Las CCAA con menos PIB son las que más gastan por habitante en medicamentos

MADRID.- La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) asegura que las comunidades con un Producto Interior Bruto (PIB) más bajo son las que tienen un mayor coste por habitante en medicamentos, según se desprende de los últimos datos de un estudio del Observatorio del Medicamento de esta entidad.

   En dicha investigación se ha analizado la relación entre el PIB per cápita y el coste per cápita en medicamentos a lo largo de 2011, tomando como referencia los datos sobre el PIB nominal publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Como media, el gasto en medicamentos y productos sanitarios representa el 1,01 por ciento del PIB per cápita, siendo Extremadura (1,84%), Galicia (1,41%) y Castilla-La Mancha (1,37%) las comunidades con un porcentaje mayor.

   En cambio, en País Vasco (0,78%), Baleares (0,75%) y Madrid (0,61%) el consumo de medicamentos representa un menor porcentaje del PIB.

   Para FEFE, "las diferencias entre unas comunidades y otras son notables", ya que entre la primera, que es Extremadura, y Madrid, que es la que presenta un menor porcentaje, hay una proporción de tres a uno.

   Además, y si se compara con el PIB per cápita de las comunidades, se observa que las regiones con el índice más bajo son las que tienen un mayor coste "per cápita" en medicamentos.

   Y es que, Extremadura, que es la comunidad con el PIB más bajo, es la que más porcentaje del mismo destina a la prestación farmacéutica; mientras que Castilla-La Mancha o Murcia ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente en las tablas de comunidades con menos PIB y más porcentaje destinado a medicamentos.

   Por contra, las comunidades con el PIB per cápita más alto, País Vasco, Navarra y Madrid, están entre las cuatro comunidades con el porcentaje destinado a fármacos más bajo.

   En otro sentido, en este Observatorio también se ha llevado a cabo un estudio demográfico por comunidades que comprende desde 2003 a 2011, en el que se ha podido comprobar aquellas que presentan un mayor y menor crecimiento poblacional.

   Sin embargo, han observado que el consumo de medicamentos a través de recetas no parece tener ninguna relación con los mayores crecimientos de la población.

  Esto se puede comprobar en el gasto per cápita, que presenta un mayor crecimiento en las comunidades en las que la población ha crecido menos. Así, Baleares es la comunidad que tienen un mayor aumento de población y un menor gasto per cápita.

   Por otro lado, y en cuanto a los datos mensuales del gasto, FEFE advierte de que en febrero el número de recetas alcanzó una cifra de 82 millones, lo que representa un aumento del 2,27 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 80,2 millones.

   El gasto disminuye un 6,77 por ciento, y el gasto medio por receta disminuye un 8,84 por ciento.

   En lo que respecta al acumulado del gasto en recetas en los meses de enero y febrero de 2012, y en comparación con los mismos meses del año anterior, se observa un incremento del 1,5 por ciento en el número de recetas, un descenso del gasto de 7,10 por ciento y un descenso del gasto medio por receta del 8,15 por ciento.

El PSOE C-LM aprobará este lunes una resolución para llegar a un gran acuerdo por el agua en la región

GUADALAJARA.- La Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla-La mancha aprobará este lunes en Guadalajara una Resolución en materia hídrica en la que se plasmará la importancia del agua para la economía, la industria y agricultura de la región donde quede incluida la reserva estratégica de agua que necesita la Comunidad para garantizar las necesidades presentes y futuras de la agricultura, industria y economía, así como para mantener el caudal ecológico de los ríos y preservar los acuíferos.

   El secretario de Organización del partido, Jesús Fernández Vaquero, ha señalado que la Resolución se trata de un documento base para alcanzar un acuerdo regional por el agua en las Cortes de Castilla-La Mancha y en el seno del Consejo Regional del Agua con vistas a la previsible negociación del futuro Plan Hidrológico Nacional, ha informado el partido en nota de prensa.

   Vaquero ha recordado que el agua y la defensa de los intereses de la región en este ámbito es uno de los asuntos que el secretario general de los socialistas, Emiliano García-Page, puso encima de la mesa como tema clave para tratar con el PP regional y el Gobierno de Castilla-La Mancha nada más ser elegido.

   El dirigente socialista ha afirmado además que García-Page propondrá un acuerdo por el agua en Castilla-La Mancha para defender sus derechos y necesidades de forma conjunta como lo hacen ya en Aragón, Murcia o Valencia.

