La Junta de Castilla-La Mancha saca a subasta 68 vehículos oficiales

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha sacará a subasta 68 vehículos oficiales, en su mayor parte de alta gama, que considera "prescindibles", con un precio global de salida de 460.000 euros y que se exhibirán este fin de semana en un aparcamiento público de Toledo.

Así lo ha dado a conocer el consejero portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, quien ha indicado que el precio medio de salida de los vehículos ronda los 5.000 euros y ha añadido que no se descarta que en el futuro se subasten más coches.

Fuentes del Ejecutivo regional han precisado que alguno de los vehículos que serán subastados no es de alta gama, pero entre los coches está un Audi A-8 blindado adscrito a la Presidencia de la Junta, que se oferta a partir de 156.000 euros.

Se trata del coche que, según el actual Gobierno regional, adquirió la Junta en 2007 por 377.000 euros para el entonces presidente regional, José María Barreda, y que apenas tuvo uso.

Leandro Esteban ha manifestado que este fin de semana se exhibirán los vehículos en el aparcamiento público del toledano barrio de Santa Teresa y que en próximas fechas se publicará el sistema por el que los ciudadanos interesados en los vehículos podrán pujar con ellos.

Ha confiado el consejero en que el Gobierno ingrese una cantidad superior al precio de salida fijado para los coches y ha añadido que es a base de "pequeñas economías" y de medidas como esta como se pueden obtener recursos suficientes para mantener los servicios básicos.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) anuncia su enajenación mediante subasta , una de las medidas que contempla el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, con las que el Gobierno regional pretende ahorrar 1.815 millones de euros.

   Publica el DOCM que los vehículos se podrán visitar durante este sábado y domingo, en horario de 10.00 horas a 18.00 horas, y desde el día 16 de noviembre hasta el día 12 de diciembre de 2011, en el aparcamiento del Archivo Regional, sito en la calle Río Cabriel de Toledo en horario de 10.00 horas a 18.00 horas (excluidos sábados, domingos y festivos).

   Este acuerdo de enajenación fue adoptado por resoluciones del 8 de noviembre de 2011 de las Consejerías de Presidencia y Administraciones Públicas, Agricultura, Fomento, Educación, Cultura y Deportes, Sanidad y Asuntos Sociales, Empleo y Portavoz del Gobierno y Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

   En dicha subasta pueden participar las personas físicas, actuando en su propio nombre y derecho, que deberán acudir provistas de D.N.I., pasaporte o tarjeta de residente. También pueden participar personas físicas que actúen en representación de un tercero, que deberán acreditar dicha representación mediante poder notarial o poder administrativo otorgado ante el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades.

   Podrán concurrir también personas jurídicas, que deberán presentar documento original o fotocopia compulsada de la escritura de constitución, así como poder de representación de la persona que vaya a licitar en su nombre, debidamente bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades.

   En cuanto al procedimiento, el DOCM recoge que será por subasta con ofertas verbales al alza, no admitiéndose posturas inferiores al tipo, de tal forma que cada lote se adjudicará a la mejor postura respecto de cada uno de los lotes.

   La tasación será la que consta para cada lote, y se establece como garantía el 20 por ciento del precio tipo de licitación de cada lote, que se podrá abonar en la Caja General de Depósitos de los Servicios Periféricos de la Consejería de Economía y Hacienda en Toledo sita en la avenida de Irlanda 14, o en la de cualquier otro Servicio Periférico de la mencionada Consejería, o en metálico el mismo día de la celebración de la subasta ante la Mesa Constituida.

   La subasta tendrá lugar en el salón de actos del Archivo Regional de Toledo, el 12 de diciembre de 2011, de 9.00 a 10.30 horas, de tal modo que sólo serán admitidos como licitadores quienes hayan constituido garantía inicial.

   Establece el DOCM que, una vez declarado adjudicatario o declarada desierta la subasta de cada coche, se devolverán las consignaciones que se hubieran hecho o los comprobantes de los depósitos a los licitadores no adjudicatarios.

   Durante los cinco días siguientes a la celebración de la subasta, la Mesa de contratación elevará propuesta de adjudicación de cada lote a fin de que se dicte la pertinente resolución.

   Entre los 68 coches, se encuentra un Audi A8 blindado tasado en 156.000 euros, para el que se exige una garantía de 31.200 euros. Hay además coches de las marcas Peugeot, Volvo, Audi, Seat, Toyota, Nissan y Citroen, entre otras.

