Vanguard & Blackrock: ¿Dictadura mundial encubierta bajo la coartada democrática? / Fernando Vizcaíno Carles *

La mayoría de personas que habitan en este planeta creen vivir en países democráticos gobernados por políticos que resultan electos por mediación del voto de la ciudadanía a través de procesos electorales. No cabe duda de que esto es lo que invitan a pensar las apariencias.

Sin embargo, un reducido número de personas afirma que la democracia tan solo es una ilusión creada por quienes realmente gobiernan el mundo desde las sombras para inspirar una falsa sensación de libertad en la población. 

De esta forma, mientras que las condiciones de vida empeoran, el ciudadano de a pié no puede más que proyectar la causa de sus problemas y/o buscar soluciones en las personas equivocadas; quienes, aun por encima, se supone fueron elegidas democráticamente. 

Desde que en el mes de marzo del 2020 fue declarada la pandemia del Coronavirus, este ha sido un tema que ha salido una vez tras otra a la palestra, ya que aquellos a los que los medios de comunicación estigmatizaron como “negacionistas de la pandemia” hicieron todo lo posible por hacer comprender al resto de la ciudadanía que casi todos los políticos, medios de comunicación y organizaciones sanitarias del mundo estaban siendo dirigidos desde mucho más arriba para transmitir a la población la misma serie de mentiras.

Para la inmensa mayoría de personas, la posibilidad de que tantos políticos, periodistas y médicos/sanitarios de tantos países diferentes pudieran actuar mancomunadamente con el propósito de engañar y aterrorizar a la población mundial, resulta inadmisible. Por lo que a los medios de comunicación no les costó mucho trabajo colgar a los “negacionistas de la pandemia” una nueva etiqueta: la de “teóricos de la conspiración”.

Discernir si los negacionistas son realmente unos conspiranoicos, o si dicen la verdad –y en cambio eran los medios de comunicación quienes mentían como bellacos–, resulta muy sencillo si se está dispuesto a realizar el trabajo de investigación correspondiente. 

Un pesquisa que tan solo requiere de comprobar quienes son los principales propietarios del accionariado de 1) las empresas farmacéuticas más importantes, las cuales riegan con su financiación y marcan las pautas a seguir al resto de organizaciones sanitarias; 2), de los principales medios de comunicación; y, 3), de la banca internacional; a la cual, tal y como explicaré más adelante con mayor detenimiento, se hayan sujetos los gobernantes de la totalidad de los países del mundo en base a la enorme cantidad de deuda pública acumulada por cada uno de ellos debido al fraudulento sistema económico y/o bancario mundial – para entender esto último recomiendo encarecidamente el visionado del documental “El dinero es deuda”–.

Si al realizar estas averiguaciones descubriésemos que los principales accionistas/propietarios de estas empresas farmacéuticas, medios de comunicación y bancos internacionales, fuesen siempre los mismos, podríamos concluir que todos estos farmacéuticos/sanitarios, periodistas y presentadores de radio/televisión y gobernantes y políticos, sí trabajarían todos ellos bajo la dirección de unas mismas personas y directrices y, consecuentemente, en pos de unos mismos intereses.

Dicho esto, ¡vamos al lío!

¿Quiénes son los principales accionistas de las empresas farmacéuticas que resultaron más beneficiadas a raíz de la declaración de la pandemia del coronavirus?

La respuesta a esta pregunta es la misma en los cuatro casos correspondientes a las cuatro empresas pioneras en lo que a la fabricación y comercialización de “vacunas” contra la COVID-19 se refirió: el fondo de inversión Vanguard.

¡Qué casualidad!

Vanguard posee el 9% de accionariado Pfizer, seguida por Blackrock con el 7,88% y por State Street Corporation con el 5,09%. Si bien debe además tenerse en cuenta, que Vanguard es también la principal accionista tanto de Blackrock como de State Street Corporation. Y para terminar de cerrar el círculo, resulta que Blackrock y State Street Corporation son a su vez la principal y la sexta mayor inversionista, respectivamente, de Vanguard. Por lo que, cuando de ahora en adelante, leamos los nombres de Blackrock o State Street Corporation, sabremos  que estos otros fondos de inversión no son sino extensiones de la propia Vanguard.

Continuamos con Moderna y nos encontramos con que entre Vanguard, Blackrock y State Street, poseen más del 17% de su accionariado.

Por otra parte, los tres primeros accionistas de la Johnson & Johnson son, en este mismo orden, Vanguard, Blackrock, y State Street.

Y, por último, tenemos a Astrazeneca, la cual pareciera ser la excepción a la regla, ya que ninguno de estos tres fondos de inversión aparece en el listado de sus primeros accionistas. ¿Pero qué ocurre si profundizamos solo un poquito más y buscamos quienes son los principales accionistas del principal accionista de Astrazeneca? Lo que sucede es que que los tres principales accionistas de T.Rowe Price Group son, también en este mismo orden, Vanguard, Blackrock y State Street.

Aclaradas las bases de la financiación de las farmacéuticas de la pandemia, pasemos a la siguiente cuestión.

¿Quiénes son los principales accionistas de los medios de comunicación más importantes del mundo?

Las seis grandes empresas que agrupan en su seno al 70% de los medios de comunicación del mundo, todas ellas con sede en los Estados Unidos, son Time Warner, Disney, NBC Universal, NewsCorp, y las fusionadas Viacom y CBS. Entre todas tienen en propiedad 1.500 periódicos, 1.100 revistas, 2.400 editoriales, 9.000 emisoras de radio y 1.500 cadenas de televisión. Por lo que podemos deducir que “la verdad oficial” del planeta tierra es transmitida a través de esta enorme conglomeración mediática. ¿Os imagináis el peligro que supondría que todos estos medios de comunicación pertenecieran a un mismo dueño?

¡Comprobémoslo!

Comenzamos por la Warner Bros y  descubrimos que sus principales accionistas son, vaya una sorpresa, Vanguard, Blackrock y State Street.

Venga, a ver si adivináis cuales son los tres primeros accionistas y en qué orden, de Disney.

¡Premio al caballero!

La respuesta es Vanguard, Blackrock y State Street.

Continuamos con News Corporation solo para comprobar que más del 8% del valor total de su accionariado se reparte entre Blackrock, State Street y Vanguard.

Por su parte, NBC Universal cuenta Vanguard, Blackrock y State Street, como su primero, su segundo y su cuarto inversor principal, respectivamente. El nombre de sus acciones es Comcast  Corporation.

Y, por último, la Paramount Global, la cual cuenta como segundo, tercer y cuarto principales inversores con Vanguard, Blackrock y State Street, respectivamente.

El primer inversor de la Paramount es Berkshire Hathaway, y no sé si seríais capaces de adivinar cuales son y en qué orden, sus tres primeros inversores.

¿Qué aburrido verdad? ¡Siempre es lo mismo!: Vanguard, Blackrock y State Street.

Pues todavía no he terminado con los medios de comunicación. Aun queda darnos una vuelta por las tres principales conglomeraciones mediáticas de esta España en la que habitamos: que son Atresmedia (Antena 3 y La Sexta), Mediaset (Telecinco y La Cuatro) y el Grupo Prisa (Cadena Ser y El País).

El principal accionista de Atresmedia es… Sí, lo han adivinado: Vanguard.

Aunque no he sido capaz de encontrar el listado de los principales accionistas de Mediaset, si he encontrado diferentes artículos, como lo es este publicado en la web oficial de Bankinter, en el que se nos informa que en el año 2017 Blackrock ya poseía el 5% de su accionariado.

Respecto al Grupo Prisa, nos encontramos con un caso semejante al de la farmacéutica Johnson & Johnson. Pese a que ninguno de nuestros ya famosos tres fondos de inversión se encuentran entre sus principales accionistas, sucede que tres de los cuatro primeros accionistas de Morgan Stanley, que es a su vez el primer accionista de PIMCO Dynamic Income Fund –principal accionista del Grupo Prisa–, son, como no podría ser de otra manera, Vanguard, Blackrock y State Street.

Queda, pues, patente, que los dueños de prácticamente todos los medios de comunicación del Mundo, son los mismos que los de las empresas farmacéuticas que habrían de beneficiarse del terror creado por dichos medios en base a la presunta aparición de la pandemia del coronavirus –cuyas tasas de mortalidad ni siquiera alcanzaron a los de la neumonía de toda la vida–. 

