miércoles, 22 de febrero de 2012

Las Cortes manchegas dejan expedita a Cospedal la vía para la reforma administrativa en C-LM

TOLEDO.- El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado ayer martes, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, la Ley de Medidas Complementarias que permite la aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales impulsado por María Dolores de Cospedal. 

   Entre otras medidas, la ley fija un aumento de dos horas y media en la jornada de los funcionarios de la Administración regional, la reducción de su salario bruto --y el de los altos cargos-- en un 3 por ciento, la anulación de la Oferta de Empleo Público este año y la supresión del Servicio Público de Empleo (SEPECAM).
    El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, ha subrayado que es la economía la que ha llevado a esta situación y a tomar medidas para "salvar de la ruina a una región" y poder poner encima de la mesa soluciones.
   En este sentido, ha hecho un llamamiento "sincero" a la oposición para que tenga "coherencia", pues es "absolutamente necesario" aplicar unas medidas que los castellano-manchegos "en su inmensa mayoría asumen y entienden".
   Esteban, que ha repasado cada una de las intervenciones socialistas en el debate, ha valorado la confianza que el PSOE tiene en los empleados públicos, que se evidencia, a su juicio, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anula el acuerdo del Consejo de Gobierno de diciembre de 2010, que ordenó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Empleo Público.
   Durante la sesión se han debatido las 55 enmiendas del PSOE que quedaron 'vivas' tras su paso por la Comisión --todas ellas rechazadas este martes-- aunque previamente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Francisco Cañizares, como defensor del dictamen, ha presentado la norma como "la única solución de arreglar" las cuentas de la Comunidad Autónoma, que ha obligado al Gobierno de María Dolores de Cospedal a "tomar decisiones serias, responsables" pero nada fáciles, ha confesado.
   A su juicio, la "falta de alternativa y carencia de ideas" del PSOE, que no ha tomado más decisiones que las de "gastar en nada", ha hecho que esta ley sea "la única solución para Castilla-La Mancha". "No es fácil tomar decisiones como éstas", ha explicado el diputado del PP, que ha valorado enmiendas incorporadas al dictamen por parte del PP como el hecho de que todos los empleados públicos cobren, como mínimo, 1.192 euros al mes.
   En sus distintas intervenciones, y tras solicitar a los socialistas que no aprovechasen el debate para "preparar el Congreso del fin de semana", Cañizares ha comparado la obra del futuro hospital de Toledo con el pabellón 'Palma Arena', ha defendido un cambio en la educación pública teniendo en cuenta los "malos" resultados que ha habido, y ha apostado por destinar las "gratuidades" a quien realmente las necesite.
   El portavoz del PP, que ha reconocido que es "muy complicado" que los sindicatos cuenten a sus afiliados las medidas recogidas en esta norma, también ha preguntado si el bienestar social que defiende la oposición es haber dejado millones de euros en deudas en esa materia, recomendándoles que "pasen página" porque es eso lo que Castilla-La Mancha "se merece".
   Ha apuntado que el Consejo Consultivo ha defendido la legalidad del texto que hoy se ha debatido --algo que "no siempre" ha pasado aquí, donde los socialistas han llegado a "mentir vilmente" al Parlamento, ha dicho--, convencido de que las enmiendas del PSOE "no aportan nada" al texto, y de que los funcionarios de la región comprenden los "esfuerzos" que hay ahora que hacer tras 25 años de "gobierno despilfarrador".
   Desde el PSOE, su portavoz, José Luis Martínez Guijarro, encargado de defender algunas de las enmiendas de su grupo, ha apostado por la jornada laboral de 35 horas y ha pedido a la Junta que predique con el ejemplo "creando empleo desde el sector público" y no solo desde el privado.
   Asimismo, ha criticado como algo "absolutamente injusto" que se haya hecho "caso omiso" a las cuestiones "esenciales" planteadas por el Consejo Consultivo, y ha acusado al Ejecutivo regional de estar "aprovechando la crisis para implantar su modelo" --como van a hacer en materia de educación o sanidad-- que no es otro que el de "desmontar el Estado de Bienestar", como ha añadido el diputado Santiago Moreno.
   En el mismo sentido se ha manifestado el portavoz en materia sanitaria del PSOE, Fernando Mora, que ha advertido de que este texto "lo único que genera son problemas y deterioro", y ha recriminado al portavoz del PP que no haya dicho cuáles son las bondades de esta ley, "porque no son ninguna".
   Mora ha criticado que la puesta en marcha de la ley afectará al poder adquisitivo de las clases medias, lo que convertirá la situación económica actual en un "círculo endiablado", y aunque ha reconocido que es necesario hacer recortes "no se trata de dar el tajo al primero que pasa por aquí" sino de "optimizar" los recursos existentes.
   El diputado socialista Santiago Moreno ha arremetido contra la eliminación de la obligatoriedad de destinar el 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a educación y con el hecho de que se supriman las escuelas de los núcleos más pequeños de la región, lamentando que desde el PP no se haya contestado a las distintas intervenciones del PSOE y que con el texto se eliminen cosas "que no van a ahorrar nada".
   Los socialistas, que han ofrecido al PP la retirada del texto a cambio de consensuar en un "esfuerzo conjunto" dónde se podrían aplicar recortes en la futura Ley de Presupuestos de la región, han definido el de hoy como un "martes negro" para la región, según ha explicitado la diputada Matilde Valentín, que ha pedido respeto para las personas afectadas en el ámbito social -y específicamente para los dependientes-- por parte del Ejecutivo autonómico.
   Valentín ha criticado que, con el nombre de esta norma, el Gobierno esté consiguiendo totalmente lo contrario que anuncia esta "dañina" ley "de recortes". En este contexto, Martínez Guijarro ha recriminado al Gobierno que no haya consensuado "con nadie" el texto y ha pedido que se ofrezcan "garantías" a los ayuntamientos porque "nunca hasta ahora" se habían puesto en huelga de hambre dos alcaldes en esta región.

