jueves, 14 de junio de 2012

La Delegación de la Junta en Albacete se traslada a Casa Perona


TOLEDO.- El Consejo de Gobierno ha aprobado trasladar la sede de la Delegación de la Junta en Albacete, situada en la Fábrica de Harinas, a la Casa Perona, la que fuera sede del extinto Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, una medida con la que el Ejecutivo autonómico va a ahorrar 450.000 euros anuales.

   Así lo ha anunciado el consejero portavoz, Leandro Esteban, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, quien ha señalado que con esta decisión se pretenden optimizar gastos y reducir el número de edificios arrendados a lo "imprescindible", tal y como contemplaba el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos.
   Con esta decisión el Gobierno regional reorganiza los servicios de Albacete, trasladando su sede a un "edificio emblemático" como es la Casa Perona, que reúne las condiciones óptimas para el uso que se prevé, según ha dicho el también consejero de Administraciones Públicas y Presidencia.
   Para ello, ha explicado, se han unificado siete contratos de arrendamiento de edificios "dispersos" por la ciudad, de tal modo que el traslado de dependencias afectará a un total de 50 personas, quedando la actual sede de la Fábrica de Harinas para otros funcionarios del Gobierno regional.
   A modo de ejemplo, Esteban ha indicado que uno de esos contratos de alquiler que se suprimen es el de un local que estaba destinado a ofrecer servicio sanitario, por el que se pagaba todos los meses 9.000 euros, y que "nunca ha llegado a usarse".
   "Se trata por tanto de una medida buena para el interés general que acaba con situaciones aberrantes" llevadas a cabo por el anterior Gobierno socialista, ha denunciado.

Cerca de 600 personas se concentran en C-LM en defensa del empleo

TOLEDO.- Bajo el lema 'El Estado de bienestar es tu derecho' cerca de 600  personas se han concentrado en las cinco capitales de Castilla-La Mancha, secundando la convocatoria que CCOO y UGT ha realizado para animar a los empleados públicos a que defiendan el empleo y los servicio público. 

   En todos los cinco actos de protesta los asistentes han denunciado "una reducción drástica del empleo y la actividad del sector público autonómico", lo que va a generar un "fuerte impacto negativo" en el desarrollo económico y social las comunidades autónomas y en los derechos colectivos y las condiciones de empleo de los profesionales públicos".
   "En tiempos de crisis en los que estos servicios son garantía de futuro y de solidaridad, los responsables políticos de esta situación reducen drásticamente la inversión y el gasto público, mientras el sistema financiero encuentra barra libre especulativa de crédito con cargo a los impuestos e todos los ciudadanos", han denunciado en el comunicado que se ha leído en Toledo, Albacete, Cuenca, Ciudad Real y Guadalajara.
   En Toledo, cerca de 50 personas se han concentrado y han intentado hacer una cadena humana rodeando la sede de la Delegación de la Junta, situada en la Plaza de Santiago de los Caballeros, para mostrar su rechazo contra las medidas adoptadas tanto por el Gobierno central como el regional en detrimento de lo público.
   En declaraciones a los medios, el secretario de organización del sector público de UGT Castilla-La Mancha, Miguel Guerra, ha indicado que con esta acción pretenden reivindicar unos servicios públicos de "calidad" y denunciar los efectos que la reforma laboral van a tener en el sector público y que van a suponer un "grave retroceso".
   Por su parte, el responsable de Autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Bautista González, ha manifestado que esta movilización de carácter estatal en Castilla-La Mancha tiene especial relevancia, porque "María Dolores Cospedal usa la región como campo de experimentación para sacar pecho ante el Gobierno central, destruyendo empleo neto".
   Tanto el representante de UGT como el de CCOO han denunciado, asimismo, la total ausencia de negociación colectiva en toda la administración general, motivada por la forma de gobernar del Ejecutivo de María Dolores de Cospedal, que lo hace "a base de decretos".
   "Esto está generando la judicialización de todos los procedimientos. Pero la ley y las movilizaciones de la gente les pararán los pies", ha indicado el responsable de CCOO.

