lunes, 26 de septiembre de 2011

Va para largo pagar lo adeudado a los farmacéuticos

TOLEDO.- El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, se ha mostrado "optimista" en la solución del conflicto por impagos con el sector farmacéutico de Castilla-La Mancha, aunque ha asegurado que será un proceso "largo" porque involucra "muchos detalles complejos".

   Así ha contestado el consejero de sanidad a preguntas de los medios sobre la solución de los problemas de impagos a las farmacias de la región por parte de la Junta, asegurando que el Gobierno de María Dolores de Cospedal espera encontrar una forma de asumir los pagos en un tiempo "razonable", aunque no puede concretar cuándo se producirán porque "son muchos flecos" los que hay que cerrar.
   Así, ha señalado que la Junta ha mantenido conversaciones "diarias" con los colegios farmacéuticos, quienes están trabajando "de una forma discreta" para acabar con el conflicto.
   En este sentido, Echániz ha señalado que no se podrá hacer efectivo un calendario de pagos "mientras no haya ingresos nuevos", que permitan realizar un presupuesto para hacer frente a la actividad del 2012 y pagar la deuda de los ejercicios anteriores.
   Asimismo, el consejero ha destacado la necesidad de que el sector financiero "crea en el Gobierno de Castilla-La Mancha" para poder "refinanciar" la deuda de la administración, porque la Junta no cuenta ahora con dinero pagar "a nadie".
   En cuanto al impago a las clínicas abortivas, el consejero ha explicado que esta falta de pago es fruto de la "incapacidad" económica del Gobierno de la región porque el anterior Gobierno socialista no dejó el presupuesto necesario para hacer frente a las más de 158.000 facturas que suponen 1.094 millones de euros pendientes de pago, ha concretado.

Albacete está entre las ciudades más contaminadas de España

MADRID.- La informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hecho público señala que en España, las ciudades más contaminadas por PM-10 son Zaragoza y Sevilla, con 45 microgramos por metro Cúbico; Granada, con 40; Torrejón de Ardoz, con 39; Albacete, con 33 y Jaén, Cádiz y Málaga, con 32.

   En cambio, las ciudades menos contaminadas en este tipo de partículas en suspensión son Santiago de Compostela, con 18 microgramos por metro cúbico; Logroño, con 19, Badajoz, con 20; Vitoria, con 21 y Palma de Mallorca y Valladolid, con 22 microgramos.
   A la mitad de la tabla se encuentra Madrid capital, con 26 microgramos por metro cúbico de partículas contaminantes PM-10, según un informe de la OMS, que recoge datos de 2008 y que advierte que el límite aconsejable para la salud de este contaminante es de 20 microgramos.
   Respecto a las partículas PM-2,5, la Organización Mundial de la Salud sólo ofrece datos de tres ciudades españolas: Madrid, que registró 13,1 microgramos por metro cúbico; Pamplona, con 9,4 microgramos; y Toledo, con 14 microgramos.

El Senado tendrá un miembro más por Castilla-La Mancha

MADRID.- El Senado tendrá en la próxima legislatura dos miembros más y pasará a 266 senadores para compensar el aumento de población registrado en dos comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. En ambos casos, serán senadores autonómicos que deberán elegir los legislativos regionales.

   La Diputación Permanente, que se convocará una vez disueltas las Cortes, probablemente para el miércoles 28 de septiembre, aprobará oficialmente la nueva composición de la Cámara Alta para los cuatro años siguientes. Así, la Comunidad Valenciana pasará de tener cinco a tener seis senadores autonómicos y Castilla-La Mancha, de dos a tres.
   La Constitución establece que los parlamentos regionales tendrán un senador autonómico y que sumarán otro más por cada millón de habitantes; como ambas comunidades han registrado un aumento de población, según el último censo, ven incrementada su representación.
   En esta legislatura que acaba de concluir, también el Senado ha cambiado de número de escaños y tuvo incluso que hacer obra para añadir una fila más de asientos en el salón de plenos. El motivo, los nuevos senadores autonómicos, uno en cada caso, de las Islas Baleares, Madrid, Andalucía, Canarias y Cataluña.
   Los senadores de la novena legislatura han sido 264, aunque la Cámara se ha visto obligada a reducir el número oficial en 262 al dimitir dos senadores que no tenían sustituto. Corina Porro (PP) dejó la institución en mayo de 2009, pero su suplente en la lista en la que concurrió a las elecciones, que sólo es uno, falleció. El segundo caso ha sido el de Lino González (PSOE), que dimitió en junio y que era a su vez el suplente del senador que había obtenido el escaño, Rafael Pacheco (dimitió en septiembre de 2008).
   El Senado estrenará número de miembros en la décima legislatura, pero no será la única novedad. En las elecciones del 20 de noviembre los votantes se encontrarán en los colegios electorales con una nueva papeleta, rediseñada tras meses de trabajo en la propia Cámara para reducir su tamaño y evitar miles de votos nulos, casi 600.000 en las elecciones de 2008 (los del Congreso se quedaron en unos 165.000).
   Entre otras modificaciones, se reduce el tamaño de la papeleta, elimina la obligación de presentar candidatos por orden alfabético, coloca a los partidos en función de los votos de los anteriores comicios y suprime la mención a los suplentes (dos por cada candidato en lugar de uno como hasta ahora).

