MADRID.-La Junta de Castilla La Mancha ha sido cómplice del maltrato animal
que la justicia acaba de acreditar en el matadero de Incarlopsa, el
principal proveedor de carne de cerdo de Mercadona, según publica hoy Economía Digital.
El gobierno de Emiliano García-Page no sólo omitió
su deber al ignorar las advertencias de los inspectores veterinarios,
sino que aplicó una persecución para sancionarlos y apartarlos de sus
puestos de trabajo, tal y como había ordenado la propia empresa cárnica
denunciada.
El matadero de Tarancón (Cuenca) sometió a maltrato animal a los cerdos
que sacrificaba sin la sedación exigida por ley.
Entre finales de 2013 y
principios del año pasado, el proveedor de Mercadona incumplió el
proceso de sedación que exigía que los cerdos permaneciesen en un foso
de CO2 durante tres minutos antes del sacrificio.
Pero las prisas por atender la creciente producción hacían que la
compañía incumpliese los plazos y degollase los cerdos en estado de
consciencia. Al ser sacrificados, los animales emitían ruidosos gruñidos
que alertaron a un grupo de veterinarios. Este grupo optó por denunciar
las condiciones del matadero y el incumplimiento de las normas.
En lugar de sancionar a la compañía, la consejería de Sanidad de
Castilla La Mancha se dedicó a perseguir a los funcionarios que
denunciaron las irregularidades. El gobierno autonómico abrió un
expediente disciplinario y decidió apartar a los inspectores de sus
puestos de trabajo, tal como había exigido Incarlopsa, una empresa que
factura 600 millones de euros a Mercadona y que se ha convertido en la
primera empresa de la región.
Economía Digital ha contactado con el presidente de Incarlopsa, el empresario Emilio Loriente,
que negó tener conocimiento de la sentencia. Este medio también
contactó con la consejería de Sanidad de Castilla La Mancha, pero no
recibió respuesta.
El gobierno autonómico, cómplice
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La
Mancha, firmada el 21 de septiembre de 2017, asegura que el gobierno
autonómico trabajó bajo las órdenes de la empresa, lo que supone “una
manifiesta arbitrariedad y demuestra complacencia y claudicación” ante
el proveedor de Mercadona.
La contundente decisión judicial considera inaudito que el gobierno
autonómico, en lugar de sancionar las situaciones de maltrato animal
ocurridas en el matadero, se dedicase a perseguir a quienes las
denunciaban. El acoso a los veterinarios comenzó en el gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) y concluyó con la sanción a los trabajadores durante el gobierno de García-Page (PSOE) y su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
“La administración parece haber actuado a dictado de la sociedad
inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado
la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a los
funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”, argumenta la
sentencia.
Tras haber levantado numerosas actas en las que se denunciaban
irregularidades en el matadero, la empresa Incarlopsa pidió a la Junta
de Castilla La Mancha que apartara de sus puestos de trabajo a los
veterinarios. Dado que un grupo de inspectores mayoritarios no se
quejaba de las condiciones del matadero, el proveedor de Mercadona acusó
a los inspectores denunciantes de tener animadversión a la empresa.
El
tribunal asegura que los inspectores que actuaron de acuerdo a la ley
eran los deunciantes y no quienes ocultaron las irregularidades.
La Junta aceptó abrir un expediente disciplinario contra los
veterinarios a los que apartó de inmediato de sus puestos de trabajo.
Fue una sanción expedita y fulminante y los trabajadores decidieron
llevar el caso a los tribunales, que les han dado la razón. La actuación
del gobierno de Castilla La Mancha fue arbitraria y desmedida, según
los jueces.
La irregularidad, ahora demostrada en la sentencia, ha sembrado dudas
sobre la complacencia del gobierno de Castilla La Mancha a las empresas
que regentan macro-granjas en la región.
"La sentencia es contundente y demuestra que la Junta de Castilla-La
Mancha se posicionó a favor de los intereses de una gran empresa en vez
de estar junto a sus propios inspectores y frente a los ciudadanos como
es su obligación", explica Carlos Villeta, representante de Ecologistas en Acción.
“Hay otra sentencia reciente por la que se condena a la Junta por
autorizar de forma ilegal una macrogranja en Huerta de la Obispalía
(Cuenca) y varios recursos pendientes de resolución por hechos
similares”, explica el líder ecologista.
El tribunal que investigó al proveedor de Mercadona ordenó que la Junta
de Castilla La Mancha restituyese a los inspectores veterinarios en sus
puestos de trabajo en el matadero de Incarlopsa y condenó al gobierno
regional a resarcir a los inspectores por los daños y perjuicios
ocasionados. Además, Incarlopsa y el gobierno regional deberán pagar las
costas del juicio.
