lunes, 30 de abril de 2012

Las cadenas autonómicas con déficit tendrán que reducirlo proporcionalmente al año siguiente

MADRID.- Las cadenas públicas autonómicas que no cumplan con el objetivo de equilibrio presupuestario marcado por el Gobierno y cierren sus cuentas de ejercicio con déficit tendrán que reducir los gastos al año siguiente "en una cantidad equivalente a la pérdida o déficit generado", según el Programa Nacional de Reformas que ha presentado el Gobierno a la Comisión Europea. Además, tendrán "un límite máximo de gasto anual que no podrá superarse".

El programa recoge el Real Decreto aprobado recientemente por el Consejo de Ministros que da la opción a las comunidades autónomas de privatizar la gestión de sus televisiones autonómicas e impone la obligación a las cadenas de cumplir con el equilibrio presupuestario al que están obligados el conjunto de administraciones.
Según explica el Gobierno a Bruselas, "con el fin de garantizar que los prestadores públicos autonómicos adapten su actividad al marco de estabilidad presupuestaria se imponen a las televisiones públicas autonómicas una serie de obligaciones de carácter financiero".
Concretamente, las televisiones autonómicas tendrán "un límite máximo de gasto anual que no podrá superarse", deberán incluir en el informe de gestión anual "una referencia expresa al cumplimiento de equilibrio y sostenibilidad financieros" y deberán compensar cualquier déficit con un recorte en el gasto de la misma cuantía al año siguiente.
Además, las cadenas de televisión autonómicas deberán "presentar ante el órgano competente un informe que ponga de manifiesto que la gestión de la televisión pública se adapta a los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". Mientras, las comunidades autónomas deberán establecer sistemas de control que permitan la supervisión financiera adecuada de sus televisiones.
Todo ello con el objetivo de "mejorar el funcionamiento de las televisiones autonómicas mediante la flexibilización de los modos de gestión en la prestación del servicio de comunicación audiovisual y racionalizar el gasto", según ha explicado el Gobierno en el plan remitido a Bruselas.
Las televisiones autonómicas públicas cerraron el año 2010 con unas pérdidas de 489 millones de euros, frente a los 561 millones de euros que perdieron en 2009, según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).

El Gobierno estudia crear un registro público de inquilinos morosos

MADRID.- El Gobierno contempla la posibilidad de crear un registro público de inquilinos morosos con el objetivo de fortalecer las garantías jurídicas de los propietarios de viviendas en alquiler y potenciar de este modo el arrendamiento, según contempla el 'Programa Nacional de Reformas 2012' remitido por el Gobierno a la Comisión Europea (CE).

   El Ejecutivo quiere "impedir ciertas prácticas abusivas de los inquilinos" por lo que, afirma, está "estudiando la posibilidad" de crear este registro donde figuren los nombres de los arrendatarios conflictivos.
   Para darle un marco legal a este registro y la inclusión de los datos de los inquilinos, el Gobierno plantea una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
   Esta propuesta está incluida en el apartado de medidas de dinamización del mercado de alquiler, que también contempla una flexibilización de la duración del contrato de arrendamiento, sin especificar cuál sería la modificación. Actualmente, a partir del primer año, el inquilino tiene  derecho a cuatro prórrogas hasta un máximo de cinco años.
   Por otro lado, el Gobierno fomentará el alquiler de las viviendas vacías mediante medidas fiscales, como incentivar al propietario con bonificaciones a las rentas de alquiler.
   Asimismo, el informe propone una reformulación del sistema de valoraciones y una búsqueda de mecanismos para la homogenización del valor del suelo, de forma que no persistan los tres valores diferenciados actuales (fiscal-catastral, expropiatorio y financiero-hipotecario).
   El Gobierno contempla también la posibilidad de unificar las distintas ayudas al alquiler vigentes para que los ciudadanos puedan acudir a una "ventanilla única", dando prioridad a las personas con bajos niveles del renta e incluyéndolas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
   Por último, el Ejecutivo llevará a cabo un Plan estatal para la regeneración urbana y el alquiler (2013-2016) con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda, dar salida a las viviendas vacías y fomentar el empleo en uno de los sectores más afectados por la crisis.
   El plan contempla la definición de vivienda protegida destinada al alquiler con opción a compra, el fomento del alquiler para favorecer el acceso a la vivienda de las personas con menos recursos e impulsar la rehabilitación.
   El Gobierno pretende con estas medidas impulsar el mercado del alquiler, ante el parón del mercado de la propiedad. Así, el Gobierno recuerda en el documento remitido en el que se detalla el Plan de Estabilidad para 2012-2015, que la demanda de viviendas ha registrado caídas "muy acusadas" en 2011 y que es previsible "un ajuste lento del mercado".
   Concretamente, prevé que las viviendas iniciadas se reactiven "muy suavemente", sólo compensando la reducción del 'stock' de inmuebles sin vender.
   De esta forma, se pasará de unas 90.000 viviendas iniciadas en 2011 a unas 105.000 viviendas en 2015, lo que implicará, al menos, "leves tasas" de crecimiento interanuales positivas en los indicadores de inversión inmobiliaria residencial durante 2014 y 2015.

