TOLEDO.- El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Jesús Labrador, ha anunciado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal suspenderá provisionalmente el Fondo Regional de Cooperación Local (Forcol) a excepción de los compromisos adquiridos con carácter plurianual que estaban comprometidos por el anterior Gobierno socialista.
En cambio, el Ejecutivo castellano-manchego tiene previsto aprobar un programa de ayuda y asistencia a municipios que atenderá las necesidades "más perentorias" en las que puedan encontrarse los ayuntamientos y reformará la ley de entidades locales "tantas veces anunciadas y nunca concretada", ha afirmado el consejero.
Labrador ha hecho estos anuncios durante su comparecencia en las Cortes regionales para informar sobre la política que va a desarrollar su Consejería durante la presente Legislatura, que ha durado tres horas.
En este contexto, ha anunciado el establecimiento de un periodo de pagos a través de un calendario que estará concluido en este último trimestre de 2011 para satisfacer las deudas existentes con los municipios y ha adelantado que se va a intentar solucionar la falta de secretarios-interventores en los ayuntamientos con el desarrollo de una bolsa de interinos para estos puestos a lo largo de la Legislatura.
El Gobierno regional, además, tiene previsto editar un manual de cargos electos de Castilla-La Mancha que estará disponible antes del año de 2012 a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades y que "tan necesario es sobre todo para aquellos cargos que acceden por primera vez a sus responsabilidades públicas", ha aseverado el consejero.
Para los municipios con población inferior a los 2.000 habitantes, el Gobierno autonómico pretende elaborar-- en colaboración con las diputacione--s una serie de cuadernos sobre cuestiones de utilidad como procedimientos, contratación, subvenciones, trámites administrativos, y aquellos aspectos que le sean imprescindibles en su funcionamiento diario.
De otro lado, el consejero ha señalado que es intención del Gobierno suprimir la orden mediante la que se procedía al cierre de los centros de trabajo a las cinco de la tarde al entender que redunda en beneficio del servicio y que la ampliación del horario supondrá una mayor flexibilidad que permitirá una mejor conciliación de la vida familiar y laboral.
En materia de función pública, el consejero ha dicho que resulta "imprescindible" emprender una reforma del empleo público que mejore la planificación y ordenación del personal al servicio de la Junta de Comunidades, en desarrollo de una carrera profesional que premie a los empleados con mayor capacidad y dedicación al servicio público.
Con esta finalidad, ha comentado se abordará en esta Legislatura el desarrollo de la reciente ley de empleo público de Castilla-La Mancha que entrará en vigor a lo largo de este mes de septiembre. Se ha mostrado "preocupado" por la impugnación que de esta ley sigue viva en el TSJCM, impugnación que se seguirá con interés.
En el marco de la negociación colectiva, el Gobierno regional pedirá a las organizaciones sindicales un "esfuerzo solidario" que se concretará en la reducción de los recursos destinados a la actividad sindical. También es intención de la Junta alcanzar acuerdos con el máximo consenso en las negociaciones del acuerdo marco, el convenio colectivo, del acuerdo de salud laboral y el pacto de interlocución.
También ha avanzado la suspensión "temporal y necesaria" de la oferta de empleo público, una medida que "no es casual ni del gusto del Gobierno, pero las circunstancias obligan a ello". Ha insistido en que se trata de una medida de "carácter coyuntural" y ha garantizado que se volverá a convocar oferta de empleo público en la Administración regional.
De otro lado, la Junta estudiará la reducción de la figura de las comisiones de servicio cuyo número actual supera las 1.600 dentro de la Administración regional al entender que para un "correcto" funcionamiento de los servicios públicos "es preciso" que funcionarios desempeñen el puesto de trabajo para el cual opositaron.
El consejero ha informado además de que la Junta pretende realizar un sistema de formación de cargos públicos posibilitando su acceso a la Escuela de Administración Regional.
También se pretende reducir la externalización de proyectos y asistencias técnicas que hasta ahora eran desarrollados por empresas ajenas a la Administración regional para que puedan ser realizados por servicios técnicos de la Junta.
En otro orden de cosas, el consejero ha indicado que la actual coyuntura económica no va impedir a este Gobierno seguir apostando por la integración sociolaboral de las personas con discapacidad, por lo que se mejorarán los actuales accesos a la función pública y se actuará sobre aquellos impedimentos que pudieran afectar a este colectivo en su desarrollo personal y laboral.
La intención de la Consejería es apostar por el desarrollo de cursos de formación 'online' --a excepción de aquellos que, por razón de su materia, requieran asistencia presencial, como los relativos a protección civil--, ya que son "más asequibles" para el erario público, permiten que el número de alumnos sea más elevado que en cursos presenciales y no conllevan merma en la calidad de la formación.
En cuanto a relaciones de la Consejería con la Administración de Justicia, se quiere estrechar la colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, así como solicitar que la región cuente con los medios personales y técnicos de los que "ha carecido" hasta el momento. Además, se "luchará" para conseguir juzgados específicos de violencia de género cuya solicitud fue aprobada en su día por unanimidad por las Cortes.
En cuanto al ámbito de la protección ciudadana, el consejero ha informado de que se realizará una nueva ley de coordinación de policías locales y un nuevo reglamento, así como una ley de emergencias de Castilla-La Mancha. A su vez, para la presente legislatura, es un objetivo del Gobierno la elaboración y aprobación de los dos planes especiales recogidos en la norma básica de protección civil que faltan por desarrollar en la región, como es el plan especial de riesgo sísmico y el plan especial de riesgo volcánico, así como desarrollar los planes sectoriales de emergencia.
