miércoles, 4 de abril de 2018

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.
Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).
En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.
En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).
Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).
Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.
Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.
Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

Adif Alta Velocidad ya supera en deuda al Fondo de Rescate de los bancos: 17.900 millones

MADRID.- El Gobierno prevé que el año termine con una deuda de 63.170 millones de euros en el conjunto de los grupos empresariales públicos, un 3,6% menos que lo previsto para el cierre de 2017, según figura en el proyecto de ley de  Presupuestos Generales del Estado presentado el martes en el Congreso de los Diputados.

La lista de empresas más endeudadas la encabeza por primera vez desde su creación Adif Alta Velocidad. La sociedad encargada de la construcción y gestión de las líneas ferroviarias de alta velocidad en España prevé cerrar el año con una deuda de 17.924 millones de euros. Supone elevar todavía más la deuda prevista para 2017, que era de 17.660 millones, según eldiario.es.
De este modo, la sociedad supera por vez primera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sociedad utilizada por el Gobierno para el rescate financiero, que cerrará el año, según las previsiones del Ejecutivo, con una deuda de 15.439 millones de euros, un 16% menos de lo presupuestado en 2017. 
Las siguientes empresas más endeudadas son Enaire -primer accionista de Aena- con casi 8.000 millones, y la SEPI, con 7.520 millones.
Adif-Alta Velocidad fue creada en 2013, separándose de Adif, cuya actividad estaría centrada en las líneas convencionales. De este modo, la primera se hacía cargo de toda la deuda de acumulada de la expansión de la red de transporte AVE durante los años previos, abriéndola a lanzar emisiones para captar nuevas vías de financiación.
Adif Alta Velocidad es también la que tiene el peor resultado previsto para este ejercicio. El Gobierno estima que la sociedad cierre el año con 229 millones de euros de pérdidas. Con ello, la empresa acumularía 1.198 millones de euros en pérdidas presupuestadas los últimos cuatro años, aunque las reduciría frente a los 353 millones de resultado negativo previsto para 2017.
Respecto al resto de empresas públicas, Loterías del Estado se mantiene como la empresa con mayores ingresos previstos, con 9.220 millones de euros, y también en beneficios, con más de 1.800 millones. Le sigue la Sepi, con más de 5.000 millones de cifra de negocios, cifra casi idéntica a Enaire. Renfe Operadora y Adif son la cuarta y quinta empresas en cuanto a previsión de negocio para este año, con 2.700 y 1.200 millones respectivamente.
La sociedad Adif-Alta Velocidad es, a su vez, la empresa pública que tiene una mayor inversión prevista para este ejercicio. En concreto, el Gobierno prevé que invierta 2.700 millones, el 39% de los más de 7.000 millones que las compañías estatales prevén invertir en el presente año. 
Según figura en los Presupuestos, los trabajos en ferrocarriles de alta velocidad se centrarán este año en el corredor norte-noroeste, en el del Mediterráneo, en la línea Madrid-Murcia, en Extremadura y en el eje Mediterráneo-Cantábrico.

El FMI insta a España a prepararse ya para la próxima crisis

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que ha llegado el momento de que España se prepara para la próxima crisis porque es seguro que esta llegará antes o después y sus efectos pueden volver a resultar demoledores para un país que comienza a recuperarse de la última recesión. 

Así lo ha expuesto el subdirector gerente del FMI, David Lipton, durante su intervención en una jornada conjunta de este organismo con el Banco de España, que se ha celebrado este martes en Madrid bajo el título "España desde la recuperción a la resiliencia" y recoge Cinco Días.
El FMI aplaude los "difíciles" esfuerzos realizados por la población española para evitar "el colapso" de el país en lo peor de a crisis, demostrando que los ajustes internos sin controlar la política monetaria son posibles. 
Sin embargo, el organismo advierte que "ha llegado el momento de arreglar el tejado mientras brille el sol", es decir, de tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía española ante la próxima crisis.