Así que a nadie debe sorprender la caza de brujas que fue orquestada mediáticamente en todo el mundo contra quienes inicialmente fueron denominados como “negacionistas”, y posteriormente, según que conveniencias, como “teóricos de la conspiración” o “antivacunas”.

En el programa “Todo es mentira” de “La Cuatro”, en el cual vomitaban mentiras sobre mí casi a diario durante  tras mi convocatoria de la concentración del 16 de agosto del 2020 en Madrid contra las medidas y la falsedad de la pandemia, llegaron a compararme sin fundamento alguno con el líder de una secta con antecedentes por abusos sexuales.

Miguel Bosé y Josep Pamies fueron los otros dos grandes damnificados por los medios de comunicación de este país y, mucho más especialmente, por el ya mencionado programa “Todo es mentira”.

Si estas contra los intereses de las farmacéuticas, también estás contra los intereses de los medios de comunicación.

¡Obvio!

¡Sus propietarios son los mismos!

¿Y qué iban entonces a decir en los medios de comunicación acerca del veneno que a tantos millones de personas ha asesinado y enfermado  al que las farmacéuticas dieron el nombre de vacuna COVID-19?

Las vacunas son efectivas, seguras, e imprescindibles.

Las vacunas son efectivas, seguras, e imprescindibles.

Las vacunas son efectivas, seguras, e imprescindibles.

El mantra era repetido 24/7 por incansables presuntos periodistas, presentadores de televisión, actores y deportistas famosos.

¡Cómo si de robots perfectamente programados se tratasen!

Y, por supuesto, el insulto y escarnio público que había sido y continuaba siendo dirigido hacia los “negacionistas”, comenzó a ser dirigido también contra todos aquellos que manifestasen sus dudas frente la “vacuna”; a quienes, por descontado, muy pronto les colgarían el sambenito de “antivacunas”.

No seguir el redil marcado por las absurdas y, en el caso de la “vacuna”, peligrosísimas medidas de prevención contra la presunta COVID-19, no solo te convertía en un paria y un irresponsable, sino, también, en nada más y nada menos que en un asesino.

Pero los medios de comunicación no fueron los únicos que defendieron con uñas y dientes los intereses de las farmacéuticas. También lo hicieron los gobernantes y políticos de prácticamente la totalidad de los países del mundo, sin ni siquiera importar a qué facciones políticas pertenecían. 

Por vez primera en la historia de la Humanidad, políticos de derechas e izquierdas, liberales y conservadores, rusos, chinos y estadounidenses, estuvieron todos milagrosamente de acuerdo en todo.

¿Quiénes son los dueños de los países y, por ende, los verdaderos dirigentes de sus gobernantes y políticos?

“Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes”.

Mayer Amschel Rothschild

La inmensa mayoría de países del mundo –empezando por España con su deuda de 1.500 mm de euros y terminando por los todopoderosos Estados Unidos con la de 24.900 mm de euros–, se hallan endeudados hasta límites que incluso superan su propio PIB. Estamos hablando de miles de millones de euros; es decir, de billones de euros.

Los acreedores de tan desorbitantes sumas de dinero son los bancos internacionales.

Los bancos internacionales son aquellos que imprimen el dinero para prestárselo a los países con intereses. Unos intereses que jamás puede ser pagados limpiamente debido a la sencilla razón de que la usura –interés que se cobra por un préstamo– es un fraude. Si el Banco central Europeo le presta 1000 millones de dólares a España a un interés del 4,5%, España debe regresar al banco no solo eso mil millones, sino, también, otros 45 millones.  

Y la pregunta que correspondería hacerse, es de dónde va a sacar esos otros 45 millones si originalmente el banco solo imprimió 1000. Ese dinero no existe y, por tanto, no puede ser reembolsado. La única solución para pagar la deuda con sus intereses, es la de pedir al Banco Central Europeo un nuevo préstamo que generará todavía más intereses y aumentará 1) la deuda pública española, y, 2), la inflación –disminuyendo así el valor del dinero ya en circulación en manos de la ciudadanía–.

Este es la razón por la que todos los países del mundo han terminado en bancarrota y con la soga al cuello, así como sus ciudadanos más pobres a cada día que transcurre.

¿Y quién sostiene esa soga y la aprieta o afloja a voluntad?

Los dueños de estos bancos internacionales; quienes, por extensión, se han adueñado también de los países endeudados y de sus políticos.

¿De quién es la casa que has pagado con un préstamo bancario que todavía no has devuelto?
Si tienes alguna duda al respecto, ésta se disolverá de inmediato el día que intentes vender la casa. El banco no te lo permitirá mientras no haya recuperado lo suyo + los intereses correspondientes.

El sistema bancario/económico mundial es un fraude que conduce a un igualmente ineludible que creciente endeudamiento público de todos los países del mundo; y, con ello, como no podría ser de otra manera, a la pérdida de su soberanía. Soberanía que termina en manos  de los propietarios de los bancos internacionales. Lo que significa que los presidentes electos y/o gobernantes de los países de este mundo, ni presiden ni gobiernan dichos países, ni mucho menos aun actúan en beneficio de los intereses de sus ciudadanos.

Los países, incluso aquellos del primer mundo como España, Alemania, Italia, Estados Unidos o Canadá, son pobres como ratas y pertenecen a los dueños de la Banca Internacional.

Llegados a este punto dejaré a un lado al juego de las adivinanzas. Porque cuando la respuesta es siempre la misma, el juego pierde todos los alicientes.

Como veremos a continuación, Vanguard es también, directa o indirectamente, el accionista mayoritario de los bancos internacionales.

Comencemos por el Banco Central de los Estados Unidos, La Reserva Federal, el cual imprime –y presta con su correspondiente interés– la moneda que mueve al mundo: el dólar.

Existe una enorme opacidad respecto a quienes son los principales accionistas de la Reserva Federal (FED), pese a que esta información debiera ser pública y estar al alcance de todos. Pero en febrero de 2020, el Institutional  Investor presentó un requerimiento de acceso a la información pública a la FED de New York, preguntando por las diferentes participaciones accionariales de sus miembros desde el 2007 al 2018.

Más del 72% del accionariado de la FED era propiedad de los bancos Citigroup y J.P. Morgan Chase Bank. Y resulta que, como no podría haber sido de ninguna otra manera, los tres principales accionistas de ambos bancos son, en este mismo orden, Vanguard, Blackrock y State Street. Pinchando aquí accederéis al listado de los principales accionistas del Citigroup, y aquí a los del J.P. Morgan Chase Bank.

Con el accionariado del Banco Central europeo (BCE) sucede exactamente lo mismo: si buscamos el listado de principales inversores de sus tres principales inversores, el Royal Bank of Canada, el Bank of Montreal, y el National Bank of Canada, Vanguard ocupa siempre el primer lugar de sus principales accionistas de fondos de inversión, y el tercero y segundo puestos de sus accionistas institucionales , respectivamente, en Royal Bank of Canada y Bank of Montreal.

Si nos centramos en los principales bancos españoles, como lo son el Banco Santander, el BBVA, CaixaBank o el Banco Sabadell, comprobaremos supongo que ya sin mucho asombro, que Vanguard/Blackrock encabezan los listados de sus principales accionistas. Más aun si tenemos en cuenta que Vanguard es también, ¡cómo no!, el principal accionista de Norges Bank –el otro gran invitado en los listados de principales accionistas de los bancos de la nación–.

Para concluir con este aporte de documentación que demuestra que Vanguard es el gran emperador en la sombra de este mundo, me gustaría añadir que los tres principales accionistas de las cinco empresas más poderosas e influyentes del mundo son, una vez más en este mismo orden, Vanguard, Blackrock y State Street. 

Las empresas a las que me refiero son Apple, Amazon, Berkshire Hathaway, Alphabet y Microsoft, esta última fundada por Bill Gates, quien a su vez es el dueño y señor de la OMS.

No es una teoría de la conspiración; ¡es la cruda realidad! El mundo entero está gobernado por un muy reducido grupo de personas cuya identidad permanece oculta tras la opacidad –en mi opinión de muy dudosa legalidad– del fondo de inversión Vanguard.  

Aunque los propietarios de Vanguard  no quieren que sepamos quiénes son exactamente, muy presumiblemente sus accionistas más destacados sean miembros de las cinco familias más poderosas del mundo: los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, los Du Pont, y los Bush. 

 Al resto de accionistas más o menos minoritarios, los encontraremos sin duda entre el 0,001% de entre las restantes personas más ricas del planeta.