Economía promoverá la separación "progresiva y ordenada" de los activos inmobiliarios

MADRID.- El Ministerio de Economía diseñará las líneas para facilitar una salida "progresiva y ordenada" de los activos tóxicos ligados al 'ladrillo' en los balances de las entidades financieras, con el fin de culminar en una "separación clara" entre el riesgo inmobiliario y el financiero. 

   Así se recoge en el Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha remitido a Bruselas, en el que se justifica esta "fase ulterior" de la reforma financiera en la necesidad de despejar "definitivamente" las dudas que se ciernen sobre la solvencia de la banca española.
   "La aproximación de los valores en libros y el precio de mercado facilitarán dicha salida", señala el Gobierno, que aboga por emplear "vehículos especializados" para gestionar estos activos, cuya función se llevará a acabo de forma independiente del negocio bancario y perseguirá la "paulatina" desconsolidación de la actividad inmobiliaria.
   El Gobierno además estima que la reforma financiera, que contempla provisiones de casi 54.000 millones de euros, podría rebajar la prima de riesgo española en 50 puntos básicos en el "corto plazo". Y si se suma esta reforma a las medidas fiscales para reducir el déficit público, el impacto se elevaría a 100 puntos, con lo que la prima descendería al entorno de los 300 puntos.
   "La mejora en la percepción del riesgo asociado al sector financiero permitirá mejorar sus condiciones de financiación y las del conjunto de la economía española, reduciendo la prima de riesgo", explica el Ejecutivo en su programa de reformas.
   Precisamente, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido esta mañana la separación de los activos ligados al 'ladrillo' que tiene la banca española en balance, con el fin de liberar capital y que las entidades se dediquen al "negocio bancario", es decir, a la concesión de crédito.
   "La posibilidad de separar activos inmobiliarios tiene sentido y es positiva para las entidades", aseguró el ministro en rueda de prensa junto a su homólogo alemán Wolfgang Schaüble, para después aclarar que primero se deberán valorar de forma "adecuada y correcta" dichos activos inmobiliarios.

El de Los Llanos no figura entre los aeropuertos rentables en 2011

MADRID.-   La red de Aena Aeropuertos cerró 2011 con unas pérdidas de 220,39 millones de euros, lo que supone una mejora del 19,88% con respecto a los 'números rojos' de un año antes, cuando presentó unas pérdidas de 275,07 millones de euros, informó este lunes el gestor aeroportuario.

   El beneficio bruto de explotación (Ebitda) --antes de impuestos, intereses y amortizaciones-- se incrementó un 49,7%, hasta los 856,75 millones de euros, frente a los 572,03 millones de euros registrados en 2010, según las cuentas provisionales de 2011.
   Los ingresos de explotación alcanzaron los 2.374,82 millones de euros, de los que 1.688,72 millones de euros correspondieron a servicios aeroportuarios y 620,48 millones a servicios comerciales.
   Las reformas emprendidas en Navegación tuvieron su reflejo en los resultados de la nueva sociedad, ya que el déficit de tarifa de aproximación que se imputa a las cuentas de aeropuertos fue de 28,93 millones, un 85% menos con respecto a 2010.
   El resultado de explotación se situó en 26,82 millones de euros, tras experimentar "una notable mejoría", y abandonar los 'números rojos' registrados un año antes, con unas pérdidas de 169,89 millones de euros.
   De los 47 aeropuertos y dos helipuertos que conforman la red, 39 presentan pérdidas después de impuestos, mientras que 10 registran ganancias.
   La deuda acumulada se ha visto reducida ligeramente, en un 0,82%, pasando de los 12.415,47 millones de euros en 2010, hasta los 12.313,44 millones de euros durante el pasado ejercicio.
   En total, 18 aeropuertos mejoraron su resultado después de impuestos con respecto a 2010. Entre ellos los dos principales, Madrid-Barajas, con unas pérdidas de 94,98 millones de euros, un 29,5% menos, y Barcelona-El Prat, con unos 'números rojos' de 21,87 millones de euros durante el ejercicio, que redujo en un 70,4%.
   Otros aeropuertos con pérdidas de dos dígitos son Málaga-Costa del Sol (-20,59 millones), La Palma (-14,67 millones), Menorca (-10,68 millones), Vigo (-10,61 millones) y Vitoria (-10,24 millones).
   Entre la decena de aeropuertos rentables, se encuentran Palma de Mallorca (+44,68 millones), Tenerife Sur (+24,98 millones), Gran Canaria (+22,33 millones), Alicante (+10 millones), Lanzarote (+8,67 millones), Sevilla (+6,05 millones), Valencia (+5,63 millones), Ibiza (+3,45 millones), Fuerteventura (+1,21 millones)y Bilbao (+1,71 millones).
   Durante 2011, lograron mejoras los aeropuertos de Lanzarote (+42,6%), La Gomera (+12,9%), Tenerife Sur (+41,9%), Gran Canaria (+49,7%); Palma de Mallorca (+39,1%), Son Bonet (+5,6%), Ibiza (+19,8%); Santiago (+5,1%); Sevilla, que multiplicó por tres sus ganancias; Melilla (+3,4%) ; el helipuerto de Ceuta (+9,4%); Valencia (+22,4%); Santander (+1,6%); Burgos (+6,2%) y el aeródromo de Cuatro Vientos (+3,7%).