Sercoval advierte de un posible "colapso del servicio" en sus residencias, dos en Riópar y Socovos

TOLEDO.- El director general de Sercoval --la empresa encargada de la gestión de dos residencias de mayores en Albacete y una en Guadalajara, dependientes de la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha--, José María Toro, ha asegurado que la Administración regional les adeuda más de dos millones de euros, ya que el último pago que recibieron fue el del mes de marzo de 2011.

   Ante esta "complicada" situación, Toro ha señalado que se podría producir en "poco tiempo" un "colapso del servicio" en estas residencias, ya que al no poder pagar a los proveedores, éstos podrían cortarles el suministro.
   "Nosotros tenemos muchos proveedores y muchos de ellos están aguantando por los años que llevamos trabajando con ellos, pero yo no sé si de aquí a un mes o 15 días vendrá un proveedor y me dirá que si no le puedo pagar lo que le debo, nos deja de servir en el centro", ha apuntado el director.
   Además, estos impagos de la Administración regional han provocado que la empresa no haya podido hacer frente ni a la paga extraordinaria de diciembre, ni a la nómina del mes de enero de sus trabajadores, a las que es probable que haya que sumar también el sueldo de febrero.
   Según ha explicado Toro, desde Sercoval han hecho un "esfuerzo grandísimo" para pagar a los trabajadores, ya que desde el mes de marzo hasta diciembre la empresa se ha hecho cargo de las nóminas, a pesar de no haber recibido el dinero por parte de la Junta.
   Sercoval asegura que ha podido realizar estos pagos gracias a la financiación externa, es decir, esta empresa ha "conseguido financiación en entidades, sobre todo de banca ética, que han permitido generar dinero para pagar las nóminas todos los meses", pero ha llegado un momento en el que ya no pueden "pagar más".
   "Las entidades financieras ya no quieren facturas de Castilla-La Mancha porque ya no saben cuándo van a cobrar, entonces si a nosotros no nos paga la Junta, nosotros no podemos hacer frente a las nóminas, ni a la que se debe ahora mismo, ni a las siguientes, mientras la Junta no pague".
   Según el director de esta cooperativa, desde la Administración regional les dicen que no les pueden dar "un calendario de pagos porque la situación es muy mala" y que "no pueden garantizar cuándo" podrán pagar. A pesar de ello, Toro cree que "todo el mundo está haciendo todos los esfuerzos para intentar" pagarles.
   Respecto a las concentraciones que los empleados de las tres residencias de mayores --'Calares del Mundo' de Riópar (Albacete), 'Los Girasoles' de Jadraque (Guadalajara) y 'Nogueras del Arco' de Socovos (Albacete)-- han convocado los días 21, 24, 27 y 29 de febrero y 2 de marzo para reclamar el cobro de sus nóminas, el director de la empresa ha asegurado que "es normal que se manifiesten".
   "Yo lo entiendo, nosotros somos una cooperativa y somos una empresa de economía social, somos trabajadores que creamos y generamos empleo, pero si no tenemos dinero y los empleados no pueden cobrar, lo lógico es que se manifiesten de alguna manera", ha declarado Toro.
   Asimismo, el director de Sercoval ha señalado que él mismo se ha encargado de ir a "todos los sitios" a explicar la situación de impagos y ha destacado "la voluntad y la profesionalidad que están demostrando los trabajadores, que en estas circunstancias están dando lo mejor de ellos mismos".

