TOLEDO.- La modificación del contrato del transporte
sanitario terrestre permitió al Gobierno de Castilla-La Mancha ahorrar
25 millones de euros en 2012 ya que el coste del contrato durante el
pasado año fue de 61,6 millones frente a los 80,4 de 2011, cifra a la
que hay que sumar los más de 6 millones de coste de los taxis que
trasladaban a los pacientes de diálisis, un servicio que se ha
incorporado en las ambulancias.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Sanidad y Asuntos
Sociales, José Ignacio Echániz, durante su comparecencia en el pleno de
las Cortes regionales, donde ha explicado que el Gobierno de María
Dolores de Cospedal vio necesario modificar el contrato del transporte
sanitario al considerar que la distribución de empresas existente en la
etapa del Gobierno socialista "no había funcionado y necesita
simplificarse".
Según ha explicado el consejero, en la anterior etapa, el contrato
establecía una única empresa para el servicio de transporte sanitario
urgente en las cinco provincias de la región mientras que el transporte
sanitario no urgente o programado se concentraba en una sola empresa
diferente en cada provincia.
"Por eso ahora el nuevo pliego de transporte sanitario urgente y
no urgente ha salido a concurso de una forma agrupada en un mismo lote
por provincias", ha señalado Echániz, quien ha dicho que esta nueva
distribución logra reducir el coste del servicio.
Con el dinero que se ha ahorrado (25 millones de euros), ha
apuntado el consejero, "en un solo ejercicio se podría atender todas las
necesidades sanitarias de 21.600 personas", lo que equivale casi a la
población de Illescas (Toledo), ha manifestado Echániz.
Además, con ese dinero, ha recalcado, "se puede sufragar el coste
de 69 unidades de ambulancia de soporte vital básico y de 22 UVI
completas que incluye médico y enfermera, se puede disponer de 8
unidades de alta tecnología, se pueden hacer doce nuevos centros de
salud y se puede contratar a 355 médicos nuevos".
Igualmente, ha comentado que el contrato exige por primera vez
tiempos de respuesta que "es lo que garantiza la prestación del servicio
en el tiempo preciso".
Desde el PSOE, el parlamentario José Manuel Caballero, ha
criticado que el Gobierno no se haya "molestado" en hablar con los
trabajadores --150 de los cuales ya han sido "despedidos" y otros tantos
están "a las puertas", ha manifestado-- "e incluso con los empresarios"
porque le habrían dicho "que el modelo de Castilla-La Mancha es un
modelo a evitar".
A su juicio, el problema "gordo" de estos trabajadores empezó "con
el nuevo concurso" y aunque el socialista no ha cuestionado que "haya
sido plenamente legal y que las empresas reunieran todos los requisitos,
es evidente que la prestación del servicio desde el 1 de diciembre esta
siendo un absoluto desastre".
Caballero ha instado al Ejecutivo a llamar a las empresas,
"sentarse con ellas y buscar soluciones consensuadas". También ha
indicado que la Junta socialista dejó "pagado" el transporte sanitario y
ha advertido de que aunque ahora el Ejecutivo diga que hay mas
ambulancias "se tendrán que conducir solas, porque hay menos
trabajadores".
"Castilla-La Mancha antes era la Comunidad Autónoma que tenía
cinco de los diez mejores tiempos de respuesta en atención a urgencias"
del país, ha dicho Caballero, que ha agregado que "hoy no se sabe,
porque no publican los datos".
Desde el Partido Popular, el diputado Carlos Velázquez, ha acusado
la "actuación con mucha irresponsabilidad del PSOE" que "tanto daño
está haciendo a la ciudadanía regional", y ha explicado que el modelo de
transporte sanitario terrestre que está aplicando Castilla-La Mancha es
"exitoso" en esta y en otras comunidades autónomas.
De ahí que haya "invitado" a Caballero a "huir del discurso
hipócrita" que están adoptando los socialistas, cuando el origen del
problema, ha subrayado el parlamentario 'popular' "está en 2008, en un
pliego de condiciones que era de imposible cumplimiento para la empresa
que gestionaba el servicio".
Este debate general se ha cerrado con la aprobación de una
propuesta de resolución del PP --con los votos en contra del PSOE-- que
defiende la asistencia de calidad, eficacia y eficiencia a través de los
recursos materiales y económicos que permitan a Castilla-La Mancha "a
tener una red asistencial coordinada".
Por el contrario, los socialistas han visto rechazada su propuesta
de resolución --con los votos de la mayoría 'popular'-- en la que se
instaba al Gobierno a "asumir sus obligaciones y responsabilidad en
relación a la prestación de este servicio y a "hacer cumplir a las
empresas adjudicatarias el pliego de condiciones" que rige el servicio
"para asegurar que cese el despido de personal" y que empresas
adjudicatarias readmitan al personal despedido.