ALBACETE

   De manera simultánea, un centenar de personas se han concentrado ante la Delegación de la Junta en Albacete, situada en la Fábrica de Harinas, contra la reducción del empleo y de la actividad del sector público.
   Entre los concentrados, concejales del Grupo Municipal Socialista,  trabajadores de Asprona y la Fundación Asla, que sufren impagos por parte de la Administración regional, y trabajadores del Instituto Técnico Agronomico Provincial, que se ven afectados por un ERE.
   También han participado en esta nueva acción de protesta orientadores laborales que trabajan en Castilla-La Mancha, que ataviados con camisetas negras han denunciado que el Gobierno regional quiere suprimir con este servicio público, lo que va a provocar el despido de cerca de 180 personas en toda la región.

GUADALAJARA

   En Guadalajara, han sido cerca de 300 las personas las que se han concentrado ante la Delegación de la Junta, situada en la calle Juan Bautista Topete, para denunciar los "recortes masivos" que el Gobierno castellano-manchego está ejecutando en todos los servicios.
   La responsable de UGT Laura de Íñigo ha indicado, en declaraciones a los medios, que estas "recortes" no solo afectan a los trabajadores del sector público, sino a la sociedad en general, pues son los ciudadanos los que en última instancia "más los sufren".
   En este sentido, ha denunciado que las vacaciones en el servicio periférico de Bienestar Social solo se están cubriendo en un 57 por ciento y que no se están realizando sustituciones.

CUENCA

   De igual modo, cerca de medio centenar de personas se han concentrado este jueves a las puertas de la Delegación de la Junta en Cuenca, situada en la Glorieta González Palencia, en defensa del sector público.
   La cita se ha desarrollado sin incidentes, en un ambiente distendido y sin proclamas. Tras la pancarta 'El Estado de Bienestar es tu derecho. Defiende lo público' los sindicatos convocantes han denunciado que "lejos" de impulsar políticas de regeneración los Ejecutivos central y regional "imponen ajustes injustos que no garantizan lo público, ni el empleo".

CIUDAD REAL

   A la misma hora, unas cincuenta personas han cortado la calle de la Delegación de la Junta en Ciudad Real, sita en la calle de La Paloma, para mostrar su rechazo a las políticas de los Gobiernos de Mariano Rajoy y María Dolores Cospedal en detrimento de lo público.
   Con pancartas que rezaban lemas del tipo 'Contra los recortes laborales y sociales' o 'Quieren acabar con todo', los asistentes, entre los que se encontraban el secretario provincial de CCOO, Felipe Pérez, o la concejal de IU, Carmen Soánez, han denunciados que los gobiernos "al dictado de la Unión Europea, imponen ajustes y restricciones injustificados".

La Junta espera que PSOE apoye eliminar complementos a exaltos cargos

TOLEDO.- El portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, se ha mostrado confiado en que el PSOE apoye la enmienda parcial que el Grupo Parlamentario Popular va a presentar a los Presupuestos regionales de este 2012 con la que pretende eliminar los complementos que perciben los altos cargos de la Junta, que lo hubieran sido durante al menos dos años y que fueran funcionarios, algo, que según Esteban, supondrá un ahorro de unos 500.000 euros.

   En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Esteban ha indicado que dicho consejo ha tenido conocimiento de esta enmienda, que va a presentar su grupo en las Cortes y que va a afectar a un total de 92 funcionarios, que cobran complementos de 500, 600 u 800 euros mensuales por haber sido director general o consejero.
   "Se trata por lo tanto de eliminar un privilegio que tienen algunas personas por el mero hecho de haber desempeñado un alto cargo y que esas personas sean exactamente iguales que el resto de funcionarios", ha dicho el también consejero de Administraciones Pública y Presidencia, que ha expresado la intención de que esta medida tenga carácter permanente.

Caja Rural espera más de 2.000 personas en su Asamblea General

TOLEDO.- Este viernes se celebra en Toledo la Asamblea General anual de Caja Rural de Castilla-La Mancha, cita para la que la entidad espera la asistencia de más de 2.000 personas entre delegados, socios y clientes, a quienes se someterá la aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011.

