UGT y CCOO denuncian el "desmantelamiento" de los servicios sociales en Albacete

ALBACETE.- Los sindicatos UGT y CCOO en Albacete han denunciado este jueves el "desmantelamiento de los servicios sociales en la provincia", después de que muchos trabajadores no hayan cobrado sus nóminas y de que los programas no reciban las subvenciones comprometidas. 

   Así lo ha manifestado la secretaria general de FSP-UGT Albacete, María José Tomás, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el secretario de FSC-CCOO Albacete, José María Sanz, indicando que "los servicios sociales se están resintiendo y deteriorando" debido a esta situación.

   Tomás ha recordado que en mayo del presente año denunciaron impagos en la Mancomunidad de la Sierra del Segura y los trabajadores ya llevan 11 nóminas sin cobrar. En este sentido, ha dicho que las deudas afectan a programas como Alcazul,  o los centros de la mujer.

   José María Sanz ha detallado que, en la provincia albaceteña, hay asociaciones como Asprona, Fundación Asla, Asociación de Parkinson de Villarrobledo, Asociación de amigos y familiares de enfermos psíquicos (Afaeps), Asociación de familiares y amigos de enfermos psíquicos de Almansa (Afaenpal) y Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer (AFA) que ya "tienen problemas para el cobro", y otras que temen que no les lleguen las subvenciones, como la Asociación de Esclerosis Múltiple, Amiab, Asociación Desarrollo, grupo SIFU y Fundación Familia.

   Es por ello que el próximo martes, día 4 de octubre, los sindicatos llevarán a cabo una cacerolada, a las 12.00 horas, que partirá desde la Plaza del Altozano y llegará hasta la Delegación de la Junta, lugar en el que realizarán una asamblea con los trabajadores.

   Tomás ha reseñado, a este respecto, que la asamblea será en la calle después de que les hayan negado el uso de la sala de Juntas por ser horario laboral.

   UGT y CCOO también han mostrado su apoyo al manifiesto de la Alianza para la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, que indica que es necesario "defender un sistema de servicios sociales sustentado en la responsabilidad pública como garante de los derechos de la ciudadanía".