La decisión de ubicar el ATC fue política

TOLEDO.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Martínez Guijarro, ha advertido este martes de que los informes que se han encargado ahora por Enresa, sobre sismicidad y peligrosidad sísmica e inundabilidad del emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca), evidencian que la decisión de ubicar allí el silo de residuos nucleares fue "exclusivamente político-electoral".

   En rueda de prensa, Martínez Guijarro ha señalado que los estudios, cuya contratación ha sido anunciada por Enresa, se "debían haber hecho antes". Sobre todo, ha añadido, cuando ya en las alegaciones del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha al ATC "se ponía en evidencia" que había "riesgo medio de inundación" en la zona y antecedentes en materia de movimientos sísmicos.
   El diputado socialista se ha preguntado qué ocurrirá ahora si estos informes técnicos, cuyo coste ronda casi el millón de euros, "salen negativos" y ha considerado que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, debería decir a los ciudadanos de Castilla-La Mancha "si conocía este procedimiento y estas cuestiones antes de tomar la decisión" porque "las pruebas" demuestran que no se basó en criterios técnicos.

Echániz espera que en dos años haya pagado la deuda a las farmacias

TOLEDO.- El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, espera que "en un año y medio o como máximo en dos años" el Gobierno de María Dolores de Cospedal esté en condiciones de solventar lo que le correspondería pagar a las farmacias de Castilla-La Mancha, así como las deudas generadas en el pasado.

   Así lo ha asegurado Echániz a preguntas de los medios momentos después de visitar en Toledo el centro de elaboración de McDonald's para España, Portugal y Marruecos, donde ha reiterado que Castilla-La Mancha tenía ejecutado el presupuesto de Sanidad en el mes de junio en un 86 por ciento.
   Un hecho que según ha recordado "imposibilitó" hacer frente a la factura farmacéutica de la Comunidad durante el segundo semestre del pasado ejercicio. Razón por la cual, ha añadido, el Gobierno regional se puso "desde el primer momento" a trabajar con los colegios de farmacéuticos para "buscar fórmulas que temporalmente solventaran el impago".
   Unas fórmulas que el consejero ha apuntado que llegaron en el mes de noviembre por medio de un acuerdo financiero a través del cual se consensuó retomar el pago normalizado a las farmacias "en el primer momento en que este Gobierno fue responsable de su presupuesto, cosa que hemos hecho en este ejercicio 2012", ha añadido.
   Razón por la cual, ha apuntado Echániz, en el día de ayer se procedió a pagar al sector farmacéutico la factura de enero. Así, confía que la situación económica y el apoyo de las instituciones financieras del Estado, especialmente el ICO, permitan que los pagos se realicen a partir de ahora "de manera normalizada".
   No obstante, el consejero ha apuntado que todavía quedan los pagos de los meses precedentes, que --a través del acuerdo que ha mencionado anteriormente-- han sido sometidos a un esquema de pagos trimestral, "que se irá poniendo en marcha a lo largo los próximos meses".
   El titular de Sanidad ha querido aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de agradecimiento "muy importante" a los responsables de la oficinas de farmacia de la región, que durante seis meses han estado dispensando los productos farmacéuticos a coste de sus propios recursos económicos.
   Todo ello, ha apuntado, "mientras la Junta de Comunidades no podía pagarles como consecuencia de la deuda heredara". Además, ha mostrado su compromiso "sincero" de seguir trabajando con el sector en un futuro para que la prestación farmacéutica a los ciudadanos "cada vez sea mayor y más eficaz", ha concluido.