Si bien me temo que conocer sus identidades no cambiaría nada, ya que de salir éstas a la luz pública, nadie que se creyera con verdadera autoridad movería un solo dedo en su contra. Y si alguien lo hiciera, vería como pese a todos sus esfuerzos, su dedo o incluso mano entera, serían cercenados sin muestra de misericordia alguna por autoridades superiores o muy superiores a la suya. 

Ellos controlan a los presidentes de los gobiernos y a los políticos, a los medios de comunicación y a todo el funcionariado de cada país. Policías, militares, jueces, médicos… 

Todos trabajan para ellos y permanecen obedientes a riesgo de ver destruidas sus reputaciones, de perder sus trabajos y nóminas y, en definitiva, la posibilidad de salir adelante de la única forma que conocen: a través de un sistema que les brinda una falsa sensación de libertad porque se encuentra perfectamente encubierto bajo la coartada de la democracia.

Si alguien duda de lo que estoy diciendo, que pregunte al que durante la presunta pandemia del Coronavirus fue el presidente de Brasil Jair Bolsonaro; quien tras oponerse públicamente tanto a las restricciones COVID como a la “vacunación” obligatoria contra la presunta enfermedad, perdió las subsiguientes elecciones a la presidencia contra el ex presidiario Lula Da Silva, que había sido condenado y encarcelado durante casi dos años por corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero. 

 Que alguien me explique cómo fue si no posible que un criminal convicto le ganase las elecciones a uno de los pocos presidentes nacionales que durante la presunta pandemia defendió los derechos fundamentales y libertades de sus ciudadanos.  

Porque a quienes ya no puede preguntárseles nada, es a los ex presidentes del gobierno de Burundi, Pierre Nkurunziza, y Camerún, John Magufuli. Ambos fallecidos prematuramente tras expulsar a la OMS del país el primero de ellos –apenas fue declarada la pandemia–, y tras denunciar públicamente el fraude los PCR el segundo.

¡Tremenda casualidad! : Los dos únicos presidentes de gobierno que fallecieron entre los años 2020 y 2021, fueron precisamente aquellos que ofrecieron una mayor y más precoz resistencia a la plandemia.

Ellos tienen todo el poder en sus manos para hacer que se su agenda se cumpla puntualmente: así corresponda iniciar guerras que jamás responden a las razones expuestas política y/o mediáticamente, potenciar la lucha contra un cambio climático inexistente, convertir positivos PCR fraudulentos y enfermedades respiratorias de toda la vida en peligrosísimas pandemias, o lavarle el cerebro a la población –y, mucho más especialmente, a las próximas generaciones– usando la demencial ideología de género.  

Epílogo

Del mismo modo que el ciudadano de a pie ignora que todos los políticos obedecen órdenes de unos mismos jefes que nadie conoce y acude a las urnas creyendo que su voto puede cambiar las cosas, también cree elegir libremente sus estudios, trabajo, aficiones, e incluso lugar de residencia sin ni tan siquiera sospechar que todo ha sido programado por los verdaderos amos del mundo para que, a grosso modo, haga exactamente lo que cree estar haciendo por voluntad propia; para que sea un esclavo ignorante de su propia condición de esclavitud.

Quien se oponga a ellos será censurado en las redes sociales, repudiado por el sistema y tachado por este mismo como un loco, o como algo peor. Pero, a un mismo tiempo, el grado de esclavitud al que, en comparación con el resto de la ciudadanía se verá sometido en vida, será muy inferior o prácticamente nulo. Y, desde luego, siempre podrá mirarse al espejo y sentirse cómodo con la imagen que este le refleje.

Porque la verdad sí nos hace libres y colma de satisfacción.

PD: Quisiera dedicar este artículo a los presentadores del canal de televisión “La Cuatro”, Mónica Sanz, Antonio Castelo y Miguel Lago. Todos ellos trataron de ridiculizarme cuando en sus programas afirmé que el mundo estaba gobernado por los dueños de la banca internacional y las grandes corporaciones.

Aquí he dejado las pruebas que lo confirman.

Al menos ahora ya no podrán decir que no saben para quien trabajan.

 

(*) Autodidacta valenciano. Profesor de Yoga y Acroyoga. Activista, astropsicólogo y psicólogo.

 

https://diario16plus.com/vanguard-backrock-dictadura-mundial-encubierta-bajo-la-coartada-democratica/

El no derecho al aborto / Juan Carlos M. Torrijos *

 

 Una simplificación en la búsqueda del camino

 

Vivimos en una sociedad afortunada, en un tiempo privilegiado, pero parece que no somos conscientes de ello. 

 

Nuestro entorno, ciñéndonos a nuestro país, es privilegiado, tanto en el espacio como en el tiempo: en el espacio, porque en muchos países las mujeres no tienen garantizados sus derechos, como ocurre en Irán, Afganistán y otros muchos o en los que sus ciudadanos tienen que luchar a diario simplemente por sobrevivir al hambre, la inseguridad, las pandemias seculares... que amenazan su existencia y dónde, por ejemplo, la esperanza media de vida es de 53 años, como ocurre en Lesotho; cuando en España es de unos 83 años; siendo el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, detrás de Japón. 

 

En el tiempo, porque en la España de hace 100 años a la mujer le quedaban aún 12 para poder votar y en 1960 aún necesitaban permiso de su marido para determinados actos de contenido jurídico y patrimonial (es decir para disponer de sus propios bienes o dinero), situación está que se prolongaría nada menos que hasta 1975.

El camino equivocado

España hoy, y desde 1978 en que se aprobó nuestra vigente Constitución, es un país democrático y seguro jurídicamente hablando, en el que imperan la ley y el derecho y en el que todos los ciudadanos gozamos de unos derechos y libertades garantizados por nuestra norma suprema (o eso debería ser).

De todos esos derechos vamos a fijarnos solo en tres: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la tutela judicial efectiva. El artículo 15 de nuestra Constitución, al afirmar que “todos tienen derecho a la vida", viene a proteger a cualquier ser humano que se encuentre en España, sea o no ciudadano de nuestro país. Por su parte, el artículo 33.1 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la propiedad privada. 

 

Finalmente, el artículo 24.1 de la misma norma legal dice que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Consecuentemente, en España es delito asesinar o simplemente matar a una persona, robar sus bienes y, además, todos tenemos derecho a que la justicia vele por nuestros intereses.

A la vista de esto sería impensable conceder un derecho al robo legítimo del patrimonio privado y a nadie se le ocurriría (espero) legislar que se despenalice el robo o el hurto, aún en supuestos de necesidad económica grave, aunque se trate de casos en los que la cantidad sustraída fuera inferior a un determinado importe. 

 

Por ello, el Código Penal en su artículo 234, castiga la sustracción de bienes ajenos sin que medie violencia. Pero supongamos que el día de mañana esta progresía política que rige sin rumbo fijo nuestros destinos decidiera despenalizar, por ejemplo, lo que hoy es hurto leve (cuando el valor de lo sustraído es igual o inferior a 400 €) en algunos supuestos como el ya citado de necesidad económica grave. 

 

A pesar de ello, a nadie se le ocurriría decir (Dios no lo quiera) que esta despenalización consagra el derecho a sustraer bienes ajenos de escasa entidad y, aún menos, a criminalizar todo intento de oponerse a ser objeto de una sustracción de pequeñas cantidades de dinero o de bienes de escaso valor.

Sin embargo aunque nuestro patrimonio se halla protegido contra apropiaciones indebidas, aún cuando estás sean de escasa cuantía o valor, nuestra vida, valor supremo al del patrimonio para cualquier persona con dos dedos de frente, no está  igualmente protegida; porque a pesar de que en España se garantiza el derecho de todos a la vida, cuando uno de esos “todos” es de escasa cuantía (en este caso un embrión humano de menos de 14 semanas) o de "cuantía intermedia” (si el embrión es menor de 22 semanas y se practica una interrupción voluntaria del embarazo por causas contempladas en la ley), se le puede eliminar impunemente. 

 

Es más, a nivel social ya no se habla de "despenalización del aborto", cómo rezaba el título de la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio, que despenalizó lo que sigue siendo un delito: el aborto voluntario, en determinados supuestos, sino que se pretende elevar el aborto a la categoría de “derecho”,

Aquí entra en juego el tercer derecho: el de obtener la tutela efectiva de los jueces, que asiste a toda persona. En una interrupción voluntaria del embarazo hay tres tipos de actores: un sujeto activo, que es la mujer que decide abortar; un sujeto proactivo, que es quién facilita, mediante su intervención (y a menudo lucrándose de ella) la práctica del aborto y, el gran olvidado, el sujeto pasivo, que es el abortado o, en román paladino, el muerto (por no llamar asesinado) y a quien nadie parece querer proteger en nuestro país desde los poderes públicos.

