MADRID.- La reforma de la administración local que
impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones
iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos
en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las
retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una
eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a
unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que
alcancen los 100.000 euros.
Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de
Ministros en julio del año pasado y han desaparecido del nuevo informe
que este viernes ha visto el Consejo de Ministros.
El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a
trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace un año, y
ha mantenido negociaciones con todas las administraciones
territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.
El camino ha sido tortuoso y le ha granjeado al Gobierno las
críticas de alcaldes de su propio partido, discusiones con las
autonomías por una posible invasión de competencias, dudas de la FEMP y
el rechazo absoluto de los socialistas.
Conforme han avanzado los meses, las negociaciones y la
contestación, algunos asuntos muy destacados de la reforma inicial se
han eliminado. Es el caso de la reducción de concejales, situada en un
30 por ciento en julio del año pasado, cuando se aseguró que ningún
pleno municipal contaría con más de 35 asientos; hace unos días, esa
rebaja se situaba ya en el 10 por ciento y hoy se ha reducido a cero.
En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, se anunció su
equiparación, para los de las ciudades mayores, al sueldo de un
secretario de Estado; esto es, 68.981 euros. No se dijo entonces lo que
hoy ha aclarado el ministro Cristóbal Montoro, que ese sueldo lleva
añadidos varios complementos que elevan la retribución final a los casi
100.000 euros.
Pese a todo, se ha multiplicado el ahorro que según el Gobierno se
puede lograr con esta reforma: 7.129 millones de euros, el doble de los
3.500 previstos inicialmente. Fundamentalmente, porque cada competencia
será ejercida por una sola administración y porque desaparecerán
empresas públicas y entidades intermedias, como las mancomunidades.
El proceso de reforma, en cualquier caso, va a ser largo y aún
caben nuevas modificaciones. Fuentes del Gobierno aseguran que la
iniciativa, que por el momento es solo un informe, no se convertirá en
ley probablemente hasta el año que viene, es decir, en vísperas de las
próximas elecciones municipales de 2015. Será en la próxima legislatura
local cuando todas estas novedades empiecen a surtir efectos.
Habrá tiempo por tanto para retomar negociaciones rotas y
profundizar en las que el Gobierno aún mantiene. El departamento que
dirige Antonio Beteta, secretario de Estado de Administración Local, ha
recibido cientos de aportaciones de comunidades autónomas, de expertos,
de diputaciones, ayuntamientos y partidos políticos.
Las negociaciones han sido intensas también con el PSOE desde el
principio del proceso. Ambas partes intercambiaron propuestas y las
relaciones han sido fluidas entre los dos principales partidos del país,
con Javier Arenas (PP) y Gaspar Zarrías (PSOE) a la cabeza.
Pese a todo, las posturas se han distanciado ante la convicción
socialista de que el interés principal del Gobierno es privatizar
servicios que ahora son públicos. Así las cosas, y al entender que sus
propuestas no eran escuchadas, el PSOE dio por rota la negociación.
No han sido tampoco fáciles las cosas con los propios municipios
del PP; primero, con los de tamaño menor, que en un principio se vieron
abocados a la desaparición. Finalmente, los que no sean eficientes
dejarán de prestar servicios, que serán ofrecidos por la diputación,
pero no se disolverán.
La reforma ha tenido otros aspectos que no han gustado a los
ayuntamientos, al margen de su color político; por ejemplo, que los
interventores municipales vuelvan a responder ante Hacienda y no ante el
alcalde.
