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viernes, 28 de junio de 2019

El ministro Planas se abre a blindar el cerdo ibérico para evitar que se críe fuera de España

MADRID.- ‘Limited American Iberico Edition’. Es la carta de presentación del cerdo ibérico en Estados Unidos, donde no existe ningún impedimento para criar, producir y comercializar un alimento fuertemente vinculado a España. Una de las primeras en aprovechar esta oportunidad fue Iberian Pastures, fundada por dos estadounidenses de padre extremeño (Kurt y Jaime Oriol) al sur de Georgia. Dicha productora cárnica alimenta a sus animales con cacahuetes en lugar de bellotas y vende ibéricos ‘made in USA’ a través de canales como Amazon, relata El Confidencial.

Y está en todo su derecho. “¿Por qué no van a poder hacerlo? El término ‘ibérico’ no está protegido en el mundo, muy a nuestro pesar”, explican desde la industria porcina. Eso es lo que está a punto de cambiar, o esa es la voluntad tanto del Ministerio de Agricultura como de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici). 
La herramienta para hacerlo es la indicación geográfica protegida (IGP), una especie de sello con el que sería posible blindar el ibérico español en la Unión Europea. En la actualidad, basta con que un ganadero tenga animales con un 50% de tronco racial ibérico para calificarlos como tal, incluso aunque se críen fuera de España.
“El Gobierno apoya las iniciativas que nacen del sector para la protección (como IGP) de los productos que se elaboran en distintas zonas de España”, responden fuentes de Agricultura tras ser preguntadas por el jamón ibérico. No obstante, el procedimiento para activar la indicación geográfica protegida es lento y engorroso, debe ser avalado por las administraciones públicas y debe pasar los filtros de la Comisión Europea en última instancia.
“La raza no es lo único que diferencia a un producto, también la zona en la que ha sido producido. Todos estamos de acuerdo en que hay que blindar el término ibérico con una IGP para toda la Península, incluido Portugal”, sostienen desde la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (Asici), que representa a los ganaderos y a la industria transformadora. Pero no basta con una declaración de intenciones. La pelota está en el tejado del sector porcino, que deberá agruparse para solicitar esta protección formalmente.
La interprofesional del cerdo lo sabe y está dispuesta a mover ficha. De hecho, tiene prevista una reunión con el ministerio en septiembre para abordar este tema. 
“Estamos trabajando en ello. El blindaje del ibérico serviría para mejorar su promoción y dar garantías a los consumidores no solo en nuestro país [donde ya se certifica con un sistema de precintos blancos, verdes, rojos y negros recogidos en la Norma de Calidad española] sino en toda Europa”, añaden desde esta organización.
"Estamos preparando estudios con diferentes universidades para reforzar esa identificación del jamón ibérico en todo el mundo, de manera que nadie lo pueda producir fuera de España y Portugal", avanzó el presidente de Asici en una reciente entrevista con RNE. Antonio Prieto descarta que otros países como México estén interesados en emular a Estados Unidos, pues "allí son respetuosos con un proyecto que saben que es nuestro".

