sábado, 13 de agosto de 2011

Cospedal cambiará la Ley del Suelo y la Ley Electoral en el primer año de Legislatura

TOLEDO.- La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha avanzado que cambiará la Ley del Suelo y la Ley Electoral regional en el primer año de Legislatura.

  Cospedal ha anunciado que su Gobierno está estudiando ya la tramitación de la Ley del Suelo y de una Ley Electoral que no sea "susceptible" de cambiar "al albur" de la "conveniencia" del "Gobierno de turno".
   El Ejecutivo regional presidido por José María Barreda aprobó en la pasada Legislatura, sin apoyo del PP, la reforma de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha que fue ratificada por el Tribunal Constitucional y que aumentaba en dos escaños el número de parlamentarios, uno en Toledo y otro en Guadalajara.
   Los 'populares' acusaron al Gobierno de Barreda de que la modificación de la Ley Electoral había sido diseñada por los socialistas para "perpetuarse" en el poder, por lo que el PP calificó esta "maniobra" de "golpe de Estado".
   Por su parte, la actual presidenta de Castilla-La Mancha, dos días después de ganar las elecciones del 22 de mayo, señaló que la reforma de la Ley Electoral se llevará a cabo para que no pueda ser cambiada por cualquier Gobierno de turno, sino para que "opere automáticamente" como ocurre a nivel nacional.
   No obstante, Cospedal ha recordado que su Ejecutivo pretende que la Ley de Emprendedores, Trabajo Autónomo y Pequeña y Mediana Empresa sea la primera norma que llegue a las Cortes de Castilla-La Mancha y por ello este viernes el Consejo de Gobierno ha aprobado su anteproyecto.
   De otro lado, la presidenta regional ha reiterado que la Comisión de Investigación para esclarecer qué sucedió en Caja Castilla La Mancha, intervenida por el Banco de España en marzo de 2009, se impulsará en cuanto se retome la actividad parlamentaria.

Italia suprimirá las provincias de menos de 3.000 kilómetros cuadrados

ROMA.- El ministro de Reformas Institucionales italiano, Roberto Calderoli, dijo hoy que el Gobierno aprobó "la supresión de las provincias de menos de 300.000 habitantes o de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie", y que para ello se elaborará un censo en otoño de 2011.

Calderoli compareció hoy en rueda de prensa junto con los ministros de Economía, Guilio Tremonti, y de Trabajo y Políticas Sociales, Maurizio Sacconi, para ilustrar los detalles del decreto ley aprobado ayer en Consejo de Ministros.
El Gobierno italiano aprobó ayer un nuevo plan de ajuste presupuestario de 45.500 millones de euros con el que pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.
Según cálculos realizados por los medios de comunicación a partir de los datos ofrecidos por Calderoli, entre 29 a 35 provincias italianas pueden desaparecer.
En cuanto a los 8.094 ayuntamientos existentes en Italia, hay 1.970 con menos de 1.000 habitantes por lo que para ellos será obligatorio la fusión municipal, dijo el ministro.
Calderoli prevé además una reducción de alrededor de 54.000 cargos y asesores a finales de la legislatura sobre los 140.000 actuales.
Por su parte, Tremonti, dijo que la llamada "contribución de solidaridad" penaliza con un 5 % los salarios que superen los 90.000 euros al año, y con un 10 % a los que excedan los 150.000, todos ellos deducibles de la renta.
La "contribución de solidaridad" tendrá una duración de tres años computables a partir de 2011.
El ministro de Economía ratificó que el decreto ley no necesita una cuestión de confianza en el Parlamento, porque es suficientemente "serio y comprometido" para implicar a la clase política en aras del interés general.
En su intervención, el ministro de Trabajo y Políticas Sociales anunció que, en consonancia con los solicitado por el Banco Central Europeo (BCE), el decreto ley contempla la flexibilidad del mercado de trabajo para impulsar la contratación a nivel empresarial, pero también el despido del personal.
Comentó que la jubilación de hombres y mujeres (que hasta ahora se jubilaban a los 65 y 60 años respectivamente) pasará a los 67 años en los próximos cinco años y que en 2050 podría elevarse a los 70.
El gobierno italiano prometió que su nuevo programa de austeridad reducirá la abultada burocracia del país mediante la eliminación gradual de miles de empleos a medida que se reorganiza la administración de las provincias.
El primer ministro Silvio Berlusconi consideró las reducciones como "excesivas", pero reconoció que no hubo otro remedio debido al descontento generalizado de los ciudadanos ante los privilegios de la clase política italiana.
Ante las presiones del Banco Central Europeo, el gobierno aprobó el viernes un plan adicional de austeridad de 45.500 millones de euros en los próximos dos años para equilibrar el presupuesto del 2013.
El plan —una mezcla de reducción del gasto y aumento de los impuestos, incluyendo una "tasa de solidaridad" para los salarios más cuantiosos— intenta apaciguar los temores de los mercados y asegurar que Italia no acabe pidiendo un plan de rescate para evitar la bancarrota.
Roma había aprobado ya el mes pasado un recorte del gasto público de 70.000 millones de euros, pero el gobierno sostuvo que la situación financiera se ha deteriorado de forma palpable desde entonces.
El ministro del gabinete Roberto Calderoli dijo el sábado que el número de legisladores nacionales —unos 1.000 en la actualidad— será reducido en un 50%, aunque será necesario un largo proceso constitucional.
Agregó que las administraciones provinciales menores a 3.000 kilómetros cuadrados (1.160 millas cuadradas) o con poblaciones de menos de 300.000 habitantes serán abolidas. Muchos consideran que esas administraciones —una figura que se encuentra entre las municipalidades y las regiones — son una costosa duplicación.
Aunque el número preciso será determinado por un censo en el cuarto trimestre, la medida seguramente afectará a entre 29 y 365 gobiernos provinciales, dijo Calderoli. El diario La Repubblica indicó que entre ellas figuran Siena, Trieste y Prato, un importante centro de negocios en las afueras de Florencia.
Las poblaciones con menos de 1.000 residentes serán consolidadas con otras mayores, cambio que afecta a unas 1.970 municipalidades de 8.094 en todo el país, según el gobierno.
Esas reducciones significan que unos 5.000 cargos elegidos serán eliminados, así como varios miles de empleos relacionados, dijo Calderoli. Esas medidas entrarán en vigor en las próximas elecciones municipales.
El tema de la excesiva burocracia ha figurado desde hace años en el debate entre los partidos italianos. Pero, la indignación ciudadana alcanzó recientemente nuevos niveles al quedar exenta la clase política de las reducciones.

