MADRID.- Representantes de Escuelas Católicas
(FERE-CECA-EyG), de la Confederación Española de Centros de Enseñanza
(CECE), la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECOE), la
Federación Española de Centros de Enseñanza y Economía Social (FEDACES),
la Fundaciò Escola Cristiana y los sindicatos FSIE y USO ha alertado
este miércoles de que la enseñanza concertada está "al borde de la
quiebra" por los recortes e impagos.
En una rueda de prensa conjunta en Madrid, los dirigentes de estas
organizaciones han subrayado que no sólo a la pública le afectan las
medidas aprobadas por el Gobierno y que la situación de "muchos" centros
escolares este curso 2012-2013 es "insostenible" debido a la
degradación de las condiciones sociolaborales de los trabajadores por
los "sucesivos" recortes, así como el "reiterado incumplimiento" de los
conciertos y de los acuerdos laborales por parte de algunas comunidades
autónomas.
En concreto, han alertado de la situación especialmente difícil de
la Comunidad Valenciana, donde no se abonan los gastos de
funcionamiento de los centros desde el pasado mes de abril; en Baleares,
no se paga la Seguridad Social de los religiosos desde hace más de un
año y medio, tampoco las sustituciones de profesores desde 2010
(incluido) y debe tres meses de los gastos de funcionamiento.
En Castilla-La Mancha, no se abona la seguridad social de los
religiosos desde mayo, tampoco las sustituciones de todo el curso
2011-2012, ni los importes de gratuidad de los libros de texto o la paga
de antigüedad de los docentes; y en Andalucía, no se han pagado aún los
gastos de funcionamiento de los tres últimos meses.
A los impagos de numerosas comunidades autónomas se han unido este
año dos reales decretos --el de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo y el de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad-- que
están llevando a la enseñanza concertada hacia una "situación límite".
"No ha habido cauce abierto de diálogo con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte", ha aseverado el director de la Asesoría
Jurídica de EyC, Luis Centeno, que ha solicitado la "convocatoria
urgente" de la Mesa sectorial de la concertada para revisar la
"temporalidad" de algunas de las medidas aplicadas y "restablecer" así
la situación anterior.
También ha recordado que la enseñanza concertada está amparada por
la Constitución Española y supone un "ahorro" al Estado de más de 4.000
millones de euros al año, si se tiene en cuenta lo que cuesta un aula
de la pública y un aula de la concertada. "Si se tienen que cerrar
centros concertados, al final la factura de la educación pública será
muchísimo mayor", ha aseverado Centeno, para añadir que se trata de un
modelo "que demanda la sociedad".
La medida sobre el aumento de hasta un 20 por ciento del número de
alumnos por aula, ha supuesto, según estas entidades la eliminación de
unidades concertadas y la atención de más alumnos con menos medios y con
un mayor coste en mobiliario, instalaciones. También advierten de que
la reducción del pago por sustituciones ha obligado a la extinción de
contratos de interinidad en verano.
Sobre el aumento de la jornada lectiva en Primaria, aseguran que
no se han tenido en cuenta los acuerdos suscritos con las comunidades
autónomas. Además, indican que la reducción de los salarios del
profesorado se ha aplicado "en términos análogos" a la de los de la
pública y supone una pérdida del poder adquisitivo desde 2010 del 20%.
Estas organizaciones afirman que la pérdida adquisitiva de los
centros asciende a un 30 por ciento desde 1993 hasta la actualidad, que
además no ha tenido en cuenta el impacto del incremento del IVA de
septiembre de 2012. También alertan sobre el mantenimiento del "déficit
histórico" que arrastran los módulos de concierto, la reducción de
unidades de apoyo de alumnos con dificultades, así como las ayudas para
comedor, transporte y libros.