Los ‘ibéricos americanos’ respiran tranquilos

En cualquier caso, los ‘American Iberico’ quedarían exentos porque la indicación geográfica protegida solo se aplica en la Unión Europea, despejando el camino tanto a Iberian Pastures como a Acornseekers LLC. Este último negocio empezó con dos emprendedores españoles que capturaron a 145 cerdas madres en España para llevárselas a Texas, acompañadas de cinco machos. 
Hoy manejan más de 3.000 ejemplares ibéricos 100% puros de bellota y despertaron el interés del mismísimo ‘carnicero’ de Mercadona, Incarlopsa. El interproveedor de los supermercados compró el 67% de Acornseekers a principios de este año, sin desvelar el importe de la operación.
Lo mismo ocurre en Asia, donde el jamón ibérico tampoco quedaría protegido. Y no hablamos de un mercado baladí. China es uno de los mayores consumidores de cerdo a nivel mundial, hasta el punto de que se ha convertido en segundo cliente de España por volumen de exportaciones. 
Las ventas de producto porcino a ese país han aumentado un 273% en los últimos cinco años, un porcentaje que podrá duplicarse gracias al acuerdo comercial firmado entre ambos países a finales de 2018.
Si todos están de acuerdo con impulsar la IGP para proteger uno de nuestros bienes más preciados —como ocurriera con el champán en Francia o la carne de kobe en Japón—, ¿por qué tarda tanto en salir adelante? 
“Hay miedo a que Bruselas tire abajo el proyecto por pretender incluir no solo al ibérico puro (100%), sino a mezclas (al 75% o incluso al 50%, como marca la norma española). La raza se ha prostituido”, critican fuentes del sector.
Otros apuestan por la creación de una única denominación de origen protegida (DOP) que abarque no solo al cerdo que se alimenta de bellota en la dehesa. “Cuatro de cada cinco cerdos se crían en ganadería intensiva porque no hay espacio para todos. ¿Por qué íbamos a dejarlos fuera?”, plantea Rafael Fuertes en un encuentro con este periódico. 
El presidente ejecutivo del Grupo Fuertes (El Pozo) es partidario de “blindar todo lo posible al cerdo ibérico para que nadie se vaya a producirlo al extranjero”.
“Ya estaba empezando a pasar lo mismo que con el aceite de oliva: algunos se llevaban el jamón ibérico a Italia para lonchearlo y lo vendían como si fuese italiano. Pero ese problema se cortó de raíz”, desliza Fuertes. 
Tampoco era difícil encontrarse con un chorizo de otra procedencia pero con una bandera de España en supermercados húngaros o polacos, añade Alfonso Alcázar, director general del grupo Tello Alimentación. El también presidente del Consorcio del Chorizo Español impulsó dicha asociación —que cuenta con el apoyo del ICEX— precisamente para impulsar y proteger este otro producto en el extranjero.

martes, 3 de julio de 2018

La Guardia Civil investiga a 'Comapa', el proveedor de jamones de 'Carrefour'

MADRID.- Comapa, el proveedor de jamones de Carrefour está en el ojo del huracán. Según han confirmado distintas fuentes a El Economista, la Guardia Civil está investigando la distribución de forma fraudulenta, sin los oportunos controles de calidad y trazabilidad de una de las marcas de la compañía, Oro de la Ermita, que podría haber sido utilizada sin la autorización de la compañía.

La semana pasada la Agencia de Seguridad Alimentaria activó la alerta sanitaria sobre esta enseña, que, según admiten desde Comapa, se distribuye en exclusiva en Carrefour. La empresa asegura que cumple con todos los requisitos legales de trazabilidad, pero desde Carrefour se procedió el pasado viernes a la retirada de cientos de jamones y Sanidad ha activado la alerta de seguridad alimentaria ante el presunto farude.
Fuentes próximas a la investigación consultadas por este periódico confirman que la empresa está bajo sospecha desde hace más de un año tras haber sacado al mercado jamones, supuestamente ibéricos, por menos de 80 euros la unidad. 
"Se podría haber estado vendiendo jamón ibérico cuando en realidad no lo es y, sobre todo, producto caducado", aseguran las fuentes consultadas. 
Sanidad insiste, no obstante, en que "en el marco de la gestión de la alerta alimentaria las autoridades competentes de las comunidades autónomas continúan realizando las investigaciones oportunas para tratar de determinar los productos implicados y clarificar la situación de los mismos, evitando de este modo implicar productos que con la misma marca pudieran haber sido comercializados legalmente y en cumplimiento de la normativa vigente". 
La Guardia Civil está investigando, en concreto, una trama de más de 30 empresas que habrían creado una red para reetiquetar de forma fraudulenta productos ibéricos, lo que ha obligado ya a la retirada de más de 400 toneladas de productos por incumplir las mínimas condiciones sanitarias. 
La causa está siendo instruida ahora por los juzgados de Alcira (Valencia) y Fregenal de la Sierra (Badajoz) y no se descarta que en los próximos días pudieran ser llamados a declarar directivos de Comapa. Sanidad mantiene que tras el desmantelamiento de una nave en Valencia se detectó la "existencia de un posible riesgo para la salud pública".  
El grupo francés Carrefour y el británico Tesco, líderes de la distribución en sus respectivos mercados domésticos, anunciaron este lunes un acuerdo de largo plazo con proveedores para hacer compras en común. 
El acuerdo, que debe quedar finalizado en un plazo de dos meses, estará regido por ciclos operativos de tres años, según explicaron las dos compañías en un comunicado conjunto. También cubrirá "las relaciones estratégicas con los proveedores, así como la compra en común de productos de marca propia" y de otros bienes. 
El objetivo declarado es "mejorar el aprovisionamiento y la calidad de los productos a precios todavía más bajos en beneficio de los clientes" e incrementar así la competitividad de las dos marcas. 
También reforzar los vínculos con los proveedores "abriéndoles nuevas oportunidades". 
Tras el acuerdo, tanto Carrefour como Tesco puntualizaron, sin embargo, que cada una seguirá trabajando por su parte con sus propios productores locales y nacionales.

