viernes, 16 de septiembre de 2011

La Junta Electoral Central permite a partidos sin representación recoger avales mediante firma electrónica

MADRID.- Los partidos, federaciones o coaliciones que no tienen representación parlamentaria y quieren presentarse a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre deben recabar avales para poder concurrir a estos comicios, según la última modificación de la Ley Electoral. En concreto, deberán sumar, como mínimo el 0,1 por ciento del censo electoral en cada circunscripción y podrán hacerlo tanto por el medio de recogida de firmas tradicional como utilizando la firma electrónica.

   Así lo ha especificado la Junta Electoral Central en una resolución que el organismo arbitral aprobó en la reunión que mantuvo ayer jueves en el Congreso. 
   La reforma de la Ley Electoral pactada por PSOE, PP, CiU y PNV el pasado mes de enero establece que (apartado 3 del artículo 169) a partidos los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones "necesitarán la firma, al menos, del 0,1 por ciento de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección".
   En su instrucción, la Junta Electoral Central recuerda que los avales no pueden empezar a recabarse hasta que se inicie el periodo electoral, es decir, hasta que se convoquen oficialmente las elecciones. El decreto de convocatoria de las legislativas del 20 de noviembre se publicará el próximo 26 de septiembre.
   Las coaliciones electorales no tendrán que recoger firmas para concurrir si uno de los partidos que las integran tiene ya presencia en las Cortes. Por contra, sí tendrán que hacerlo las formaciones que cuenten con uno o más senadores con por designación de una asamblea autonómica, pero que no tengan diputados o senadores electos.
   Los avalistas sólo podrán apoyar una candidatura (si plasman su firma en dos no contará ninguna) y deberán estar censados en la circunscripción por la que se vaya a presentar la lista a la que prestan su respaldo. Junto a la firma de cada uno de los avalistas debe figurar su nombre y apellidos, número del DNI (sin que sea necesario adjuntar una fotocopia del mismo) y fecha de nacimiento.
   Según establece la resolución de la JEC, la recogida de avales mediante firma electrónica debe entenderse válida siempre que se ajuste a lo dispuesto por la Ley de firma electrónica de 2003, que fue modificada en 2007 mediante la de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
   En consecuencia, las firmas deberán realizarse con un certificado electrónico de los reconocidos por la Sede electrónica del INE. A tal efecto, el representante de la candidatura deberá comunicar a la Junta Electoral competente el sistema de firma electrónica y de verificación de firma utilizado, que deberá incluir el sello o marca de tiempo en el que se realiza la firma.
   El Ministerio del Interior pondrá a disposición de las formaciones políticas el modelo para la recogida de firmas, basados en el recogido en el decreto de regulación complementaria de los procesos electorales de 1999 y en las normas que lo desarrollan. Si una formación presenta candidaturas a las dos Cámaras en una misma circunscripción, no tendrá registrar los avales por duplicado.
   Las firmas habrán de entregarse en la Junta Electoral Provincial correspondiente, que las remitirá a la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral. Ésta será la encargada de verificar el número y la validez de los avales.
   En función del número de candidaturas que tenga que comprobar y del tiempo del que disponga, podrá hacerlo mediante un sistema de muestro aleatorio, pero si el resultado tras el análisis de las firmas es negativo, tendrá que hacer una comprobación material de la validez de las rúbricas.
   Un día después de la publicación de las candidaturas presentadas, la certificación oficial realizada por la Oficina del Censo ha de remitir su conclusión a la Junta Electoral correspondiente, que informarán a los representantes de las candidaturas del resultado del recuento. Si se detectan irregularidades en los avales o éstos no son suficientes, se abrirá un plazo de 48 horas para subsanar errores.
   En su nueva instrucción, el organismo arbitral unifica criterios para todos los casos en los que se requieren avales para participar en unos comicios. Así, además de los ya comentados para los partidos sin representación en las elecciones al Congreso y el Senado, especifica los que afectan a las agrupaciones de electores para unas legislativas y a todas las candidaturas que pretenden concurrir a unos comicios europeos.
   Una agrupación de electores que quiera presentarse a cualquiera de las dos Cámaras debe reunir la firma, como mínimo, de un 1 por ciento de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción correspondiente.
   En el caso de las elecciones al Parlamento Europeo todas las formaciones, tengan o no representación, deben acreditar la firma de 15.000 electores. No obstante, las que ya están en las instituciones pueden sustituir este requisito por la firma de 50 cargos electos --diputados, senadores, eurodiputados, parlamentarios autonómicos o concejales--. Las firmas para concurrir a las europeas deben entregarse en la Junta Electoral Central.
   Para ayudar a quienes necesitan avales Pirates de Catalunya ha puesto en marcha en Internet la iniciativa 'Yo avalo', que pretende poner en contacto a potenciales avalistas con los partidos que van a requerir su apoyo. De momento, más de una treintena de formaciones se han sumado a la iniciativa y ya están sumando preavales en la Red.
   Hasta este viernes, Equo, la formación que lidera ex el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, es la que cuenta con más apoyos, con más de 11.200 firmas. Le siguen los promotores de la iniciativa, Pirates de Catalunya con 1.885 avales; Escaños en Blanco, que va por 1.481 y el Partido Animalista contra el maltrato animal, que supera las 1.200 firmas.

