Baleares paga el aeropuerto de Ciudad Real al empresario Rafael Gómez Arribas

MADRID.- La Comunidad Autónoma de Baleares pagará el aeropuerto de Ciudad Real. Rafael Gómez Arribas, el empresario al frente de la sociedad Cria, que se adjudicó hace más de dos años el aeródromo manchego, ha obtenido el apoyo del juez para ejecutar la adjudicación a través de una solución inédita en el complejo sistema concursal español, según revela hoy https://www.vozpopuli.com.

El magistrado, Carmelo Ordóñez, del mercantil de Ciudad Real, ha aceptado la dación en pago consistente en la entrega al juzgado por parte de Gómez Arribas, que figura en el listado de los mayores morosos de Hacienda -su empresa Reformas de Pisos debe 13,5 millones- de la cesión del derecho de cobro que tiene frente a la Comunidad Autónoma de Baleares.

Gómez Arribas mantenía desde hace más de diez años un conflicto con Baleares por la paralización de un desarrollo urbanístico que puso en marcha en Ibiza. A través de sus sociedades Punta de Ibiza y Mecron, Gómez Arribas era propietario de una parcela en la isla, sobre la que planteó y solicitó licencia para levantar un complejo residencial que contemplaba la edificación de 244 apartamentos.

Cuando ya se estaban construyendo las viviendas, en julio de 2006, la licencia obtenida fue suspendida. En 2009 las empresas de Gómez Arribas reclamaron una indemnización de 85 millones de euros por los perjuicios ocasionados por los efectos de la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en Islas Baleares.

A finales del pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó sentencia en la que condenaba al Gobierno de la Comunidad Autónoma a pagar cerca de 80 millones de euros a las sociedades de Gómez Arribas.

La sentencia llegó justo cuando Gómez Arribas apuraba el plazo para entregar el dinero por la compra del aeropuerto de Ciudad Real, que se adjudicó en una subasta organizada en abril de 2016 por el juez Carmelo Ordóñez, quien se hizo cargo del concurso de acreedores de la empresa que levantó el aeródromo manchego, CR Aeropuertos, a finales de 2015.

El empresario no había podido hasta entonces reunir la cantidad debida por la adjudicación del aeropuerto, 56 millones de euros. El pasado 19 de abril expiraba el plazo otorgado por el juez a Gómez Arribas para que efectuara el pago, pero este anunció que no podía hacerlo después de que un fondo británico con el que se había aliado no acudiera al acto de compra. El juez volvió a ampliar el periodo dado para completar la operación, hasta esta semana.

A pesar de contar con la sentencia a favor de Baleares de noviembre del pasado año, la misma debía ser confirmada para que adquiriera firmeza y Gómez Arribas pudiera cobrarla. Hace dos semanas, el pasado 5 de julio, se inadmitió recurso de casación contra la decisión de la justicia balear de condenar a la comunidad autónoma al pago a las empresas de Gómez Arribas, con lo que la sentencia ya es firme, contra la que no cabe recurso alguno.

Gómez Arribas propuso entonces al juez Ordóñez cumplir su compromiso de pago del aeropuerto cediendo el derecho que tiene ahora para cobrar esa deuda de Baleares, a lo que el magistrado ha accedido en un auto comunicado ayer martes, poniendo fin al proceso de venta.

El juez justifica su decisión de admitir dicha dación en pago asegurando que se trata de la mejor opción tras una labor "extenuante" al frente del concurso del aeropuerto. 

El magistrado señala en el auto del martes que Cria, la empresa de Rafael Gómez Arribas, es la única que hasta el momento ha ocupado la posición de compradora, quien ha desembolsado el 5% del precio, "y quien ha realizado mejoras, inversiones y que ha llevado a cabo una ingente labor para la obtención de la rehabilitación de las licencias aeroportuarias y la recuperación del espacio aéreo".

"Concluir el proceso de venta en estos términos es sin duda altamente beneficioso, desde luego para losintereses supremos del concurso", sostiene el juez. La aceptación de la propuesta de Cria es una buena solución "para los intereses generales de nuestra región, pues en poco tiempo el aeropuerto podría ya empezar a generar riqueza y puestos de trabajo, que tanto necesitamos".

El magistrado añade que todo ello se conseguirá "a pesar de que algunos hayan puesto todo su empeño y esfuerzo para que el proceso de venta del aeropuerto de Ciudad Real fracasara poniendo palos en las ruedas, contaminado con su impronta inconfundible este proceso". 

El juez Ordóñez se despacha contra los que considera han intentado que fracasara el proceso para "desde la más absolutas de las inmundicias generadas malograr y malvender la unidad por precio irrisorio y dejarlo en manos de los querubines de la especulación".

El juez afirma en el auto en el que da por finalizada la venta del aeropuerto a Gómez Arribas que renunciar a la opción escogida haría probable "que podamos volver al averno", un escenario "que tiraría por tierra todo lo conseguido, por lo que ante meros futuribles de cartón, consideramos que lo más beneficioso para los intereses supremos del concurso no es sino aceptar la dación en pago y tener por compradora definitiva a Cria (...)".

La Generalitat valenciana defiende que Castilla-La Mancha no puede modificar el trasvase Tajo-Segura

ALICANTE.- Con ánimo de no entrar en confrontación y anteponiendo el cumplimiento de la ley. Así se mostró el secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, tras la última polvareda levantada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que defiende que no se destine «ni una sola gota para el regadío en el Levante» en relación al trasvase Tajo-Segura, según publica hoy el diario Información. 

Para Rodríguez Mulero no son las comunidades autónomas las que disponen de «las condiciones para modificar una ley aprobada en las Cortes», en referencia a la norma que regula los trasvases. 

En este sentido, recordó, «son el Gobierno y las Cortes quienes deciden qué hacer con el trasvase Tajo-Segura» y ninguno de ellos «ha manifestado nada que nos deba generar inquietud», al tiempo que tachó las afirmaciones del día anterior hechas por el Gobierno de la comunidad vecina de «anécdota y declaración sin fundamento». 

El secretario autonómico se pronunció así ante la prensa en el transcurso de una reunión mantenida en Alicante con representantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Con un nuevo trasvase pendiente para el mes de agosto, el secretario autonómico de Agricultura llama a la tranquilidad de los empresarios y cree que la llegada de agua hasta la cuenca del Segura está garantizada a corto plazo.

«La disponibilidad de agua en los embalses de Entrepeñas y Buendía está en el nivel 2, que permitió hace unos días un trasvase de 38 hectómetros. Mientras sigamos en el nivel 2 la propia normativa permite el trasvase».

A partir de ahí, afirma Rodríguez Mulero, «si pasamos al nivel 3 hay otro sistema para poder trasvasar. No hay motivo para pensar que en este nivel no se puede trasvasar». Llegado el caso de alcanzar el nivel 4, entonces, «se tiene que cumplir lo que dice la ley».

El secretario autonómico recuerda el «déficit estructural de agua» que sufre el sur de la provincia de Alicante y añade que «el Gobierno valenciano tiene claro que se debe de cubrir» y para ello «tenemos una normativa que permite, en determinadas circunstancias y situaciones hidrológicas, trasvasar».

En este sentido, y coincidiendo con las palabras del presidente Ximo Puig, Rodríguez Mulero cree que el trasvase es «irrenunciable mientras no haya alternativas».

Por su parte, Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, lanzó también un mensaje de tranquilidad acerca de la continuidad del trasvase.

«No hay razones para pensar que no haya un trasvase en agosto. Estamos en nivel 2, con agua suficiente para garantizar todos los usos de los embalses, tanto los propios de la cuenca como los propios de abastecimiento».

El representante de los regantes recuerda el papel que juega el trasvase a la hora de «atemperar» el precio del agua y muestra su rechazo a depender del agua desalada como alternativa a la del trasvase.

«Por un lado no se han generado infraestructuras para que ese agua se pueda distribuir a lo largo del regadío y por otro se verían incrementados los recibos en hogares, comercios y regadíos».