martes, 17 de abril de 2018

'Incarlopsa', el proveedor de embutidos de 'Mercadona', niega que vaya a comprarle un grupo chino

MADRID.- Incarlopsa, el proveedor de embutidos de Mercadona, niega que un grupo chino esté a punto de comprarlos. Según una información de Reuters, el grupo inversor chino Kam Fung Group Company Ltd estaba en conversaciones para adquirir una participación mayoritaria en el grupo cárnico español Incarlopsa (2.000 empleados) en una operación que valoraría al proveedor de Mercadona en unos 1.000 millones de euros.

"Ante las distintas informaciones aparecidas en diferentes medios sobre la valoración y venta de nuestra compañía, Incarlopsa desmiente, en lo que a ella le corresponde, las informaciones publicadas", ha comentado Incarlopsa en un comunicado. 
Sin embargo, la empresa ha reconocido que "recibe y escucha a todos aquellos que se interesan por la compañía" y que por eso se siente orgullosa "del interés que está despertando, en los últimos meses, entre diferentes grupos internacionales". 
"Las informaciones aparecidas sobre la venta o valor de la compañías solo las podemos entender como maniobras de presión para influir en la posición de los accionistas", sentencia el comunicado.
Según la información publicada por Reuters, que incluso ofrecía una valoración económica de la empresa, Kam Fung Group, una firma de inversión china de capital privado, estaría analizando la adquisición de una participación de hasta el 95% en la sociedad. 
Incarlopsa es una empresa familiar española propiedad de la familia Loriente Piqueras, radicada en Tarancón (Cuenca) y especializada en jamón serrano, dijeron las fuentes. Contactado por Reuters, Emilio Loriente, presidente y uno de los fundadores de Incarlopsa, reconoció el interés de inversores extranjeros pero dijo que los accionistas no están buscando activamente la venta de la compañía.
Según una de las fuentes, la compañía tiene una deuda de alrededor de 200 millones de euros y la operación podría estructurarse de tal forma que la familia conservase una participación minoritaria. 
En sus últimos resultados conocidos, los de 2016, Incarlopsa facturó 530 millones de euros. El 75% de sus ventas dependen de Mercadona, del que es interproveedor, la figura que define a los más estrechos suministradores de la cadena de supermercados de Juan Roig, líder en España por cuota de mercado y facturación. 
Fundada hace 40 años, produce salchichas, jamón serrano y otros productos derivados del cerdo y obtuvo un resultado bruto de explotación de 75 millones de euros en 2017, informaron fuentes citadas por Reuters
La supuesta operación propuesta otorgaría un valor de empresa —deuda incluida— de unas 16 veces Ebitda frente a la media de la industria en Europa que se sitúa en unas 10 veces.
Las negociaciones se producirían en un momento en el que los inversores chinos están renovando gradualmente su interés en realizar compras en el extranjero a medida que Pekín comienza a aliviar los duros controles que introdujo para limitar la fuga de capitales a finales de 2016
China es el mayor consumidor en el mundo de productos derivados del cerdo y varios inversores del país han comprado o se han interesado en los últimos años por algunos de los principales productores agroalimentarios españoles.
Kam Fung, con sede en Hong Kong, se centra en inversiones inmobiliarias en China, según su página web, que no menciona experiencia alguna en producción y distribución de productos cárnicos. 
Para esta aventura inversora, Kam Fung estaba estudiando formar un consorcio con el gestor de fondos chino de propiedad estatal Huarong Asset Management Co. Ltd, según dos de las fuentes. Pero el escrutinio al que somete Pekín a las operaciones de sus empresas fuera de China hará que probablemente la gestora nacional no forme parte de la operación, explicaron.
Incarlopsa quiere incrementar su producción en un 75% en los próximos cuatro años y tiene intención de exportar parte de la misma a mercados asiáticos, según la compañía y la patronal del sector. 
Los dos interesados han estado sondeando a varios bancos para financiar la compra, pero algunas entidades han mostrado sus reticencias porque los ingresos de Incarlopsa dependen mayoritariamente del grupo de supermercados Mercadona, dijeron dos de las fuentes de Reuters.