   La cita, que está fijada para las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria, representa el acontecimiento anual más importante de la Entidad. El orden del día incluye la lectura del informe del presidente, Andrés Gómez Mora, y el examen de la gestión social de la Entidad y su memoria explicativa a cargo del director general, Víctor Manuel Martín López, ha informado Caja Rural en nota de prensa.
   Tras la aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, se tratarán las líneas básicas de aplicación y destino del Fondo de Educación y Promoción. También se admitirán aportaciones voluntarias al capital social, para concluir con los habituales ruegos y preguntas.
   La Asamblea se celebra cinco días después de que se llevaran a cabo doce Juntas Preparatorias en las distintas demarcaciones territoriales donde la entidad tiene ubicada su red comercial, donde se determinaron los delegados que acudirán este viernes en representación de los más de 60.000 socios de la Entidad. En concreto, serán 283 los delegados presentes en la Asamblea General, cifra que supone un récord en la historia de la cooperativa de crédito.
   El pasado domingo, las asambleas de las cajas de Villamalea, Casas Ibáñez y Mota del Cuervo rechazaron integrarse junto con Caja Rural de Castilla-La Mancha, decisión que también estaba prevista en el orden del día de la Asamblea que se celebra este viernes.
   Como cierre a la cita, la Asamblea de este año contará con un montaje con el objeto de resaltar los acontecimientos más importantes vividos durante 2011, empleando un video mapping 3D, técnica audiovisual consistente en proyectar animaciones virtuales sobre superficies reales.
   La Asamblea General concluirá con la tradicional Cena de Hermandad en el Hotel Beatriz de Toledo, a la que acudirán, además de los socios asistentes a la Asamblea, representantes de la Administración regional y provincial, además de diferentes Corporaciones municipales.
   También tienen confirmada su presencia responsables de organizaciones agrarias y empresariales de Castilla-La Mancha y Madrid, Universidad, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Consejos Reguladores, cooperativas agrarias, Organizaciones No Gubernamentales y medios de comunicación, entre otros.

El vicerrector de la UCLM lamenta la pérdinda de 25 investigadores

CIUDAD REAL.- El vicerrector de Investigación de la UCLM, José Julián Garde, ha manifestado que "algunas de las advertencias" que hizo hace dos semanas cuando "ya se están haciendo realidad", ya que esta semana "se ha conocido que el personal investigador en formación dependiente del Programa Regional de Potenciación de los Recursos Humanos --formado por 25 personas-- no va a poder continuar con su formación al acabar su beca de 24 meses", período "al que debería seguir, como siempre ha sido, otro periodo de contrato de dos años más". 

   Según ha asegurado Garde en un comunicado, durante dos años de formación de este personal "se han invertido hasta la fecha aproximadamente 750.000 euros", y el coste total de los contratos de todos a lo largo de cada año de los dos en los que se les debería contratar a partir de noviembre "es de aproximadamente 500.000 euros".
   Del dinero invertido en su formación, Garde ha aseverado que "la región recupera el 80 por ciento del programa operativo 2007-2013 del Fondo Social Europeo", por lo que "no es una cuantía desmesurada la que haría falta para que estos investigadores en formación finalicen con éxito la tarea para la que fueron seleccionados hace ahora casi dos años".
   "Por el contrario, si su periodo de formación se ve ahora interrumpido por esta decisión que parece que va a adoptar la Consejería de Educación, todo el esfuerzo realizado por ellos será inútil", ha apostillado.
   Por tanto, a juicio de Garde, el coste de esta decisión no debe valorarse solo en términos económicos "sino también en términos de credibilidad institucional para la región". "Además, y desde un punto de vista meramente económico, la inversión realizada hasta la fecha en ellos pasará a ser un coste del que no se sacará rédito alguno".
   "Esto, unido a que a fecha de 31 de diciembre de 2010 nuestra región presentaba un grado de ejecución de los fondos del Fondo Social Europeo destinados a este tipo de formación inferior al dos por ciento, nos hace una vez más dudar de la oportunidad de la medida anunciada por la Junta", ha añadido.
   Según el vicerrector, esta decisión es "grave" por la "fuga de cerebros que pueda existir en la región", aunque "hay más argumentos para intentar convencer a las autoridades de lo errónea que puede llegar a ser la medida anunciada, ya que la ciencia de un país y de una región no tienen razón de ser si no cuidan sus recursos humanos desde el principio".
   "Muchos expertos nacionales e internacionales han advertido que resulta fundamental invertir en I+D. De todos los elementos que constituyen nuestro sistema regional de Ciencia los recursos humanos son extraordinariamente importantes para el mismo y, por tanto, para este Vicerrectorado, pero con esto no es suficiente, ya que debería ser un objetivo de nuestro Gobierno regional priorizar dentro del Plan Regional de Investigación la consolidación de una comunidad científica sólida", ha añadido en su comunicado.
   Por ello, ha pedido que, ya que los Presupuestos de la región no son aún definitivos, "se incluya en ellos la cuantía necesaria para que estos 25 investigadores puedan finalizar sus proyectos".