Desde Asaja consideran «inaceptable» la postura de Castilla La Mancha. La organización recuerda que esta infraestructura es «imprescindible» para el mantenimiento de la producción hortofrutícola de las tres provincias y que no puede sustituirse por agua desalada, «ocho veces más cara».

El presidente de Asaja, Eladio Aniorte, no comprende que «con una ley vigente que prima los intereses de la cuenca cedente y que ha impedido que se hayan podido realizar transferencias durante 11 meses, ahora tengan agua y pretendan matarnos de sed».

Mientras, el portavoz del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, ha defendido la continuidad del trasvase Tajo-Segura al considerar que «el agua de España es de las españolas y de los españoles, no es de las comunidades autónomas».

 «Tiene que regir un principio: Que el agua está para quien más la necesita, y nosotros la necesitamos más que nadie», afirmó ayer Mata.

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha rechazado los planes del gobierno de Castilla-La Mancha y ha considerado que el trasvase Tajo-Segura es «insustituible» para la Comunidad Valenciana y el campo ilicitano.

González se ha mostrado preocupado por la posición adoptada por Castilla-La Mancha en torno al trasvase, al considerar que se trata de «una posición de máximos que genera incertidumbre y que nos devuelve a un escenario marcado por la conflictividad entre territorios».

Por último, el secretario general de Podemos, Antonio Estañ, ha abogado por abrir el debate sobre el agua en unos términos en los que se contemple el escenario del cambio climático.

El TSJCV tumba el decreto de la Generalitat Valenciana que marginaba el uso del castellano

VALENCIA.- La Justicia ha tumbado los aspectos esenciales del decreto del Gobierno valenciano que marginaba el uso del castellano en la Administración. Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad parcial del Decreto 6/2017 de la Generalitat Valenciana que regula el uso del castellano y del valenciano en la Administración pública autonómica, según recoge hoy Abc.

La Generalitat ya ha anunciado que estudia la presentación de un recurso ante una resolución judicial que no es firme.
La sentencia declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos.
Asimismo, también considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
De acuerdo con fuentes del TSJCV, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal valenciano estima parcialmente el recurso interpuesto por dos diputados del Grupo Popular y anula 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales. Sobre algunos de estos artículos ya había emitido informe desfavorable el Consejo Jurídico Consultivo.
Los magistrados de la Sección Cuarta validan el resto de la norma cuya nulidad íntegra reclamaban los recurrentes, que mantenían que la discriminación positiva a favor del valenciano no garantizaba el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración en la lengua oficial de su elección.
El Tribunal considera contrario a Derecho el artículo que impone al personal de la Administración de la Generalitat que atiende a la ciudadanía la obligación de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares.
Siendo las dos lenguas oficiales medio normal de comunicación, “imponer de manera general y en toda circunstancia y sin justificación conocida”, el uso de una contraviene el Estatuto de Autonomía, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y la doctrina del Tribunal Constitucional, que considera inconstitucional que el uso preferente de una lengua sea impuesto por la norma en detrimento de la otra lengua oficial.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del TSJ consideran que los documentos o expedientes emitidos por la Generalitat en valenciano sólo tienen validez dentro de la Comunidad Autónoma. 

Esto implica que para que tengan eficacia en otras regiones han de ser traducidos al castellano también cuando van dirigidos a aquellas autonomías que la Generalitat denomina del “mismo ámbito lingüístico” que la valenciana, es decir Cataluña y Baleares, porque el valenciano no es lengua cooficial en las mismas.
Tras analizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, la Sala concluye que el Decreto impugnado contraviene el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano que pretende desarrollar, motivo por el cual declara nulos aquellos artículos del decreto que pretenden validar el uso del valenciano en los trámites con otras comunidades a las que se alude como “pertenecientes al mismo ámbito lingüistico”.
“Con independencia de la naturaleza, concepto o consideración que se pueda mantener sobre el valenciano y/o catalán, aun en la tesis de que una y otra lengua cooficial en las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares y Valencia forman parte del mismo sistema lingüístico, que conforman una comunidad lingüística y ámbito lingüístico, que desde el punto de vista de la filología, valenciano y catalán sean la misma lengua, o incluso aunque se admitiera sin matices que científicamente son lo mismo valenciano y catalán y no lenguas similares– esta Sala no se define en ese punto- se juzga que el Decreto impugnado contraviene el sistema de fuentes determinado en la Constitución, aparte de no respetar el principio de jerarquía dentro del subsistema normativo autonómico valenciano”.

Puntos de la norma que avala la Justicia

El TSJCV avala la norma del Consell en lo que afecta al resto de aspectos relacionados con las notificaciones por cuanto, en contra de lo sostenido por el PP, sí garantiza el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua cooficial de las comunicaciones con la Administración, tanto en los procedimientos iniciados de oficio como en los iniciados a solicitud del interesado.
De modo que, según subraya el Tribunal, tal solicitud de la persona interesada para que se redacten los escritos en castellano se entiende implícita en el caso de que el procedimiento se haya incoado a petición del particular con una solicitud cumplimentada en castellano;y en los procedimientos incoados de oficio, a partir de la presentación de algún escrito en esa misma lengua cooficial.
Lo mismo ocurre con los certificados. No es ilegal expedirlos por defecto en valenciano, salvo que el solicitante pida que se hagan en castellano.

Rotulación ilegal

La sentencia también considera ilegal la regulación que hace el decreto de la Generalitat sobre el idioma a utilizar en los rótulos informativos de oficinas e instalaciones de la Administración de la Generalitat. El uso exclusivo del valenciano para las zonas valencianoparlantes y la posibilidad de emplear ambas lenguas para los territorios de predominio lingüístico castellano “no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales”, señalan los magistrados que apelan a las sentencias del Constitucional para recordar que “no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano”. “El precepto es ilegal por dos razones: no preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales, con la consecuencia de que no se dispensa el mismo trato a los ciudadanos castellanohablantes que a los valencianohablantes; no se olvide que no existe el deber de conocer el valenciano y sí el castellano, como se recuerda en las sentencias constitucionales citadas”, razonan los magistrados.
El Tribunal, en una sentencia notificada este miércoles a las partes, tampoco considera ajustado a Derecho el artículo que establece que las actuaciones administrativas internas, las que se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, se redacten exclusivamente en valenciano como prevé la norma aprobada por el Consell, por cuanto no todos tienen la obligación de conocer el valenciano.
Sobre este punto, la sentencia señala que “las actuaciones internas se entablan fundamentalmente entre empleados públicos, sin que una gran parte de ellos tenga legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua”.
Al respecto, el Tribunal explica que la norma anulada parcialmente ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía, en la que existen territorios predominantemente castellanoparlantes, con dependencias y servicios de carácter administrativo de la Generalitat. El artículo declarado nulo impone que “las actuaciones internas, también en esos casos, porque nada se salva en el precepto, se redactarán en valenciano”.
Según la sentencia, “la protección y recuperación del valenciano, como medida de fomento para su uso en todas las actividades administrativas son objetivos del todo consecuentes con el carácter de lengua propia de la Comunidad Valenciana” según el artículo 6 del Estatuto de Autonomía. 

“Faltaría más”, apostillan los magistrados, que, matizan que esto “ha de acometerse en el marco estatutario y legal conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que niegan la viabilidad jurídica de que lleve consigo proscribir el castellano, porque ha de permitirse utilizar también esa lengua oficial y normal en todas las administraciones públicas”.
Los magistrados también anulan parcialmente el artículo que establece que las publicaciones periódicas de la Generalitat y la publicidad institucional se redactarán en valenciano. 

Tras recordar “la inexistencia de un deber de conocer el valenciano”, la Sala concluye que “la previsión de que sólo obligatoriamente hayan de redactarse en valenciano los folletos, carteles y avisos de cáracter informativo o divulgativo en cualquier soporte y, en general, todas las publicaciones, conculca el régimen de cooficialidad que deriva de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano”.
Según explica en un comunicado el TSJCV, igualmente discriminatorio es el artículo que impone el empleo del valenciano a los licitadores que opten a los concursos públicos. “Esto supone desconocer que la opción lingüística no solo viene reconocida a la ciudadanía”, sino que “también alcanza a los contratistas o aspirantes a serlo, domiciliados dentro o fuera del territorio autonómico”. 