Moody's ve positivos los recortes en sanidad y educación, pero pide más control sobre las CC.AA

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Moody's considera que las medidas de ajuste en sanidad y educación anunciadas por el Gobierno tienen un efecto positivo para el perfil de crédito de España y de las comunidades autónomas, al constatar el compromiso del Ejecutivo con la consolidación fiscal, aunque para recuperar la confianza de los mercados serán necesarias "evidencias concretas" de que Madrid ha aumentado su control sobre las cuentas regionales.

   "Aparte de la aplicación completa de las medidas anunciadas, restaurar la plena confianza en las cuentas públicas de España necesitará de evidencias concretas de que el Gobierno está endureciendo el control sobre las políticas presupuestarias de las regiones", advierte la agencia.
   En este sentido, Moody's destaca que la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria refuerza la capacidad del Gobierno central para realizar una supervisión y un control más fuerte sobre las finanzas regionales, al poder imponer sanciones e incluso intervenir aquellas comunidades que se desvíen de los objetivos establecidos.
   "Sin embargo, aún falta por ver cómo y cuándo se aplicarán estos principios", cuestiona la calificadora de riesgos, que apunta que, aunque los ajustes en sanidad y educación son positivos para el perfil de crédito del Estado y de las regiones, dado el objetivo de ahorro necesario a nivel autonómico, "serán necesarias más medidas significativas aparte de las recientemente anunciadas".
   "Estimamos que las regiones necesitan colectivamente ahorrar unos 16.000 millones, en torno al 10% de sus presupuestos, para cumplir el objetivo fiscal de 2012, lo que sugiere la necesidad de medidas significativas más allá de las más recientes", explica la agencia de medición de riesgos.
   Asimismo, Moody's señala que, mientras algunas de las medidas anunciadas, como el copago de medicamentos, podrían ofrecer un ahorro fiscal rápidamente, otras serán más complejas de llevar a cabo y probablemente sólo tendrán impacto desde 2013.

El Gobierno estudia que los funcionarios no cobren todo su sueldo si están de baja

MADRID.- El Gobierno quiere poner en marcha este año un plan para atajar la "elevada" tasa de absentismo entre los funcionarios que prevé que los empleados públicos no cobren la totalidad de su salario durante los tres primeros meses de baja por incapacidad temporal.

