoso laboral, los 'populares' vincularon este trabajo de la empresa con un supuesto espionaje al PP encargado por el PSOE.
   En concreto, cita afirmaciones de Cospedal en las que señalaba que fueron "investigados por una agencia de detectives" y que la misma "es propiedad o está dirigida por un destacado militante socialista que fue candidato por el PSOE en un ayuntamiento de Castilla-La Mancha", y que después habían "sacado a un funcionario del Ayuntamiento de Ciudad Real diciendo que lo había encargado él".
   Estas y otras manifestaciones que se aportan, de las que --según la demanda-- se hicieron eco periódicos, agencias de noticias, emisoras de radio y periódicos digitales regionales y nacionales, han motivando un "daño" evidente en la mercantil, teniendo en cuenta que su objeto social es "una actividad profesional como la de la investigación, que requiere un alto grado de discreción y del anonimato de los investigadores".
   Los demandantes aseguran que todas las declaraciones vertidas --en concreto-- por Cospedal "no han podido ser acreditadas por cuanto que han resultado ser, todas ellas, falsas", motivando un perjuicio a Detectives Almirante y su director en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen, e inciden en el hecho de que Cospedal no se retractase de ellas "cuando se le ofreció a través de un acto de conciliación" esa oportunidad.
   De otro lado, la demanda argumenta que estos hechos han afectado tanto a la salud física como mental de Isidro García --se aporta un informe psicológico sobre el demandante-- y, por ello, y en base al daño moral causado, la representación de Detectives Almirante solicita 100.000 euros, en concepto de indemnización, a cada uno de los demandados.
   Según recoge la demanda, el director de Detectives Almirante es una persona "que carece de toda notoriedad pública o cualquier otra clase de relevancia social en sus opiniones personales o su actividad" y no ejerce ningún cargo público ni ha tenido nunca presencia en los medios, por lo que Cospedal, Cañizares y Romero "con sus declaraciones deletéreas, llevan a cabo una intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la propia imagen" al presentarlo a él y a la mercantil como "quienes realizan trabajos de investigación para el PSOE".
   Los tres demandados estuvieron citados a sendos actos de conciliación celebrados en Toledo y Ciudad Real, en los que Detectives Almirante pedía que se reparase el "deterioro" que había supuesto para esta empresa sus declaraciones.
   En el caso de la secretaria general y presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, la citación se produjo el día 13 de junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Toledo, aunque la responsable del PP no compareció y lo hizo su abogado en su lugar.
   Tampoco comparecieron el 1 de julio en otro acto de conciliación convocado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Ciudad Real Rosa Romero y Francisco Cañizares --ambos representados por un abogado-- lo que llevó a García a anunciar la presentación de una demanda.

El Gobierno fijará las reglas para que la banca segregue activos inmobiliarios

BRUSELAS.- El Gobierno y el Banco de España fijarán las reglas para que la banca segregue sus activos inmobiliarios dudosos y los desconsolide de su balance, pero no aportará "en principio" ayudas públicas con el fin de facilitar el proceso, según ha explicado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos. La operación podría afectar hasta 170.000 millones de activos problemáticos.

   De Guindos se ha reunido este miércoles a petición propia con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, responsable del control de ayudas públicas. Ambos "han mantenido una conversación general sobre el sistema financiero", según el portavoz de Almunia.
   El ministro de Economía no ha dado tampoco detalles sobre la reunión y se ha limitado a señalar que "el comisario Almunia sabe que el Gobierno español va a cumplir con toda la normativa de ayudas de Estado".
   De Guindos ha explicado que las provisiones por valor de 54.000 millones de euros que el Gobierno ha exigido a la banca para sanear sus activos inmobiliarios -ejecutando reducciones de precio del 80% para el suelo, el 65% para promociones en curso y el 35% para viviendas acabadas- ya los sitúan "en valores de mercado".
   "A partir de ahí, lo que se facilita enormemente es el proceso de desconsolidación de estos activos inmobiliarios a través de su venta.  Y eso es lo que de alguna forma se va a favorecer en los próximos días", desde ahora y hasta finales de año, que es el plazo máximo que se ha dado a la banca, ha señalado.
   Esta segregación, ha resaltado De Guindos, tiene dos implicaciones positivas para las entidades: en primer lugar, "reduce los balances de los bancos y su exposición al inmobiliario" y además les permite "dedicarse a ser bancos y no a ser inmobiliarias".
   "Es un planteamiento que además se va a hacer con absoluta transparencia, se va a hacer con claridad desde el punto de vista de unas valoraciones que son las adecuadas y que consideramos que son atractivas para potenciales terceros que quieran comprar esos activos", ha sostenido.
   En este proceso, el Gobierno y el Banco de España se limitarán a establecer "cuáles son las reglas para que efectivamente eso se produzca", pero no aportarán ayudas públicas. "En principio, si la valoración es la correcta, que el planteamiento es que la valoración es la correcta, son operaciones de mercado", ha sostenido.
   Así, la creación de sociedades intermediarias para gestionar estos activos dudosos no será iniciativa del Ejecutivo sino que "dependerá de los planteamientos que hagan las entidades".
   La segregación, ha resaltado De Guindos, "podría llegar a afectar a 170.000 millones de euros", que son los considerados dudosos a finales de 2011 según se recoge en el decreto ley que obligaba a las entidades a aumentar sus provisiones.
   En su opinión, en estos momentos "donde está el problema es en el suelo" porque "en estos momentos no existen transacciones en España". Pese a la rebaja de precio del 80%, "antes de que empiece a haber transacciones de suelo significativas en España se tiene que acabar con el stock de viviendas que existe actualmente en nuestro país".
   Por lo que se refiere a la vivienda terminada, el ministro de Economía ha defendido que el descuento del 35% de media "es relativamente bastante adecuado y bastante próximo a lo que es las demandas del mercado". 
"Los bancos están vendiendo muchas viviendas terminadas y está habiendo un proceso de reducción de la vivienda terminada en los balances de los bancos", ha agregado.
   Además, De Guindos ha vuelto a pronosticar que "se van a ir produciendo operaciones de fusiones y de adquisiciones adicionales en el ámbito de las cajas de ahorro como ya hemos visto alguna en las últimas semanas".
   "También puede haber actuaciones adicionales desde el punto de vista de las provisiones por cada uno de los bancos", ha vaticinado el ministro. Y ha puesto de ejemplo a una entidad, a la que no ha identificado, que ya ha cumplido durante el primer trimestre con las exigencias de provisiones del real decreto y que a su juicio aun así seguirá aumentándolas durante el resto del año.