jueves, 8 de noviembre de 2012

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno dispondrán de muchos menos coches oficiales


MADRID.- La reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado supondrá en España un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años, según ha asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha precisado que la reducción total será del 53 por ciento, pero que la que se aplique a los que utilizan los altos cargos --presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales-- alcanzará el 66 por ciento.

   La vicepresidenta explicó que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado hoy al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se "transforma el parque móvil ministerial en parque móvil del Estado". Una reforma del sistema en la que "se cambian los usos del coche oficial bajo los principios de austeridad y eficiencia" y para ello "se reduce el número de altos cargos que tienen vehículo asignado".
   A partir de ahora, según explicó, los directores generales no tendrán coche oficial, sino que dispondrán de coches de incidencias que estarán a disposición de todos los trabajadores de la dirección general para desarrollar sus tareas.
   En el caso de los subsecretarios, éstos tendrán coche oficial, pero no será exclusivo para ellos, sino que también estará a disposición del personal de la subsecretaría. Estas dos medidas significarán una reducción del 66 por ciento en el número de vehículos oficiales de altos cargos, que pasarán de ser los 307 actuales, a 103 a lo largo de este año y el próximo, ya que la reducción será progresiva. El ahorro en este capítulo será del 66,45 por ciento.
   También se reducirán los coches destinados a las autoridades de órganos constitucionales y al servicio de la Administración de Justicia y de manera también "muy llamativa" los coches de la administraciones periféricas del Estado, como las Delegaciones del Gobierno y las Subdelegaciones. La reducción, en su conjunto, supone un 53 por ciento a lo largo de este año y 2013.
   Según los datos facilitados por Moncloa, la flota total del Parque Móvil que había en diciembre de 2011 --cuando el PP llegó al Gobierno-- en servicios centrales era de 921 vehículos, de los cuales 819 eran coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías (furgoneta, motocicleta, monovolumen, etcétera).
   La previsión es que al cierre de 2014 el total de vehículos se situará en 652, lo que supone una reducción de casi el 30 por ciento, en relación con los existentes, incluyendo los coches de altos cargos y los de incidencias.
   El número de trabajadores también se reducirá. En total, entre Parque Móvil y servicios periféricos se reducirán 222 conductores hasta 2014. De los 1.303 que había en diciembre de 2011 se pasará a 1.081 conductores, lo que supone un 17 por 100 menos.
   Sin embargo, según precisó la vicepresidenta, no se llevará a cabo ningún expediente de regulación de empleo entre los conductores. Lo que se pondrá en práctica, dijo, serán: "bajas de servicio", de tal manera que no se doblen turnos; se realizarán las jubilaciones que correspondan por la edad y no habrá tasa de reposición.
   En este sentido, explicó que lo primero que ha hecho la subsecretaria de Hacienda ha sido analizar la situación laboral de los trabajadores del parque móvil, muchos de los cuales tienen "gran antigüedad". Según los cálculos realizados, entre la supresión de dobles turnos y las jubilaciones, la reducción será del 15 por ciento y en el caso de la Administración periférica, con gente más cercana a la edad de jubilación, la reducción será del 24 por ciento.
   Según Sáenz de Santamaría, la antigüedad media del parque es de ocho años y de once para los vehículos blindados y la flota estará amortizada en 2013 porque no se repondrá. En la administración periférica el número de vehículos es de 569, pero la flota es más moderna porque se renovó en un 79 por ciento entre 2006 y 2008. Entre esas fechas se compraron 440 vehículos nuevos.
   El plan consiste en amortizar los vehículos que estén en peores condiciones, reubicar los más modernos y los sobrantes llevarlos a subasta. En este punto, señaló que ya se han realizado algunas subastas de coches oficiales.
   Sáenz de Santamaría detalló que el ahorro de 10,5 millones provendrá de: personal, 7,5 millones; combustible y mantenimiento, 1 millón --del que 500.000 euros son de combustible, 265.000 en reparación, 213.000 en seguros-- y el paso a coches de incidencias de los coches oficiales, dos millones.
   Admitió que esta cifra de 10,5 millones de euros no es "elevada", pero la consideró "muy significativa" porque supone una "nueva concepción en la utilización de los vehículos oficiales" ya que, dijo, se pasa del coche oficial por cargo al coche oficial a disposición de los departamentos.
   Además, respondió a quienes dicen que el ahorro no es significativo, sino que se trata del "chocolate del loro": "empiezas a sumar loros y te encuentras con una pajarería".
   La vicepresidenta expuso que la segunda fase de este plan se estudiará en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Ahí se analizarán los coches de servicio de las instituciones y sobre todo de las empresas públicas y los coches de empresa, con el fin de aplicar una medida de racionalización y eficiencia.
   La vicepresidenta expuso que algunas CCAA han llevado a cabo también ajustes en sus vehículos oficiales --citó, entre ellas, a Galicia y Castilla La Mancha-- y añadió que se llevará la experiencia del Gobierno en este asunto a la Conferencia de Presidentes. En este sentido, recalcó que la concepción del coche oficial ha cambiado mucho y tiene que cambiar aún más. Debe, dijo, estar más ligado a la actividad profesional, a la demanda, antes que ser "un servicio que tienes ahí y no usas".