La deuda de las empresas públicas manchegas ascendía a 1.786 millones en 2010

TOLEDO.- El endeudamiento bancario de la totalidad de empresas y entidades públicas de Castilla-La Mancha ascendía a finales de 2010 --sin tener en cuenta los intereses devengados no vencidos-- a 1.786 millones de euros, según se desprende del informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre la revisión formal de las cuentas de empresas y entes del sector público regional no sometidos a contabilidad pública, correspondiente al ejercicio 2010. 

   El informe, publicado este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, señala que de esos 1.786 millones, el 31% corresponde a la empresa GICAMAN (Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha), el 20% a la Sociedad de Carreteras y el 16% al Grupo Instituto de Finanzas.
   De este modo, el endeudamiento bancario ha crecido un 21% con respecto al ejercicio anterior, habiéndose duplicado en los tres últimos años.
   El estudio recoge que, en el balance de situación agregado de dichas empresas, el activo total importa 2.793 millones de euros, de los que el 62% es activo no corriente y el restante 38% es activo corriente. En el pasivo, la parte más significativa es el pasivo no corriente (el 58%), del que el 97% son deudas a largo plazo.
   La cuenta de tesorería y otros activos líquidos asciende a 160 millones de euros, integrada fundamentalmente por Servicios Hospitalarios Generales, GICMF, GICAMAN y GEACAM. Las dos primeras presentan además imposiciones a corto plazo.
   La cuenta de pérdidas y ganancias agregada del sector público empresarial arroja unos resultados de explotación del ejercicio positivos por importe de 21,3 millones de euros, reducidos por los resultados financieros e impuestos hasta los 5,8 millones.
   Las aportaciones en el ejercicio de la JCCM o sus organismo autónomos a las empresas y entidades públicas han ascendido a 398 millones, correspondiendo a transferencias corrientes 77 millones, de capital 272 millones, aportaciones al capital social 12 millones y a otras aportaciones (en su mayoría facturas por compra de bienes y prestaciones de servicios) 36 millones. Del importe inicialmente referido, ha quedado pendiente de pago 105 millones.
   Así, las aportaciones de la JCCM o sus organismos autónomos a las empresas y entidades públicas han descendido en el ejercicio 2010, con respecto al 2009, en 32 millones, lo que representa un 7%.
   La Sociedad de Carreteras y la empresa Infraestructuras del Agua CLM reflejan un ratio de solvencia (cociente entre activos y pasivos corrientes) con valor inferior a la unidad, lo que indica un fondo de maniobra negativo, es decir, una situación de desequilibrio desde el punto de vista financiero.
   Por su parte, el Instituto de Promoción Turística, GICAMAN, Grupo ICMF, Soc Infraestructuras Aeroportuarias, GEACAM y Sociedad de Carreteras de CLM presentan un ratio de garantía (relación existente entre el activo real y el pasivo total) cercano a la unidad, dado que sus deudas son casi iguales, aunque inferiores a sus activos, añade el informe.
   Las empresas GICAMAN, GEACAM, Empresa Regional del Suelo y Vivienda y Soc Infraestructuras Aeroportuarias presentan un valor inferior a uno (seguridad baja) en el ratio de firmeza (grado de seguridad que ofrecen las sociedades a sus acreedores a largo plazo).
   En cuanto al ratio de autonomía financiera (la cantidad de patrimonio neto que la empresa tiene para hacer frente a sus deudas) los peores resultados los obtienen SODICAMAN, Servicios Hospitalarios Generales, Empresa Regional del Suelo y Vivienda, Infraestructuras del Agua CLM, Instituto de Promoción Turística, GICAMAN, Grupo ICMF, Soc Infraestructuras Aeroportuarias, GEACAM y Sociedad de Carreteras.
   El personal de alta a fecha de 31 de diciembre de 2010, en el conjunto de empresas y entes del sector público regional, asciende a 3.256 trabajadores: 81 personas tienen puestos directivos, 474 de titulados superiores, 139 son personal administrativo, y los 2.562 restantes son personal de distinta tipología.
   De los trabajadores, 2.480 (el 76%) pertenecen a Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, cuya plantilla se ha reducido en el ejercicio un 7%, mientras que 443 empleados son del Grupo RTVCM.
   El importe total de los recursos empleados en personal por sueldos y salarios asciende a 67 millones y 20 millones de gastos sociales, habiendo experimentado el gasto total por estos conceptos un crecimiento del 14%.
   El informe señala que las entidades que no atendieron el deber de colaboración con la Sindicatura de Cuentas fueron: Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha S.A. (GEACAM), pues no ha comunicado los ingresos percibidos de la JCCM y sus organismos autónomos; Sociedad de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha S.A.U. (SIACLM) por no haber remitido copia de sus estatutos; Fuhnpaiin Empleo S.L. y Desarrollos Aeronáuticos de CLM S.A, pues directamente no han remitido ninguna documentación.
   Dado que a la fecha de finalización del Informe Provisional (19/11/2011) la documentación señalada no había sido remitida pese a los requerimientos de la Sindicatura de Cuentas, se considerará como no rendida.
   El informe refleja además que no han elaborado el informe de gestión que prevén sus estatutos las siguientes empresas: Don Quijote Conmemoraciones Culturales, Servicios Hospitalarios Generales y la Empresa Regional del Suelo y Vivienda.