Comentario de Cospedal

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado, sobre la exposición y posterior subasta de coches oficiales, que los socialistas "están muy enfadados" y que si les molesta "peor para ellos".
   Así se ha pronunciado Cospedal en la clausura de un encuentro con afiliados y simpatizantes en Villatobas (Toledo), donde ha concretado que los socialistas están muy enfadados porque dicen que de esta manera, el Gobierno que preside va a poner de manifiesto "el despilfarro de lo que ellos llaman la era de Barreda".
   "Yo no voy a poner de manifiesto nada", ha señalado la presidenta regional, quien ha añadido que ella dijo que iba a poner a la venta "los coches que hicieran falta".
"Los voy a poner a la venta y si les molesta peor para ellos, qué le vamos a hacer", ha agregado.

Narbona pide a Cospedal "que no sea sectaria y que gobierne para todos"

CIUDAD REAL.- La exministra de Medio Ambiente e integrante del equipo de campaña del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado que el Partido Popular cuando se escuda en la crisis o en la herencia recibida "simplemente está mintiendo a los ciudadanos" y ha pedido a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, "que no sea sectaria y que gobierne para todos, no sólo para los que la votaron".

   "Seguramente ustedes están escuchando todos los días que los recortes que hace el Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha son el resultado de la herencia recibida", ha señalado Narbona, quien ha añadido que "no tienen más que cruzar la frontera invisible con la Comunidad de Madrid, donde desde hace mucho tiempo están haciendo sino los mismos recortes, incluso peores" en sanidad, educación y servicios sociales, ha informado el PSOE en nota de prensa.

   Esta realidad ha llevado a Narbona a dirigirse expresamente Cospedal, para pedirle "que gobierne para todos y que no sea sectaria", una cualidad que bien podría aprender de expresidente castellano-manchego, José María Barreda, al que ha definido como "un magnífico presidente" para Castilla-La Mancha porque "ha gobernado para todos los ciudadanos y no sólo para lo que le votaron".

   Precisamente, para explicar y decir la verdad a los ciudadanos, en este caso a los valdepeñeros congregados en el Auditorio Francisco Nieva, la exministra socialista ha indicado que "en esta campaña no tenemos más remedio que explicar nuestro programa electoral y el programa que oculta el Partido Popular y que aquí, en Castilla-La Mancha es más que evidente".

   Esta es la misión de los socialistas, ha dicho, realizar pedagogía política para hacer llegar a la ciudadanía las propuestas del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, "propuestas para salir de la crisis y para salir de una forma justa", ha remarcado Narbona, quien ha recordado que "pese a lo que diga el PP, no es responsabilidad del Gobierno socialista, al recordar la situación por la que está atravesando Italia, con un gobierno conservador y de derechas".

   Narbona ha destacado que frente a la crisis financiera internacional y al caso concreto de España con la crisis del ladrillo, el PSOE apuesta por medidas concretas de mejor gobernanza para que Europa "sea más fuerte" y "más capaz" de atender a los envites de los mercados, además de diversificar la economía del país y para apostar por aquellas tecnologías y actividades en las que España "ya es líder mundial en muchos sectores".

   Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y candidato al Congreso de los Diputados, José María Barreda, ha señalado que no es igual una salida socialdemócrata de la crisis, como la que proponen los socialistas, "sin dejar de lado a nadie", que hacerlo con el modelo neoliberal que propugna el Partido Popular y "en el que cada uno se las apañe como pueda".

   Ante esto, Barreda ha alertado que "algunos quieren utilizar la crisis como coartada para plantear un cambio de modelo que significa recortar derechos de los ciudadanos, que significa acabar con derechos públicos fundamentales y que significa empezar a privatizar lo que debe ser absolutamente intocable", en alusión a la educación, la sanidad y las prestaciones sociales.

   El dirigente ciudadrealeño también se ha referido al "último espectáculo montado por el Gobierno de la señora Cospedal", al referirse al coche blindado que el anterior ejecutivo adquirió por  recomendación de los Cuerpos  y Fuerzas de Seguridad del Estado, un vehículo que apenas utilizó y que "afortunadamente la señora De Cospedal tampoco tiene necesidad de usarlo" gracias en parte a Alfredo Pérez Rubalcaba en su eficaz lucha contra la banda terrorista ETA.

Según CCOO, la "endogamia" de Caja Rural C-LM "imposibilita" su integración

TOLEDO.- El secretario general de Comfia CCOO, José María Martínez, ha señalado este viernes que la "endogamia" existente en la cúpula y los altos responsables de Caja Rural Castilla-La Mancha --"donde los cargos se heredan"-- está "imposibilitando" que esta entidad "converja en un proceso de integración, que se puede producir en un futuro inmediato".