Los Presupuestos del 2018 incluyen una posible quita de deuda a las autonomías

MADRID.- El Gobierno quiere tener manos libres para poder decidir este mismo años quitas en la deuda de las comunidades autónomas con el Estado o una mejora de sus condiciones (tipos de interés y plazos). Esta es la última “zanahoria” que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha incorporado en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que fue presentado este martes en el Congreso de los Diputados, con el fin de ganar el mayor apoyo político y social para sus cuentas, según reoge www.elperiodico.com.

No solo es una “zanahoria”, sino un argumento más para intentar quebrar el rechazo frontal que el PSOE manifiesta contra el proyecto del Gobierno. Algunas comunidades socialistas, como Baleares y Valencia, demandan al Gobierno algún tipo de reestructuración de su deuda pública que les permita ganar oxígeno en sus cuentas públicas. También lo ha pedido para Catalunya, el líder del PSC, Miquel Iceta.
Esta es la última novedad de un proyecto de ley que, según Hacienda, incluye medidas con un impacto presupuestario de 3.800 millones para mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus familias. “Se trata de empleados públicos, pensionistas con ingresos más bajos y trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros”, añade Hacienda. 
En las cuentas, pactadas con Ciudadanos, también se han incluido ventajas fiscales para familias numerosas, para contribuyentes con discapacitados a cargo y para padres con gastos de guarderías al tiempo que se ha mejorado los sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, los recursos para las comunidades autónomas aumentan en 4.248 millones, por la mejora de la recaudación tributaria.
“Son unos buenos presupuestos, que benefician a mucha gente y no perjudican a nadie”, resumió este martes en Argel el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo valer las “zanahorias” (en una vieja expresión de Montoro) de las cuentas del 2018.  
Rajoy se comprometió a dar “la batalla” para que España tenga Presupuestos en el 2018, para lo que aún necesita ganar cinco votos con los que poder superar el debate de las enmiendas a la totalidad, a finales de abril o primeros de mayo. 
Los cinco votos del PNV que sirvieron para sacar adelante las cuentas del 2017 están en el aire, en tanto no se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, tras la constitución de un nuevo Govern. Mientras tanto, el Gobierno intenta ganarse el favor del PSOE y en esa estrategia encaja la oferta de una reestructuración de la deuda de las autonomías.
Según explicó Montoro, el proyecto de ley incluye una disposición para que el Gobierno “pueda hacer uso de las deudas de las administraciones territoriales con el Estado para poder dar una mayor prima a las cumplidoras, en forma de reestructuración de esa deuda” previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). 
En su disposición adicional última el proyecto de ley admite que “estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras”.
En un primer momento, el PSOE no se mostró seducido por esta propuesta. “No es el momento para hablar de reestructuración de la deuda”, dijo el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero. “Estamos esperando para conocer una propuesta solvente, cierta y detallada de un nuevo modelo de financiación autonómica. Sería una trampa empezar a hablar de un aspecto aislado de los demás”, añadió.
Las cuentas presentadas por el Gobierno en el Congreso de los Diputados incluyen un volumen de gasto consolidado del Estado, la Seguridad Social y sus organismos públicos por un total de 354.225 millones de euros, el 2,7% más que el año pasado. Frente a esto, los ingresos consolidados previstos ascienden a 300.903 millones de euros, con un crecimiento del 3% respecto al año anterior.
Según explicó Montoro, estos presupuestos encajan dentro del modelo económico del PP con el objetivo de “reducir la participación del gasto total en el producto interior bruto y mantener un nivel de ingresos públicos en el entorno del 38% del PIB”. Aquí reside la principal diferencia con el modelo socialista, que propugna un nivel de ingresos más cercano a la media de la Unión Europea (del 44% del PIB) para dar cabida a un mayor nivel de gasto y del estado de bienestar.
El ministro de Hacienda resaltó este martes que el peso del gasto social del Estado (pensiones, desempleo, servicios sociales y  becas) sobre el presupuesto total del Estado se mantiene en el 55,6%. Sin embargo, su crecimiento del 2,8% es inferior al previsto para la economía en euros corrientes (4,3%), por lo que en el 2018 volverá a disminuir el peso del gasto social respecto del PIB.
“No son recortes, es moderación en el crecimiento del gasto” interpretó Montoro. “Los Presupuestos son más aparentes que sociales”, criticó por su parte UGT. “Los pequeños guiños sociales, claramente electoralistas, no buscan restablecer los derechos. Hay dinero para las autopistas, pero no para atender las necesidades sociales más urgentes”, abundó el sindicato 
Entre las partidas de gasto destaca el aumento de infraestructuras (16,5%) mientras que bajan las de intereses de la deuda pública (hasta los 31.547 millones, el 1,9% menos) y desempleo (17.702 millones, el 3,4% menos) por las mejores condiciones económicas.  Con todo, el gasto previsto en infraestructuras, de 5.676 millones (el 1,6% del gasto total), apenas es el 40% de los 14.040 millones del 2008, cuando la inversión de los Presupuestos pesaba el 4% en el gasto total consolidado, según recordó UGT.