Barreda vulneró la ley en el proyecto de empleo público

TOLEDO.-   La sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado "la nulidad de pleno derecho" del acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de 14 de diciembre de 2010, por el cual se ordenó la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Empleo Público.

   Así lo recoge la sentencia del tribunal regional, adelantada por el diario Abc, que estima el recurso contencioso-administrativo planteado por la Asociación de Letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (ASLACAM) contra dicho acuerdo del Consejo de Gobierno.
   Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el 10 de marzo de 2011 la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP. Esta norma tiene por objeto regular el empleo público de la Comunidad Autónoma y el régimen jurídico del personal --funcionario, laboral y eventual-- que lo integra, afectando en su totalidad a más de 120.000 trabajadores.
   La sentencia del tribunal regional considera una "grosería" y califica de "graves" las "infracciones procedimentales" producidas y reconoce que se incorporaron informes de manera "ilegal", se alteró el tenor del texto, y que en texto real no fue sometido al informe del Consejo Consultivo, hechos por los que se declara la "nulidad de pleno derecho según la doctrina jurisprudencia más clásica".
   "En cualquier caso --dice la sentencia-- lo que desde luego resulta innegable es que a cualquier observador jurídico debe producirle una sensación de perpleja desazón observar cómo despliega sus efectos en el mundo jurídico una Ley en cuyo proceso de elaboración, al menos en la fase de Proyecto, se despreciaron de forma tan flagrante las reglas legales de obligada aplicación".
   De esta manera, el tribunal da la razón a la Asociación de Letrados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que afirma que el acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2010 infringe la Ley del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
   Esta Asociación argumenta que "después de que el Consejo Consultivo emitiera su informe y lo remitiera al Consejo de Gobierno, éste remitió a las Cortes de Castilla-La Mancha no el mismo texto con, en su caso, las modificaciones precisas para adecuarse al informe del Consejo Consultivo, sino un texto modificado, con alteraciones que no tenían como objetivo adaptar el texto a las recomendaciones del Consejo Consultivo".
   Es más, apunta la Asociación, "en realidad las modificaciones, paradójicamente, lo que hacían era extender a nuevos supuestos una regulación que justamente el Consejo Consultivo había desautorizado por ser posiblemente inconstitucional".
   Igualmente, dice que tras la emisión del informe del Consejo Consultivo de 17 de noviembre de 2010, se emitió un informe el día 10 de diciembre de 2010 por la Secretaría General de la Presidencia y otro, de la misma fecha, por el Director General de la Función Pública, lo cual infringiría el precepto en cuestión. "Informes que, por otro lado, son los que alientan a los cambios que se produjeron en el texto antes de su remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha".
   La Asociación, según recoge la resolución, entiende que el contenido de las modificaciones introducidas "fue contrario a los intereses que defiende, contrario a lo dictaminado por el Consejo Consultivo, e incluso contrario a la normativa básica estatal en la materia, lo cual ocasionaría la inconstitucionalidad de la norma finalmente aprobada por el parlamento autonómico".
   El tribunal señala que "la Administración está conforme con la afirmación de que, legalmente, no cabe que tras la emisión del dictamen del Consejo Consultivo se emita informe alguno; y también está de acuerdo con que constan emitidos no ya dos, sino hasta tres informes posteriores".
   Esos tres informes reconocidos por la Junta son: uno de 29 de noviembre, del director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios; otro de 10 de diciembre, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas; y otro de la misma fecha, nuevamente del director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, añade la sentencia.
   Sobre el primero de los informes la resolución manifiesta que es un verdadero "informe sobre el informe" del Consejo Consultivo y establece que el director general de la Función Pública, "de forma inconcebible", se atreve a asumir funciones que "ni remotamente le corresponden" y se dedica a hacer la crítica del informe del Consejo Consultivo decidiendo qué puntos "acepta" (sic) y cuáles no.
   Por eso, el tribunal considera que el director general con su primer informe no sólo vulnera "flagrantemente" la Ley de Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, sino que demuestra "una notable falta de consideración por las funciones y cometido, legalmente garantizado, del Consejo Consultivo".
   "Si sorprendente es este informe --añade la sentencia--, el siguiente, de fecha 10 de diciembre, del mismo director general, penetra propiamente en el terreno de lo escandaloso".
   El tribunal agrega que en este segundo informe se menciona un "borrador del 26 de noviembre de 2010", de modo que "tras la emisión del informe por el Consejo Consultivo se elaboró un nuevo borrador, cuando legalmente sólo procedía que el Consejo de Gobierno se ajustase o no a las recomendaciones del Consejo Consultivo y remitiera el proyecto a Cortes".
   De este modo, el TSJCM reconoce que "no sólo se emiten informes que no deben emitirse, sino que se altera el texto en puntos que ninguna relación tienen con el informe del Consejo Consultivo, hurtando a dicho órgano, pues, la posibilidad de pronunciarse sobre tales innovaciones de última hora".