Portugal anuncia un plan para reducir sus administraciones municipales

LISBOA.- El Gobierno de Portugal anunció hoy un plan para reorganizar la administración local que incluye la disminución en cerca de un 30 por ciento de los concejales electos y una abrupta contracción de las circunscripciones parroquiales.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo conservador luso quiere cumplir con lo pactado con la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prestaron a Portugal 78.000 millones para los próximos tres años a cambio de sustanciales reformas económicas y administrativas que sirvan para reducir el déficit del país.
El documento, presentado por el primer ministro, Pedro Passos Coelho, establece profundos cambios en el sector empresarial local, la organización del territorio y la gestión municipal, entre otros puntos.
Respecto a los concejales, la propuesta del Gobierno es que los 308 municipios portugueses elijan 618 concejales menos -de los 1.770 a los 1.152-, mientras que los que están con dedicación completa pasarían de 836 hasta los 576 (260 menos).
En las circunscripciones parroquiales -pequeñas unidades de poder integradas en un municipio conocidas como "freguesia"-, la meta es agruparlas en un mínimo de 20.000 habitantes en las grandes concentraciones urbanas (más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado).
Portugal tiene 4.259 "freguesias", 643 con más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado.
Asimismo, el Ejecutivo prevé su reorganización en las áreas de entre 100 y 500 habitantes por kilómetro cuadrado y en las de menos de 100.
En el primer caso, una "freguesia" tendrá un mínimo de 15.000 habitantes, mientras que en el segundo serán de un mínimo de 500 en zonas rurales y 1.000 para las urbanas.
En el sector empresarial, el gobierno quiere restringir las entidades a apenas las que tengan una comprobada utilidad pública, sustentabilidad financiera y actuación según las reglas del mercado.
"Ningún representante político puede saltarse las recomendaciones de buena gestión, sea en el Estado central, o en los ayuntamientos", alertó Passos Coelho durante la presentación del plan.
Portugal, que tiene un déficit del 9,1 % del PIB en 2010, ha puesto en marcha varios programas para reducirlo hasta el 3 % en tres años, entre ellos la racionalización de la sanidad y la educación pública, la privatización de empresas públicas, así como la congelación de las pensiones y una reducción de funcionarios.

 Un 9,1% de la población activa trabaja en la Administración central

El 9,1 por ciento de la población activa de Portugal trabaja en la Administración central, en la que en el primer semestre de este año el Gobierno ha reducido un 3,1 % los puestos de trabajo con respecto al mismo periodo de 2010, como medida para reducir el déficit.
Según los datos del Boletín del Observatorio del Empleo Público divulgados hoy, la administración central lusa daba trabajo hasta junio de este año a 507.930 personas de los 5,5 millones de portugueses en edad de trabajar.
En el primer semestre de este año, el empleo público registró una caída de 16.054 puestos de trabajo respecto al periodo homólogo de 2010 y de 4.494 puestos frente al semestre precedente de 2010.
A cambio de los 78.000 millones de euros que recibirá de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Portugal debe de poner en práctica drásticas reformas económicas para sanear sus cuentas, entre las que se incluye una reducción anual del 2 % de los funcionarios hasta 2014, a los que ya bajaron el sueldo un 5 % de media.

Granado subraya la "inquietud" de la Seguridad Social ante el impago del IBI en CLM

MADRID.- El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha subrayado hoy la "inquietud" de este organismo ante el impago por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha del IBI de 80 inmuebles transferidos a la autonomía, que supone una deuda de "varios millones de euros".