   Además del agua, el ofrecimiento de García-Page al Gobierno de Cospedal incluye, entre otros, un gran acuerdo por el empleo y el crecimiento, otro por la sanidad, educación y servicios sociales públicos y uno más por la financiación de los ayuntamientos.

   Aunque según Vaquero hasta la fecha no ha habido respuesta del Gobierno de Cospedal a dicho ofrecimiento, el PSOE "seguirá insistiendo para llegar a acuerdos con el Ejecutivo regional en asuntos estratégicos para Castilla-La Mancha".

Ecuador restringe la compra de cartera hipotecaria en España por bancos locales

QUITO.- Ecuador restringió la compra de cartera hipotecaria en España para evitar que los bancos locales cobren las deudas de inmigrantes ecuatorianos sobre bienes de éstos en su país, dijo el presidente Rafael Correa en una declaración.

El mandatario también anunció que mañana lunes presentará un proyecto al Congreso para que los créditos hipotecarios impagados en Ecuador se salden con la entrega del inmueble y evitar una crisis como la de España, donde miles de personas han perdido sus casas y siguen endeudados con los bancos.

Los límites a la compra de cartera morosa fueron adoptados por la Junta Bancaria, el ente que fija la política para el sector financiero, a petición del gobierno, señaló Correa en su informe semanal de labores, pregrabado y difundido posteriormente.

La resolución indica que los bancos que deseen adquirir esas obligaciones "deberán constituir provisiones por la cartera hipotecaria y de consumo adquirida en el exterior por el equivalente al 100% del saldo insoluto, cuando se registre una mora igual o superior a 30 días".

Este requisito incluye, además, a "las matrices de las instituciones financieras situadas en Ecuador respecto de la cartera adquirida por subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas que operen en el exterior".

"De esa manera, les va a resultar el peor negocio del mundo porque estarán destinando el doble" de lo previsto, afirmó el gobernante, quien estimó que la medida "desincentiva y "prácticamente prohíbe" la compra de cartera foránea.

Los inmigrantes ecuatorianos han expresado el temor de que las deudas hipotecarias adquiridas en España les puedan ser cobradas sobre bienes que posean en su país, después de que la filial española del mayor banco privado de Ecuador, Pichincha, comenzase a comprar sus préstamos vencidos.

"Eso no lo vamos a permitir", reiteró Correa, quien durante su informe firmó el proyecto para derogar normas que permiten a los bancos nacionales revisar a la baja los precios de las casas, cuando hay créditos impagados, con lo cual los prestamistas pierden el inmueble y siguen endeudados.

El mandatario socialista explicó que la iniciativa, que tendrá carácter "urgente", con lo que la Asamblea dispondrá de un mes para aprobarla, se aplicará sobre créditos contraídos para "adquirir una única vivienda familiar", por un máximo de 150.000 dólares, y elimina la "fianza o garantía solidaria".

Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), unos 15.000 ecuatorianos están afectados por el problema de las hipotecas en el país europeo.

El 41,6% de los internautas en C-LM utiliza la banca online

TOLEDO.- La banca online tiene una penetración en Castilla-La Mancha del 41,6 por ciento, lo que sitúa a la región como una de las comunidades con menor porcentaje de internautas que decide utilizar la red para agilizar sus operaciones.

   Según un informe de Nielsen, Cantabria y Murcia encabezan la lista de las comunidades más activas en banca online con el 61,2 por ciento y 53,2 por ciento de sus internautas, respectivamente.

   Les siguen, por este orden, Asturias (52,6%), Comunidad de Madrid (51,4%), Canarias (49,4%), Cataluña (48,7%), Comunidad Valenciana (46,6%), Aragón (45,6%), Baleares (45,4%), País Vasco (43,5%), Andalucía (43%) y Castilla-La Mancha (41,6%).

   Por su parte, entre las regiones con una menor penetración de la banca online se encuentran Castilla y León (40,8%), Galicia (39,3%), Extremadura (37,8%), Navarra (36,9%) y, en último lugar, La Rioja donde sólo el 25,2 por ciento de los internautas riojanos son activos en los portales online de bancos y cajas.

Los límites de la democracia occidental / Teresa de Vicente *

Una situación de incertidumbre frente a los cambios que experimenta el planeta y la Humanidad despierta la tarea crítica de comprender qué está pasando e impulsa la actitud creadora de construir soluciones para poder gestionar con éxito los nuevos contenidos materiales que experimenta la realidad. Realidades como la vulnerabilidad del sistema ecológico que incluye a la Humanidad, y el aumento de la conflictividad social que deriva de la desigual distribución social de la riqueza, ponen de manifiesto la necesidad de un avance en los presupuestos que permitan la realización de la justicia social y ecológica en nuestras sociedades, y al mismo tiempo, muestran los límites y los obstáculos que encuentran tales avances en el actual proyecto democrático occidental.