Tristemente hemos llegado hoy al punto en el que en España se habla abiertamente de un derecho que no existe: el derecho de la mujer a abortar; pues aunque ella pueda considerarse dueña de su cuerpo, no lo es de la otra vida que lleva dentro de sí, que es un ser vivo diferente de la madre, en lo que hoy podemos encontrar un consenso casi universal y, además, no está en ninguna de los catálogos de derechos en la legislación española o en la internacional relativa a los derechos humanos (aunque no faltan quienes quieren convencernos de lo contrario).

Sin embargo, y aunque sea triste, en España hemos llegado de despenalizar lo que con un eufemismo comparativo podríamos denominar “hurto de vidas humanas de escasa cuantía” y estamos en camino de consagrar el derecho a hacerlo.

Hacia el camino bueno

A pesar de que he tratado reducir la exposición de un grave problema a términos simples, soy consciente complejidad del asunto y de las graves situaciones que siempre conducen a tomar una decisión que ninguna mujer desea. Al fin y al cabo soy padre y abuelo de mujeres y un día pueden verse (también Dios no lo quiera) en esa tesitura.

No obstante en medio de esta complejidad y a semejanza de cuando en una marcha en medio de la Naturaleza nos desorientamos y hacemos un alto para tomar referencias y encontrar la senda adecuada, en este tema es necesario hacer un alto y plantearnos una reflexión que nos permita retomar la el buen camino.

Una vez hecho este alto, he llegado a una conclusión: creo que hay una vía teóricamente muy sencilla y en la práctica asumible, incluso en términos económicos, aunque los que viven del negocio del aborto intenten hacernos creer lo contrario y que, incomprensiblemente, parece que nadie la quiere abordar desde el poder.

Siguiendo el principio de derecho “quien puede lo más, puede lo menos”; es decir, que quien tiene poder para hacer cosas grandes o importantes, puede hacer sobre el mismo tema cosas menores, accesorias, o derivadas de las primeras, vamos a situarnos en el caso posiblemente más desagradable y difícil en esta materia: el del embarazo no deseado motivado por una agresión sexual, por una violación, cuando además la mujer es menor o económicamente dependiente. 

 

A partir de ahí, como supuesto de lo más, es fácil inferir que la misma solución es aplicable a lo menos, como pudiera ser un embarazo no deseado en el seno del matrimonio.

Desde el punto de vista de cómo actuar con el fruto de ese embarazo, se debería abordar ni más ni menos como lo que es, un accidente no deseado. Para clarificar esto pongo un ejemplo: si una persona viaja en cualquier medio de transporte como pasajero y el vehículo sufre un accidente que le produce una lesión irreversible, nuestra sociedad tiene asumido que hay que proteger a la víctima inocente y facilitarle al máximo que pueda llevar una vida plena. 

 

Con el embarazo no deseado, en el supuesto analizado hay que actuar igual: hay que proteger a ambos sujetos: madre e hijo no nacido. A la madre, facilitando que tenga todo tipo de ayudas desde el minuto cero del embarazo (sanitarias, económicas, sociales, psicológicas…) para llevar a buen término el mismo, aún no habiéndolo deseado, como víctima del “accidente" del embarazo. Al futuro bebé, al embrión, que también es sujeto de derechos, hay que protegerlo para garantizar su “derecho” a nacer. Y si la madre decide, por el motivo que sea, no quedárselo, deben ser los poderes públicos los que atiendan tanto a su cuidado con a su educación.

No sólo es una cuestión de pura humanidad (¿a alguno de nosotros nos gustaría estar en el lugar del feto que va a ser abortado?) sino también de supervivencia social. Los datos disponibles hablan de que en España se produjeron en 2022, 98.316 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supuso un incremento del 9,01% respecto al año anterior, lo que supuso casi el 30 % (29,8%) sobre el número de nacimientos registrados en España en ese año (329.892); es decir, la reducción de abortos podría suponer un incremento notable de la tasa de natalidad española (y aún así no llegaríamos a cubrir la tasa de fallecimientos anuales, que en 2020 alcanzó las 463.133 personas).

Como ciudadano aspiro a que el derecho a la vida sea una realidad absoluta en España y que el más débil, el no nacido, sea el más protegido, pero sin olvidar nunca a la madre, aun manteniendo claramente que el derecho a la vida impide dar carta de naturaleza al aborto como derecho y, consecuentemente, esto debería impedir dedicar fondos públicos a financiar, cómo lo hacemos, una actividad inmoral para una sociedad que se declara mayoritariamente católica (según el Centro Español de Investigaciones Sociológicas, el 56,8 % de los ciudadanos españoles se auto identifican como católicos, de los que el 37,9 % se definen como no practicantes, mientras que el 18,9 % como practicantes.

(*) Abogado actualmente

El mundo rural español se moviliza de nuevo para proteger la agricultura y su economía

 

MADRID.- El mundo rural español se pone de nuevo en marcha de forma coordinada y con una agenda de largo recorrido y gran profundidad política y social. SOS Rural, que surgió en abril de este año gracias al apoyo de cientos de organizaciones a este movimiento ciudadano independiente, anunció en Madrid esta semana la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con una campaña masiva de recogida de firmas, cuyo objetivo central es “proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío”, ya que es un “sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”.

Una ILP, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja.

SOS Rural informó también de que esta ILP irá acompañada de una acción a nivel europeo con sus aliados de países como Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países.

Para ello, se quiere “promover el uso de la política comercial de la UE para establecer aranceles y defender el producto agrícola español y europeo contra la competencia desleal de terceros países que no son parte de la Unión Europea, así como para dar preferencia a las cadenas de suministro locales”, como explicó José Andrés García Cuesta, director-gerente de ADESPOFA.

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, explicó durante una jornada, organizada junto con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), que “el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles”. 

Y tiene además otra incidencia económica de calado: desmantelada la industria, “si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio”.

Corbalán incidió en esta línea: “La soberanía alimentaria es un factor estratégico para un país. Para naciones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia el sector primario es una cuestión de Estado”.

El también portavoz de SOS Rural Salvador Marqués explicó las líneas maestras que se incluirán en la ILP. Así, detalló que, además de impulsar una campaña masiva de recogida de firmas, el texto pedirá “la protección de la agricultura y la economía rural con un marco regulador integral que persiga el objetivo de la seguridad alimentaria y que gire en torno a varios ejes: uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos y protección de las tierras de regadío, que desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos”.

Además, incluirá la petición de proteger “el sector primario en conjunto con un marco regulador integral para dotar al sector productivo y al resto de la industria agro alimentaria de herramientas para impulsar su actividad económica, basada en la producción de alimentos seguros, saludables, suficientes y asequibles”. 

También, la “protección del acceso a insumos ganaderos esenciales para la supervivencia de los animales de granja a un precio razonable, incluyendo piensos y fertilizantes”, así como la “protección de la actividad pesquera para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector”.

Defendió Marqués que la ILP incluirá la petición de “acceso de las comunidades rurales a servicios como infraestructuras y transporte, financiación especializada, digitalización, emprendimiento y educación, áreas que forman los pilares para la sostenibilidad de la vida fuera de la ciudad”. 

También, la ancestral reivindicación del mundo rural de una “actualización de la política hídrica en España que favorezca el desarrollo socioeconómico y agro alimentario, que respete el riego y garantice los caudales. Y también la vigilancia sobre la contaminación de las aguas sobre la base de criterios técnicos e independientes, no ideológicos”.

El Ayuntamiento de Cuenca pide al Gobierno central aplazar la implantación de la Zona de Bajas Emisiones

CUENCA.- El Ayuntamiento de Cuenca solicitado una prórroga al Gobierno de España para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad. De esta manera, se suma a las solicitudes en estos mismos términos que ya han planteado ciudades como Málaga, Granada, Donostia o Palma de Mallorca.

El alcalde, Darío Dolz, ha confirmado de forma expresa durante esta semana a Voces de Cuenca que «hemos pedido, como les pasa a muchos ayuntamiento a nivel nacional, una prórroga para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad». 

En principio, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética obligaba a que todas aquellas ciudades y municipios de España que superen los 50.000 habitantes (más del 50% de la población española), a establecer una Zona de Bajas Emisiones en 2023. Sin embargo, las dificultades para llevarlo a cabo han complicado su cumplimiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico primero publicó un documento con las Directrices para la Creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), presentado en noviembre de 2021. Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre de 2022 el Real Decreto 1052/2022 que regula las Zonas de Bajas Emisiones.