   Así lo recoge el 'Programa Nacional de Reformas 2012' enviado por el Ejecutivo a Bruselas que anticipa que a lo largo de este año "se reformarán las condiciones de acceso y permanencia en la situación de incapacidad temporal de los funcionarios civiles del Estado".  
   Entre las medidas que se prevén está la "modificación de la plenitud retributiva durante los primeros 90 días de la baja, modulando las retribuciones del funcionario que le corresponderían en caso de desempeñar con normalidad su trabajo".
   Además, el cómputo de las situaciones de incapacidad temporal se realizará en días en lugar de meses para "reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad".
   Por otra parte, no se abonarán los subsidios en caso de incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán los plazos de expedición y entrega de los partes de baja por parte de los afectados.
   El Gobierno afirma que el objetivo de esta reforma es "reducir los problemas de riesgo moral asociados al aseguramiento de las contingencias relativamente comunes, que se traducen en una elevada tasa de absentismo entre los empleados públicos".
   En su opinión, este absentismo "repercute directamente en la productividad de la Administración Pública no sólo a consecuencia de las ausencias, sino también debido a sus efectos negativos sobre la motivación de los empleados que acuden a su centro de trabajo y sobre el desempeño de labores por éstos que normalmente no son de su competencia".
   Asimismo, el Ejecutivo considera que el absentismo contribuye "a aumentar la interinidad en el empleo público, lo que también puede repercutir en la productividad del trabajo".
   El Gobierno también argumenta que "dado que las situaciones de ausencia se remuneran, el absentismo produce un perjuicio directo a las arcas públicas de imposible justificación, con los consiguientes costes para el conjunto de la sociedad".
   Por todo ello, afirma que promoverá durante 2012 una reforma del Régimen especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que actúen en casa uno de estos frentes.
   En concreto, cree que medir la duración de la baja en meses "puede contribuir a no reflejar con exactitud la situación real de la enfermedad".
   También considera que "no existen mecanismos de control adecuados que vinculen efectivamente el pago de subsidios a partir del cuarto mes de baja a la situación real de incapacidad del empleado".
   Y por último, el Gobierno indica que orientará su reforma "a evitar que se produzcan dilaciones indebidas por parte de los organismos intervinientes en la eficacia de las situaciones de incapacidad temporal, que pueden perjudicar injustificadamente a los empleados públicos".

Un total de 2.700 ayuntamientos prevén ahorrar 44.000 millones en 10 años

MADRID.- El incremento de los ingresos y de la reducción de gastos entre 2012 y 2022 que contemplan los 2.700 planes de ajuste presentados por los ayuntamientos que se han sumado al plan de pago a proveedores alcanzarán una cifra de 43.959 millones de euros, según se desprende del Plan Nacional de Reformas enviado por el Gobierno a la Comisión Europea.

   Concretamente, el incremento de los ingresos supondrían 26.608 millones de euros hasta 2022 --1.645,8 millones en 2012 y 1.494,3 millones en 2013--, mientras que la reducción de gastos aportaría 17.351 millones de euros --5.755,1 millones y 1.945,7 millones en estos dos años--.
   En los casos de los 15 ayuntamientos de mayor población, los citados planes prevén medidas que supondrán un ahorro durante la próxima década de 7.452 millones de euros, gracias a un aumento de los ingresos de 3.809 millones de euros y un recorte de los gastos de 3.644 millones.
   Por el lado de los ingresos, las medidas que más recursos aportarán a los ayuntamientos se refieren a incrementos de cuotas tributarias y tipos de gravamen, así como a la supresión de beneficios fiscales en impuestos locales, que totalizarán unos ingresos de 12.809 millones de euros.
   Además, se incrementarán las tasas y precios públicos para la financiación de los servicios públicos en 8.520 millones de euros.
   Por el lado de los gastos, se contemplan una gran diversidad de opción, entre las que destacan por su volumen de ahorro la reducción de costes de personal (5.224 millones), la no ejecución de inversión prevista inicialmente (1.855 millones) y contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser aprestados por el personal municipal actual (1.288 millones).
   Por su parte, el Plan de Estabilidad, también remitido a Bruselas, señala que el conjunto de los 2.700 planes de ajuste presentados por los ayuntamientos genera un ahorro global en el periodo 2012-2022 de 39.245,66 millones de euros, inferior al recogido en el Plan Nacional de Reformas, gracias a un aumento de los ingresos de 22.915 millones y un descenso del gasto de 16.331 millones.
   Para 2012 el ahorro previsto es de 3.059,74 millones y 3.361,40 millones de euros en 2013. El origen del ahorro en 2012 se corresponde con un incremento de 1.584,77 millones de ingresos, mediante aumento de los gravámenes, y una disminución de los gastos por 1.474,96 millones de euros.
   El incremento de los ingresos de las corporaciones locales proviene de aumento de cuotas tributarias y gravámenes y supresión de beneficios fiscales de los tributos locales, por 12.314 millones de euros; y por tasas y precios públicos para la financiación de servicios públicos por 4.449 millones de euros.

Hacienda podrá intervenir las primeras CC.AA. en septiembre

MADRID.- El Ministerio de Hacienda ha precisado que las comunidades autónomas podrán ser intervenidas desde el próximo mes de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación presupuestaria, aunque cree que no será necesario.

