MADRID.- El Gobierno considera la ampliación de los
horarios comerciales aprobada para 2013, de 72 a 90 horas semanales en
días laborables y de ocho a diez el mínimo de aperturas anuales en
domingos y festivos, un "primer paso en un camino que ha empezado a
recorrer", por lo que no descarta la adopción de "medidas de más
alcance" en esta materia.
"Hemos buscado el más amplio acuerdo posible con las comunidades
autónomas, pero esto no significa que con este Real Decreto Ley se agote
la liberalización", ha afirmado el secretario de Estado de Comercio
Interior, Jaime García-Legaz, durante la presentación de un estudio de
la UNED encargado por el Ministerio de Economía.
El estudio, realizado por el profesor de Economía Aplicada y
Estadística Pedro Cortiñas el pasado mes de junio, analiza el impacto
sobre el PIB, el empleo y la red comercial que tendrían distintos
escenarios de liberalización horaria en el comercio. Cortiñas subrayó
que cuanta más libertad se dé en aperturas en festivos mejores
resultados se obtiene sobre la demanda.
El escenario que más se acerca a las medidas aprobadas por el
Gobierno el pasado viernes contempla una ampliación de 72 a 90 las horas
de apertura semanal y de 8 a 16 los festivos, una medida que podría
favorecer un incremento del PIB nacional del 0,78%, lo que supone una
estimación de valor de unos 8.263 millones de euros.
Además, generaría 162.272 puestos de trabajo directos e indirectos
en el conjunto de la economía, con lo que el paro disminuiría un 2,86%,
y propiciaría la creación de 17.310 nuevos locales comerciales. Estos
incrementos se sustentan en un incremento del gasto en consumo final de
los hogares de un 1,3%.
Según el informe, solo en el sector del comercio minorista se
generarían de forma directa 60.262 puestos de trabajo, que en términos
equivalentes de tiempo completo serían 47.945. De estos, 7.651
corresponderían a las grandes superficies y cadenas y 40.295 al pequeño
comercio.
En el caso de la liberalización horaria total, una iniciativa que
ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, el estudio señala que se
podría traducir en un incremento del PIB del 1,63%, lo que supondría un
valor estimado de 17.187 millones de euros; en la generación de 337.581
empleos en la economía, y en la apertura de 31.670 locales comerciales.
Estas estimaciones no recogen el posible impacto del incremento
del IVA, pero, según el autor del estudio, si afectara al consumo, una
mayor liberalización puede actuar como atenuante o freno a los efectos
que tuviera sobre el empleo y la facturación del sector en las
cantidades señaladas.
Frente a los recursos anunciados por comunidades autónomas como
Cataluña y Andalucía contra la nueva norma, García-Legaz defendió que
los informes jurídicos del Estado "son concluyentes" en el sentido de
que éste puede legislar en defensa del interés de la economía.
Para García-Legaz, la ventaja de la libertad total de aperturas en
la Comunidad de Madrid es que "dentro de unos meses se podrá medir" el
resultado y permitirá que otras comunidades autónomas "basen sus
decisiones en resultados concretos".