miércoles, 11 de abril de 2018

'Incarlopsa' no dispone del certificado 'Welfare Quality' de bienestar animal que dijo tener

TOLEDO.- Incarlopsa, empresa cárnica con sede en la localidad conquense de Tarancón no posee el  certificado europeo  Welfare Quality de bienestar animal tal y como había anunciado tras conocerse una sentencia del   Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha  (TSJCLM) que quitó la razón a la Junta de Castilla-La Mancha por expedientar a varios veterinarios que levantaron actas denunciando maltrato animal en el antiguo matadero porcino de Industrias Cárnicas Loriente Piqueras SA (Incarlopsa) y criticando que hubiera actuado a "dictado" de la cárnica, según eldiario.es.

Tras conocerse la polémica sentencia, Incarlopsa emitió un comunicado para defender  su "compromiso" con el bienestar animal y asegurar que cumple "en todo momento la normativa aplicable" situándolo además como una "prioridad". Para ello aseguraba estar en posesión del certificado Welfare Quality de bienestar animal que emite Aenor.
Hoy, ese comunicado ha sido retirado de su página web y según ha podido confirmar  eldiarioclm.es, Incarlopsa no posee el certificado que asegura el bienestar animal, el único oficial en España, según fuentes del IRTA. Este periódico no ha conseguido recabar, tras varios intentos, la versión de la empresa conquense.
Welfare Quality  es un sistema para evaluar "de una forma objetiva" el bienestar animal en granjas y mataderos, identificar las causas de un bienestar deficiente y asesorar para introducir mejoras. 
Así lo definen los técnicos del IRTA,   Instituto de Investigación y Tecnologías Agroalimentarias  que depende de la Generalitat de Catalunya, que desarrollaron los correspondientes protocolos y asesoran a AENOR, encargado de su emisión. 
Se basa en  cuatro principios de bienestar animal relacionados con el buen alojamiento, la buena alimentación, la buena salud y el comportamiento apropiado además de identificarse 12 criterios de bienestar animal.
La Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos que se opone a la instalación de grandes explotaciones porcinas en la provincia auspiciadas por esta empresa, ha comentado la noticia para criticar que  Incarlopsa siga "haciendo gala de sus malas artes en materia de bienestar animal. Su insistencia por aparentar que esta materia es una de sus mayores prioridades está cayendo en saco roto, los hechos van día a día demostrando lo contrario".

viernes, 6 de abril de 2018

¿Auténtico cerdo de bellota? Las trampas de los grandes ganaderos

MADRID.- Los ganaderos españoles que cumplen estrictamente con la norma del cerdo ibérico han disparado las alarmas por las últimas cifras de sacrificios de cerdos ibéricos, según recuerda Economía Digital.