El Gobierno sacará este año otros 3.826 millones de euros de la 'hucha' de las pensiones

MADRID.- El Gobierno volverá a hacer uso de la llamada "hucha de las pensiones" este 2018, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo. El texto incluye que la Seguridad Social sacará del Fondo de Reserva un importe de 3.826 millones de euros, "para atender, exclusivamente, las insuficiencias de financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión". 

 Rajoy ha vaciado el 90% de la hucha, que cayó a los 8.095 millones este diciembre de 2017, desde los máximos de cierre de 2011 (66.815 millones).
En el Presupuesto de la Seguridad Social, los presupuestos de 2018 detallan esta partida concreta de uso de la hucha, al contrario que el año pasado, cuando tan solo hacía mención al "régimen excepcional de disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social".
Esta previsión del gasto se encuentra una hucha de las pensiones en mínimos. Tras la salida de 3.586 millones de euros para la paga extra de navidad el pasado diciembre, el Fondo de Reserva contenía 8.095 millones de euros a 1 de diciembre, el 0,73% del PIB. Es la cifra más baja desde 2002.
Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011, el fondo de reserva estaba en su tope máximo, 66.815 millones. Esto quiere decir que este instrumento creado en el 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.
Según el proyecto de Presupuestos, la Seguridad Social contará este año con un presupuesto de 149.967 millones de euros, cifra un 3,5% superior a la de 2017 y equivalente al 12,4% del PIB.

Préstamo de 15.164 millones del Estado

El Presupuesto de la Seguridad Social incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones. En 2017, el préstamo del Estado a la Seguridad Social fue de 10.192 millones de euros.
Los ingresos por cotizaciones sociales alcanzarán este año los 114.916 millones de euros, un 3,9% más que lo presupuestado inicialmente en 2017. Este montante permitirá a la Seguridad Social financiar el 76,6% de su presupuesto total, según asegura el Gobierno.
El Ejecutivo calcula que en 2018 la Seguridad Social ingresará 108.175,2 millones de euros en cotizaciones de empresas y trabajadores, un 4,2% más que en el presupuesto de 2017.
Asimismo, el sistema percibirá 133,2 millones por cuotas correspondientes a la prestación de cese de actividad de los autónomos, un 0,4% más sobre el presupuesto de 2017, mientras que por cotizaciones de desempleados recaudarán 6.607,3 millones de euros, un 0,2% más que en 2017.
Tras las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado son las que más contribuyen a la financiación de la Seguridad Social. Este año, la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un importe global de 13.558 millones de euros, un 3,6% más que en 2017, de los que 7.329 millones de euros irán destinados a cubrir los complementos a mínimos, un 2,1% más que en 2017.
Las aportaciones del Estado para financiar las pensiones no contributivas y las prestaciones no contributivas de protección a la familia alcanzarán los 4.151,5 millones de euros (+2,7%) y el importe destinado a la atención a la dependencia será de 1.401 millones de euros, de los que 1.308 millones corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado.

