MADRID.- Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras han solicitado en rueda de prensa al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que "restrinja el agua disponible para regadío" como medida para garantizar el abastecimiento ante la escasez de lluvías producidas en el último invierno.
Estas organizaciones han hecho este llamamiento después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya anunciado que el mes de febrero ha sido el más seco desde el año 2000, con una precipitación media a nivel nacional de tan sólo 16 milímetros, valor que no llega al 30 por ciento del normal para este mes.
Así, sólo en Baleares, Asturias, Cantabria, extremo norte de Castilla y León y parte del País Vasco, las precipitaciones mensuales alcanzaron o superaron los valores normales, mientras que en el resto de la España peninsular y en Canarias las lluvias no alcanzaron en general el 25 por ciento del valor medio.
En este sentido, el coordinador estatal del Área de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, ha pedido departamento de Arias Cañete durante la presentación de la publicación 'El agua, como la vida, no es una mercancía' que restrinja el agua destinada a regadío porque, según la ley de Aguas, su primer uso "debe ser el abastecimiento de la población".
Por ello, ha explicado que "se deben tomar medidas como las que se tomaron en los años 2005 y 2006 limitando el agua de regadío y que permitieron que no hubiera que recurrir a la restricción del abastecimiento de aguas urbanas".
Por otro lado, Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras han pedido a Arias Cañete que tramite la inclusión en la ley de Aguas de un artículo que modifique la ley de Aguas "para que el servicio de abastecimiento recaiga siempre en el sector público", dentro de una campaña para "frenar la privatización de abastecimientos urbanos que se está produciendo en España"
En concreto, la propuesta del texto, identifica la aducción, potabilización, transporte, saneamiento y depuración como actividades principales de abastecimiento y solicita que las mismas recaigan "en administraciones públicas o empresas públicas dependiente de éstas, no pudiendo subcontratarse a empresas privadas".
En este sentido, Martín Barajas ha subrayado que "el 50 por ciento del abastecimiento de agua en España ya se encuentra en manos privadas" y ha criticado la "fiebre privatizadora" de las administraciones públicas. "El servicio de abastecimiento de aguas siempre debería ser público debido a que se presta en régimen de monopolio", ha añadido.
El respresentante ecologista ha señalado además que la privatización "es profundamente irreversible" cuando se produce ya que "ninguna administración pública tendría capacidad económica para volver a comprar el servicio después de los 75 años que dura su concesión".
La campaña de Ecologistas en Acción e Ingenieros sin Fronteras comenzará, según han explicado, durante la cumbre Mundial del Agua y el Foro Alternativo Mundial del Agua que se celebran en Marsella (Francia) del 14 al 17 de marzo y pretende extender sus acciones a aquellos municipios españoles en los que está prevista la privatización total o parcial del servicio de abastecimiento de agua como Madrid (Canal de Isabel II) o Jerez de la Frontera (Cádiz).
Junto a la reivindicación de que la red de abastecimiento de aguas se mantenga en manos públicas, Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras han pedido la inclusión en la ley de Aguas de un artículo que garantice "el derecho al suministro de agua potable en cantidad y calidad adecuadas", implementando así la Resolución 64/292 de la ONU aprobada en 2010 que reconoce explícitamente el acceso al agua potable y saneamiento como derecho humano esencial.
De este modo, las organizaciones solicitan que el texto garantice el derecho al agua "al margen de la capacidad económica de los ciudadanos" y que las administraciones garanticen "las condiciones necesarias para propocionar un mínimo de 80 litros por habitante y día".
Martín Barajas ha señalado que este cambio legislativo supondría la cristalización de un derecho reconocido por la ONU y que la implementación del mismo en la legislación española "serviría de ejemplo para que otros países de África o América Latina en los que el acceso al agua potable es más limitado pensaran en incluirlo en sus leyes".
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