SESCAM explica a las organizaciones de Villarobledo el nuevo modelo de gestión público-privada del hospital

ALBACETE.- El gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Luis Carretero, acompañado del gerente del Hospital de Villarrobledo, Ignacio Tárraga, y el alcalde de la localidad, Valentín Bueno, ha mantenido un encuentro con representantes de los sindicatos, la patronal, asociaciones sociosanitarias y miembros de la Plataforma en defensa de lo público de Villarrobledo para explicarles con detalle los pormenores del nuevo modelo de gestión público-privada de este centro hospitalario. 

   Carretero ha asegurado que con este cambio se va a ofrecer al paciente una atención asistencial de futuro, pública y gratuita, incluyendo mayores mecanismos de control de calidad, informa la Junta en nota de prensa.
   Según ha explicado el gerente del SESCAM, el objetivo que se persigue no es otro que prestar el mejor servicio posible, con los recursos existentes, para garantizar el sistema sanitario del Hospital de Villarrobledo durante los próximos 20 años.
   Antes de esta reunión, Luis Carretero se ha dado cita con el personal sanitario del Hospital para aclarar todas las dudas sobre el presente y futuro de este centro.

'Albacete toma la calle' se suma el viernes a las acciones de protesta contra el rescate a los bancos con dinero público

ALBACETE.- El movimiento 'Albacete Toma la calle' ha informado de una acción conjunta y simultánea contra el rescate de los bancos con dinero público que llevarán a cabo el próximo viernes, 24 de febrero.

   En un comunicado, el movimiento ha dado a conocer que en la capital albaceteña se llevará a cabo a las 12.00 horas, en la entidad bancaria que hay ubicada en la calle Marqués de Molins, esquina con la calle Concepción, y lo ha argumentado en que el rescate a esta entidad bancaria "ha costado 5.000 millones de euros, es decir 111 euros del bolsillo de cada uno de nosotros".
   La acción consistirá en realizar una concentración delante de la entidad escogida, con carteles, pancartas, pitos, cacerolas y se intentará entrar a la oficina. Además, se dará lectura a un manifiesto, que se "entregará al director de la oficina, para que lo eleve a los altos directivos".