El PP rechaza retirar el plan de ajuste de Cospedal

TOLEDO.- El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado, con los votos de la mayoría 'popular', una propuesta de resolución del PSOE que instaba a retirar el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos elaborado por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, a fin de hacer uno nuevo que surgiera fruto del debate y el consenso con los agentes sociales.

   En la resolución presentada por el PSOE al debate general sobre el que los socialistas han denominado Plan de Ajuste Financiero, este Grupo Parlamentario ha mostrado su rechazo a un documento que, a su juicio, no va a estimular la creación de empleo y que supone "un ataque a los pilares básicos del bienestar social".
   Por el contrario, el PP ha justificado la necesidad de poner en marcha este Plan debido a la "situación económico-financiera heredada" del anterior Ejecutivo socialista, y ha valorado las medidas de austeridad, contención y racionalización del gasto público del Gobierno que supone, tal y como se expresa en la resolución de los 'populares' aprobada, que el PSOE ha votado en contra.
   El consejero portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, ha iniciado el debate desgranando cada una de los ejes y medidas de esa racionalización que, en su conjunto, persigue "decir la verdad a los ciudadanos y utilizar su dinero dando cuenta permanentemente de lo que se hace".
   "No se trata de un papel, no se trata de un propósito, ya está en marcha, y pretende un ahorro 1.815 millones de euros, crear empleo y proteger los derechos ciudadanos, haciendo de Castilla-La Mancha una región que sirva de ejemplo para el resto", ha subrayado Esteban, quien ha especificado que esta iniciativa servirá para "reequilibrar presupuestariamente las maltrechas arcas de la economía y el presupuesto regional".
   Ha rechazado, asimismo, que el Plan suponga algún "recorte de derechos para nadie" sino "todo lo contrario" pues "se trata de garantizarlos en un momento en el que han corrido serio riesgo". Esteban ha señalado que el Plan supondrá además un "coste cero" y que los ciudadanos tengan "incluso más dinero en su bolsillo, porque el Gobierno va a necesitar menos dinero para llevar a cabo las prestaciones que ellos necesitan".
   Desde el PSOE, su portavoz José Luis Martínez Guijarro ha manifestado que "nadie pone en duda" que se elabore un plan de equilibrio financiero, para el que los socialistas se han ofrecido a colaborar, pero no éste, que se presenta "como el único posible" cuando existen otras alternativas.
   Martínez Guijarro ha criticado que el Gobierno del PP ha partido para su elaboración "de una premisa que no es cierta", que es la necesidad de reducir 1.800 millones de euros para cumplir con el objetivo de déficit, y ha lamentado que con algunas de sus medidas --como la suspensión de la ejecución de obra nueva-- vayan a suponer que "muchas empresas y autónomos se vean abocados al desempleo".
   A continuación, la parlamentaria del PP Carmen Casero, que ha destacado que el PSOE "elude" nombrar al Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, ha argumentado la necesidad de su puesta en marcha en el hecho de "evitar" la "senda de la bancarrota" y la "miseria más absoluta que nunca conoció" esta Comunidad Autónoma.
   El Plan servirá "para acabar con esa plaga", ha advertido Casero, que ha lamentado la "amnesia política" que muestran ahora los socialistas -"de la que hay que ayudarles a salir"-- respecto de su gestión y ha criticado la "operación de limpieza" realizada por el anterior Ejecutivo para "ocultar y esconder".
   Igualmente, ha instado a la oposición a dejar de hablar de las cuentas "como si esto fuera una lonja de déficit", y les ha recordado que los ciudadanos, tras las elecciones, dijeron con sus votos "que tienen más que una inhabilitación moral y política, también para estar en la oposición".
   El portavoz del PSOE, en su réplica, ha citado el Plan de Cospedal por su nombre, ha respondido a Casero que no les van "a amedrentar" y ha recalcado que este documento no garantizará los servicios públicos sino "más bien lo contrario", y ha insistido en la necesidad de elaborar un nuevo Plan en coalición con la sociedad.
   La parlamentaria del PP ha cuestionado que un Gobierno que tenía miles de millones de euros "sin dotación presupuestaria" gobernase en coalición, y ha señalado que más que una coalición lo que debía tener el Ejecutivo de José María Barreda era "una pandilla con la sociedad" porque si no no se explica, a su juicio, que "dejase a deber a las asociaciones 167.000 facturas sin pagar".
   El portavoz de la Junta ha concluido el debate de este punto apelando a "la conciencia nueva y el nuevo socialismo" que es el que "tiene que dar carpetazo a una etapa mala", y ha ofrecido la colaboración del Gobierno, su diálogo y consenso, aunque los socialistas, ha augurado, "no quieren salvar a la región en la que están, quieren salvarse a sí mismos".