Castilla-La Mancha registra un déficit del 1,22 por ciento

TOLEDO.-   Castilla-La Mancha ha registrado un déficit del 1,22 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a 31 de octubre, según ha desvelado el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, durante su intervención en el debate de la enmienda a la totalidad que ha presentado el PSOE a los presupuestos de 2013.

   Romaní ha explicado que este dato debe ser modificado por los ajustes de contabilidad nacional, que están pendientes de ser verificados por el Ministerio de Hacienda, modificación que será positiva y permitirá "decir que estamos en el camino de cumplir el objetivo de estabilidad del 1,5 por ciento".
   El consejero ha ofrecido este dato ante las "dudas" de los socialistas sobre la credibilidad de los datos de cumplimiento de déficit del año 2012. "Desde luego queremos esperar a final del año porque queremos ser prudentes para dar cifras definitivas, pero mantenemos que estamos en el camino de cumplir el objetivo de este año del 1,5 por ciento", ha señalado.
   Fue el pasado 30 de octubre cuando la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se mostró segura en un 99 por ciento de que Castilla-La Mancha cumplirá el objetivo del déficit fijado para 2012. La región cerró 2011 con un déficit del 7,3 por ciento.

Cospedal: "Ayudaremos a las cooperativas según su esfuerzo de integración"

TOLEDO.- La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este jueves que su Gobierno ayudará a las cooperativas de la región "tanto o más cuanto mayor" sea su esfuerzo de integración, al menos para su función de comercialización, ha manifestado.

   Cospedal ha incidido en la necesidad de que las cooperativas trabajen "unidas" en el ámbito comercial con el fin de hacerse "fuertes", tener un sector primario importante así como tener una renta agraria equiparable a los agricultores que "la tienen mejor en el resto de España y en el resto de la Unión Europea".
   "El Gobierno regional quiere poner especial hincapié en la agrupación de las cooperativas para, al menos, la comercialización", ha reiterado Cospedal, quien considera que las cooperativas se tienen que unir para conseguir una capacidad más importante a la hora de presentar las ofertas para evitar seguir "toda la vida" estando en manos de los grandes distribuidores.
   Cospedal ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la jornada 'Competitividad Socioeconómica Cooperativa', en el Auditorio Caja Rural de Castilla-La Mancha de Toledo, en la que también han participado el delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, y el presidente y el director general de Caja Rural de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora y Víctor Manuel Martín López, respectivamente.

El 90% de trabajadores de GEACAM serán fijos-discontinuos

TOLEDO.-   La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha afirmado que un total de 1.700 trabajadores --el 90 por ciento-- de la empresa pública GEACAM se han acogido al preacuerdo alcanzado la semana pasada por los sindicatos UGT, SATIF y SIBF, mientras que 47 han solicitado la jubilación anticipada, 60 han pedido la baja indemnizada y 20 no han respondido aún a la solicitud.

   Según ha defendido Soriano en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se trata de "un buen acuerdo" --al que no se sumó CCOO-- para garantizar el futuro de la empresa, ya que se mantienen los puestos de trabajo y "es lo mejor" para los ciudadanos de la región.
   La consejera ha recordado la situación financiera dramática por la que atraviesa la empresa, con una deuda de más de 93 millones de euros en créditos al banco y más de 25 millones en facturas que dejó sin pagar el anterior Gobierno socialista de Castilla-La Mancha.
   Soriano ha querido agradecer la actitud que han tenido UGT, SATIF y SIBF, al tiempo que ha lamentado que CCOO no se haya querido sumar al acuerdo y haya "negado" cualquier tipo de negociación. "Entendemos que han prevalecido sus intereses particulares y la confrontación frente al interés de los trabajadores", ha añadido.
   Finalmente, la titular de Agricultura y Medio Ambiente ha informado de que los servicios mínimos que prestará la empresa durante los meses de invierno estarán formados con entre 100 y 130 trabajadores.
   El preacuerdo prevé el mantenimiento de los 2.022 trabajadores de la división de lucha contra incendios a cambio de que la plantilla pase a ser fija-discontinua, trabajando entre 8 y 9 meses al año hasta 2016, y manteniendo su derecho a paro los meses que no lo hagan. Asimismo, contempla prejubilaciones a partir de los 59 años.
   De otra parte, la consejera ha sido preguntada por el conflicto con CCOO por su decisión de retirar 35 todoterreno de lujo. A este respecto, ha señalado que su departamento lamenta la actitud del sindicato de intentar "chantajear" a la Consejería con boicotear los actos públicos que realice o hacer una campaña de desprestigio si no se devuelven "uno a uno" estos vehículos.
   Soriano ha dicho que la Consejería "está para gobernar" y hacer una gestión "eficaz" de los fondos públicos y que "no va a ceder al chantaje y a las amenazas para beneficiar a unos pocos".
   También ha asegurado que este conflicto lo ha hecho un solo líder sindical y que el resto de agentes medioambientales merecen todo su respeto. Además, ha pedido a los responsables de CCOO que desautoricen este tipo de actitudes de sus enlaces sindicales.

La justicia europea ve ilegal la norma española de desahucios

LUXEMBURGO.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

   El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.
   El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
   La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.
   En sus conclusiones presentadas ayer jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.
   No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.
   En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".
   "No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.
   Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".
   La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.
   El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.