ALMERÍA.- El PP ha aprobado este sábado en el marco de la XX Intermunicipal de la formación celebrada en Almería,
un decálogo de medidas para mejorar la Administración Local y que se
incorporarán a la Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno prevé
aprobar antes de que acabe el mes de enero. Entre esas propuestas, el
PP plantea que las competencias de Sanidad y Educación recaigan "de manera íntegra" en las Comunidades Autónomas.
En sus conclusiones en materia municipal, el PP plantea la
modernización de la planta local española. "Entre las novedades más
significativas valoramos que las competencias en materia de Sanidad,
Educación y Servicios Sociales recaigan de manera íntegra en las
Comunidades Autónomas. También, la racionalización y profesionalización
de las estructuras organizativas y de gestión tanto de los municipios
como de las Diputaciones o equivalentes, así como su sector empresarial
local", recoge el citado documento.
Además, aboga por hacer realidad el principio que ya proclamó Mariano Rajoy en su discurso de investidura: "una administración, una competencia".
En este marco, apuesta por la "promoción de la medición, contratación y
publicación del coste de los servicios con el fin de eliminar
duplicidades y generar economías de escala y de rendir cuentas a los
ciudadanos". Según el PP, la reorganización de actividades y servicios
puede generar unos ahorros cercanos a los 3.500 millones de euros.
Asimismo, sostiene que en la nueva ley local las entidades locales
ejercerán competencias no previstas en la ley, cuando no se ponga en
riesgo financiero la realización de las competencias propias, y se
garantice su sostenibilidad financiera. Se trata, precisa, de terminar "con el problema de las competencias impropias", que constituye una reivindicación histórica de los entes locales.
También defiende un modelo que premie la mejor gestión local. Así,
"otro de los mecanismos que ofrece la norma a considerar es la
reversibilidad de una competencia que pase del municipio a un plano
territorial superior". Tras 5 años, se plantea la posibilidad de
recuperación de una competencia perdida.
El documento explica que habrá una "regulación anual" del
régimen retributivo a través de los Presupuestos Generales del Estado;
el número de los miembros de las corporaciones locales; las
retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del
sector público local y el número máximo y cualificación de miembros de
los órganos de gobierno; el número máximo de personal eventual con cargo
al presupuesto de la Administración local; y la profesionalización del
personal directivo de las Diputaciones. Además, se recuperarán las
funciones que venían prestando los interventores con "habilitación de carácter nacional".