   Según sus cálculos, todas ellas "tienen capacidad real" para cumplir con los objetivos de déficit y, en todo caso, podrán solicitar antes una "intervención voluntaria", de la que ninguna de ellas ha hablado hasta el momento.
   Así lo han asegurado fuentes del gabinete que dirige Cristóbal Montoro, que han señalado además que la intervención supondría una merma en la imagen de las comunidades autónomas, que todas ellas tratarán de evitar cumpliendo el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB.
   En cualquier caso, cualquier eventual intervención es una posibilidad recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que este lunes ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor mañana.
   Este lunes finaliza el plazo para que las comunidades autónomas presente sus planes económicos y financieros para reconducir sus desviaciones. De acuerdo con la nueva Ley, a partir de ese momento el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a otras medidas.
   En caso de no presentación del plan o su incumplimiento, la administración debe constituir un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración en cuestión.
   Sin embargo, en el caso de que la administración en cuestión obviase incluso la creación de dicho depósito, el plazo de la intervención se reduciría a tres meses, de ahí que el plazo para las primeras intervenciones se sitúe en el mes de septiembre.
   Aunque ninguna de las comunidades autónomas han solicitado hasta el momento la intervención voluntaria, todas han pedido ayuda a la Administración central para confeccionar sus planes económico-financieros antes del cierre del plazo esta medianoche.
   Para ello, ha habido reuniones del máximo nivel entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Monotoro, y presidentes autonómicos, por lo que desde Hacienda no se espera "ninguna sorpresa" en los informes presentados. Más aún, este "diálogo" ha sido interpretado como una primera garantía de cumplimiento.
    En el caso de Cataluña, el plan está ya presentado y, según Hacienda, la Generalitat "ha corregido mucho y en la buena dirección", después de que el Gobierno avisara de que los 219 millones que reclaman por la aplicación del Estatut no podían computarse como deuda pendiente de cobro por parte del Estado.
   En cualquier caso, habrá que esperar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará previsiblemente en la primera quincena de mayo para conocer las comunidades autónomas que 'suspenden'.
   Por otro lado, en un encuentro con los medios, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, han comentado que los planes económico-financieros presentados muestran la capacidad de las comunidades para ahorrar hasta 10.000 millones de euros, a los que habría que añadir otros 10.000 millones a través de los recortes en sanidad y educación.
   A la vista de ello, Beteta ha asegurado que "desde este instante no hay excusa ninguna para incumplir la ley, ninguna", a lo que insistió en que, si alguna comunidad autónoma requiriese "apoyo especial", podría evitar medidas coercitivas, cuyo último recurso sería la intervención y podría solicitar "apoyo voluntario" a la AGE.
   Además, Beteta puso el acento en que las intervenciones no supondrían "eliminar la autonomía de las comunidades autónomas", ya que en la práctica sería una "ayuda" por parte de expertos para que estas administraciones tomarán las medidas necesarias para reequilibrar sus cuentas.
   Por su parte, Fernández Currás puso el acento en la importancia de la Ley y aseguró que marcará el inicio de una senda de recuperación de la confianza, que llevará a un mayor crecimiento y a la creación de empleo. "Hay que arreglar las desgobernanzas internas porque fuera no interesan, porque nos ven como un solo país", añadió.

Hacienda autoriza el plan de ajuste de C-LM para poder acceder a la línea ICO para CCAA 2012

TOLEDO.- El Ministerio de Hacienda ha dado el visto bueno al plan de ajuste con horizonte a tres años presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha para poder acceder a la línea ICO para Comunidades Autónomas del 2012.

   Así lo ha avanzado el consejero de Hacienda de la región, Arturo Romaní, durante la rueda de prensa que ha ofrecido junto con el consejero portavoz, Leandro Esteban.
   En este marco, el responsable regional de Hacienda ha dado cuenta de nuevas operaciones de crédito que el Gobierno regional ha firmado con el Banco Santander por valor de 407 millones de euros, que permitirán aliviar vencimientos de créditos a corto plazo y atender a diversas operaciones de tesorería.
   Estas medidas, ha defendido Romaní, evidencian que el Gobierno de Castilla-La Mancha genera confianza tanto en el Ejecutivo de la nación, en las entidades financieras y en proveedores.

La FEMP pide "un pacto político" para que Estado y CCAA respeten competencias

MADRID.-   La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha remitido a Administraciones Públicas un documento sobre el modelo competencial local en el que pide "un pacto político" por el que el Estado y las Comunidades Autónomas se comprometan a cumplir la legislación en la que se consagre la autonomía, las competencias y la financiación de los ayuntamientos y entidades locales.

