MADRID.- Los cálculos apuntan que la capacidad de los acuíferos en España supera
los 400.000 hectómetros cúbicos (unas siete veces el agua total que se
puede recoger en los embalses). Y es una cantidad de agua que hoy en día
se encuentra desaprovechada, bien por una falta de gestión, bien por
una mala gestión, lo que da lugar a la sobreexplotación de las masas
subterráneas, plantea hoy elEconomista.
Actualmente, la estimación de las
reservas totales de los acuíferos de las distintas demarcaciones es de
48.000 hectómetros cúbicos, según Juan José Durán, director del
Departamento de Investigación en Recursos Geológicos del Instituto
Geológico y Minero de España (Igme), por lo que se podría multiplicar
casi por 10 la capacidad de abastecimiento actual.
Según los expertos,
dadas estas cifras, una gestión regulada de los acuíferos, que incluyera
la recarga artificial, se sumaría a las herramientas para planificación
hídrica del país que permitiría hacer frente a los episodios climáticos
extremos y al estrés hídrico.
Y más teniendo en cuenta que entre el 25%
y 30% de los recursos utilizados para abastecimiento urbano proceden de
fuentes subterráneas, el 20% de los recursos para el riego -lo que
supone el 28% de la superficie regada- y el 22% del agua para uso
industrial.
"No existe un ciclo verdadero de
gestión integral del agua. Se ha desasociado la fase subterránea del
ciclo integral del agua urbana. No existe una solución única, pero vemos
que, cuando tienen lugar las grandes discusiones políticas, se centran
en trasvases, desaladoras, etc., pero existen distintas herramientas",
se queja Fernando López Vera, presidente de la Fundación Fomento y
Gestión del Agua.
La
explotación del acuífero está, desde el punto de vista jurídico y a
nivel nacional, "pendiente de desarrollo legislativo", apunta José
Antonio de la Orden, investigador del Igme.
A nivel europeo, la
Directiva Marco del Agua considera la recarga artificial como una
presión sobre las masas de agua subterráneas, es decir, por lo tanto, se
considera un vertido. El Texto Refundido de la Ley de Aguas y el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico no hacen una definición de la
recarga artificial de acuíferos, por lo que se extiende la consideración
europea de vertido.
"Hay que flexibilizar la normativa. Según la
actual, la lluvia no cumpliría los requisitos, sería considerada
vertido", explica Jesús Carrera, profesor de Investigación del Instituto
Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.
No es el único aspecto que
preocupa al sector de la regulación sobre acuíferos. La titularidad del
acuífero y de la recarga es otro de los aspectos que están pendientes de
desarrollo normativo, así como la normativa de su aprovechamiento, lo
que crea inseguridad jurídica para los operadores.
Además, el perímetro de
salvaguardia del volumen de agua recargada, así como la flexibilización
de la utilización conjunta, son aspectos que las empresas demandan que
se regule para poder poner en práctica más proyectos de recarga.
"Empresarialmente no vamos a
apoyar más, es la administración la que tiene que cambiar la ley y
cambiarla radicalmente", indica Pedro Rodríguez Medina, director de
Desarrollo Corporativo de FCC Aqualia. Hoy en día, tal y como está la
legislación, apostar por la recarga artificial de acuíferos, "es más
costoso, porque sería incluir nuevas fases en el tratamiento para ser
capaces de recargar los acuíferos", continúa.
De la misma opinión es
Marina Arnaldos, responsable del Área de Recursos Hídricos, Producción y
Regeneración de Cetaqua, quien apunta que "plantear que el operador va a
hacer algo que no es rentable, no es posible. No va a tratar un agua
para recargar un acuífero que no va a utilizar. Otra cosa sería que no
tuviera que tratarla".
Por su parte, la administración
parece no tener en su agenda a corto plazo este tema. Luis Martínez
Cortina, consejero del Ministerio de Agricultura, asegura que "se puede
hablar de ello en los planes hidrológicos del tercer ciclo; los segundos
estaban muy centrados en la depuración. Pero no es algo ni inmediato ni
sencillo".
Y recuerda que las cuestiones medioambientales tienen
prioridad en este asunto. "La Directiva Marco del Agua recoge la recarga
artificial como una presión sobre nuestras masas de agua. Y el fin
último de la directiva es preservar el estado de las masas. Lo que hay
que demostrar es la inocuidad de lo que viertes".
Según Victor Arqued, secretario
general de Planificación y Uso Sostenible del Agua, las líneas de
actuación se centran en la actualización del inventario de recursos
hídricos, ajustes en la caracterización de las masas de agua
subterránea, el ajuste de los programas de seguimiento sobre las mismas,
de las exenciones y la actualización y ajuste de los programas de
medida.
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