El alcalde apuntaba a finales del pasado mes de diciembre que el Ayuntamiento preveía implantan este año la Zona de Bajas Emisiones para no perder fondos estatales mientras que el concejal de Movilidad, Adrián Martínez, señalaba pocos días después finales de año como fecha de implantación de la Zona de Bajas Emisiones aunque precisaba que era «prácticamente imposible por los plazos que lleva» ya que estaban pendientes las conversaciones con vecinos y PYMES y la aprobación de una ordenanza municipal.

Rusos y ucranianos se mudan a España

 

MADRID.- La compra de vivienda en España por parte de ciudadanos rusos se disparó más de un 50% en la primera mitad del año, mientras que las transacciones realizadas por los ucranianos registraron un incremento superior al 40% en un contexto marcado por una guerra que dura ya más de un año y medio, se recoge en La Razón.

Entre enero y junio de este año los rusos cerraron 2.137 compraventas de vivienda en nuestro país, la cifra más alta desde hace 9 años, cuando batieron su récord con 2.573 transacciones, según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

De hecho, es la primera vez desde 2014 que los rusos superan las 2.000 operaciones. Una cifra que contrasta, por ejemplo, con las 571 viviendas que adquirieron en la primera mitad de 2007.

Coincidiendo con la invasión rusa de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, y las sanciones internacionales impuestas al país que dirige Vladímir Putin, la compra de vivienda en España por parte de rusos encadena cinco semestres de subidas interanuales.

Los rusos protagonizan su mayor subida y pagan por sus viviendas más que el extranjero medio.

En el primer semestre del año, la compra de vivienda por parte de los rusos creció un 50,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone el mayor avance registrado en su historia y el mayor incremento que se observa entre todas las nacionalidades extranjeras que adquirieron una vivienda en nuestro país.

Además, los rusos pagaron por sus propiedades en España más que la media del conjunto de extranjeros. En concreto, los rusos desembolsaron de media 2.293 euros/m2, el mayor importe en 13 años y el 15,2 % más que el año anterior. Este precio supera así los 2.094 euros/m2 que pagaron de media el conjunto de extranjeros.

La mayor parte de las compras las hicieron los residentes rusos en España, un total de 1.447 operaciones, el 45,3 % más, y la mayor cifra de la serie histórica. Además, pagaron de media 2.139 euros/m2, el 27 % más.

Por su parte, los no residentes cerraron 690 compraventas, el 61,6 % más, aunque antes del estallido de la guerra llevaban a cabo más operaciones. Pagaron de media por sus viviendas 2.612 euros/m2, el 1,8 % menos.

Récord ucraniano

El desembarco ucraniano ha ido parejo. En la primera mitad de 2023 llevaron a cabo 1.758 operaciones, el 41,5% más, y la mayor cifra de la serie histórica. Esta cantidad contrasta, por ejemplo, con las 77 casas que compraron en los seis primeros meses de 2009.

Desde 2022, coincidiendo con el conflicto, rebasan las 1.000 operaciones en España, una cifra que se va incrementando progresivamente hasta aproximarse en estos momentos a las 2.000 unidades.

Por sus viviendas en España, los ucranianos pagaron menos que los rusos: 1.672 euros/m2, máximos desde 2010, y el 3,5 % más que un año antes.

Los ucranianos que residen en España fueron los más activos con 1.406 compraventas, el 48,3 % más, y pagaron por sus viviendas 1.554 euros/m2, el 10,4 % más.

Los no residentes cerraron 352 operaciones, una cifra que sigue en máximos y que supone un 19,7 % más que el año anterior. Sin embargo, el precio que desembolsaron por metro cuadrado se situó en 2.101 euros, el 7,7 % menos.

Las compras de extranjeros ponen fin a dos años al alza pero baten su máximo histórico.

A pesar de los fuertes incrementos registrados en las compraventas de vivienda por parte de rusos y ucranianos, las protagonizadas por el conjunto de extranjeros cayeron un 7,5 % interanual en la primera mitad del año hasta las 67.983, rompiendo con una tendencia de subidas que duraba ya dos años.

Sin embargo, concentraron el 21,4 % del total de compraventas que se registraron a nivel nacional, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Los británicos siguen liderando las compras de extranjeros en España con el 9,6 % del total, seguidos por alemanes (8,1 %) y marroquíes (7,3 %) y son los suecos los que compran el metro cuadrado más caro (3.036 euros).

Murcia, Almería, Alicante y regantes tumban la propuesta de la CHS para reducir el agua para regadío

 

MURCIA.- El voto de los gobiernos de la Región de Murcia, de Andalucía y de Valencia, así como del Ayuntamiento de Murcia y de los regantes ha tumbado la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), de reducir este semestre los caudales de riego un 10% en el caso de los regadíos tradicionales y un 15% en el de los no tradicionales, ante la declaración de sequía decretada en el marco del Plan Especial de Sequía (PES).

En concreto, las medidas planteadas por la CHS han recibido 17 votos en contra procedentes de la Región de Murcia, Andalucía, Valencia, del Ayuntamiento de Murcia y de los regantes.

Asimismo, ha cosechado dos abstenciones del Gobierno de Castilla-La Mancha y 13 votos a favor.

Cabe destacar que la Junta de Gobierno de la CHS, organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha declarado el escenario de alerta en la Demarcación del Segura, según informaron fuentes del organismo de cuenca en un comunicado.

En este escenario, los protocolos establecidos en el PES serán activados de forma progresiva para optimizar la garantía asociada a las demandas de los usuarios de la cuenca, priorizando el abastecimiento y minorando los impactos en las actividades socioeconómicas.

En este sentido, la CHS puede asegurar el agua para abastecimiento humano durante el próximo año hidrológico. Esto es posible gracias a la gestión de los recursos procedentes de río Taibilla, el ATS y la desalación y a la eficiente gestión realizada en la red de distribución de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), según el organismo de cuenca.

Por el contrario, debido al nuevo escenario, el PES hace preceptivo el proponer restricciones, las cuales han sido rechazadas por la Junta de Gobierno de la CHS en su aplicación de forma inmediata para el primer semestre del año hidrológico 2023-2024.

Las restricciones propuestas eran del 15% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que no tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 (aprovechamientos 'no tradicionales') y otra del 10% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 (aprovechamientos 'tradicionales').

La aplicación del PES implica la evaluación de los indicadores de sequía con periodicidad quincenal, de tal manera que, en la próxima Junta de Gobierno prevista inicialmente para el próximo mes de noviembre, en función de su evolución se plantearían, en su caso, una nueva propuesta de restricciones.

La CHS propone reducir entre el 10% y el 15% el agua para regadíos este semestre

 

MURCIA.- La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica pretende aprobar este miércoles la declaración de sequía en la cuenca del Segura, lo que implicará activar automáticamente el nivel uno del Plan especial aprobado en 2018 y reducir en un 15% el agua destinada al riego de las grandes explotaciones agrarias de la región. Los regadíos tradicionales (o históricos, anteriores a 1933) también dispondrán de un 10% menos de caudales.

Se va a cumplir la previsión que el presidente de la Confederación Hidrográfica, Mario Urrea, hacía a mediados de agosto, cuando anticipó posibles restricciones en el regadío si persistía la escasez de lluvias tras el verano.

Los porcentajes de reducción del agua disponible para riego (10% para regadíos tradicionales y 15% para el resto de explotaciones agrícolas) están fijados en el Plan Especial de Sequía que está en vigor.  

En la última planificación hidrológica, la del año 2022, se introdujo una modificación que contemplaba un primer nivel de ahorro algo más suave, de sólo el 5%. Pero esas previsiones todavía no son de aplicación, porque el plan está en fase de alegaciones, pendiente de su aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Una vez que la Junta de Gobierno de Confederación aprueba la declaración de sequía, corresponderá a la Comisión de Desembalse establecer cuánta agua estará disponible para regadío en la cuenca del Segura durante los próximos seis meses.