Establecer el valenciano entre los requisitos de los pliegos de condiciones de los concursos públicos carece de “cobertura legal” porque la regulación de la materia relativa a contratos del sector público es una competencia estatal; no autonómica.
El Tribunal también declara nulo el artículo que establece el valenciano como la lengua que se ha de utilizar en la señalización de carreteras, caminos, estaciones de autobuses y dependencias de interés público que depende de las entidades locales. El precepto, según la sentencia, es contrario a Derecho porque, con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas, establece que la señalización en el territorio han de serlo en valenciano mientras que en los territorios de predominio castellano no se establece la regla de que deba hacerse, al menos en castellano. 

Esto “supone un trato inmotivadamente desigual y en perjuicio de los territorios de predominio lingüístico castellano sobre los de predominio valenciano”.
La Sala rechaza el recurso del PP en aquellos extremos en los que pretendía la nulidad de otros artículos como el que regula la lengua que se utiliza en las relaciones con las instituciones estatutarias y con las entidades locales valencianas. 

El hecho de que las primeras, las comunicaciones con instituciones estatutarias, se haga en valenciano “no merece reproche de juridicidad”; la misma consideración es aplicable a las comunicaciones con el resto de administraciones con sede en la Comunidad y con otras Administraciones públicas.
Con respecto a las segundas, el hecho de que las comunicaciones con entidades locales de territorios de predominio lingüístico castellano se redacten también en valenciano, “es una medida de fomento” de esta última lengua “perfectamente ajustada” a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

La Generalitat estudia recurrir y el PP celebra el fallo

La Generalitat estudia la posibilidad de recurrir la anulación por el Tribunal Superior de Justicia de once artículos del decreto que regula el uso del valenciano en la Administración autonómica por considerar que la norma ignora la realidad plurilingüe de la Comunitat reconocida en el Estatuto de Autonomía.Un comunicado de la Conselleria de Educación, que recuerda que la sentencia no es firme, destaca que no comparte los preceptos por los que se han anulado los once artículos. A continuación precisa que el artículo 4 del decreto, que no se ha anulado, dice que el valenciano es la lengua propia de la Administración de la Generalitat y, como tal, será la lengua destacada de uso normal y general, sin que se pueda entender de esta declaración ninguna limitación respecto a la otra lengua oficial. Las referencias que se hacen al uso del valenciano en este decreto se entienden hechas en el sentido mencionado".
Por este motivo, según la Conselleria, "todos los artículos del decreto contemplan la premisa señalada en el artículo 4 y, por tanto, en ningún caso se excluye una lengua oficial respecto a la otra. Todas las referencias que se detallan en el decreto se hacen sin limitar el uso del castellano en la administración de la Generalitat".
Por su parte, la Portavoz de Justicia del Grupo Popular en Les Corts, Maria José Ferrer San-Segundo, ha señalado que “el TSJCV ha desmontado una nueva ilegalidad del Botànic, gracias al recurso presentado por el PPCV sobre el uso de lenguas cooficiales en la administración”.
Para la portavoz popular, “la sentencia del TSJ demuestra que el Consell actúa ilegalidad tras ilegalidad y que los ciudadanos valencianos merecen libertad, no imposiciones. Los tribunales han vuelto a poner de manifiesto que Puig y Oltra actúan desde el sectarismo, con prohibiciones y, además, dictando normas contrarias a Derecho”.

Las antiguas cajas de ahorro han dinamitado la mitad de sus oficinas durante la crisis

MADRID.- Las cajas de aho­rros han sido las tristes pro­ta­go­nistas de la crisis y la re­es­truc­tu­ra­ción de la banca en España. Prueba de ello es que su nú­mero de ofi­cinas se ha se ha re­du­cido en un 51% desde los má­ximos que sus redes al­can­zaron en 2008, un re­corte su­pe­rior al de los bancos ya que mu­chas cajas exis­tentes en­tonces han des­apa­re­cido en dis­tintas in­te­gra­cio­nes. No obs­tante, su com­pro­miso te­rri­to­rial se de­muestra con un 32% de las su­cur­sales en po­bla­ciones con menos de 10.000 ha­bi­tan­tes, con CaixaBank a la ca­beza, según publica hoy www.capitalmadrid.com de la mano de José Luis Marco. 

Un total de 12.789 sucursales de las antiguas cajas de ahorros han desaparecido en la última década, lo supone un 51% menos de las existentes en 2008 como consecuencia de la profunda crisis y la reestructuración de todo el sector bancario. Justo en ese año, el sector de las cajas de ahorro alcanzó la mayor dimensión de su red con más de 25.000 sucursales abiertas.

Así se desprende del anuario estadístico de 2017 difundido por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La reducción de las redes de estas entidades ha sido constante y ya en 2012, cuando se agudizó la crisis y se tuvo que pedir el rescate bancario a Bruselas, el número de oficinas de las antiguas cajas de ahorros se situó por debajo de las 20.000 sucursales.

Algunas de las entidades adheridas a la patronal de las cajas, como Bankia, tuvieron que acometer un drástico recorte de su red como imposición por las ayudas públicas recibidas para su recapitalización.

En paralelo, la reducción de cajeros ha sido algo similar en términos absolutos (12.997 menos desde 2008), aunque porcentualmente es algo inferior (-36,52%). El parque de cajeros automáticos de las antiguas cajas de ahorros llegó a rozar los 36.000 terminales en 2008 y las entidades aún mantenían 22.850 al cierre del pasado ejercicio.

Exclusión financiera

La profunda reestructuración de la banca española, con mayor incidencia en el caso de las cajas de ahorros, ha dejado algunas poblaciones en riesgo de exclusión financiera al haberse quedado sin una oficina bancaria en su territorio. Sin embargo, las antiguas cajas de ahorros han mantenido en buena medida su compromiso territorial.

El número de sucursales presentes en poblaciones con menos de 10.000 habitantes asciende hasta las 3.894 al cierre de 2017, lo que supone un 31,79% del total de sus redes. Ese número es superior al existente en municipios con mayor población y, en teoría, con un mayor potencial de negocio.

Un claro ejemplo de ese compromiso es el de CaixaBank, como suelen defender sus principales directivos en numerosas ocasiones. El grupo presidido por Jordi Gual, que cuenta con una red de casi 5.000 oficinas, está presente en 1.347 municipios con menos de 10.000 habitantes. Ibercaja se sitúa en el segundo puesto, con presencia en 583 de este tipo de poblaciones, lo que representa más del 50% sobre el total de su red con 1.147 sucursales.

Coste laboral

La menor dimensión de las antiguas cajas de ahorro también se ha visto acompañada de una importante reducción de empleo en el sector. Las entidades pertenecientes a CECA alcanzaron el máximo de 134.867 empleados en 2008, una cifra que se ha reducido en más de 62.500 puestos de trabajo en la última década.

Esos datos suponen un ajuste de plantilla del 46,35%, un porcentaje muy superior al 32% que se estima como media en el conjunto del sector bancario. Pese a todo, los supervisores insisten en una nueva vuelta de tuerca en el proceso de reducción del exceso de capacidad instalada. Los responsables del sector asumen que, tal vez, sea necesario un nuevo ajuste aunque de una dimensión muy inferior al ya realizado.

https://www.capitalmadrid.com/2018/7/18/50216/las-antiguas-cajas-han-dinamitado-la-mitad-de-sus-oficinas-durante-la-crisis.html

Hacienda quiere reimplantar un voraz Impuesto de Sucesiones en toda España

MADRID.- El Gobierno pretende armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España. Este tributo lo gestionan al 100% las comunidades autónomas, que deciden si exprimen a sus ciudadanos con elevados gravámenes, como Asturias, o si por el contrario, la presión fiscal tras la muerte de un familiar es casi inexistente, como Madrid o Canarias, como recuerda hoy Libre Mercado.