En una de las peores montaneras (la temporada de otoño-invierno en la que los cerdos ibéricos o cruzados salen al aire libre a engordar a base de hierba y bellotas), el sacrificio de animales ha aumentado hasta los 720.000, según las cifras del la asociación interprofesional del cerdo ibérico, Asici.
Y la lógica de los ganaderos denunciantes es aplastante: no hay bellota para tanto cerdo. Las cifras no salen, a juicio de los productores, que denuncian malas prácticas generalizadas en el sector. Forma parte del fraude que cerdos ibéricos coman pienso en el campo en una temporada en la que, por falta de lluvia, hubo poca hierba, escasa agua y bellotas de baja calidad.
La falta de controles estrictos, unidos a una época sin lluvias, hacen que el fraude y la picaresca se extienda entre los productores.
“Es imposible que se haya cerrado la temporada con 720.000 cerdos ibéricos de bellota. Estoy convencido de que la mayoría han sido complementados con pienso. Yo lo veo entre los productores vecinos de los cerdos de denominación de origen que yo produzco. La forma habitual de acometer este fraude es ingresar a los cerdos en la montanera ya gordos y alimentados con pienso. Otra picaresca habitual consiste en colocar una tolva con pienso en las fincas para que los cerdos se alimenten cuando no hay suficientes bellotas”, explica Francisco Espárrago, ganadero y presidente de la marca Señorío de Montanera.
Las cifras no salen a ojos de los productores. El año pasado, en una de las peores montaneras que se recuerde, se registró una cifra de unos 700.000 cerdos de bellota. “Lo del año pasado fue de escándaloso pero este año tampoco salen las cuentas. Me parece una cifra extraña”, explica Juan Luis Ortiz, portavoz de la Denominación de Origen de Los Pedroches.

Las picarescas

Los fraudes en el campo para abaratar los costes de la cría del cerdo ibérico de bellota son cada vez más conocidos. Una de las tácticas es dejar en el campo a cerdos por encima del peso fijado por ley.
La normativa establece que el cerdo debe tener entre 92 y 115 kilos en el período que sale al campo a ganar, como mínimo, los últimos 46 kilos a base de hierbas, bellotas y tubérculos. Pero si el cerdo sale más tarde y con más kilos, el coste de manutención será más económico.
El veterinario Vicente Rodríguez, de la Universidad de Córdoba, admite que este año ha sido uno de las peores montaneras que se recuerden en los campos españoles y, por ello, los cerdos han tenido grandes dificultades para alimentarse de bellota.
Y la escasez favorece la trampa. Pero, oficialmente, la asociación interprofesional del sector, encargada de ciertos controles sobre los cerdos, asegura que la calidad de la bellota ha aumentado este año en relación al otro. También asegura que la interprofesional no hace ningún tipo de controles. Simplemente verifica que los datos vertidos en el sistema por productores y certificadores de calidad sean correctos.
Las inspecciones son realizadas por empresas privadas que pagan los propios ganaderos y que –según algunas denuncias– son avisados sobre las visitas e inspecciones con antelación.
Precisamente, la falta de control es la causa del crecimiento del fraude, según explican algunos ganaderos. Pero otros productores no creen que el fraude sea generalizado. “Seguramente hay fraude como en todos los sectores pero creo que el 90% de las empresas certificadoras hacen bien su trabajo”, explica Domingo Eíriz, representante de Jamones Eíriz.
El resultado final de la actual temporada verá la luz en tres años cuando los jamones de los cerdos sacrificados en los últimos meses salgan a la venta.

miércoles, 4 de abril de 2018

El escándalo de 'Incarlopsa' amenaza con causar la caída de García Page

MADRID.- El escándalo del carnicero de Mercadona amenaza con liquidar la estabilidad política del gobierno del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), a juicio de Economía Digital.