Ese cálculo se hará en el plazo de dos o tres semanas a partir de las estimaciones que contengan los informes técnicos. Se tendrán en cuenta las previsiones meteorológicas de AEMET (que no ha anticipado un otoño especialmente lluvioso en la región) y se sumarán todos los recursos disponibles: por una parte, el agua almacenada en los embalses de la cuenca (en los que ahora mismo hay unos 270 hectómetros cúbicos de reservas); por otra, los caudales que pueda aportar durante estos próximos meses el trasvase Tajo-Segura. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la situación de Entrepeñas y Buendía no invita al optimismo, y que todo hace indicar que el sistema entrará a corto plazo en nivel 4, lo que equivale a trasvase cero. Quedan, eso sí, algo más de 20 hectómetros cúbicos que ya fueron autorizados para su trasvase al Segura y que todavía siguen almacenados en los embalses de cabecera pendientes de su envío.

En cambio la Mancomunidad de Canales del Taibilla no se plantea restricciones a pesar de la sequía. El abastecimiento humano está asegurado gracias especialmente a la desalación, dice su presidenta, que pide no obstante precaución y sensatez en el consumo.

Francisca Baraza decía que, por el momento, están garantizados los recursos para consumo humano. La responsable del organismo distribuidor del agua potable apela, no obstante, a la responsabilidad ciudadana.

Para no parecer un necio al pontificar, desde la más completa ignorancia, sobre el supuesto cambio climático

 

Ian Rutherford Plimer es un geólogo australiano, académico, profesor de geología minera en la Universidad de Adelaida

  

España es culpable / Arturo Pérez Reverte *

Cuando miro atrás sobre cómo hemos llegado a que una democracia ejemplar de cuarenta años en uno de los países con más larga historia en Europa se vea contra las cuerdas acorralada por anti patriotas, me llevan los diablos por la podredumbre moral de una clase política capaz de manipular y sobornar con tal de mantenerse en el poder aunque sea con respiración asistida. 

De esa panda de charlatanes, fanáticos, catetos y a veces ladrones —con corbata o sin ella—, dueña de una España estupefacta, acomplejada o cómplice. De una feria de mangantes que las nuevas formaciones políticas no regeneran, sino alientan.

El disparate catalán tiene como autor principal a esa clase dirigente catalana de toda la vida, alta burguesía cuya arrogante ansia de lucro e impunidad abrieron, de tanto forzarla, la caja de los truenos. Pero no están solos.

Por la tapa se coló el interés de los empresarios cobardes y cómplices, así como esa demagogia oportunista, encarnada por los Rufiancitos de turno, aliada para la ocasión con el fanatismo más analfabeto, intransigente, agresivo e incontrolable con esa pinza siniestra de chantaje social y emocional facilitado por la dejación que el Estado español ha hecho de sus obligaciones —cualquier acto de legítima autoridad democrática y defensa de los valores nacionales se considera por intoxicación un acto fascista—, crece y se educa desde hace años a una sociedad joven de Cataluña, con sesgos de intolerancia visceral con efectos dramáticos e irreversibles, a corto y medio plazo. 

En esa fábrica de desprecio, cuando no de odio fanático, a todo cuanto se relaciona con la palabra España.

Pero ojo. Si esas responsabilidades corresponden a la sociedad catalana, el resto de España es tan culpable como ella. Lo fueron quienes, aun conscientes de dónde estaban los más peligrosos cánceres históricos españoles, trocearon en diecisiete porciones competencias fundamentales como la educación y las fuerzas de seguridad del estado.

Lo es esa izquierda insensata que ha pervertido al pueblo para que la bandera y la palabra España parezcan propiedad exclusiva de la derecha, y lo es la derecha que no vaciló en atribuirse como exclusivos tales símbolos en sus turbios negocios. 

Lo son los presidentes desde González a Rajoy, sin excepción, que durante tres décadas permitieron que el nacionalismo despreciara, primero, e insultara, luego, los símbolos del Estado, convirtiendo en apestados a quienes con toda legitimidad los defendían por creer en ellos. 

Son culpables los ministros de Educación y los políticos que permitieron la tóxica falsedad en los libros de texto formando generaciones en el desprecio para un futuro de enfrentamiento. 

Es responsable la Real Academia Española, que para no meterse en problemas negó ayuda a los profesores, empresarios y padres de familia que acudían a ella denunciando chantajes lingüísticos.

Es responsable un país que permite que grupos de miserables silben a su himno nacional y a su rey, escupan y quemen nuestra bandera que simboliza la unidad entre todos.

Son responsables los periodistas y tertulianos que ahora despiertan indignados tras mirar para otro lado durante décadas, mientras a sus compañeros los llamaban exagerados y alarmistas.

Porque no les quepa duda: culpables somos ustedes y yo, que ahora exigimos sentido común a una sociedad civil catalana a la que dejamos indefensa en manos de manipuladores, sinvergüenzas y delincuentes. Una sociedad que, en buena parte, no ha tenido otra que agachar la cabeza y permitir que sus hijos se camuflen con el paisaje para sobrevivir. 

Unos españoles desvalidos a quienes ahora exigimos, desde lejos, la heroicidad de que se mantengan firmes, cuando hemos permitido que los aplasten, humillen y silencien.

Por eso, pase lo que pase, el daño es casi irreparable y el mal de la codicia sin escrúpulos, ni principios es cancerígeno, pues todos somos culpables. Por estúpidos, por indiferentes, por cobardes.

Ahora borra este mensaje y condenadlo en la indigna indiferencia esperando que otros hagan el esfuerzo por ti o pásalo a tus amigos y manifestaros en contra del desmoronamiento moral de esta España histórica por la que millones dieron su vida, por defender su integridad y dignidad milenaria, de una cultura que desde fuera ha sido referencia ejemplar mundial.

En tus manos queda.

 

(*) Periodista, escritor y miembro de la Real Academia de la Lengua Española

Lección de Historia de España a todos los europeos / Jesús Laínz *

 (Discurso de Jesús Laínz en el Parlamento Europeo situado en Bruselas)

“Lo que a mí me corresponde es explicarles brevemente la falsedad de la legitimación histórica para la secesión de Cataluña. Dado el poco tiempo disponible, les plantearé brevemente ocho cuestiones para responder a la incesante falsificación histórica de los separatistas.

1- La primera, casi superflua, es la de que, evidentemente, Cataluña no tiene ningún derecho de autodeterminación, derecho muy claramente definido por la ONU y cuyos titulares son los antiguos territorios coloniales o los sometidos a dominio extranjero, lo que, obviamente, no es el caso de Cataluña.

2- La segunda consiste en la obsesión de los separatistas por extraer de la existencia en el pasado de un reino, un ducado, un condado, una república o cualquier forma de Estado, el derecho de secesión en el siglo XXI. ¿Se imaginan ustedes que de la existencia en el siglo VIII de los reinos de Essex, Wessex o Mercia alguien dedujese el derecho de sus habitantes a separarse de Inglaterra en el siglo XXI? 

En Italia existieron las repúblicas de Venecia y Génova, el reino de Cerdeña, el de Nápoles y el de las Dos Sicilias. ¿Tendrán por ello estas regiones italianas derecho a separarse de Italia en el siglo XXI? En Alemania existieron los reinos de Baviera, Prusia, Sajonia, Hannover o Würtemberg y otros treinta y nueve Estados de la Confederación Germánica. ¿Se imaginan las risas en Alemania si a alguien se le ocurriese sostener que los habitantes de los territorios donde existieron aquellos reinos tienen derecho a independizarse en el siglo XXI?
 

Y no olviden el pequeño detalle de que todos estos reinos que acabo de mencionar al menos tuvieron la virtud de existir, mientras que lo que nunca existió fue un reino independiente de Cataluña. Por lo tanto, si los habitantes de ninguno de estos territorios tienen el derecho a separarse de sus naciones, ¿por qué los de Cataluña sí habrían de tenerlo?

3- Los separatistas sostienen que Cataluña es algo ajeno a España, que su vinculación con ella ha sido muy débil. Pero Cataluña siempre fue parte de España, nada menos desde que Roma comenzó a dar forma administrativa a los pueblos de la Península Ibérica, con la catalana Tarragona como primera capital de la Hispania romana. Y, posteriormente, la catalana Barcelona sería la primera capital de la Hispania visigoda. 

A partir de entonces, los catalanes han participado en todas las empresas históricas de España: la Reconquista de ocho siglos contra los invasores musulmanes, el descubrimiento y conquista de América, etc. Porque con Colón y con Hernán Cortés estuvieron muchos catalanes, y buena parte de los primeros evangelizadores de América fueron monjes catalanes. 

Y ya que estamos en Bruselas, no podemos dejar de recordar a los Tercios de Flandes, en los que muchos soldados catalanes lucharon a las órdenes del duque de Alba, aunque, evidentemente, los separatistas catalanes no lo mencionen nunca.