A la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no le gustan los impuestos bajos de estas regiones. De hecho, cuando era consejera de Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz llegó a calificar a la Comunidad de Madrid como un "paraíso fiscal". Y tras su llegada al Ministerio, Montero quiere coartar la libertad fiscal de Madrid o Canarias cuanto antes.

Según ha publicado El Economista, Montero hará saber este jueves en el Consejo de Política Fiscal su intención de establecer un tipo fijo de Sucesiones para todo el país. 

 Lo hará "después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias ocasiones en privado que desea dar este paso, respaldado con mayor o menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz", asegura la publicación.

La ministra buscará consenso entre las regiones para llevar a cabo sus planes, aunque es improbable que lo consiga. Regiones como Extremadura o Andalucía han rebajado este año el Impuesto de Sucesiones y es probable que se pongan del lado de Madrid y Canarias en el debate.

La crisis de los interinos dinamita los primeros presupuestos de Sánchez

MADRID.- Los primeros presupuestos con los que trabajará Pedro Sánchez están amenazados por la nueva crisis de los interinos, que podría afectar a más de 300.000 trabajadores en toda España. Las oposiciones masivas que se harán públicas la próxima semana dejarán en la calle a un enorme número de trabajadores interinos que no podrán aprobarlas, según concluye www.economiadigital.es

Muchos de los interinos cuentan con más de tres años en sus puestos de trabajo, lo que excede el máximo fijado por ley. Ahora, un tribunal de Madrid ha dado la razón a un trabajador interino que reclamaba a la Comunidad de Madrid una indemnización por despido.

El juzgado de lo social de Madrid número 33 elevó el caso al Tribunal de Justicia Europeo, que ha determinado que no todos los interinos tienen derecho a ser equiparados a un puesto fijo, pero dejó en manos de los jueces españoles determinar si los interinos deben ser indemnizados si se quedan sin trabajo porque otro aspirante ganó una plaza por una oferta de empleo público.

Y el tribunal madrileño ha dado la razón al trabajador en cuanto a su indemnización. Considera que, después de haber desempeñado un puesto de trabajo durante más de tres años (el máximo legal para este tipo de plazas) tiene derecho a una indemnización, que, en este caso, ha sido fijada en algo más de 10.000 euros.

Indemnizaciones sin presupuestos

La sentencia sienta un precedente de máxima importancia (o gravedad) para el Gobierno de Pedro Sánchez. Los tribunales comienzan a cuestionar el acuerdo al que llegó el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con los sindicatos, que pactaron que los trabajadores interinos que pierdan sus puestos porque no pueden aprobar las oposiciones, no tienen derecho a ningún tipo de indemnización. 

Por tanto, el ejecutivo anterior no tiene previsto en los presupuestos la indemnización para unos 350.000 trabajadores afectados que podrían quedar en el paro en breve.

El nuevo ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, ha explicado a Economía Digital que su intención es pagar a todos los trabajadores que ganen en los tribunales la indemnización que Montoro y los sindicatos no le habían reconocido. El ministerio asegura que el Estado cumplirá con todas las obligaciones exigidas por sentencias adversas, aunque en este caso pueden resultar mil millonarias.

“Nos parece una irresponsabilidad que el gobierno anterior no haya incluido partidas presupuestarias para estos casos, pero también nos parece que han tenido muy poca sensibilidad con trabajadores con más de 50 años que si no logran aprobar las oposiciones, quedarán en el paro con muy pocas posibilidades de reinserción”, explica Miguel Ángel Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas, agrupación que criticó el pacto entre Montoro y los sindicatos.

El gobierno de Mariano Rajoy evitó la convocatoria de ofertas públicas de empleo durante los años de crisis por las restricciones presupuestarias. Este año, se esperan las mayores oposiciones de los últimos años tanto en los ayuntamientos y comunidades autónomas como en el gobierno central.

La monarquía y los gobiernos anteriores, amenazados por el “arsenal Villarejo”

MADRID.- La filtración de las grabaciones del comisario Villarejo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, en las que la alemana acusaba al rey Juan Carlos del cobro de comisiones y de usarla como testaferro, han aumentado la inquietud en torno al Gobierno y a la Monarquía. El Ejecutivo de Pedro Sánchez asume que no podrá evitar nuevas “bombas” relacionadas con el “arsenal Villarejo”, revela hoy www.elconfidencialdigital.com.

Así lo reconoce altos cargos gubernamentales, que se preparan para el peor escenario posible. “Lo de Corinna solo es el principio. En los próximos meses se conocerán más cosas, tanto por parte de Villarejo, como por parte de la Audiencia Nacional, que ha acumulado un material explosivo”, dicen esas fuentes.

Una filtración en el momento clave

Las fuentes consultadas no tienen ningún género de duda que el ex comisario, ahora en prisión, se oculta detrás de la difusión de las grabaciones que él mismo hizo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein hace tres años. Villarejo “ha elegido un momento clave para sacarlas a la luz en una coyuntura más que delicada”, afirman.

Desde el Gobierno recuerdan que el juez de refuerzo del número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, al frente de la instrucción de la llamada “operación Tándem”, que mantiene en prisión a Villarejo, tiene que ser renovado en el cargo este mes para poder seguir en dicho juzgado. Una circunstancia que conocía Villarejo.

El ex comisario “ha lanzado su nueva amenaza” con el objetivo de que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial no renueve al magistrado. O que, en caso de que De Egea sea ratificado, este decida sacarle de prisión a la espera del fin de la instrucción. Una maniobra que, sin embargo, “no va a tener efecto” pero que “es el inicio de algo aún más preocupante”.

“Nadie puede comerse 40 ‘terabytes’”

Los cargos gubernamentales con los que ha hablado ECD dan por hecho que el CGPJ mantendrá a Diego de Egea en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y, por tanto, al frente de la “operación Tándem”. Y añaden que el juez está decidido a “ir hasta el final”, lo que “puede desencadenar toda una guerra”.

En Moncloa saben que, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, Asuntos Internos, está analizando, desde hace meses, los 40 ‘terabytes’ de grabaciones, informes y documentación que Villarejo ha ido guardando durante años y que fueron incautados en la operación policial que el propio De Egea autorizó el año pasado. Se trata de una información muy delicada y que “tarde o temprano verá la luz”.

En ese sentido, en el Gobierno dan por hecho que el informe que Asuntos Internos entregará al juez sobre ese material “va a ser demoledor”. Y De Egea utilizará todas esas grabaciones para acusar a Villarejo. Una decisión totalmente comprensible, ya que “nadie puede comerse 40 ‘terabytes 'y no usarlos contra el acusado”, pero que puede representa “un problema muy gordo”.

Amenaza contra la Monarquía y el Estado

Las fuentes consultadas recuerdan que Villarejo “ha dedicado toda su vida a realizar grabaciones como las de Corinna”.

Por tanto, “todas las instituciones”, empezando por la Monarquía pero también por los gobiernos anteriores, “están amenazados”. No solo por las nuevas filtraciones que pueda hacer el propio ex comisario, sino porque, “más pronto que tarde”, la Audiencia Nacional hará pública gran parte de esa documentación para proceder contra Villarejo.

Los especialistas de Asuntos Internos de la Policía Nacional tienen hasta el 30 de septiembre para analizar las grabaciones (sonido e imágenes) a personalidades relevantes de la vida pública incautadas a Villarejo. Y será entonces cuando, con el informe policial en la mano, el juez De Egea decide si continúa con la investigación e, incluso, si se abren nuevas causas en otros juzgados competentes.

El material, por tanto, podría distribuirse a otras dependencias judiciales, lo que amplía, aún más, las posibilidades de su difusión. Un escenario que inquieto al Gobierno.

Tal como se adelantó en estas páginas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya sabe que los 40 ‘terabytes 'analizados relacionan a Villarejo con cientos de políticos, desde la Transición hasta prácticamente hoy, lo que puede provocar toda una grave tormenta institucional en España que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no desea.