Los embalses peninsulares están al 64% y los del Tajo tienen las mayores reservas

MADRID.- Los embalses peninsulares se encuentran al 63,8% de su capacidad total, con una reserva global de 35.758 hectómetros cúbicos de agua, una cifra que empieza a aproximarse a la media de los últimos diez años, que se sitúa en 39.090 hectómetros cúbicos.

Según datos facilitados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), las precipitaciones han sido abundantes en la última semana en la vertiente atlántica, con la máxima en Pontevedra, donde se recogieron 68,7 litros por metro cuadrado. 
Al contrario, las lluvias han sido muy escasas en la cuenca mediterránea.
Estas precipitaciones han contribuido a aumentar en 779 hectómetros cúbicos la reserva de agua, lo que representa el 1,4% de la capacidad total actual de los embalses. 
En este sentido, destaca el porcentaje embalsado en la cuenca del Tajo, que alcanzó el 64,1 % en un día en que la comisión técnica del Tajo-Segura analizó esas existencias de agua para determinar si procede realizar un trasvase. 
Algo que se da por cierto, dado que los pantanos de Entrepeñas y Buendía sobrepasan los 400 hectómetros cúbicos, el umbral mínimo para trasvasar.
En concreto, siempre según los datos oficiales aportados por el Ministerio, Buendía almacena 259 hectómetros cúbicos de agua y Entrepeñas, 207, lo que hace un total 466 hectómetros cúbicos.

El Gobierno manchego presentará recurso si aprecia alguna ilegalidad en el trasvase aprobado

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha advierte que recurrirá la aprobación de un más que previsible trasvase del Tajo al Segura si se tiene «la más mínima sospecha de que el acuerdo puede ser ilegal». En declaraciones a la Cadena Ser, el vicepresidente primero del Ejecutivo castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, adelantó este posible recurso ante la reunión de la Comisión Central de Explotación.

Así y en referencia a la ley del Memorándum, que contempla la legalidad de los desembalses cuando se superan los 400 hm3, señaló que esa norma «fue una traición al Tajo» por parte de la expresidenta popular de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que rubricó dicho acuerdo.
«Se gestiona el Tajo mirando los intereses del Levante, no del Tajo», aseguró el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, que apuntó a que, en los meses de sequía, el Levante ha utilizado el agua de las desaladoras. 
Por ello, Martínez Guijarro se preguntó por qué la cuenca del Segura no usa de forma habitual y continuada «los recursos que tiene a escasos metros», es decir, las desaladoras, de las que dijo que algunas no están en marcha, mientras que otra funciona al 30%, y señaló que no se usan estos recursos por «cuestión de precio», porque «el agua del trasvase es mucho más barata que la de las desaladoras».
Anoche, la toledana Plaza de Zocodover albergó una concentración de medio millar de personas, en protesta por los nuevos trasvases anunciados y para defender el Tajo del «saqueo que suponen» estas derivaciones. 
De igual modo, en la entrada al Puente de Hierro, junto a la avenida Real Fábrica de Seda, Talavera de la Reina fue también escenario de otra de las protestas. El millar de participantes en la concentración exigieron la dimisión de la ministra.

Asaja Murcia considera «insuficiente» el trasvase propuesto para el Segura

MURCIA.- La organización agraria Asaja Murcia consideró este miércoles «insuficiente» el trasvase de 60 hectómetros cúbicos para el próximo trimestre, a razón de 20 hectómetros al mes, propuesto el pasado martes para su aprobación por la comisión de explotación del Tajo-Segura.

En un comunicado, el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, subraya que «no podemos continuar con esta incertidumbre y exigimos alternativas y soluciones definitivas para nuestro déficit hídrico». Además, sostiene que la gestión y distribución de los recursos hídricos en España debe permitir «acabar con nuestra escasez y garantizar el futuro de nuestra agricultura».
Además, consideró necesario que el Gobierno ponga en marcha el Plan Hidrológico Nacional, que entienden que es «la única solución para solucionar la endémica sequía, que está soportando el Levante español».
«No entendemos la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha cuestionando la aplicación de la Ley y negándonos un bien que es de todos los españoles. Esa postura política se asemeja a la de otros políticos que no respetan la Ley como está aconteciendo en Cataluña», apuntó Gálvez.
Por otro lado, hizo hincapié en que «las plantas desaladoras son únicamente un parche, pero no la solución definitiva a nuestro déficit hídrico estructural, por lo que son solamente un complemento».