4- En cuarto lugar, los separatistas catalanes sostienen que España es una nación desarticulada, imperfecta, poco sólida, poco hecha. Pero si echamos un vistazo a Europa, veremos que naciones tan indudables y sólidas como Italia o Alemania se unificaron hace sólo ciento cincuenta años. En cuanto a Francia, otra nación evidentísima, Saboya y Niza se incorporaron a ella muy recientemente, en 1860. Y Alsacia y Lorena hace bastante menos: exactamente ciento un años, en 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial. 

En cuanto a Polonia, dependiendo del siglo del que hablemos, la veremos cambiar de tamaño y de ubicación en el mapa. E incluso desapareció durante largo tiempo. España, por el contrario, lleva seis siglos siendo lo que es. Pues bien, si ninguna de estas regiones de estos países, a pesar de su reciente incorporación, tienen el derecho a la secesión, ¿por qué Cataluña, que lleva en España dos mil años, sí?

5- La quinta cuestión se refiere a Escocia, cuyo referéndum legal de 2014 es muy utilizado como ejemplo por los separatistas catalanes. Pero el ejemplo es inapropiado, puesto que la legislación constitucional británica no es la española, por lo que no se comprende por qué habría de extenderse a España o a ningún otro país del mundo. Porque la legislación británica es, obviamente, fruto de la historia de Gran Bretaña. Pues en 1707 dos parlamentos, el escocés y el inglés, de dos reinos, Escocia e Inglaterra, acordaron fundirse para conformar el Reino de Gran Bretaña mediante el Acta de Unión. 

Pero, en el caso español, jamás hubo ningún parlamento catalán de ningún reino de Cataluña que pactase de igual a igual con un parlamento español de un reino de España para conformar el Reino Unido de España mediante ninguna Acta de Unión. Por lo tanto, la explicación histórica y las consecuencias jurídicas son completamente distintas.

6- Otro elemento esencial en la falsaria propaganda separatista es que Cataluña fue invadida por España en 1714, elemento muy utilizado tanto en el exterior como en el interior. En el exterior, para ganarse simpatías entre aquellos desinformados que se creen lo de un país pequeño invadido por una potencia más grande. Y en el interior, para lavar el cerebro de los catalanes, especialmente de los niños. 

Un ejemplo: el dirigente separatista Artur Mas declaró a Le Monde en febrero de 2012 que “Cataluña pertenece al Estado español desde hace trescientos años por la fuerza, tras haber perdido batallas y guerras”. Pero esto es sencillamente mentira. Lo que hubo en España en 1714 no fue una guerra entre españoles y catalanes, sino entre los partidarios del candidato Habsburgo y los del Borbón. Y de unos y de otros los hubo en todas las regiones españolas, Cataluña incluida. 

Pero como Barcelona fue la última resistencia del finalmente derrotado candidato Habsburgo, con la debida tergiversación se presenta como una guerra entre españoles y catalanes. 

Y, dicho sea de paso, el motivo principal del apoyo probablemente mayoritario en Cataluña al candidato Habsburgo fue la tradicional francofobia de los catalanes, detalle que Artur Mas, por su puesto, no explicó a Le Monde.

7- Otra de las mentiras, de gran eficacia propagandística, con la que se suele intoxicar la opinión pública europea consiste en sostener que Cataluña merece la secesión por haber sufrido especialmente durante el régimen de Franco. No es éste, evidentemente, momento ni lugar para explicarlo. Sólo les daré tres breves datos: hubo más voluntarios catalanes luchando en el bando franquista que en el republicano; el régimen franquista estuvo plagado de ministros, parlamentarios, embajadores y otros altos cargos catalanes; y Cataluña fue la región más beneficiada por la política económica del franquismo. 

Podríamos extendernos hasta el infinito, pero les daré un solo dato: en 1975, cuando murió Franco, Cataluña, que representa el 6% del territorio español, contaba con el 45% de los kilómetros de autopista.

8- Por último, otro argumento de gran eficacia sentimental: la lengua catalana como justificación de la secesión, argumento absurdo donde los haya pero muy utilizado en la propaganda. Pues, ¿desde cuándo una lengua es igual a una nación? Se calcula que en el mundo se hablan unas 6.000 lenguas, y en la ONU hay representadas 193 naciones. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué falla aquí? ¿En el mundo sobran 5.800 lenguas? ¿O en la ONU faltan 5.800 naciones? Pero vengámonos más cerca, a Europa. Pues el único país europeo donde se habla una sola lengua es Islandia. Todos los demás son multilingües. 

Aquí, en Bélgica, por ejemplo, se hablan tres: francés, flamenco y alemán. Y en Francia o Italia, países aparentemente monolingües, se hablan más lenguas que en España. ¿Estará dispuesta Francia, la République Une et Indivisible, a conceder la independencia a Alsacia porque allí se habla alemán, a Bretaña porque allí se habla bretón, a Provenza porque allí se habla provenzal, a Córcega porque allí se habla corso, a los Pirineos Atlánticos porque allí se habla vasco y al Rosellón porque allí se habla catalán?

Concluyamos: Cataluña no tiene ningún derecho histórico, ni jurídico, ni étnico, ni lingüístico, ni cultural, ni de ningún tipo, a la secesión. O como dicen los separatistas, ningún derecho a decidir, que es el eufemismo para no mencionar la inaplicable autodeterminación.

¿Por qué especial privilegio, por qué especial superioridad los catalanes tendrían derecho a decidir unilateralmente la destrucción de España mientras que los demás españoles tendrían que mantener la boca cerrada? Porque no olvidemos que la tan repetida construcción nacional catalana no es otra cosa que la destrucción nacional de España.

¿Ustedes, señores franceses, italianos, británicos, polacos, alemanes, aceptarían que los habitantes de una región decidiesen la destrucción de sus naciones sin que los demás habitantes de las demás regiones pudieran participar en la decisión?

Efectivamente, el derecho a decidir existe: es el derecho que, para decidir sobre la existencia o desaparición de España, tienen todos los ciudadanos españoles“.

 

(*) Jurista y escritor

Los embalses de la cuenca del Segura se encuentran al 23,6% de su capacidad, según la CHS

 

MURCIA.- Los embalses de la cuenca del Segura se encuentran al 23,6% de su capacidad y acumulan 269 hectómetros cúbicos, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a través de sus redes sociales.

Así, la cantidad de reservas ha descendido en 7 hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada, con el pantano de El Cenajo como el que almacena más agua, con 88 hectómetros cúbicos (20% de su capacidad).

Tras El Cenajo figuran La Pedrera, con 54 hectómetros cúbicos (22%); La Fuensanta, con 33 hectómetros cúbicos (16%); Camarillas, con 16 hectómetros cúbicos (45%); y Talave y Puentes, con 15 hectómetros cúbicos (44% y 59%, respectivamente).

¿Cómo los líderes mundiales buscan perpetuarse en el poder?

 

MADRID.- El Foro Económico Mundial es considerado como el punto de encuentro de las élites globales occidentales, donde se reúnen líderes empresariales, políticos e intelectuales de renombre. El objetivo principal de este foro es el control absoluto de la población, con el fin de que estas élites se perpetúen en el poder. Para lograrlo, han diseñado un proyecto que incluye al Estado como propietario tanto de los medios de producción como de los bienes de consumo, según se escriba en https://www.mil21.es.

Esto significa que los ciudadanos recibirían del Estado los bienes y servicios necesarios de forma gratuita, a cambio de renunciar a la propiedad de los mismos. En este escenario, perderíamos nuestra libertad individual y propiedad, ya que todos los bienes serían poseídos y controlados por esta élite política global. 

Pero ¿cómo pretenden obtener el consentimiento de la sociedad para llevar a cabo este proyecto?

En primer lugar, prometerían una sanidad universal de calidad y gratuita. Además, implementarían una renta básica universal, la cual estaría vinculada a la desaparición del efectivo y al uso de monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Esto nos llevaría a un sistema de puntos o crédito social similar al de China.

Bajo este sistema, aquellos que infrinjan las reglas establecidas por las élites serían fácilmente penalizados. De esta manera, se pone en juego nuevamente la libertad individual.

Como señaló Cervantes en su obra "Don Quijote", la libertad es uno de los dones más preciados que los cielos han otorgado a los hombres. Con ella, no se pueden igualar los tesoros de la tierra ni los del mar. La libertad nos permite dar vida a nuestras acciones. 