En ese sentido, las fuentes consultadas reconocen que “incluso” hay información que sería positiva para sus intereses (los del Gobierno), como por ejemplo “la demostración de que había una policía política que se inventó la cuenta en Suiza de Trias y un informe contra Pablo Iglesias”. 

Pero “lo cierto es que nadie quiere que ahora se revuelva el pasado de los anteriores gobiernos o de la Monarquía”.

“La Audiencia Nacional decide”

Las fuentes gubernamentales consultadas por ECD aseguran que existe interlocución directa entre Moncloa y Casa Real para abordar éste y otros asuntos. No obstante, y pese a la gravedad de la amenaza, “hay conciencia de que no se debe intervenir”.

El Gobierno, tal y como contamos ayer, no tiene intención de abrir una investigación contra la monarquía y Juan Carlos I. Pero tampoco puede evitar que la Justicia actúe en un proceso judicial, contra el comisario Villarejo que ya está abierto.

Por tanto, señalan desde Moncloa, “es la Audiencia Nacional la que decide” hasta dónde quiere llegar en este asunto.

En el Ejecutivo dan por hecho que “usará los documentos” para poder acusar al veterano policía. “La clave va a estar en qué se difunde y qué no”.

Ramón Luis Valcárcel apoya a Sáenz de Santamaría en contra de la apuesta pública de López Miras por Casado

MURCIA.- El diputado del Parlamento europeo y expresidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha defendido este miércoles una lista unitaria liderada por la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Según ha asegurado el "mejor legado" de Mariano Rajoy es un "partido unido" y se trata de llegar al XIX Congreso del PP "con ilusión" y no con un partido "roto" y "dividido".

"Apuesto por la unidad y una lista unitaria de consenso, donde no vayamos al congreso con un partido roto", ha declarado Valcárcel, dos días antes de que arranque el cónclave del PP en el que 3.083 compromisarios elegirán al sucesor de Mariano Rajoy.

Aunque ha dicho que tanto Santamaría como Pablo Casado son "dos magníficos candidatos", ha lamentado que la reunión que mantuvieron ambos este miércoles en la sede del PP no diera los "frutos deseados" y no se cerrase un acuerdo para una lista de integración. 

Sin embargo, ha aplaudido que la exvicepresidenta diga que quiere seguir intentándolo hasta el último momento.

En este punto, el eurodiputado ha subrayado que el PP ha defendido siempre que gobierne el más votado, en especial tras los comicios de 2015 cuando perdió muchos ayuntamientos por los pactos de izquierda para echarle del poder.

A su entender, eso no quiere decir que no pueda tener representación la candidatura de Casado sino que hay que "buscar fórmulas" de integración. Según ha añadido, el exvicesecretario de Comunicación del PP tiene la opción de "seguir en primera línea de la política".

Tras insistir en que es "muy necesario" el entendimiento entre los dos candidatos, Valcárcel ha señalado que ése es el "mejor reconocimiento que se puede hacer a Mariano Rajoy". "Estoy convencido de que Rajoy es lo que desea", ha manifestado.

Valcálcel, que ha saludado que Santamaría defienda "la idea de un partido de centro reformista" que en el pasado llevó al PP "al triunfo", ha indicado que los pasos que ha empezado a dar el socialista Pedro Sánchez exigen que el PP esté listo para hacer una "oposición fuerte" y sea "capaz de recuperar cuanto antes las responsabilidades de Gobierno".

Al ser preguntado si cree que el pronunciamiento del presidente de Murcia, Fernando López Miras a favor de Casado puede influir en el voto de los compromisarios murcianos, Valcárcel ha admitido que aunque esas palabras puedan "incidir en una cierta orientación", él "conoce" el PP murciano y está formado por personas con "mucho criterio". 

Por eso, se ha mostrado convencido de que los compromisarios murcianos "no se dejarán influir" y habrá libertad de voto.

La 'Cueva Negra' de Caravaca centra la atención de científicos internacionales como lugar clave para el estudio de la evolución humana

CARAVACA DE LA CRUZ.- En la 29ª campaña de excavación realizada en este yacimiento de Cueva Negra, con cerca de un millón de años, se ha hallado una variada industria lítica, así como numerosos restos de mamíferos. En la Cueva Negra se localizó el hacha de mano europea más antigua y la primera presencia de fuego hecho por el hombre en Europa.

 

Entre las numerosas acciones de investigación y divulgación del yacimiento impulsadas por la asociación Mupantquat, se encuentra la reciente investigación publicada por la prestigiosa revista 'Historical Biology' y el documental rodado por Arqueomanía para La 2 de TVE

La Cueva Negra continua aportando a la comunidad científica internacional valiosa información sobre el comportamiento de los primeros homínidos, consolidándose como un lugar clave para el conocimiento de la evolución humana y para el estudio de la Paleontropología.

Así lo ha asegurado el profesor Michael Walker durante la presentación de las conclusiones de la 29ª campaña de excavación realizada en este yacimiento caravaqueño, ubicado en la pedanía de La Encarnación, en el estrecho del río Quípar.

Con cerca de un millón de años de antigüedad, la cueva fue en su origen frecuentada por seres humanos que dejaron huellas de su presencia en forma de restos del fuego y un hacha de mano, siendo ambos los más antiguos de Europa, además de otros útiles paleolíticos y abundantes restos de fauna. Hasta la excavación de la Cueva Negra no habían sido hallados en Europa ni restos del fuego ni tampoco un conjunto paleolítico con un hacha de mano 'achelense' en sedimentos del Pleistoceno Antiguo.

Entre los restos aparecidos este año, cabe destacar una variada industria lítica, similar a la aparecida en otras campañas, que muestra un tratamiento y procesado del material muy llamativo y avanzado para la época tan antigua en que fue frecuentado el abrigo. 

En cuanto a los restos de fauna, aparecen numerosos restos de micromamíferos que aportan información biocronológica, así como también restos de grandes mamíferos de los que se pueden extraer conclusiones sobre los modos de vida y subsistencia del ser humano de tan remota época.

"En la campaña del 2018 hemos recogido restos paleolíticos como implementos de sílex con retoque. También han sido recuperados restos de los animales que fueron la base de subsistencia de los cazadores y recolectores que habitaban la cueva, desde mamíferos grandes a animales menores", ha destacado Walker. 

La cueva ha proporcionado una interesante fauna, con notable presencia de restos de especies extintas de rinoceronte, elefántidos (probablemente mamut), bisonte, un cérvido gigante, gamo, corzo, caballo, caprinos, jabalí, macaco, conejo, liebre, ardilla, erizo, pika, ratas de agua, musaraña, tortuga, lagartija, rana, sapo, culebra, y 66 especies de aves. La identificación de 7 especies de aves acuáticas implica la cercanía de pantanos y la presencia de bosque ribereño.

Durante los casi treinta años de investigación en la cueva, los diversos trabajos de investigación efectuados por científicos de renombre internacional en la cueva y elaborados posteriormente en sus laboratorios, especialmente en Berkeley (EE.UU), han aportado resultados asombrosos en relación con la definición cronológica del depósito sedimentario en la cueva.

La gama de técnicas, junto con el dominio del fuego, amén del aprovechamiento de recursos minerales y biológicos presentes, ofrece una visión importante sobre la destreza manual, la aptitud técnica, y sobre todo, la versatilidad cognitiva de los frecuentadores del yacimiento hace casi un millón de años. 

Estos aspectos han atraído la atención del mundo científico en diversas publicaciones de referencia como la prestigiosa revista internacional 'Historical Biology', así como del divulgador Manuel Pimentel y su productora Arqueomanía, cuyo programa se emite por La 2 de TVE, que han rodado un documental de la cueva durante la presente campaña de excavación.

"Debido al enorme interés internacional suscitado por la antigüedad del fuego descubierto en 2011 y de la profundidad del sedimento del Pleistoceno Antiguo final acumulado encima, mantenemos una entusiasta colaboración con numerosos científicos internacionales y nacionales, algunos de los cuales han efectuado visitas personalmente, y otros estudian en sus laboratorios muestras enviadas", según ha señalado el profesor Michael Walker. 