El portavoz de la asociación 'Circos Reunidos', Ignacio Pedrera, denuncia una campaña de acoso

MADRID.- Este lunes un camión que transportaba animales de circo volcó en la A-30, a su paso por la localidad albaceteña de Pozo Cañada. El accidente se saldó con un elefante muerto, dos heridos (fuera de peligro y sometidos un periodo de obsevación de 72 horas) y otro par suelto por la carretera, que quedó cortada hasta que evacuaron a todos los animales.

Las investigaciones preliminares apuntan a el incidente se produjo cuando el camión que llevaba a los elefantes «adelantó a un vehículo de transporte especial». Gregorio Serrano –director general de Tráfico del Ministerio de Interior– indicó que al incorporarse en el carril derecho, volcó.
Sin embargo, desde Circos Reunidos no descartan que se trate de un boicot por parte de grupos animalistas. «Al estar amenazados de muerte y al no ser la primera vez que los animalistas realizan sabotajes, valoramos esta posibilidad», expone Ignacio Pedrera, portavoz de la asociación, quien añade que «un accidente lo puede tener a cualquiera; también las personas que tratan animales», quien se lo ha dicho a Abc.
Y se queja de que cuando «cae un camión con ovejas o con cerdos no se lía la que se está liando ahora, solo por ser animales de circo».
Pedrera también denuncia que, desde hace 24 horas, quienes viven del circo y lo defienden no paran de recibir insultos y amenazas a través de las redes sociales. Frases como «vamos a ir con un arsenal de armas a mataros», «ojalá os pisen los elefantes uno por uno» u «debería haber muerto el domador en el accidente» han pasado por sus ojos y le han impactado. Asegura que, «gracias a Dios», nunca antes se ha enfrentado a una situación similar, ya que «es la primera vez que pasa algo así en España». Y espera que no se vuelva a repetir.

Reproches a los grupos animalistas

El portavoz de Circos Reunidos –una organización que defiende la actividad circense desde septiembre de 2015– cuenta: «Ayer, cuando se produjo el accidente y había animales heridos en la carretera, desde varios zoos (Murcia, Sevilla...) ofrecieron ayuda y la mayoría colaboró».
Una acitud que contrapone a la que, según él, mostraron quienes ahora les critican: «Aquí no vimos a ningún animalista ofreciendo su ayuda. Se dedicaron a seguir insultando y amenazando por las redes sociales, al otro lado de la pantalla, pero allí no estuvo ni PACMA ni ninguna de las otras que hoy han ido a hacer el paripé allí [al lugar del accidente] cuando ya estaba todo solucionado».
Pedrera insiste en que, «como ha certificado la Guardia Civil», se cumplieron todas las medidas legales a la hora de transportar a los animales. «El veterinario dio el acta de que el estado de los elefantes era óptimo, el vehículo estaba homologado y el conductor tenía el curso de trasladar animales», desgrana el portavoz de Circos Reunidos.
No obstante, desde la plataforma InfoCircos –que toma una posición diametralmente opuesta en el conflicto– se alerta de que el accidente «pone de relieve una vez más la imposibilidad de garantizar la protección animal ni la seguridad».
En su opinión, ni la máxima precaución [cumplimiento de las leyes y directivas] es seguro de nada.
Por último, Pedrera también lamenta que, en su colectivo, se sienten «acosados por el simple hecho de trabajar con animales»; asegura que están «muy cansados» de que les digan «maltratadores», de que nos llamen «asesinos».
Explica que ellos son primeros interesados en que los animales estén bien: «Hay una foto que circula por redes sociales en que se ve a la cuidadora [del elefante que murió este lunes en el accidente] llorando abrazada a su trompa. No te imaginas lo que es para ellos –que han visto nacer a esos animales y que llevan toda la vida junto a ellos– tener que aguantar, encima, todas las críticas, cuando además cumplimos todas las normativas».