Lamata pide a Cospedal que rectifique

TOLEDO.- El diputado regional del PSOE y exconsejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, ha asegurado que el impago a las farmacias de la Comunidad Autónoma por parte del Gobierno regional puede poner en riesgo la viabilidad de la sanidad pública y ha pedido a su presidenta, María Dolores de Cospedal, que rectifique su postura y reinicie "de manera inmediata" los pagos "de manera puntual".

   En rueda de prensa, Lamata ha exigido a la presidenta regional que gobierne, en la situación de crisis económica que se vive en la actualidad, y no agrave más el "problema" con los farmacéuticos debido a que se podría crear una deuda adicional de 350 millones de euros si se deja de pagar a las farmacias de aquí a hasta el final de año.
   "El que se haya decidido dejar de priorizar a la sanidad pública para atender otras obligaciones puede ser una señal de que en el medio plazo tengamos más noticias negativas en el ámbito de la sanidad pública", ha argumentado.
   De este modo, ha explicado que el Gobierno de José María Barreda tuvo claro que la sanidad es "una prioridad" y por ello pagaba la factura farmacéutica, ya que dentro del plan de pagos del anterior Ejecutivo estaban primero las nóminas de los funcionarios y después los 60 millones de la factura farmacéutica.
   En este sentido, ha dicho que estos pagos se hacían porque cada mes entran en las arcas de Castilla-La Mancha las transferencias del Estado --unos 350 millones de euros-- que permiten cubrir los salarios de los funcionarios y la partida "tan importante" de la atención farmacéutica. Además, ha apuntado que cada mes entra otra cantidad similar de tributos, tasas u operaciones de crédito.
   Igualmente, ha aclarado que con esta prestación no se trata de dar solución a un problema de 1.200 titulares de oficina de farmacia "como se quiere dar a entender", sino resolver el problema de 100.000 pacientes que todos los días van a las oficinas de farmacia, "por eso hay que priorizarlo", ha agregado.
   A preguntas de los medios, Lamata ha negado que la Consejería de Sanidad no pueda pagar a los farmacéuticos porque se ha gastado ya el 80 por ciento de su presupuesto, ya que los ingresos de la Junta llegan mes a mes y no a principio de año y los presupuestos a lo largo del año tienen modificaciones para poder adaptarse a las evoluciones.
   "Lo que hacía el anterior consejero era plantear a su presidente y a su consejera de Economía los pagos urgentes, y el presidente Barreda priorizaba la sanidad. Lo que yo le pido a Cospedal es que en los ingresos que recibe mensualmente haga prioridad de pago", ha argumentado.
   Asimismo, ha mostrado su sorpresa y decepción debido a que la presidenta de Castilla-La Mancha, con la apertura de sanciones a los farmacéuticos que secundaron el cierre el pasado jueves "en lugar de resolver el problema, ha dicho, lo ha agravado", ya que en vez de ofrecer una solución ha acudido a "una criminalización" de los profesionales sanitarios que trabajan en las oficinas de farmacia.
   En este punto, a preguntas de los medios, el exconsejero de Sanidad ha pedido una actitud dialogante al Gobierno regional para que entienda la situación de crisis por la que atraviesan los farmacéuticos, afirmando que las sanciones y la "mano dura" no le parecen la fórmula adecuada.
   Igualmente, Lamata ha criticado que el Gobierno de Cospedal "eche balones fuera" y culpabilice de la situación al anterior Gobierno del que él forma parte. "Cada Gobierno tiene su responsabilidad en cada momento, lo tuvo el Gobierno anterior y ahora la tiene la señora Cospedal", ha agregado.
   Preguntado por la solución propuesta por el Ejecutivo de Cospedal y que pasa por un anticipo mensual de facturas con la propia garantía de las recetas, Lamata ha afirmando que para algunos farmacéuticos puede ser un alivio pero prolongará la deuda con la Consejería de Sanidad. "No es una buena solución, lo mejor es priorizar el pago", ha declarado.
   Finalmente, a pesar de "los insultos y descalificaciones" recibidas, el dirigente socialista ha vuelto a tender la mano a Cospedal "para trabajar juntos por Castilla-La Mancha", buscar soluciones y resolver los problemas de la gente.