Uno de cada tres ancianos ayuda con su pensión a sus familiares, según la Cruz Roja

BARCELONA.- Uno de cada tres ancianos han ayudado económicamente a alguno de sus familiares con sus pensiones en los últimos dos años, y uno de cada cuatro han tenido que acoger de nuevo a algún hijo en su casa, ha concluido el III Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja de Cataluña. 

   El presidente de la entidad, Josep Marquès, ha explicado en rueda de prensa que las personas mayores se están convirtiendo en "un pilar imprescindible para paliar las secuelas de la crisis" y son un colectivo que debe cuidarse para evitar un efecto dominó que alcance al conjunto de la sociedad.
   Tras analizar el impacto de la crisis en 674 usuarios mayores de 65 años, la entidad de ayuda humanitaria ha detectado que el 70% de ellos han visto disminuir su capacidad de ahorro, debido al encarecimiento de los precios y al incremento de las cargas familiares.
   También el 70% creen que "esta crisis es más grave que las anteriores" y que las nuevas generaciones vivirán peor que las actuales debido al deterioro del Estado del Bienestar.
   "Cualquier política referida a la vejez puede tener repercusiones sobre el conjunto de las familias y la sociedad", ha recordado Marquès, animando a las instituciones a abordar medidas en este ámbito.
    El estudio revela que se han invertido los flujos de solidaridad intergeneracional por los cuales los más jóvenes contribuyen al bienestar de los mayores a través de la financiación del sistema de pensiones.
   "Ahora ya son más los mayores de 65 años que apoyan a las generaciones más jóvenes", ha destacado Marquès, cifrando en un 20% los ancianos que prestan ayuda económica a sus hijos, un 10% los que ofrecen apoyo alimentario y un 6,5% los que han acogido a algún hijo en casa.
   El impacto de la crisis económica tiene consecuencias sobre la alimentación de los mayores ya que, un 20% de ellos asegura no poder comer con regularidad fruta, carne ni pescado.
   Además, el hecho de tener que destinar sus pensiones a ayudar a sus familiares ha obligado a la mitad de ellos a privarse de ir al dentista y revisarse la visión.
   Marquès ha alertado de que dos de cada cuatro ancianos no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada y que el 80% de ellos no pueden permitirse ningún gasto en ocio y descanso.
   Debido a todos estos factores, los mayores "tienen la percepción de ruptura del progreso social a causa del deterioro del Estado del Bienestar".

El Gobierno quiere reducir vacaciones a los funcionarios

MADRID.- La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.

   En concreto, en el borrador se establece que el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo en jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado cumplimiento a los empleados públicos.
   En el borrador, la jornada semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.
   En el texto elaborado por Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5 horas semanales.
   En la actual resolución sobre jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.
   De hecho, en una carta el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de la jornada anual, "debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo".
   En el texto se eliminan además los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
   De aprobarse esta nueva resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de permiso por asuntos particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.
   La resolución va acompañada de dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.
   En el código de buenas prácticas para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir la justificación oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de absentismo.
   El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar "unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
   En dicha ley, recuerda CC.OO., se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es "inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".
   Fossoul considera que esta medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución, sino para el resto de las administraciones públicas, "que seguirán probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante".
   Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado su malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.
   Camarillo ha calificado este procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los empleados públicos.
   Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo peor", ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.