Entre las colaboraciones recientes, destacan las realizadas por paleontólogos de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid o el Berkeley Geochronology Center de California.

Para la realización de las campañas de excavación que se llevan a cabo cada verano, la Asociación Murciana para el Estudio de la Paleoantropología y el Cuaternario (MUPANTQUAT) tiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Universidad de Murcia. 

La Cueva Negra es idónea para la preparación científica de alumnos y licenciados, tanto biólogos como arqueólogos y antropólogos.

Jubilación es júbilo y jubileo / Guillermo Herrera *

Algunas personas creen que jubilarse es casi una sentencia capital o una condena al olvido, la marginación, el ostracismo, la decadencia y la muerte. De hecho, hay quien se muere después de jubilarse porque se queda desorientado y no sabe vivir en libertad.

Jubilación proviene del latín ‘jubilare’, que significa gritar de alegría. Pero cabe preguntarse si el jubilado "grita de alegría" cuando deja de trabajar en todos los casos. Depende de cada persona.

No todos los jubilados sienten júbilo al abandonar definitivamente sus ocupaciones laborales, pero la palabra ‘trabajo’ viene de la voz latina ‘tripalium’ que designaba cierto instrumento de tortura. Liberarse del tormento es motivo más que suficiente para ponerse a cantar, pues eso significa el verbo ‘iubilare’: lanzar gritos de alegría o ‘iubili’.

Confiesa Clara Llompart que: “Cuando llegas a casa no cabes en sí de gozo, pero a la mañana siguiente, te levantas, no tienes donde ir, el día se te hace eterno, está vacío... ¿qué hago con tantas horas?... y es ahí dónde te das cuenta que estás jubilada y no ves el júbilo por ninguna parte.”

Lo siento por su vacío doña Clara, pero yo creo que la jubilación es todo lo contrario: la oportunidad de ser uno mismo y desarrollar al máximo su potencial humano con la ayuda de la sabiduría y la experiencia adquirida.

La mejor manera de no aburrirse es cultivar la curiosidad, el entusiasmo y la pasión por determinados temas. El que no se cultiva acaba convertido en un vegetal sobre un sofá, viendo la basura que ofrecen las cadenas de televisión. Eso sí que es aburrido.

Una persona se jubila cuando cesa en el servicio activo de su profesión o actividad, por haber llegado a la edad fijada y obtiene una pensión que le permite cubrir sus necesidades básicas, al menos en teoría.

Obviamente, es un gran júbilo cuando el trabajador se retira de un trabajo que lo oprime, pero es todo lo contrario cuando es un trabajo que lo enriquece. El problema es que hay pocos trabajos enriquecedores, como no sea el de los ricachones que hacen fortuna.

Pasamos la vida esclavizados por responsabilidades laborales y familiares con escasos momentos de libertad y con muchas limitaciones para expresar nuestra verdadera identidad sin que nos perjudique en el trabajo.

Cuando te jubilas, no te liberas del todo, porque siempre queda alguna obligación familiar, y además tenemos que cuidar el propio cuerpo físico, pero sí lo suficiente para empezar a vivir una vida más plena y empezar a respirar con mayor libertad.

Aunque a la mayoría de los jubilados no nos sobra el dinero, descubrimos que hay algo más valioso e importante que es el tener tiempo libre para lo que nos dé la gana de hacer, incluido el dormir buenas siestas, el leer un libro o el ver una película.

Sí, hay algo más importante que el dinero, una vez que se cubren las necesidades básicas, que es el tiempo libre y la calidad de vida, algo que no nos puede vender ningún fabricante.

Por eso la jubilación es sinónimo de júbilo, es decir de alegría, y de jubileo. El jubileo era una fiesta pública que celebraban los hebreos cada cincuenta años, en la cual se devolvían las heredades a sus antiguos dueños y los esclavos recobraban la libertad.

En la cultura judía el Jubileo tenía un carácter sabático, no se trabajaba la tierra y se restituían posesiones. La cultura cristina heredó el Jubileo y también es aquí un año santo (un año de indulgencias principalmente) que se celebra cada 25 años y fue institucionalizado en Roma desde el siglo XIV.

Pero la jubilación actual es un derecho ganado por nuestra cotización a la Seguridad Social y por las protestas obreras a finales de siglo XIX y principios de siglo XX en Inglaterra y Alemania. La clase trabajadora resultante de la revolución industrial llegaba muy maltrecha en salud, después de años de trabajo. Por lo cual los sindicatos y defensores de la clase obrera reclamaron en Europa un subsidio económico para hacer frente a las necesidades de la vida cotidiana.

En cualquier caso los trabajos actuales no dañan tanto la salud como los antiguos, nos dan la oportunidad de comenzar una nueva vida que será fea o bonita dependiendo de lo que seamos capaces de crear, porque no olvidemos que cada uno crea su propia realidad, su cielo o su infierno, o su limbo de aburrimiento.

(*) Periodista

La Universidad de Castilla-La Mancha convoca 44 plazas de profesores

ALBACETE.- La Universidad de Castilla-La Mancha ha abierto el plazo para la contratación de 44 profesores doctores para la realización de tareas docentes e investigadoras, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afectan al funcionamiento del servicio público de educación superior que tiene encomendado la entidad. 

La resolución, publicada hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, da un plazo de diez días hábiles para presentar las solicitudes, que podrán tramitar las personas que tengan el título de doctor y cuenten con la evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad o de la Agencia de Calidad Universitaria de Castilla-La Mancha.

Mediante esta convocatoria de plazas se buscan, entre otros, profesores para las facultades de Bellas Artes y de Periodismo de Cuenca; para las facultades de Arquitectura, de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo y de Farmacia y Derecho de Albacete.  Además, también se buscan docentes para las facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Letras en Ciudad Real, entra otras.

La Inspección de Trabajo hará visitas nocturnas, en fin de semana y festivos, para frenar el empleo irregular

MADRID.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020.

Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el borrador del Plan.

También continuarán los refuerzos temporales de la inspección tanto en Baleares como en Canarias para incrementar las actuaciones de inspección durante la temporada alta de turismo con el objetivo asegurar que la mano de obra empleada se ajuste a las condiciones establecidas por la norma vigente.

Respecto a los 'falsos autónomos', el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo que respecta al número de visitas de inspección. Además, desarrollará campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este fenómeno.

El Gobierno pretende poner en marcha en el mes de agosto, en el marco del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, un plan de lucha contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial.

El diseño y ejecución de estos dos planes tiene "muy en cuenta" planes similares que han tenido buenos resultados, como el realizado por el Gobierno de las Islas Baleares.

No obstante, estas no serán las dos únicas iniciativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará a cabo para erradicar el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, puesto que dentro de este Plan Director se incluyen medidas tanto inmediatas como a medio plazo.

El objetivo del Gobierno, según el borrador del Plan, es estar más presente en los centros de trabajo y utilizar las medidas sancionadoras y correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en las empresas.

Revisión del cuadro de infracciones y sanciones

Además, el Plan pretende que las reformas de la legislación laboral sustantiva que deriven del diálogo político y del diálogo social estén acompañadas también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones.

Esta revisión se hará con carácter general, pero con particular intensidad y agilidad en determinados ámbitos.

 Según el borrador, es "necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio".

Así, se apuesta por un modelo que establezca un equilibrio adecuado entre el efecto disuasorio de la sanción y el efecto de la actuación inspectora y porque se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en indefinidos.

En general, el Gobierno cree que debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de contratos temporales en indefinidos, porque ello "puede conducir a prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de contratación temporal y desincentivar la realización de contratos indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las empresas".

Diez grandes medidas contra el fraude

El Plan Director se articula entorno a 10 grandes medidas operativas que velan por luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas no pagadas o por corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades.