   El Gobierno trabaja desde hace semanas en la reordenación de las administraciones públicas siguiendo el principio de 'una administración, una competencia', un proceso al que la FEMP ha contribuido con un informe entregado este lunes.
   El proyecto del Ejecutivo incluiría una reforma de la ley de bases de régimen local, que es la que rige la vida del sector local español. Además de proponer un catálogo de competencias, fuentes de la Federación han explicado que el documento exige "un pacto político" que comprometa al Estado y a las Comunidades Autónomas a respetar una serie de principios que deben recogerse en esa legislación básica: la autonomía local, el principio de subsidiariedad, la descentralización, la proporcionalidad y la suficiencia financiera.
   Las fuentes de la FEMP han explicado que es necesario un pacto para que esta norma sea respetada en el futuro, algo que ahora no ocurre y que ha derivado, con el tiempo, en que un 26 por ciento de media del gasto municipal se dedique a competencias que no son municipales, las llamadas competencias impropias.
   Por un lado, el Estado deberá comprometerse a respetar estos principios en la legislación sectorial que aprueba, cualquier norma que regule un asunto y de que de algún modo afecte a las entidades locales.
   Pero además, los municipios quieren que los gobiernos autonómicos también se comprometan a respetar la normativa básica local y que se estudien, en los casos necesarios, incluso reformas en las legislaciones autonómicas que contravienen la autonomía municipal o su financiación.

Hacienda cree que todas las CCAA evitarán la intervención

MADRID.- El Ministerio de Hacienda cree que ninguna comunidad autónoma tendrá que ser intervenida ya que ninguna de ellas se ha puesto en contacto aún con dicho departamento para pedir la "intervención voluntaria", pese a que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entra en vigor este lunes, contempla la posibilidad de que las administraciones soliciten "ayuda" en caso de no poder financiarse.

   Así lo indicaron en fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro, que concretaron que las comunidades autónomas son conscientes de que aquella comunidad autónoma que tenga que ser intervenida sufrirá un deterioro en su imagen que será penalizada en los mercados a la hora de seguir financiándose y que antes de ello es mejor pedir voluntariamente ayuda a la Administración General del Estado (AGE).
   En cualquier caso, desde Hacienda se asegura que el Gobierno ha puesto en marcha instrumentos para que las comunidades puedan cumplir sus compromisos, de forma que "ya no hay excusas" y ha avisado de que el Gobierno mantendrá un "diálogo permanente" con las comunidades para que así sea.
   Este lunes a las 00.00 horas finaliza el plazo para que las comunidades autónomas presente sus planes económicos y financieros. A partir de ese momento, el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a otras medidas.
   Según han señalado las mismas fuentes, la mayor parte de estas administraciones han pedido ayuda para su confección, pero no han concretado cuántos 'suspensos' habrá.

Aguirre cree que "no se recorta lo suficiente"

MADRID.-   La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aplaudido las medidas puestas en marcha por el Gobierno central para salir de la crisis y ha afirmado que si tiene alguna queja es que "no se recorta lo suficiente y que las reformas van algo lentas".

