Qué legitimidad tiene un Gobierno salido de unas elecciones democráticas
para cambiar el programa que ha sometido a la consideración de los
ciudadanos y sustituirlo por otro radicalmente diferente? ¿Pueden los
Gobiernos y los partidos que los sostienen sentirse desvinculados de
cualquier compromiso con la ciudadanía, como si dispusiesen de una
piratesca patente de corso política que les permitiría hacer cualquier
cosa?
El Gobierno de Rajoy lleva poco más de un año dirigiendo el país y en este tiempo ha enterrado sus promesas electorales y, so pretexto de que los datos de la realidad no eran los que suponía, ha desarrollado una acción de gobierno que está suponiendo la aplicación de un desconocido programa contrarreformista de drásticos recortes destinado „nada menos„ que a cambiar por completo la constitución material de nuestro estado social y el marco de derechos y libertades de los españoles.
Amparado en la capacidad legal que le otorga la
mayoría parlamentaria, el Gobierno rechaza cualquier obligación de
devolver la palabra a los ciudadanos sobre sus profundos ajustes y
recortes. Esta misma semana ha tumbado en el Congreso (con la
esclarecedora ayuda de UPyD, ojo con estos) la propuesta de someter esta
política a referéndum presentada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y
el BNG. El argumentario compartido para este rechazo coincide en llamar
´ocurrencia´ a esta idea y acusarla de «ignorar los fundamentos de una
democracia representativa», invocando incluso el «aprecio de las
dictaduras por los referéndums».
Basta sin embargo con mirar hacia
las democracias más consolidadas para ver como se usa sin complejos el
referéndum cuando se tiene voluntad de contar con la opinión de los
ciudadanos. Es más bien el resultado reciente de algunos de ellos (el
´no´ francés y holandés a la Constitución Europea, la negativa del
primer referéndum irlandés sobre este mismo asunto, el rechazo de
Islandia a pagar la crisis bancaria o las decisivas derrotas de
Berlusconi) el que ha llevado a la actual dirigencia conservadora
europea a mostrarse alérgica a estas consultas, e incluso a impedirlas
con toda clase de presiones y juego sucio, como hicieron con la
propuesta de Papandreu de consultar las medidas de rescate para Grecia,
que acabó por costarle el cargo.
Pero para entender cabalmente
este rechazo hay que situarlo en el contexto europeo de un reduccionismo
democrático que pretende, como vemos, no sólo reducir la democracia a
las elecciones, sino desvincular incluso a los electos de compromiso
alguno con los elegidos. Las élites políticas extractivas que dirigen
los partidos mayoritarios dan muestras así de una concepción
patrimonialista de la democracia, la misma que subyace en esa honda
expresión de malestar y rechazo que está suponiendo la imparable
desafección ciudadana respecto a las derivas degeneradoras de nuestro
modelo político.
El respetado filósofo del derecho italiano Luigi
Ferrajoli habla de «la patente insuficiencia de la noción formal de
democracia, la hoy prevalente en la cultura política al uso, que la
reduce al ejercicio del voto para la formación de la voluntad popular».
Observa también que este vaciamiento de la democracia política
constituye una auténtica voladura del estado constitucional, un
auténtico proceso ´deconstituyente´ que revela «dinámicas antisistema
insertas en el interior de las instituciones mismas».
¿En qué
están quedando, deberíamos preguntarnos, los derechos constitucionales
al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la justicia gratuita, a la
salud, al acceso a la cultura, etc.? De ahí que Ferrajoli hable de esta
forma neoabsolutista de ejercer el poder como de ´poderes salvajes´.
Ya
sabemos que esta rebaja de los estándares democráticos, que esta
democracia de baja calidad en que vivimos en España, un país „no se
olvide„ de débiles tradiciones democráticas, es paralela y está en
relación con la vasta operación emprendida desde 2010 de desmontaje de
nuestro tímido estado social, que pretende acabar de forma acelerada con
el mayor logro de los 35 años de democracia, modificando profundamente
el modelo económico y social, suprimiendo derechos, recortando
prestaciones y extendiendo las privatizaciones, como demanda el
hegemónico recetario neoliberal imperante en las instituciones europeas y
en el „no ya salvaje sino directamente antropófago„ poder financiero.
De
ahí esa brutal descalificación de cualquier demanda de participación y
consulta a los ciudadanos, incluso la denigración y represión de los que
disienten, de los que no consienten la jibarización autoritaria de la
democracia puesta en marcha, de los que resisten los cantos de sirena
que nos llaman incesantemente a la pasividad, a la indefensión
voluntaria, a la aceptación como inevitable de este proceso de
desposesión social.
En España la democracia se ha identificado
históricamente con el Estado del Bienestar, lo que explica que para
desmontar éste haya que restringir aquélla, alentando desde el poder la
pérdida de sentido cívico de amplios sectores de la ciudadanía,
requisito necesario para fragilizar o suprimir las que creíamos sólidas
conquistas sociales.
Pero ya vemos que la resistencia crece por
todas partes, que la contestación a este estado de cosas es más robusta
cada vez, y que la movilización popular empieza a dar sus frutos. A
reforzar esta corriente viene la propuesta de campaña para exigir la
convocatoria de un referéndum sobre los recortes que devuelva a la gente
la capacidad de decidir sobre una política impuesta, es decir, sin
sanción lectoral alguna, que está deteriorando la vida democrática,
empobreciendo a la mayoría de la sociedad, abriendo la brecha de la
desigualdad y poniendo en situación límite a muchas familias en España.
Esta
campaña, impulsada desde el espacio de concertación sindical y social
que hemos llamado Cumbre Social, no quiere sustituir a ninguna otra
forma legítima de lucha contra la austeridad autoritaria, desde las
manifestaciones y huelgas a las distintas formas de desobediencia civil,
sino añadir un nuevo instrumento para la concienciación de los
ciudadanos sobre lo que está en juego y para reforzar la presión
dirigida a impedir que se consume la doctrinaria distopía neoliberal de
los actuales poderes salvajes.
(*) Presidente del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
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