MADRID.- El Ministerio de Hacienda se prepara para una batalla legal a cuenta del proceso de estabilización de 350.000 plazas interinas y temporales en el conjunto de la Administración.
Estos trabajadores se enfrentarán en los próximos cinco años a un
proceso de oposiciones para poder consolidar su plaza y puede que en ese
tránsito la acaben perdiendo tras años en el puesto, según www.elindependiente.com.
El sentir generalizado es que esa experiencia acumulada debe tenerse
en cuenta en el proceso de selección en lugar de tener que pelear por el
puesto como uno más, junto a candidatos que optan por primera vez al
puesto.
Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT trataron de negociar unas
condiciones de acceso a las plazas favorables para aquellos que ya
estuvieran ocupandolas como interinos y temporales. Incluso, en el caso
de la Educación, se llegó a hablar de hacer excepciones para aquellos trabajadores interinos de más de 55 años. Sin embargo, aseguran que se toparon con varias sentencias judiciales que les cerraron las puertas y dieron por perdida esta posibilidad.
Ahora, miles de interinos se están organizando y están acudiendo a
despachos de abogados para recurrir los términos en los que se va a
realizar esta transición. Algunos de ellos argumentan que el Estatuto
Básico del Empleado público recoge que “sólo en virtud de ley podrá
aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que
consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Insisten, por tanto,
en que poder se puede.
La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se
mostraba resignada el pasado martes, tras comparecer en la comisión de
Presupuestos del Congreso de los Diputados, ante la oleada de recursos
que se avecina, más aún que el acuerdo alcanzado en marzo de 2017 con
los sindicatos empieza a moverse y ya se han convocado oposiciones para
129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las
alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del
ámbito de estabilización recogido en el acuerdo de empleo trianual para
los funcionarios.
También lo insinuaba poco antes en respuesta a la oposición. Admitía
que “la plataforma de interinos que se ha constituido tanto en Valencia,
en toda la franja de Levante, como en Andalucía, está cobrando fuerza”.
“Hay ya miles de personas que se están poniendo en manos de despachos
de abogados y que entienden que por los años que llevan trabajando en la
Administración pública tienen que tener un proceso diferente, un
proceso que no respete los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad”, añadía.
Collado se refería a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales
(ANIL), una organización igualmente denostada por CCOO y UGT, que lleva
alrededor de un año sumando apoyos para revocar el acuerdo entre los
sindicatos y la Administración por considerarlo, de facto, un ERE en el
sector público en tanto que no garantiza el puesto a sus actuales
‘dueños’.
El último paso que ha dado esta organización es la presentación el
pasado 9 de abril de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para
revocar los acuerdos entre sindicatos y Gobierno, aunque esta iniciativa
está pendiente de aprobación parlamentaria para abrir en ese momento el
plazo de 9 meses para recabar las 500.00 firmas preceptivas. ANIL ha
llevado estas reivindicaciones también hasta el Tribunal Supremo y la
Audiencia Nacional, aún sin contar con una repercusión firme.
“Nuestra posición ahí, con franqueza, es que los interinos tienen una
gran oportunidad”, señaló el pasado martes Collado, para añadir a
renglón seguido que “en la Función Pública se ingresa como se ingresa”.
“A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos provocar,
pero ¿qué hacíamos? No había otra solución, no se puede trabajar en un
país con 350 000 interinos y temporales de otras vinculaciones. No
debemos parar este proceso y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que
la gran mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de
trabajo, con un poco de esfuerzo y tirando de su experiencia,
conseguirán sacar una plaza fija y adquirir la condición de funcionarios
de carrera”, añadió.