   En rueda de prensa con motivo de una reunión con delegados del sector financiero del sindicato en Toledo, Martínez ha señalado, a propósito de la "congelación" en la negociación del convenio del sector banca, que en el caso de Caja Rural de Castilla-La Mancha los directivos piensan "más en sus intereses de grupo que en los intereses generales de la entidad".

   A este respecto, ha destacado cómo la cúpula "cobra más del 27 por ciento sobre los beneficios generados", lo que supone "la tasa más alta" dentro del sector de cajas con más de 1.000 millones de activos, a pesar de que el número de miembros de directivos ha pasado de diez a ocho y de que el beneficio "ha caído un 35,7 por ciento".

   El dirigente sindical ha arremetido contra la cúpula de la entidad donde "los cargos se heredan y las relaciones familiares entre la presidencia y otros altos responsables son muy cercanas", considerando que "esto no es sano" y está impidiendo que Caja Rural vaya hacia un proceso de integración que "se va a precipitar".

   A juicio de CCOO, ya ha habido concentraciones en el grupo de cajas de ahorros y "probablemente" las cajas privadas "entrarán en un proceso de reestructuración". Así, ha considerado que este sector al final "entrará en subasta" y "el siguiente paso" lo dará el Banco de España.

   Martínez ha apreciado que estrategias directivas como las de Caja Rural "imposibilitan una racionalización del sector" que, hasta ahora, en opinión del sindicato, "no se ha orientado bien".

   Por otro lado, José María Martínez, que ha criticado que se haya hecho "tabla rasa" de la responsabilidad de los gestores que han administrado la crisis en el sector de la banca, ha arremetido contra la "doble moral" de las patronales del convenio del sector, al aprovecharse de la situación de incertidumbre actual para defender una congelación salarial por 2 ó 4 años.

   CCOO ha apostado por "tomar conciencia" del problema y "transmitirlo con objetividad e involucrar a las plantillas", porque "si la persistencia en el bloqueo de convenios continúa, es probable que el ambiente social interno de las entidades se vaya a caldear y mucho", ha advertido.

   En el caso concreto de entidades como Globalcaja, Martínez ha aseverado que el acuerdo laboral alcanzado tras la integración "es posible" siempre y cuando la caja que lidera el proceso --en referencia a Caja Rural de Ciudad Real-- "abandone sus posiciones más intransigentes o rígidas".

   A juicio del sindicalista, el acuerdo es "necesario" para este grupo y cree "que se va a acelerar en los próximos días o meses", y por ello es "fundamental" llamar la atención acerca de la "resistencia" de algunas entidades, como Caja Rural de Castilla-La Mancha.    

   Durante su comparecencia, el sindicato ha aprovechado para comentar un estudio realizado entre las 15 primeras entidades financieras del país en el periodo 2004-2010, que evidencia que la media de retribuciones de las cúpulas "ha doblado el beneficio" y que, en el caso de las cajas de ahorro, el beneficio de las entidades ha bajado sin que las cúpulas directivas hayan adaptado sus retribuciones a esa bajada.

La alcaldesa de Albacete anuncia el pago de las subvenciones pendientes a las asociaciones de vecinos

ALBACETE.- La alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, junto al concejal de Hacienda, Juan Carlos López Garrido; la concejala de Barrios, Felicidad Vico han mantenido una reunión con el presidente de la FAVA Alfonso Sánchez para anunciarle el pago inminente de las subvenciones pendientes a las asociaciones vecinales de la convocatoria 2010 por un importe de 48.932,50 euros.

   Además, se le ha comunicado el pago de las subvenciones pendientes a la Asociación de Vecinos de Franciscanos del proyecto Escuela de Verano 2010 por importe de 2.992 euros, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. El total del importe transferido asciende a 51.924,50 euros.

   La alcaldesa ha agradecido la paciencia de todos los vecinos de Albacete por la responsabilidad y comprensión en estos tiempos de dificultad.

La moratoria a los rumanos obliga a 200.000 a trabajar en la economía sumergida

MADRID.- El presidente de la Federacion de asociaciondes rumanas de Europa (FADERE), Daniel Tecu, ha asegurado que 200.000 rumanos están trabajando en España en la economía sumergida "por culpa" del Gobierno y de su decisión de recuperar la moratoria que restringe el acceso al mercado laboral de los ciudadanos de esta nacionalidad. La asociación ha denunciado al Ministerio de la Presidencia por esta decisión. 