También apuesta por frenar la discriminación de género, sobre todo la retributiva, y el acoso, por impulsar acciones contra la vulneración de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por reforzar la lucha contra la economía irregular o por afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo en el ámbito digital.

El plan también recoge medidas para regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren bajo la figura del "falso becario", para reforzar las actuaciones para reducir la siniestralidad laboral y para garantizar los derechos sindicales para luchar contra la explotación laboral.

Para hacer todo esto posible, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así, considera que es evidente reforzar las plantillas mediante la realización de ofertas de empleo público para este año y los dos próximos (2019-2020) que superen "notablemente" las realizadas hasta ahora que "apenas han servido para cubrir la tasa de reposición".

Por ello, el Ejecutivo incluirá un número de plazas de Inspectores y Subinspectores que se situará por encima del 100% de la tasa de reposición con el objetivo de permitir un incremento "neto y sostenido" de efectivos.

Asimismo, pondrá en marcha el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituirá el Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de este año y el Consejo General "inmediatamente después".

El Gobierno pretende realizar un seguimiento y evaluación del plan a través de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Además, se realizará un seguimiento del plan en enero de 2019, con particular atención a los resultados de los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial; en julio de 2019 y en enero de 2020.

Planes de choque

El Gobierno pretende aprobar "de manera inmediata" tanto el plan de choque contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial en colaboración con las comunidades autónomas para actuar contra el fraude implantado tanto en estas dos contrataciones.

El objetivo en general de estos dos planes es el de afrontar y regularizar el fraude en estas dos materias y el de generar un efecto disuasorio en aquellos que promueven estos tipos de fraude que producen precarización y posibles situaciones de "explotación laboral". 

Además, supondrán un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras entre los meses de agosto y diciembre de este año.

La inversión en infraestructuras en 2018 será la segunda más baja del siglo en España

MADRID.- La inversión pública en infraestructuras que recogen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 contempla un importe de 8.461,5 millones de euros, lo que representa un 13% más que los 7.483,1 millones proyectados para 2017. A pesar de este incremento, la cifra se mantiene en niveles mínimos. No en vano, se trata de la segunda más baja de este siglo, dice elEconomista.

Superando la inversión en infraestructuras de 2017, el último año en que se fijó un importe tan bajo fue en 2000, cuando alcanzó los 7.011,8 millones de euros. En los ejercicios posteriores la cifra creció ininterrumpidamente hasta los 21.949 millones que alcanzó en 2009. Aquel nivel representa un 159,4% más que la previsión de 2018 (cerca de tres más).

Desde 2009, la evolución fue en decadencia hasta 2014. 

En 2015, experimentó un punto de inflexión al elevar la cifra de 8.657,8 millones a 9.438,1 millones. Una subida que se continuó en 2016, hasta los 9.519 millones, pero que se rompió en 2017 (con los 7.483,1 millones citados).

En la relación con el Producto Interior Bruto (PIB), la inversión en infraestructuras para este año supone el 0,7%, una décima más que en 2017. Sin embargo, se encuentra por debajo del 1,1% del año 2000. De hecho, se sitúa incluso por debajo los ejercicios previos cuando en términos absolutos las cifras eran mucho menores. 

Así, la proporción osciló entre el 0,8% y el 1,1% desde 1995 a 1999, años en los que el importe se ubicó en una horquilla de entre 4.009 millones y 5.479 millones (muy alejados de los 8.462 millones previstos para 2018).

En cualquier caso, aunque los Presupuestos marcan la línea, la verdadera medida de la inversión en infraestructuras la fija la ejecución. Y ésta suele distar bastante de las proyecciones. 

Como muestra, en 2017, la inversión real de los ministerios de Fomento y de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que abarcan el grueso del presupuesto para infraestructuras del Estado, ascendió a 5.709 millones de euros, lo que implicó 2.189 millones menos que lo previsto, es decir, un 27,7% menos, de acuerdo con el avance de liquidación de los PGE del último curso. 

De ellos, 1.891 millones corresponden al departamento que ahora dirige José Luis Ábalos y los restantes 297 millones al liderado por Luis Planas -ahora denominado Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-.

AVE y carreteras

De los 8.461,5 millones presupuestaso para este año, los dos ministerios aglutinan, a través de la gestión directa, un total de 2.834,3 millones, lo que representa el 33,5% del total. Acoge los programas de inversión en carreteras, transporte ferroviario, actuaciones en la costa o infraestructuras y calidad del agua. 

Los 5.627,2 millones restantes atañen a la gestión indirecta de Adif, Adif Alta Velocidad, Enaire, Puertos del Estado, Seittsa y Sociedades de Aguas. La evolución en los últimos treinta años de ambos parámetros ha ido acompasada.

La inversión en líneas de alta velocidad acapara casi la tercera parte, con 2.712,9 millones, lo que implica un aumento de cerca de 400 millones en relación a 2017. Le sigue la partida para carreteras (tanto obras como conservación), con 1.912,3 millones, casi 200 millones más. Entre ambas copan el 54,6% del total.

La semana pasada, el ministro Ábalos se comprometió en el Congreso de los Diputados a invertir más de 8.000 millones en lo queda de año para cumplir con lo recogido en los PGE, cuya publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se consumó a principios de este mes. "Nuestra voluntad es que, con carácter general, el cambio de Gobierno no afecte a los compromisos de inversión y de contratos", aseguró el titular de Fomento en su comparecencia ante la Comisión del ramo. 

 Ábalos incluso señaló que esta previsión es conservadora y que la cifra podría ser superior, aunque quiso ser prudente. "No quiero pillarme los dedos", afirmó.

De los más de 8.000 millones, el ministro concretó que más de 5.000 serán en obras y los restantes 3.000 en equipamiento, especialmente material rodante ferroviario. La intención de Ábalos es asumir los Presupuestos del anterior Gobierno. 

"Vamos a intentar que todo funcione", subrayó. "Aunque no he hecho loas al presupuesto, es el que tengo y tengo la obligación de gestionarlo", incidió. "Voy a cumplir con su mandato legal y ojalá tenga posibilidades de mejorarlo y actualizarlo", abundó.

Días atrás, el ministro se comprometió a continuar con las inversiones previstas en el Corredor Mediterráneo. Adif había proyectado licitar más de 2.000 millones para el presente ejercicio, con especial incidencia en la línea entre Murcia y Almería.

La banca cobra hasta 50 euros por cancelar una transferencia

MADRID.- ¿Cuántas veces comprueba que el número de cuenta a la que realiza una transferencia es correcto? Si no lo hace, debe saber que un error puede costarle hasta 50 euros, aunque hay varias entidades que realizan el trámite de forma gratuita, descubre hoy Cinco Días.

Sea cual sea el caso, lo esencial es actuar inmediatamente pues el banco podría dar aún la opción de anular la operación de forma online a través del apartado de histórico de transferencias. 

Si esto no es posible, hay que tener en cuenta otro factor, la hora de corte de los bancos, es decir, la hora a partir de la cual las entidades hacen efectivas las operaciones de la jornada, que pueden ser las 13.00 o las 17.00 horas. 

Si el error se ha cometido antes de este momento, es posible acudir al banco para que anule la operación (con o sin coste, según la entidad) y el importe no sea transferido. Algunas entidades también permiten realizar este trámite de forma online o por teléfono.

No obstante, hay que tener en cuenta, que en el caso de las transferencias inmediatas –incorporadas por la banca española en el mes de febrero–, no hay posibilidad de anular la operación una vez emitida, ya que es completada en 10 segundos.

Si la transferencia (instantánea u ordinaria) ya ha sido ejecutada, la operación es irrevocable, según explican desde el Banco de España, por lo que el cliente debe solicitar a la entidad su cancelación, en un plazo máximo de 10 días laborables. 

El banco se pondrá entonces en contacto con la entidad del beneficiario de la transacción solicitándole la devolución del dinero, que dependerá, en algunos casos, de la existencia de fondos en la cuenta bancaria de este. 

En el caso de que el recepto se niegue a devolver el importe recibido por error, sería necesario acudir a la vía judicial para reclamarlo.