La deuda de las CC.AA. crece un 23,5% hasta junio, y alcanza el 17,2% del PIB en La Mancha

MADRID.-   La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 23,5% en el segundo trimestre de 2011, hasta registrar 133.172 millones de euros (el 12,4% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.

   Los datos muestran que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.
   La deuda total de las Administraciones Públicas aumentó un 16,5% en el segundo trimestre al situarse en 702.806 millones de euros, lo que supone el 65,2% del PIB.
   La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda entre abril y junio fue nuevamente Cataluña, con 38.530 millones de euros, cantidad que representa el 28,9% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.
   Después de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (20.547 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 14.798 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,47% del total del endeudamiento regional.
   A continuación, figuran Andalucía (13.545 millones de euros), Galicia (6.923 millones), Castilla-La Mancha (6.267 millones), País Vasco (5.382 millones), Castilla y León (5.071 millones de euros), Baleares (4.561 millones), Canarias (3.422 millones), Aragón (3.332 millones) y Murcia (2.719 millones).
   Completan la lista Extremadura (2.017 millones), Navarra (1.994 millones), Asturias (1.956 millones), Cantabria (1.196 millones) y La Rioja (910 millones).
   En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año. Los incrementos más destacados se localizaron en Cantabria (+75,3%), Extremadura (50,4%), Asturias (49,4%) y Murcia (48,8%). 
   Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana volvió a situarse en el segundo trimestre a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 19,9% de su PIB, seguida de Cataluña (19,2%), Castilla-La Mancha (17,2%) y Baleares (16,9%), todas ellas por encima de la media (12,4%).
   Los porcentajes son menores en Galicia (12,3%), La Rioja (11,4%), Extremadura (10,9%), Navarra (10,6%), Aragón (10,1%), Murcia (9,8%), Andalucía (9,3%), Cantabria (8,7%), Castilla y León (8,7%), Asturias (8,3%), Canarias (8,2%), País Vasco (7,9%) y Madrid (7,7%).
   Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 37.640 millones de euros en el segundo trimestre, el equivalente al 3,5% del PIB, lo que representa un aumento de solo un 3,06%.
   Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.503 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 0,48%, y de esta cifra, 14.737 millones pertenecen a capitales de provincia.
   La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.772 millones de euros, lo que supone un descenso del 0,18%.
   Destaca, sobre todo, el incremento del 37,4% de la deuda del consistorio de Barcelona, que sumó 1.091 millones de euros. La deuda del Ayuntamiento de Madrid (6.819 millones) es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, aunque descendió un 4,5% durante el segundo trimestre. Además, es casi siete veces superior a la deuda del Ayuntamiento de Barcelona.