   Así lo ha asegurado Aguirre en una entrevista concedida a la Cadena Cope, en respuesta a las críticas y propuestas de los socialistas a las medidas del Gobierno.
   Aguirre se pronunciaba de este modo sólo pocas horas después de ser reelegida con un amplísimo respaldo como presidenta del PP de Madrid. "Fue una votación abrumadora que me parece emocionante después de tantos años. A mí las dificultades me sirvan para crecerme", ha destacado.
   La presidenta madrileña ha continuado la entrevista señalando que la única manera que tiene España "de salir de la situación tremenda en la que la ha dejado" el Gobierno socialista es "generar confianza en los mercados, que tienen que dejarnos el dinero para pagar 29.000 millones de euros de intereses que genera la deuda" un pago que, a su juicio, es como "tirar el dinero por la ventana".
 "Los mercados nos prestan ese dinero si generamos confianza y para ello no hay otro camino que la reforma", ha remarcado.
   Aguirre ha defendido que el Gobierno central les obligue por ley a no gastar en cosas que no son esenciales. Calcula que tras esta reforma legislativa el ahorro de todas las comunidades sería entre 2.000 y 3.000 millones de euros, una cantidad que no le parece suficiente. "Hay que profundizar en no gastar más en lo que no es estrictamente necesario", ha apuntado.
   En la misma línea, la líder madrileña ha apostado por "aprestarse el cinturón hasta donde haga falta para sacar a España de la situación en la que está" y por "generar confianza" fuera, pero también dentro del país. "El otro día inauguré un nuevo centro comercial y su propietario nos regaló a todos una camiseta que decía que confío en España y la bandera. Eso es lo que tenemos que proyectar nosotros", ha subrayado.
   La dirigente autonómica ha acusado a los socialistas de entrar al Gobierno central con unas cuentas en superávit y abandonarlo con un gran déficit, por lo que ha criticado que ahora protesten con "la algarada callejera y la quema de contenedores".
 "No podemos proyectar imágenes de contenedores quemados en las calles", ha dicho.
   "¿Cómo pueden creerse moralmente superiores unos políticos que nos han dejado más de cinco millones de parados? Cada vez que hay un Gobierno socialista ocurre lo mismo, y no sólo en España", ha proseguido la presidenta autonómica.
   Aguirre también ha arremetido contra los sindicatos. Así, ha declarado que la manifestación contra los recortes de ayer domingo "fue el fracaso más absoluto y no fueron ni los liberados sindicales". "Los sindicatos no representan a los españoles y hay que decirlo claramente".
 "No tienen razón de ser. Una cosa es que haya representantes de los trabajadores y otra que haya liberados sindicales", ha añadido
   La presidenta regional ha abogado por "dedicar tiempo" a explicar las medidas que pone en marcha el Gobierno, "sobre todo si la medicina es amarga". Aunque se ha mostrado contraria a cualquier subida de impuestos, que ve como "un error y una desgracia de la economía", ha explicado que el Gobierno central ha tenido que subir impuestos como el de la Renta al encontrarse con un déficit público del 8,5 por ciento y no del 6 prometido. No obstante, ha anuncido que el año que viene dejará de aplicarse esta subida.
   Eso sí, Aguirre ha querido dejar muy claro que el transporte público, cuyo precio sube desde mañana, "no es ningún impuesto". En este sentido, ha indicado que ahora el importe de la subvención al transporte público es mayor que la cuota que paga el viajero y que el billete sencillo seguirá valiendo 1,5 euros pero para cinco estaciones, "que es el 60 por ciento de los viajes que se hacen".
   La dirigente autonómica ha señalado que por los mismos trayectos se paga en Londres cinco euros. "Damos mil millones de euros de subvención al transporte público que no nos podemos permitir porque damos 7.000 millones a la sanidad y 5.000 a la Educación. Es el billete más barato del mundo. Hemos bajado alguno de los descuentos, pero estábamos obligados a hacerlo", ha zanjado.
   La presidenta de la Comunidad de Madrid ha recordado que la región está seis puntos por debajo de la media nacional en cuanto a los datos del paro y 14 puntos por debajo de Andalucía. Ha acusado al secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "mentir" cuando atribuye los nuevos parados a la reforma laboral, puesto que los últimos datos del desempleo se refieren el primer trimestre del año, antes de haberse aprobado dicha reforma.
   Respecto a su idea de contratar profesores nativos para los colegios públicos de enseñanza bilingüe, Aguirre ha indicado que la propuesta de "insumisión" a la decisión contraria del Gobierno de la Nación pronunciada el otro día sólo "fue una expresión" y que ya ha hablado con el ministro de Educación, Ignacio Wert, que le ha prometido estudiar la medida.
   La líder autonómica ha defendido la contratación de profesores nativos ingleses o irlandeses "dentro de una Europa de fronteras abiertas y libre circulación de trabajadores".
   Siguiendo en materia educativa, ha manifestado que los ciudadanos "tienen que saber que el gratis total no existe" en esta materia. "La enseñanza básica es obligatoria y gratuita, pero no tenemos por qué pagar los másteres a las familias más pudientes. ¿Por qué tienen que pagarlos los contribuyentes de Aluche?", se ha preguntado.
   En cuanto a Sanidad, Aguirre ha criticado que la Comunidad tenga más tarjetas sanitarias que ciudadanos, por lo que aboga por acabar con el llamado turismo sanitario. "Creo que la sanidad tiene que ser universal, gratuita y de calidad, pero el turismo sanitario no lo tenemos que financiar", ha apostillado.
   Por último, la dirigente autonómica se ha mostrado partidaria de trasladar los días festivos a los lunes o viernes y que toda Europa tenga el mismo calendario festivo. "Yo he disfrutado mucho de los puentes y tengo maravillosos recuerdos pero en Inglaterra se les dice que el martes y miércoles es fiesta en Madrid pero el miércoles no en Barcelona pero que el lunes es puente,  no lo pueden entender".

El comienzo del pago a proveedores evitarán la intervención de C-LM

GUADALAJARA.- El senador del Partido Popular por la provincia de Guadalajara, Porfirio Herrero, ha asegurado que Castilla-La Mancha no será intervenida "porque mañana comienza el pago a proveedores y porque las medidas de racionalización de gastos que se han puesto en marcha pronto comenzarán a dar sus frutos".