No obstante, el proceso y los costes varían según el tipo de transferencia que se quiera cancelar. Desde CaixaBank explican que si es una transferencia SEPA (emitida en euros dentro del Espacio Económico Europeo), la operación se rige por la normativa establecida en el Rulebook del European Payment Council que deja a decisión del banco fijar o no una tarifa por el trámite.

Caixabank, BBVA, Ibercaja, ING y Banco Santander (para clientes de la Cuenta 1 2 3) no cobran ninguna comisión, mientras que Bankia y Evo Banco establecen un coste de 20 euros. Banco Sabadell lo eleva a 25 euros (también aplicables a las anulaciones), aunque la comisión más costosa es la fijada por Deutsche Bank, que asciende a 50 euros.

Asimismo, el banco también puede establecer una tarifa diferente para las transferencias emitidas a través del sistema Swift, es decir, para pagos al exterior o en moneda extranjera dentro del territorio nacional. 

En este caso, CaixaBank gestiona la devolución con la entidad del beneficiario y aplica una tarifa máxima de 36 euros.

El banco del beneficiario debe contestar a la petición realizada por la entidad del emisor en un plazo de 10 días laborables y, en algunos casos, el reintegro del dinero puede depender de que el destinatario tenga fondos en la cuenta bancaria. 

No obstante, si el receptor no acepta la devolución, el emisor está amparado por la ley. El Código Penal español lo considera un delito de apropiación indebida y establece penas de entre tres y seis meses de prisión si el importe recibido supera los 400 euros.

Santamaría y Casado, a la caza del 20% de compromisarios dudosos

MADRID.- El papel más preciado que tienen los candidatos entre manos estos días es la lista de los 3.082 compromisarios que votarán al presidente nacional del PP, con sus números de teléfono, y una pequeña casilla al lado. Están marcados con uno de estos tres colores: verde, amarillo o rojo, según se considere afín, dudoso o totalmente «perdido» a la candidatura correspondiente, según Abc. 

Los móviles echan humo en los equipos de Soraya Sáenz de Santamaría y Pablo Casado, en la tarea de intentar convencer, uno a uno, a todos los delegados que tendrán en sus manos el futuro del partido a partir de las 11 de la mañana del próximo sábado, 21 de julio. Fuentes populares estiman que hay unos 600 compromisarios que dudan aún de su voto y pueden decidir el resultado.

La manera de acercarse a los compromisario cambia mucho según las circunstancias, pero las presiones existen, y el «trueque» de favores, también, según explican fuentes populares a Abc. No siempre llama el candidato. 

Según la importancia, o el nivel del compromisario, el contacto lo realizará el aspirante a la presidencia del partido o alguien de su equipo. La conversación también varía, desde un intercambio de impresiones sobre el proceso y una invitación al voto, hasta un regateo en toda regla.
La pregunta más básica, nada inocente, es «¿a quién vas a votar?», pero la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas favorece el «comercio» de votos y el compromiso con una candidatura específica. Se llegan a ofrecer apoyos a cambio de un puesto en una lista electoral, pero el precio puede subir.

 «A veces se puede ofrecer un paquete de votos, por ejemplo 40 o 50, a cambio de mantener un puesto orgánico o una candidatura electoral», aseguran fuentes consultadas, que forman parte del cuerpo de compromisarios.

Entre los compromisarios hay más de 500 que son miembros natos, entre diputados, senadores, alcaldes, y dirigentes territoriales, entre otros. El resto, hasta los 3.082, se reparten entre provincias, según el número de afiliados (75 por ciento) y el número de votos en las últimas elecciones (25 por ciento).

Censo «inflado»

Además, cada territorio tiene un número fijo, por lo que las comunidades con más provincias, como Andalucía o Castilla y León, salen ganando. En el caso andaluz, también le beneficia el censo de afiliados «inflado»: 169.602 militantes, de un total de 869.535, según datos del censo del PP, que todo el mundo acepta pese a que está desafasado. 

Madrid, en cambio, solo tiene 94.607 afiliados en ese censo. No es de extrañar que Andalucía tenga un peso decisivo en el congreso del PP, con casi un 20 por ciento de los compromisarios que votarán el próximo sábado, frente a menos del 8 por ciento de Madrid.
Son más de 3.000 delegados, pero en las provincias se conocen todos entre ellos. No se escapa ni uno al escrutinio y al acercamiento. Los equipos de los candidatos tienen un «cuentacompromisarios», con enlaces en cada territorio, y que va poniendo cruces según los apoyos ganados, o bien, de forma más visual, se señalan con colores. 

Los «barones provinciales» del partido tienen un poder decisivo en todo el proceso. Su influencia puede llegar a ser fundamental. Un pronunciamiento de este cabecilla provincial puede arrastrar el voto de todos, o una buena parte, de los compromisarios que están bajo su control.
Pero hay provincias divididas, como ocurre con Cádiz, por ejemplo, en Málaga también, o en toda la Comunidad Valenciana. Si un candidato, o su enlace provincial, sabe que un compromisario es afín, no perderá mucho el tiempo con él. Lo intentará si sabe que un delegado, pese a ser próximo a su contrincante, podría ceder o cambiar su voto a cambio de un «favor» o una promesa para el futuro.

«Algo más que 600 delegados»

Fuentes del cuerpo electoral calculan que habría entre un 20 y un 25 por ciento de compromisarios que se mueven en la «duda». Serían algo más de 600 delegados. De ellos, según las fuentes consultadas, unos están dispuestos a «negociar»: «¿Qué me das a cambio de mi voto?». Y otros son los que realmente no saben lo que es mejor, o peor, para el Partido Popular. Como es lógico, a todos los interesa después que su opción tenga capacidad de ganar las elecciones, para que sus expectativas se cumplan. El estreno del PP en este sistema de doble vuelta para elegir a su presidente nacional, primero con una votación entre afiliados inscritos y luego entre un cuerpo mucho más reducido de compromisarios, ha despertado ya voces críticas internas. «Hubiese sido mucho mejor una segunda vuelta con todos los afiliados», sostienen fuentes populares. «Los compromisarios siempre son más maleables a las presiones del aparato, y los afiliados, menos», explican.
La realidad es que las llamadas de las candidaturas a los compromisarios se intensificarán según avance la semana, y podrían incrementarse en la noche del viernes, tras el discurso de Rajoy. Los delegados no votarán hasta la mañana siguiente. La campaña está sirviendo para que los dos aspirantes exhiban sus «fichajes» en toda España, una manera de influir sobre el voto de los compromisarios.
En los últimos días, Casado ha presumido de forma especial con el «fichaje» del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, clave en «territorio enemigo», pero también con los exministros Rafael Catalá, Juan Ignacio Zoido o Isabel Tejerina. 

Soraya Sáenz de Santamaría fue fuerte desde el primer día con un equipo formado por exministros como Fátima Báñez, Alfonso Alonso, Íñigo Méndez de Vigo e Íñigo de la Serna. El apoyo más preciado para todos sería el de Alberto Núñez Feijóo, que ha preservado un mensaje de neutralidad.

Presión hasta las urnas

Las presiones a los votantes llegan hasta las mismas urnas. Ocurrió ya en la primera vuelta, cuando algunos afiliados tuvieron que votar bajo miradas escrutadoras en las sedes de los partidos. Se votó sin sobres y sin cabinas, algo que se va a subsanar el próximo sábado. Por primera vez, los compromisarios meterán sus papeletas en un sobre, algo que puede parecer irrelavante, pero que los populares han valorado como manera de garantizar la libertad de voto. Las dos candidaturas saben que las presiones pueden volverse en su contra. Hay compromisarios que responden en sentido contrario cuando se ven empujados a actuar de una manera. Y siempre les queda la «carta» del voto secreto. Por eso, aunque ambos candidatos aseguran a día de hoy que ya cuentan con una mayoría de «síes» entre los compromisarios, es obvio que alguien les ha mentido, y no lo sabrán hasta que se proclame el resultado, a la una de la tarde del sábado.