domingo, 17 de marzo de 2013

Cospedal se adelantó a presentar su demanda contra Bárcenas en Toledo por problemas en el PP

TOLEDO.- La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se adelantó a presentar una demanda civil en los juzgados de Toledo contra el extesorero de su formación, Luis Bárcenas y el diario "El País" por la falta de consenso de la dirección del PP, según han confirmado fuentes 'populares'.

   Nada más publicarse a finales de enero los llamados 'papeles de Bárcenas' sobre presuntos pagos en negro a parte de la cúpula del PP, la dirección nacional anunció acciones judiciales para reparar el daño que a su juicio se estaba haciendo al partido y a sus dirigentes.
   Sin embargo, en 'Génova' llegaron a circular diferentes opiniones sobre los destinatarios de las demandas. Así, había quién defendía ir sólo contra El País, otros no veían mal incluir también a El Mundo --que habló de supuestos sobresueldos en negro-- y había quien incluso quería dejar fuera a Bárcenas alegando que el extesorero había exculpado al PP al declarar ante la Fiscalía que no existía una contabilidad oculta en el PP y negar que la letra de los papeles publicados fuera suya.
   En esta tesitura y ante la falta de consenso que había en 'Génova', la 'número dos' del PP decidió de forma unilateral el 15 de febrero presentar una demanda civil contra Bárcenas por vulneración del derecho del honor en Toledo y contra el diario "El País".
   De hecho, algunos dirigentes de la dirección nacional del PP se enteraron al día siguiente de esa decisión de la secretaria general del partido, una vez que ya había interpuesto esa demanda, han indicado las fuentes consultadas.
   La demanda de Cospedal fue admitida a trámite el pasado 1 de marzo y cinco días después, el PP presentaba su demanda civil colectiva contra El País y el "autor de los falsos papeles" que, según ese diario, es Luis Bárcenas.
   También el juzgado de Primera Instancia nº 83 de Madrid ha admitido a trámite esta acción judicial, en la que el PP pide a los demandados abonar 500.000 euros en concepto de "indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral". El partido ya anunció que esa cantidad será destinada a organizaciones de carácter social.
   Aunque algunas voces del PP han criticado en privado la gestión que se ha realizado en el llamado 'caso Bárcenas', Cospedal recibió hace una semana un apoyo rotundo del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que le dio las gracias por asumir los "riesgos" que conllevan las peticiones que él le ha encomendado.
  "Permítanme que muestre mi agradecimiento personal y político a la persona que nunca me dijo que no", manifestó Rajoy en un foro al que acudieron seis ministros, los tres vicesecretarios generales del PP, Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons, y hasta la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre.
   La propia Cospedal aseguró después que en el caso Bárcenas siempre se ha sentido respaldada por los suyos. "Yo siempre me he sentido apoyada por quien me tenía que sentir apoyada, que es por mi partido, por mis compañeros de partido y por mi presidente. Y no digo apoyada sino muy apoyada", afirmó rotunda el pasado lunes.

El Gobierno niega que las CC AA hayan ralentizado su contabilidad

MADRID.- El Gobierno niega que las comunidades autónomas hayan ralentizado la contabilidad de sus gastos corrientes y sus transferencias para poder alcanzar el objetivo de déficit que tenían fijado el año pasado (1,5%) y además descarta también impulsar enajenaciones de inversiones reales para que los gobiernos regionales incrementen sus ingresos.

   Así lo asegura en respuesta a una pregunta parlamentaria de UPyD, que el pasado mes de noviembre alertó de que, según el cuarto informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las Comunidades Autónomas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), los gobiernos regionales estaban aplicando la técnica contable de la ralentización para "no disparar" su déficit.

   Además, la formación magenta avisaba de que, de ser ciertas esas acusaciones, todas las previsiones macroeconómicas del Gobierno podrían verse "distorsionadas".

   Sin embargo, el Gobierno afirma en su contestación, que "no se ha detectado ninguna ralentización de contabilidad a efectos de distorsionar previsiones de cumplimiento de déficit por parte de las comunidades autónomas" y además asegura que "no se ha elaborado ninguna medida que impulse la enajenación de inversiones reales para aumentar los ingresos" de estas administraciones.