   Por lo que respecta al pago de proveedores, el senador 'popular' se ha mostrado convencido de que los pagos van a inyectar en la economía regional muchos millones de euros "y como van a ir destinados a pequeñas empresas y autónomos" dice estar convencido "de que van a generar rápidamente puestos de trabajo".
   Por otra parte, Herrero ha justificado una próxima subida del IVA, "aunque dijéramos en campaña que no lo íbamos a hacer y nada más lejos de nuestras intenciones", en el déficit heredado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha dejado en realidad un "déficit del 8,5 por ciento cuando se dijo que ese déficit era del 6".
   Herrero tampoco considera que el aumento de céntimo sanitario con que se va a grabar el combustible en Castilla-La Mancha vaya ha producir un efecto frontera en provincias como Guadalajara, de manera que los ciudadanos llenen sus automóviles en la Comunidad de Madrid.
   "Va a tener una incidencia mínima porque no creo que nadie calcule que tiene que llenar el depósito en Madrid para ahorrarse unos euros", ha asegurado el senador.
   Finalmente, el senador del PP ha criticado un articulo de la exsecretaria provincial del PSOE María Antonia Pérez León, en el que la dirigente socialista aboga por la "resistencia activa contra las medidas que está aprobando el Gobierno en temas sanitarios o educativos".
   Según Herrero, esas medidas son totalmente necesarias "porque el Gobierno socialista no dejó estos servicios en pronóstico reservado, sino en muerte total y la única forma de recuperarlos son los ajustes económicos".

Basagoiti defiende "sanidad para todos, pero primero para los de casa"

BILBAO.- El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha aplaudido "la valentía" de Mariano Rajoy de "restringir" la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y ha defendido "una sanidad para todos, pero primero para los de casa". En este sentido, ha anunciado que cuestionará al lehendakari si aplicará esta medida en Euskadi porque "es de justicia social priorizar, en este tiempo de dificultades, nuestro estado de bienestar en favor de los vascos que más lo necesitan". 
 
   En un post publicado en su blog, 'Por una sanidad para todos, pero primero para los de casa', Basagoiti reconoce que su artículo abrirá un debate en Euskadi sobre la inmigración irregular que "todavía nadie se ha atrevido a impulsar", pero que plantea "por convencimiento personal" porque es necesario "un ejercicio eficiente de la política y no buenismo hueco".
   En este sentido, reivindica que "es de justicia social priorizar en este tiempo de dificultades nuestro estado de bienestar (becas, pisos, todo tipo de ayudas sociales) en favor de los vascos que más lo necesitan y en detrimento de aquellas personas que se encuentran en situación irregular en nuestro país".
   Basagoiti defiende "en voz alta y sin complejos" a "la inmensa mayoría de inmigrantes han venido a trabajar y a adaptarse como uno más de nosotros a Euskadi", colectivo que es "víctima de un sistema dominado por los excesos de los inmigrantes irregulares y por la irresponsabilidad de los gobernantes que han dado alas a los que están en situación de ilegalidad durante todos estos años".
   En este contexto, advierte de que, en Euskadi, "no ha habido nunca una política clara sobre inmigración y convivencia" porque la inmigración ilegal "sigue siendo un tema tabú". Por ello, reivindica, "es hora ya de definir esa política entre todos".
   Para el presidente del PP vasco, en esta comunidad autónoma "se impuso un buenismo que hoy está perjudicando a una mayoría de vascos que llevan, no lo olvidemos, muchos años cotizando, pagando sus impuestos y que ahora ven con perplejidad cómo solicitan la solidaridad de todos en un momento de máxima dificultad, y se les dice desde las instituciones que no tienen derecho a nada".
 "Ésta es una realidad que está en la calle", asegura.
   En este sentido, defiende "la valentía" del presidente del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "restringir" la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en toda España. "Creo que la medida equilibra derechos y deberes en Euskadi, prioriza a los de casa, integra a los inmigrantes legales y garantiza en el futuro una sanidad pública de calidad y financiable. La medida afectará a 17.000 inmigrantes ilegales en Euskadi. Casi nada", agrega.
   Basagoiti avanza, además, su intención de cuestionar sobre este asuntos al lehendakari, Patxi López, en el próximo pleno del Parlamento vasco para "saber de primera mano" su posición y conocer "si va a aplicar la medida en Euskadi o no". También señala la necesidad de que se haga pública la opinión del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, y del conjunto de los nacionalistas vascos.
   "Éste es un debate que exige claridad y no palabrería, éste es un debate que reclama un ejercicio eficiente de la política y no buenismo hueco", concluye.

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