Uno de los límites que plantea la democracia occidental es que legitima un modelo capitalista de economía de mercado, donde el mercado financiero actúa como guía de la economía real, y este modelo tiene graves deficiencias de funcionamiento ya que genera entre sus ´externalidades´ acumulación de riqueza, degradación social, y destrucción medioambiental. Además, los problemas sociales y ecológicos más graves que padecen nuestras sociedades ya han superado el espacio nacional sobre el que se construyó el proyecto democrático ilustrado del Estado moderno, para situarse ahora en la esfera global de las mayorías pobres y explotada frente a la minoría rica y explotadora, y en la defensa de la naturaleza frente a la técnica y la especulación, de tal modo que en la actualidad las nuevas tecnologías permiten a los mercados especular con productos financieros que se basan en recursos naturales básicos para la vida, como los alimentos, el agua, la vivienda, o las emisiones de CO2, y los Estados democráticos resultan incapaces de defender los intereses de la vida en el planeta y de las mayorías presentes y futuras.

La relación íntima entre la construcción jurídico-política de la democracia occidental y el sistema capitalista, permite comprender las contradicciones y dificultades para la efectividad de los derechos de origen social que se reivindican desde la segunda mitad del XX. Estos derechos sociales, en cuya realización se basa hoy el desarrollo de los derechos ecológicos, están siendo vulnerados en la actualidad mediante leyes que en vez de otorgarles la protección jurídica y la garantía política que les corresponde como derechos humanos básicos, los recortar y someten a las prioridades económicas de un mercado desregularizado.

En España, la reciente experiencia de la reforma constitucional que limita el gasto publico garantizador de los derechos sociales y prioriza el pago de la deuda externa, precedida de la firma del Pacto del Euro, y seguida de la reforma laboral recién aprobada, es un claro ejemplo del sometimiento de la participación ciudadana y de los derechos adquiridos democráticamente a las exigencias de la economía del capital consagrada en el Tratado de la Unión Europea.

De un lado, la ineficiencia económica de las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno español por imposición europea, el grave coste social que provoca y los grandes beneficiarios del actual modelo económico, son analizadas y expuestas por economistas y académicos de diferentes universidades españolas que enfrentan como falsos los argumentos que los políticos y economistas neoliberales dan para justificar sus propuestas, como afirman estos autores: «La realidad muestra sin ningún tipo de dudas que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos están proponiendo siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la cantidad de empleo existente y que sólo han mejorado los beneficios de los banqueros y de las grandes empresas» (Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, Hay Alterntivas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, 2011).

De otro lado, ante el fracaso del constitucionalismo social en nuestro país surgen propuestas y respuestas académicas para lograr el avance en el proceso de emancipación social, frente a la solución única del desmontaje del Estado social que ofrece el poder político. Desde el Derecho Constitucional se ofrecen vías que legitiman un proceso revolucionario capaz de construir un modelo democrático social más avanzado, proponiendo cauces jurídicos por los que podría discurrir ese cambio político, como los que señalan algunas voces del constitucionalismo actual en un libro reciente: «Este libro quiere realizar su aporte, modesto pero al mismo tiempo contundente, en la construcción de esa solución de progreso: la revolución democrática» (Marco Aparicio Wilhelmi y otros, Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a las crisis, 2012)

Las dificultades lógico-dogmáticas o técnico-jurídicas que se plantean para reconocer los derechos sociales y ecológicos de la ciudadanía como derechos fundamentales tienen su raíz en la propia dificultad del significado y contenido de tales valores cuando se proyectan sobre el actual discurso jurídico democrático sometido a la racionalidad del método económico. Y de ahí nace la legitimidad de una revolución democrática, de la necesidad de rescatar la democracia y el avance de los derechos de los ciudadanos a los dictados de la economía, y de construir una economía justa y democrática que garantice a los ciudadanos un mayor control sobre los recursos naturales y las decisiones que afectan a sus vidas, anteponiendo el leguaje de los derechos y las necesidades al lenguaje del beneficio y de los precios, aún a riesgo de limitar el desarrollo económico y tecnológico.

(*) Abogada, profesora titular de Derecho en la Universidad de Murcia