  Tecu ha denunciado que con el restablecimiento de la moratoria, "todos los que no estaban inscritos en ese momento en el INEM, aunque tuvieran documentación desde hacía 20 años, perdieron su permiso de trabajo" y, como la medida se aprobó en verano (22 de julio), muchos se habían vuelto a Rumanía para pasar la temporada sin haberse inscrito primero.

   "Los rumanos suelen darse de baja e irse a Rumanía por tres o cuatro meses. Al regresar, se han encontrado con que no han podido darse de alta de nuevo y como tienen aquí sus casas y sus vidas, no van a quedarse sin comer, así que están trabajando en el mercado negro", ha asegurado.

   Según explica, la cifra es tan elevada porque "para un rumano estar o no inscrito carece de importancia".

"Si ellos no están trabajando se ponen a buscar trabajo, que es su prioridad, pero lo buscan por ahí, la mayoría no busca trabajo inscribiéndose en el Inem", ha apuntado.

   Fadere calcula que hay 200.000 personas afectadas por la restricción y estima que si cotizasen por los trabajos que están desempeñando actualmente, se alcanzaría "una cifra muy alta de ingresos a la Seguridad Social". 

"El Gobierno está perdiendo este dinero y la sociedad española también", ha apostillado.

   Para Tecu, los afectados no son los trabajadores del campo, "un 10 o 15 por ciento de los rumanos que viven en España" y que se concentran en la zona sur del país. "A esos no les ha afectado tanto porque vienen de temporada pero tienen su casa en Rumanía. Los que yo señalo son los que tienen su vivienda en España y la están pagando", ha aclarado.

   El responsable de Fadere ha apuntado que muchas de estas personas se han dirigido a las autoridades para intentar conseguir el permiso de trabajo que ahora necesitan si quieren estar empleados por cuenta ajena, pero hasta hace "unos días" no han comenzado a expedirse. En cualquier caso, afirma, el procedimiento es muy irregular, ya que "hay gente que en tres meses no obtiene respuesta y gente que la recibe en ocho días".

   Por otra parte, Tecu ha explicado que la organización ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden del Gobierno que recuperó la moratoria así como las instrucciones y la adenda que la desarrollan, en el que sostiene que la medida "no se ajusta a derecho" y es "gravemente perjudicial para los derechos e intereses del colectivo que representa" Fadere.

   En paralelo, la organización ha interpuesto un recurso de alzada ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración en el que explica que sus instrucciones están impidiendo trabajar "a aquellos ciudadanos rumanos que estaban trabajando legalmente en España antes del 22 de julio pasado y que por cualquier razón, a esa fecha concreta no figuraban de alta en la Seguridad Social o no constaban como demandantes de empleo en el INEM".

   "Esto vulnera de plano los derechos adquiridos de esas personas que, por cualquier causa, de modo transitorio hayan dejado de encontrarse justo en esa fecha en cualquiera de esas dos situaciones y antes lo hubieran estado durante muchos meses", señala el recurso.

   Según un informe publicado este viernes por la Comisión Europea sobre el impacto de la libre circulación de trabajadores y las restricciones laborales para rumanos y búlgaros que todavía se mantienen en una decena de Estados miembros, España es el país de la UE con más parados de estas nacionalidades, con algo más del 60 por ciento del total, seguido de Italia con un 23 por ciento.

   Además, España es el país más beneficiado económicamente por la llegada de trabajadores rumanos y búlgaros, que han contribuido a un crecimiento del PIB español del 1,7% entre el 2004 y el 2009, frente al 0,3% de media en el conjunto de los Veintisiete y del 0,4% en los 15 antiguos Estados miembros.

Los Ayuntamientos, a un paso de la quiebra / Javier Gil Sanz

La mayoría de los Ayuntamientos españoles tiene problemas para llegar a fin de mes y pagar las nóminas, la luz, el teléfono o la recogida de basuras. Los ingresos les han caído en picado, por la crisis del ladrillo, y tienen que mantener un tinglado de gastos, servicios y organismos creados con el “boom” pero que ahora no pueden sostener. Por eso están haciendo recortes, no pagan sus facturas a miles de empresas y tratan de subir tasas e impuestos. El mayor problema lo tendrán en 2012, porque  tendrán que recortar 5.000 millones más para cumplir lo acordado con Bruselas. Ello va a obligar a reformar la financiación local, con más ingresos (a costa de las autonomías y de nuestros bolsillos), menos gastos y menos Ayuntamientos.