El escándalo de 'Incarlopsa' amenaza con causar la caída de García Page

MADRID.- El escándalo del carnicero de Mercadona amenaza con liquidar la estabilidad política del gobierno del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), a juicio de Economía Digital.

Los malos tratos de la empresa Incarlopsa, fabricante cárnico de Mercadona, motivó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que condenó al gobierno de García-Page por perseguir a los funcionarios que denunciaron maltrato animal en el mayor matadero de la región y uno de los mayores de España.
Ahora, las consecuencias políticas del caso amenazan al gobierno castellano-manchego. El diputado de Podemos David Llorente ha abierto la caja de los truenos en el ejecutivo de la región al solicitar una consulta de bases para decidir la salida de Podemos del gobierno de Page.
Llorente, representante del ala crítica del partido, cuestiona el funcionamiento del gobierno socialista tras ser condenado por otorgar un trato de favor a Incarlopsa, la mayor empresa en facturación de la comunidad autónoma. García-Page ha defendido a la cárnica de forma contundente, a pesar de la sentencia judicial en su contra por haber sacrificado cerdos sin sedación, tal como exige la ley

Brecha en Podemos

“He decidido abrir un debate y compartir la reflexión públicamente al lanzar esta propuesta. No tenemos por qué participar en un gobierno que apoya la instalación de macro-granjas en la región, que tantos problemas ocasionan en los pueblos y, más aún, cuando hay una sentencia contra el gobierno por perseguir a los funcionarios públicos que denunciaron las irregularidades. Es necesaria esta consulta”, explicó a este medio el diputado de Podemos.
Llorente se opuso abiertamente a que el partido entrase en el ejecutivo de García-Page en verano del año pasado. Este diputado es partidario de dar apoyos puntuales al PSOE, aunque rechaza de forma frontal permitir un regreso del PP al gobierno. 
Podemos es clave en la gobernabilidad de Castilla-La Mancha, ya que el PSOE necesita a sus dos diputados para aprobar las iniciativas parlamentarias que tengan el rechazo del Partido Popular. Si uno de los diputados tuerce su voto, el suelo político se desmoronaría en los pies del barón socialista.
La postura de David Llorente contrasta con la posición oficial de Podemos, que promovió una consulta en verano pasado para entrar en el gobierno castellano-manchego, donde el sí obtuvo una amplia mayoría.
Tras la decisión, el equipo de García-Page entregó la segunda vicepresidencia del gobierno al podemita José García Molina, que renunció al acta de diputado para entrar en el gobierno regional.
Economía Digital se ha puesto en contacto con el equipo de José García Molina para conocer su posicionamiento ante las críticas surgidas a raíz de la sentencia judicial que acusa al gobierno regional de dar un trato de favor a una empresa que cometió irregularidades y de perseguir y acosar a los funcionarios que las denunciaron.
El vicepresidente segundo no ha querido contestar las llamadas de este medio. Desde su equipo consideran que la posición del diputado crítico David Llorente no se corresponde con la corriente mayoritaria del partido. Pero, en el seno del parlamento regional, un diputado de Podemos supone la mitad de su grupo parlamentario.
Llorente ha votado hasta ahora siempre de forma coordinada con la diputada que representa la corriente oficial del partido y nunca ha roto la llamada "disciplina de voto". 
Pero ya ha mostrado sus discrepancias con la ley de mecenazgo que intenta impulsar García-Page y que levanta también suspicacias en el Partido Popular. Esa votación podría suponer un cambio de rumbo. 
La ley pretende dar cobijo legal a las donaciones de empresas privadas al gobierno autonómico a través de la Fundación Impulsa, una asociación cuya transparencia ha sido puesta en duda tanto por Podemos como por el PP.