TOLEDO.- El viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares, ha manifestado que, después de presentar una enmienda a la totalidad de la Ley de Supresión del Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social (CES), el Grupo Socialista está "absolutamente ausentes de la realidad de la región y del país, contradiciendo incluso opiniones dentro de su propio partido" como la de su presidente, José Bono, "que se ha manifestado públicamente a favor de la eliminación de este tipo de organismos".
"Esto nos indica que el PSOE es incapaz de hacer autocrítica de su gestión", ha dicho Cañizares, que ha agregado que retrasar la supresión de ambos organismos "solo sirve a sus intereses partidistas y de colocación de determinadas personas, lo cual es un flaco favor a la región". "El PSOE debería estar preocupado por la deuda y no por salvarle la cara a personas cercanas a ellas", ha apostillado.
Según los cálculos de los 'populares', el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social (CES), cuya supresión se debatirá este jueves en el Pleno, cuestan al año a las arcas regionales un total de 3,2 millones de euros --2,1 en el caso del Defensor y 1,1 en el Consejo--.
En este sentido, Cañizares, en rueda de prensa, ha indicado que ese dinero podría ir destinado a "educación o sanidad, temas que de verdad preocupan y en los que hay que hacer un esfuerzo importante", teniendo en cuenta que estos dos organismos "son redundantes en la Administración autonómica y no tiene sentido mantenerlos en tiempos de crisis".
El portavoz 'popular' ha hecho referencia a la labor del Defensor del Pueblo en Castilla-La Mancha asegurando que "funcionaba de forma poco eficaz", ya que "cada expediente tramitado por el organismo costaba 2.500 euros", mientras que el coste medio de los expedientes llevados a cabo por el Defensor a nivel estatal "es de 437 euros".
En cuanto al CES, Cañizares ha asegurado que hay instituciones que han manifestado su acuerdo en suprimirlo "por la falta de importancia que se le ha dado estos años", ya que, aunque "en teoría" emite informes sobre las normas importantes de la región, ha habido leyes, comola Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística (LOTAU), la de Cajas o la Ley Electoral, que no han pasado por el CES.
Esto demuestra, según Cañizares, que se ha usado este organismo "de forma partidista y cuando interesaba y no para ayudar a hacer mejores leyes".
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