enrique ortega

Los Ayuntamientos son la administración que menos gasta (13% del gasto público, frente al 36% las autonomías y el 51% la administración central), pero el gasto municipal se disparó con el boom inmobiliario (+72 % entre 2001 y 2008), en obras faraónicas y dispendios sin control. Y ahora, con la crisis, les han caído en picado los ingresos (la cuarta parte y más), que en un 54% venían del ladrillo. Con ello, los Ayuntamientos tendrán este año un déficit de 8.719 millones de euros, un 27% más que en 2010 (aunque su agujero es la cuarta parte del de las autonomías). Y como ahora el Gobierno les ha prohibido endeudarse más (ya tienen una deuda de 29.503 millones de euros, casi la cuarta parte sólo Madrid), no les queda más remedio que recortar gastos y tratar de ingresar más.

Para darles la puntilla, la mayor parte de las autonomías (Cataluña y Asturias entre ellas) les han recortado transferencias este año. Además, tendrán que devolver al Estado, en 2011 y 2012, unos 6.200 millones en anticipos que cobraron de más en 2008 y 2009. Y para colmo, otros 1.022 municipios no cobrarán la transferencia de Hacienda en octubre (13,5 millones) como castigo por no haber presentado sus cuentas de 2010. En suma, menos ingresos.

Así que toca hacer recortes. Lo primero que están haciendo los Ayuntamientos es no pagar las facturas: luz (Valencia debe 12 millones), teléfono (León tiene 800.000 € sin pagar), recogida de basuras (Madrid paga con 9 meses de retraso) y miles de servicios. Se estima que los Ayuntamientos deben unos 35.000 millones de euros a proveedores y que tardan una media de 296 días en pagar (la Ley de Morosidad marca 50 días), lo que ha provocado ya algunos cortes de luz y teléfono. Lo segundo que hace la mayoría es recortar gastos corrientes, un tercio del presupuesto municipal: menos alumbrado, menos alquileres, gastos en fiestas, coches oficiales, móviles, tarjetas, viajes, publicidad… Y lo tercero, reducir subvenciones y ayudas: actos culturales, eventos deportivos y clubs, asociaciones, ayudas a comedores y transporte, a familias y colectivos desfavorecidos y recorte de gastos sociales.

Otro capítulo de recorte es el de personal, que se lleva otro tercio del gasto municipal, con 660.000 empleados públicos (un 60% contratados). Aquí las medidas van desde reducir sueldos de alcaldes y concejales a reducir horas extras e incluso sueldos, llegando a no renovar eventuales ni jubilados y hasta despidos de funcionarios. El problema es que los Ayuntamientos han creado una administración municipal paralela, una maraña de organismos autónomos (1.751) y empresas, Fundaciones y consorcios municipales (otros 1.602), para eludir controles y gastar más libremente en los años de “vacas gordas”:  sociedades de gestión de urbanismo, teatros, auditorios, polideportivos, zoos, parques de atracciones, campos de golf, RTV locales, hasta hoteles… Y ahora hay que ver cómo se desmonta el tinglado. Y mientras, no hay un duro para inversiones nuevas ni para mantenimiento (desde calles a instalaciones).

No basta con los recortes y no pagar las facturas: hay que ingresar más. Por eso, la mayoría de los Ayuntamientos están subiendo las tasas, desde las basuras al pago por bodas, los vados, el agua, la tasa de circulación, la cuota de los polideportivos, la tasa de incendios, la expedición de documentos o una tasa por tener perro (Benidorm o Coslada)...  Y algunos el impuesto sobre la vivienda, el IBI, tras la revisión del catastro, que la mayoría hará en 2012. Pero no pueden subir mucho sus ingresos, ya que los impuestos propios sólo son la mitad del presupuesto y los de vehículos, obras, terrenos y sobre la actividad económica (IAE) están de capa caída por la crisis.  

Con ello, la vía obligada es el recorte de gastos, en muchos casos gastos sociales que les han crecido con la crisis. Y lo peor será el año 2012, ya que el Gobierno y los Ayuntamientos se han comprometido con Bruselas a recortar su déficit del 0,8 % del PIB (2011) al 0,3%. Y eso supone recortar 5.000 millones más, algo imposible para los Ayuntamientos si no se reforma su financiación, con una nueva Ley que lleva años esperando. Y también habrá que reducir el número de Ayuntamientos (8.116), para compartir servicios y ahorrar costes, como acaban de hacer ya Italia y Grecia: en España, el 85% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes (945 menos de 1.000), lo que encarece su gestión.