Los malos tratos de la empresa Incarlopsa, fabricante cárnico de Mercadona, motivó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que condenó al gobierno de García-Page por perseguir a los funcionarios que denunciaron maltrato animal en el mayor matadero de la región y uno de los mayores de España.
Ahora, las consecuencias políticas del caso amenazan al gobierno castellano-manchego. El diputado de Podemos David Llorente ha abierto la caja de los truenos en el ejecutivo de la región al solicitar una consulta de bases para decidir la salida de Podemos del gobierno de Page.
Llorente, representante del ala crítica del partido, cuestiona el funcionamiento del gobierno socialista tras ser condenado por otorgar un trato de favor a Incarlopsa, la mayor empresa en facturación de la comunidad autónoma. García-Page ha defendido a la cárnica de forma contundente, a pesar de la sentencia judicial en su contra por haber sacrificado cerdos sin sedación, tal como exige la ley

Brecha en Podemos

“He decidido abrir un debate y compartir la reflexión públicamente al lanzar esta propuesta. No tenemos por qué participar en un gobierno que apoya la instalación de macro-granjas en la región, que tantos problemas ocasionan en los pueblos y, más aún, cuando hay una sentencia contra el gobierno por perseguir a los funcionarios públicos que denunciaron las irregularidades. Es necesaria esta consulta”, explicó a este medio el diputado de Podemos.
Llorente se opuso abiertamente a que el partido entrase en el ejecutivo de García-Page en verano del año pasado. Este diputado es partidario de dar apoyos puntuales al PSOE, aunque rechaza de forma frontal permitir un regreso del PP al gobierno. 
Podemos es clave en la gobernabilidad de Castilla-La Mancha, ya que el PSOE necesita a sus dos diputados para aprobar las iniciativas parlamentarias que tengan el rechazo del Partido Popular. Si uno de los diputados tuerce su voto, el suelo político se desmoronaría en los pies del barón socialista.
La postura de David Llorente contrasta con la posición oficial de Podemos, que promovió una consulta en verano pasado para entrar en el gobierno castellano-manchego, donde el sí obtuvo una amplia mayoría.
Tras la decisión, el equipo de García-Page entregó la segunda vicepresidencia del gobierno al podemita José García Molina, que renunció al acta de diputado para entrar en el gobierno regional.
Economía Digital se ha puesto en contacto con el equipo de José García Molina para conocer su posicionamiento ante las críticas surgidas a raíz de la sentencia judicial que acusa al gobierno regional de dar un trato de favor a una empresa que cometió irregularidades y de perseguir y acosar a los funcionarios que las denunciaron.
El vicepresidente segundo no ha querido contestar las llamadas de este medio. Desde su equipo consideran que la posición del diputado crítico David Llorente no se corresponde con la corriente mayoritaria del partido. Pero, en el seno del parlamento regional, un diputado de Podemos supone la mitad de su grupo parlamentario.
Llorente ha votado hasta ahora siempre de forma coordinada con la diputada que representa la corriente oficial del partido y nunca ha roto la llamada "disciplina de voto". 
Pero ya ha mostrado sus discrepancias con la ley de mecenazgo que intenta impulsar García-Page y que levanta también suspicacias en el Partido Popular. Esa votación podría suponer un cambio de rumbo. 
La ley pretende dar cobijo legal a las donaciones de empresas privadas al gobierno autonómico a través de la Fundación Impulsa, una asociación cuya transparencia ha sido puesta en duda tanto por Podemos como por el PP.

viernes, 16 de marzo de 2018

La Junta encubrió el maltrato animal del carnicero de 'Mercadona'

MADRID.-La Junta de Castilla La Mancha ha sido cómplice del maltrato animal que la justicia acaba de acreditar en el matadero de Incarlopsa, el principal proveedor de carne de cerdo de Mercadona, según publica hoy Economía Digital.

El gobierno de Emiliano García-Page no sólo omitió su deber al ignorar las advertencias de los inspectores veterinarios, sino que aplicó una persecución para sancionarlos y apartarlos de sus puestos de trabajo, tal y como había ordenado la propia empresa cárnica denunciada.
El matadero de Tarancón (Cuenca) sometió a maltrato animal a los cerdos que sacrificaba sin la sedación exigida por ley. 
Entre finales de 2013 y principios del año pasado, el proveedor de Mercadona incumplió el proceso de sedación que exigía que los cerdos permaneciesen en un foso de CO2 durante tres minutos antes del sacrificio.
Pero las prisas por atender la creciente producción hacían que la compañía incumpliese los plazos y degollase los cerdos en estado de consciencia. Al ser sacrificados, los animales emitían ruidosos gruñidos que alertaron a un grupo de veterinarios. Este grupo optó por denunciar las condiciones del matadero y el incumplimiento de las normas.
En lugar de sancionar a la compañía, la consejería de Sanidad de Castilla La Mancha se dedicó a perseguir a los funcionarios que denunciaron las irregularidades. El gobierno autonómico abrió un expediente disciplinario y decidió apartar a los inspectores de sus puestos de trabajo, tal como había exigido Incarlopsa, una empresa que factura 600 millones de euros a Mercadona y que se ha convertido en la primera empresa de la región.
Economía Digital ha contactado con el presidente de Incarlopsa, el empresario Emilio Loriente, que negó tener conocimiento de la sentencia. Este medio también contactó con la consejería de Sanidad de Castilla La Mancha, pero no recibió respuesta.