En resumen, el Foro Económico Mundial plantea un proyecto en el cual el Estado controlaría tanto los medios de producción como los bienes de consumo, a cambio de prometer una sanidad universal y una renta básica.

Sin embargo, esto conllevaría la pérdida de nuestra libertad individual y propiedad. Es importante reflexionar sobre estos temas y estar conscientes de las implicaciones que conllevan.

El Comité de las Regiones UE tasa en 40.000 millones el gasto necesario para adaptarse al aumento de temperatura

 

BRUSELAS.- El Informe del Comité Europeo de las Regiones sobre el estado de ciudades y regiones en la Unión Europea revela que, con datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que se calcula de que serán necesarios 40.000 millones de euros anuales la adaptación a una temperatura media de 1,5ºC superior a los niveles de 1990.

Según este informe, hecho público en el transcurso de la inauguración de la Semana de las Regiones que arrancó este lunes en Bruselas, en el caso de que ese aumento de temperatura medio se vaya a 2ºC, serán 120.000 millones los necesarios para que Europa pueda soportarlo a todos los niveles; 200.000 millones en el caso de que ese aumento se dispare por encima de los 3ºC.

En materia de crisis climática, España y especialmente las regiones del sur y del Mediterráneo, están sufriendo particularmente de las consecuencias. Según el texto el aumento de las temperaturas tendrá un impacto negativo sobre el turismo.

Un 62% de las regiones han tomado medidas para reducir el consumo de energía; mientras que la tasa cae en cuanto a los territorios que planean estrategias para promover la conservación de la naturaleza y la ecologización de las ciudades, --un 40%--; y sólo un 37% trabajan para reducir residuos y su impacto medioambiental.

La falta de mecanismos de financiación específicos para adaptarse al cambio climático es una preocupación constatada por el 75% de las regiones.

Un barómetro que también describe la situación crítica de España en materia de déficit hídrico. Así, recalca especialmente cómo en algunas de las provincias más afectadas, entre las que cita Córdoba, "los embalses de agua se han secado completamente y los residentes locales dependen exclusivamente de las entregas de camiones para el agua potable".

Trae en este punto y como buen ejemplo el extremo de que en 2023 el Gobierno de Catalunya anunció un estado de excepcionalidad debido a la sequía actual en un total de 495 ciudades; y que las leyes de sequía redujeron el consumo de agua para la agricultura en un 40%.

En el apartado de crisis energética, el barómetro del Comité de las Regiones eleva como ejemplo de buenas prácticas el gasto de 80 millones de euros de fondos NextGenerationEU destinados a ciudadanos y empresas para que puedan invertir en energías renovables.

En un contexto en el que el 94% de los políticos locales a nivel continental aseguran que los fondos NextGenerationEU han beneficiado a su comunidad, sólo del 49% participan en su implementación. España es con Italia el país más beneficiado.

En materia de transición industrial, el informe cita a Asturias entre las regiones europeas más vulnerables frente a la transición industrial verde y está entre las regiones que corren el riesgo de perder puestos de trabajo debido al cierre de las industrias intensivas en carbono.

Acompañar a estas regiones con inversión y mejora de competencias es de la máxima importancia para evitar crear lo que las instituciones europeas vienen a llamar "brecha verde".

Entrando en materia de despoblación, calcula el texto que en 2033 habrá hasta 30 millones de personas menos viviendo en entornos rurales con respecto a 1993.

Es aquí donde alerta el informe de que varias comunidades autónomas corren el riesgo de caer en "una trampa para el desarrollo del talento", en concreto Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Este informe presenta como ejemplo de buenas prácticas políticas desarrolladas en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía.

Este informe apunta a Ceuta, Melilla y Andalucía como las tres regiones europeas con la tasa de paro más alta; indicando que España es el país europeo "con más desigualdades entre regiones" en la materia.

Dentro de este barómetro, en el caso de España, el 69% de los líderes locales encuestados consideran estar muy de acuerdo ante el extremo de que las regiones y ciudades deberían tener más influencia en la elaboración de políticas europeas y en el debate sobre el futuro de la Unión Europea.

El 67% considera que los fondos de las políticas de cohesión aportan valor añadido a su región en comparación con otras fuentes de financiación.

La justicia social y el empleo, la crisis climática y políticas de Educación, Cultura y Juventud son las que más reclaman los líderes regionales para poder desempeñar más protagonismo desde sus instituciones.

CCOO denuncia ante la Inspección de Trabajo la evaluación de riesgos psicosociales de la Comisaría de Aguas de la CHS

 

MURCIA.- Un requerimiento de la Inspección de Trabajo de Murcia obliga a la CHS a realizar una nueva evaluación de riesgos psicosociales en la unidad organizativa Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), donde se analicen “aspectos relativos a la organización, estructura y funciones por puesto de trabajo”, “condiciones de contratación, retribución, jornada y horario, carga de trabajo, conciliación de la vida personal y laboral, participación, bajas laborales, siniestralidad, etc.”. Y para ello dispone de un plazo de tres meses.

 El requerimiento de la Inspección de Trabajo, que es firme desde finales de julio, obliga a repetir la evaluación de riesgos psicosociales (ERS) realizada en mayo de 2016 porque no se adoptaron medidas preventivas respecto a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados de factores como la supervisión y participación; interés y compensación; y desempeño de rol.

 La Inspección de Trabajo interviene a raíz de una denuncia del delegado de prevención de CCOO, Luis Francisco Turrión Peláez, presentada el 20 de mayo de 2022, en la que ponía de manifiesto que el puesto de trabajo de una compañera había sido vaciado de contenido y su trabajo dado a personal de una asistencia técnica externa a la Función Pública que además trabajan para otra unidad de la CHS distinta a la Comisaría de Aguas (Dirección Técnica). 

 Es decir, se había desmantelado el equipo de trabajo, integrado por 4 empleados públicos, encargado de los aforos de los ríos y manantiales, dejándola a ella sola para realizar esas funciones. Además de no contar con el apoyo de compañeros en su trabajo, los aparatos de medición (molinetes) se habían quedado obsoletos y sin la preceptiva calibración, lo que de facto suponía dejarla sin funciones cobrando un sueldo sin hacer nada. 

 En cambio, esas tareas, que la Ley encomienda a la Comisaría de Aguas, donde ella está adscrita, están siendo realizadas por personal de empresas privadas que trabajan para el SAIH (Servicio Automatizado de Información Hidrológica) dependiente de otra unidad organizativa distinta de la CHS que es la Dirección Técnica.

 Por ese vaciado de contenido de su puesto de trabajo, la funcionaria ha sufrido distintas crisis de ansiedad y las consecuentes bajas laborales que ha pedido al INSS que sean consideradas como accidentes de trabajo, por tener su causa en la mala organización de este, y ha presentado una demanda por vulneración de derechos fundamentales por el trato denigrante que se le viene dando ya dos años admitida a trámite por los juzgados de lo social de Murcia. 

 Pues el empresario tiene la potestad de organizar el trabajo, pero de forma que no cause daños a la salud, y en las Administraciones Públicas, además, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho y al servicio del interés general.

 El delegado de Prevención de CCOO ha venido presentando sendas recomendaciones al presidente de la CHS Mario Urrea Mallebrera (el 29-11-2021 y 31-01-2022) pidiéndole que, en cumplimiento de la Ley de Aguas y demás Normativa, no desmontara el servicio de Hidrología de la Comisaría de Aguas y que contratara a más aforadores para que pudieran auxiliar en su trabajo a la compañera, lo que hubiera solucionado el problema.

 Todo ello sin éxito, lo que motivó que el asunto llegara a la Inspección de Trabajo en forma de denuncia el 20-05-2022.

Para CCOO, la nueva evaluación de riesgos psicosociales impuesta por la Inspección de Trabajo, sacará a flote este y otros muchos problemas de funcionamiento fruto de una deficiente organización del trabajo en la Comisaría de Aguas, donde muchas tareas técnicas y administrativas propias de funcionarios públicos están siendo realizadas por personal de asistencias técnicas externas y de TRAGSA y TRAGSATEC. 

También el requerimiento de la Inspección de trabajo obliga a la CHS, entre otras, a presentar en el plazo de 15 días acreditación de que el contrato de servicios suscrito con la empresa CUALTIS,SAU contiene las especialidades y las actividades preventivas concretas contratadas para cada una de las especialidades (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicología Aplicada y Vigilancia de la Salud).

Movilización estatal contra la vacunación experimental de la infancia lunes 16 de octubre frente a escuelas y ambulatorios

 

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