En una entrevista en la cadena Ser, Granado ha destacado que no existe "ningún precedente" de impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por parte de una comunidad autónoma de una forma generalizada y ha afirmado que esto sucede desde el cambio de gobierno, tras las elecciones de mayo.
"Ningún precedente (hay) con la dimensión de la que estamos hablando, hemos tenido algún problema un año con algún edificio pero que una comunidad autónoma deje de pagar el IBI de todos los edificios, nunca", ha indicado.
Se trata "de más de 80 edificios" que suponen un impago de "varios millones de euros", según Octavio Granado, quien ha apuntado que determinados ayuntamientos del PP están actuando de forma conjunta con la Junta.
Según el secretario de Estado, "los ayuntamientos saben que la Ley General de Seguridad Social dice que cuando un edificio ha sido traspasado es la comunidad autónoma la que tiene que pagar el IBI. Pero da toda la sensación de que, en este caso, hay alcaldes del PP que han conjuntado actuaciones con la consejería".
La Seguridad Social conoció esta situación el jueves de la semana pasada, pero ya tuvo "alguna referencia" el pasado mes de julio, por lo que ordenó a los directores provinciales de la Tesorería que hablaran con los responsables de la Junta pero "lo único que han podido saber es que les han dicho que no han pagado el impuesto", ha apuntado el secretario de Estado.
Octavio Granado ha explicado que desde un punto de vista legal los bienes de la Seguridad Social no se pueden embargar "pero nosotros trabajamos con cien bancos y si 70 ayuntamientos de una comunidad autónoma nos embargan cada uno de ellos decenas de cuentas corrientes, al final legalmente no tendremos problemas pero en la práctica podemos tenerlos", ha añadido.
En este sentido, ha expresado la "inquietud" y preocupación de la Seguridad Social y ha lamentado que pueda llegarse a perjudicar a los beneficiarios: "y esto es espantoso para nosotros porque vivimos, entre otras cosas, para pagar puntualmente las pensiones a los pensionistas", ha indicado.
Como motivo para esta actuación, Octavio Granado apunta "un intento de escalada en la presión" teniendo en cuenta que, a su juicio, en Castilla-La Mancha "estamos viviendo una especie de experimento de lo que pueden ser cosas que se hagan en otros sitios para justificar determinadas medidas".
También ha dicho que esta actuación no tiene ninguna justificación y que "el principio elemental de lealtad" hubiera sido hablar con la Tesorería de la Seguridad Social si existía algún problema.

El PSOE exige a Cospedal que enmiende su "insumisión" fiscal y pague el IBI

TOLEDO.- El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha exigido al Gobierno de María Dolores de Cospedal una explicación inmediata sobre los impagos del IBI y le ha pedido que enmiende su "insumisión" fiscal, pues se trata de una "irresponsabilidad".

Caballero, en una rueda de prensa, ha considerado "muy grave" la denuncia que hoy ha hecho el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, del impago por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha del IBI de 80 inmuebles transferidos a la autonomía, que suponen una deuda de "varios millones de euros".
Para el dirigente socialista, podría incluso haber más inmuebles en esa situación, que exige una explicación inmediata por parte del Gobierno regional, pues es "muy grave" que no se pague el IBI y que no se establezca ningún diálogo con otras administraciones, en este caso con la Seguridad Social para solucionar problemas.
Caballero se ha preguntado "a qué se dedica" un Gobierno que, ha dicho, no paga a los dependientes, a las viudas o a los farmacéuticos y tampoco paga los impuestos que está obligado a abonar.
El dirigente socialista ha opinado que el Ejecutivo ya no puede poner como excusa "la herencia recibida" y ha considerado "imprescindible" que Cospedal "se centre" en Castilla-La Mancha.
"El Gobierno es un insumiso fiscal, lo cual es una irresponsabilidad que tendrán que aclarar y enmendar", ha recalcado el secretario de Organización de los socialistas, quien ha demandado a Cospedal "que no eche balones fuera y asuma su responsabilidad".

La Junta niega que haya recibido apremio para pagar el IBI y asegura que está en plazo

TOLEDO.- El Gobierno de María Dolores de Cospedal ha asegurado que no ha recibido ningún apremio de la Tesorería de la Seguridad Social --salvo uno relacionado con el anterior Ejecutivo de José María Barreda-- para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ha señalado que está en plazo para pagar este impuesto por los bienes inmuebles de la Junta. 

Así lo han asegurado hoy fuentes de la Consejería de Hacienda de la Junta, que señalan que el Ejecutivo aún no ha comenzado a pagar este tributo y que lo hará cuando reciba la comunicación del total del dinero que tiene que pagar por este impuesto, aunque insisten en que ningún órgano recaudador del impuesto ha requerido el pago a través de la vía de apremio a este Gobierno por deudas vencidas durante su mandato.
Eso sí, salvo la excepción de la notificación de apremio recibida de la Tesorería de la Seguridad Social enviada por el Organismo Provincial de Gestión Tributaria de la Diputación de Albacete, por una deuda del IBI correspondiente a la etapa del anterior Gobierno socialista.
Así, la Junta explica que el periodo de pago del IBI a esta Diputación finalizó el 20 de junio, antes de la fecha de toma de posesión del nuevo Gobierno de Cospedal.
Además, la Junta añade que hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, según los datos disponibles en la Consejería de Economía y Hacienda, el Gobierno anterior dejó pendiente de pago 1.176.488 euros en concepto de IBI y hasta mayo sólo abonó 27.180 euros, lo que pone de manifiesto que no atendió puntualmente el pago del tributo.
Por todo ello, la Junta señala que "las graves acusaciones" que ha lanzado el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, sobre el impago del IBI por parte del Ejecutivo castellano- manchego son mentira.
Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha también quiere puntualizar que la Tesorería de la Seguridad Social "es la que está incumpliendo sus obligaciones de pago", por ejemplo, con el Ayuntamiento de Ciudad Real, al que se le deben más de dos millones de euros en concepto de IBI por el Hospital General de Ciudad Real, que no está transferido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.