TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando personarse en el
caso de que haya un litigio jurídico en relación al presunto fraude de
600 millones de euros en la desaladora de Escombreras, en Cartagena.
Así
lo adelantó el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, a
preguntas de los periodistas en rueda de prensa, aunque también
reconoció que, de momento, la información que maneja el Ejecutivo
castellanomanchego sobre este asunto es la que ha aparecido en los
medios de comunicación.
Hernando consideró que «se abrirá en
España algún tipo de proceso jurídico» en torno a este asunto, en cuyo
caso «la Junta está estudiando poder personarse».
No obstante, si
no se produjera ningún litigio y puesto que el Gobierno regional está
investigando las causas del posible fraude y analizando la documentación
sobre este asunto, el portavoz indicó que el Ejecutivo quiere conocer
si podría iniciar una demanda judicial.
Al margen del ámbito
judicial, Hernando incidió en que al Gobierno de Castilla-La Mancha le
compete el ámbito político y en este sentido remarcó que la finalidad es
«usar este ejemplo para demostrar que realmente las desaladoras tienen
que ser una herramienta útil y sobre todo limpia».
«Apostamos por las desaladoras independientemente de que otros hayan hecho apuestas con las desaladoras», apostilló.
Por
otra parte, a preguntas sobre la posibilidad de que se amplíe la
cantidad del trasvase, el portavoz del Ejecutivo regional avanzó que «a
partir del día 3 de mayo hay una nefasta pero gran probabilidad de que
el Ministerio aumente de 20 a 38 hectómetros cúbicos el trasvase al
Levante».
Para Hernando, «no es solo un trasvase de agua, sino que
es de renta», y lamentó que tanto la decisión del Gobierno de España
como el Memorándum que firmó la expresidenta de Castilla-La Mancha,
María Dolores de Cospedal, «condenan a Castilla-La Mancha a tener una
lámina mínima de 400 hectómetros cúbicos».
En este sentido,
subrayó que la ampliación del trasvase sería «un paso atrás de nuevo» en
el proceso para llegar a un Pacto Nacional del Agua, porque «el
Gobierno de España no está en disposición de hablar de soluciones a
medio o largo plazo y está concentrado solo en aumentar el trasvase a
corto plazo, lo que nos deja con sequía permanente en el centro del
país», apuntó.
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