Pasado el 20-N, una de las tareas urgentes debía ser conseguir un gran pacto municipal, que fijara dos cosas: las competencias que deben tener los Ayuntamientos y cómo financiarlas. Y es que un 26% de los servicios que prestan los municipios (y que les cuestan 9.000 millones al año) son “gastos impropios”, que deberían hacer las autonomías (o el Estado central): seguridad y protección civil, cultura, protección social y servicios sociales (vivienda, educación, sanidad, bienestar comunitario, ayudas). Si lo siguen haciendo (España es el país europeo con menos peso del gasto local), hay que darles más ingresos y quitarlos de otro lado. No duplicar y triplicar servicios en distintas administraciones, cada una con su chiringuito, para que al final nos cueste más a los contribuyentes. Y ya puestos a elegir, menos autonomías y más Ayuntamientos. Pero saneados.

http://economiaaloclaro.blogspot.com/2011/10/los-ayuntamientos-un-paso-de-la-quiebra.html

Cascos avisa de que Rajoy no sabe lo que va a hacer con el "futuro de España"

MADRID.- El presidente de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, aseguró anoche que el líder del PP, Mariano Rajoy, no quiere explicar sus propuestas porque sencillamente "no sabe lo que va a hacer a partir del 21 de noviembre con el futuro de España".

Durante un acto electoral en Madrid, el líder de Foro Ciudadanos ha criticado la actitud de Rajoy y también la del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha dicho que no tiene "ninguna credibilidad" y que aunque en su programa llevara "milagros" no le votarán los ciudadanos porque ya no le creen al haber situado el PSOE a España en este "punto dramático".

Álvarez-Cascos ha lamentado la actitud de los candidatos de los partido mayoritarios en el debate de pasado lunes y ha defendido que su fuerza concurre a estos comicios como el "único contrapeso" para que se apoye el Gobierno ante las "tensiones nacionalistas".

"No somos antinacionalistas", ha remarcado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha explicado que su formación lo que quiere es "más España, mejor España" frente al discurso de los nacionalistas de "pedir menos España".

Para Álvarez-Cascos, Foro es el "tensor" que puede neutralizar "los vientos dominantes" de los nacionalistas para que el Gobierno no tenga que ceder y sea fuerte en la defensa de los intereses del Estado.

Por ello, ha incidido en la necesidad de que su partido consiga grupo parlamentario propio en las Cortes Generales para que su programa no se quede en un ejercicio "teórico", pueda estar donde se toman las grande decisiones y contribuya a una España "mejor en los próximos cuatro años".

En este sentido, ha resaltado que su formación es la alternativa al bipartidismo y que surge para "romper la falta de credibilidad de unos y la falta de programa de otros".

Tras denunciar la situación económica de España, el presidente asturiano ha insistido en que lo más "urgente" es un política de recortes del gasto público, un asunto sobre el que hay "muchas diferencias" según los partidos.

En su comunidad no van a hacer ajustes en "servicios esenciales" como la sanidad, la educación y las políticas sociales, ha añadido Álvarez-Cascos, que prefiere "recortar" en las televisiones autonómicas y no cerrar ambulatorios como Cataluña o dejar de pagar medicamentos como ocurre en otras autonomías.

"Estamos recortando sin tocar las prestaciones esenciales que los ciudadanos consideran prioritarias en el Estado del Bienestar", ha agregado.

Ha detallado una serie de propuestas de su formación, como la de contribuir a que las empresas españolas ganen "competencia", una nueva reforma laboral, reordenar el sistema fiscal y que los empresarios no tengan que pagar el IVA hasta que no hayan cobrado las facturas.

También ha abogado por reducir burocracia, bajar el impuesto de Sociedades y que las empresas que se creen estén exentas de tributos durante el primer año y del cincuenta por ciento en el segundo.

"Hay que hacer muchas reformas estructurales", ha continuado Álvarez-Cascos, que además ha apostado por reducir el coste energético y ayudar al sector de la gran industria, que tiene un "gravísimo problema de competitividad".

Además, dedicó parte de su mitin a la política internacional e instado a hacer una diplomacia "comercial" para ayudar a abrir mercados a las empresas en vez de una política exterior que haga "amistades ideológicas en función de intereses políticos".

Álvarez-Cascos ha subrayado que es necesario un Gobierno "serio" que no tenga que "estar de rodillas ante la UE escribiendo al dictado".