El gobierno autonómico, cómplice

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, firmada el 21 de septiembre de 2017, asegura que el gobierno autonómico trabajó bajo las órdenes de la empresa, lo que supone “una manifiesta arbitrariedad y demuestra complacencia y claudicación” ante el proveedor de Mercadona.
La contundente decisión judicial considera inaudito que el gobierno autonómico, en lugar de sancionar las situaciones de maltrato animal ocurridas en el matadero, se dedicase a perseguir a quienes las denunciaban. El acoso a los veterinarios comenzó en el gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) y concluyó con la sanción a los trabajadores durante el gobierno de García-Page (PSOE) y su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
“La administración parece haber actuado a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a los funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”, argumenta la sentencia.
Tras haber levantado numerosas actas en las que se denunciaban irregularidades en el matadero, la empresa Incarlopsa pidió a la Junta de Castilla La Mancha que apartara de sus puestos de trabajo a los veterinarios. Dado que un grupo de inspectores mayoritarios no se quejaba de las condiciones del matadero, el proveedor de Mercadona acusó a los inspectores denunciantes de tener animadversión a la empresa. 
El tribunal asegura que los inspectores que actuaron de acuerdo a la ley eran los deunciantes y no quienes ocultaron las irregularidades.
La Junta aceptó abrir un expediente disciplinario contra los veterinarios a los que apartó de inmediato de sus puestos de trabajo. Fue una sanción expedita y fulminante y los trabajadores decidieron llevar el caso a los tribunales, que les han dado la razón. La actuación del gobierno de Castilla La Mancha fue arbitraria y desmedida, según los jueces.
La irregularidad, ahora demostrada en la sentencia, ha sembrado dudas sobre la complacencia del gobierno de Castilla La Mancha a las empresas que regentan macro-granjas en la región.
"La sentencia es contundente y demuestra que la Junta de Castilla-La Mancha se posicionó a favor de los intereses de una gran empresa en vez de estar junto a sus propios inspectores y frente a los ciudadanos como es su obligación", explica Carlos Villeta, representante de Ecologistas en Acción.
“Hay otra sentencia reciente por la que se condena a la Junta por autorizar de forma ilegal una macrogranja en Huerta de la Obispalía (Cuenca) y varios recursos pendientes de resolución por hechos similares”, explica el líder ecologista.
El tribunal que investigó al proveedor de Mercadona ordenó que la Junta de Castilla La Mancha restituyese a los inspectores veterinarios en sus puestos de trabajo en el matadero de Incarlopsa y condenó al gobierno regional a resarcir a los inspectores por los daños y perjuicios ocasionados. Además, Incarlopsa y el gobierno regional deberán pagar las costas del juicio.

miércoles, 7 de marzo de 2018

Una granja de cerdos de Castilla-La Mancha ha contaminado el agua que bebían los vecinos

CUENCA.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nula la Autorización Ambiental Integrada emitida por el Gobierno regional a una magrogranja de cerdos en la localidad conquense de Torrejoncillo del Rey, al tiempo que constata que se ha producido contaminación del agua de abastecimiento público de dicha localidad por los purines de dicha instalación.

Así lo ha confirmado la asociación 'Stop Macrogranjas C-LM. Pueblos Vivos', que en nota de prensa alude a la sentencia del alto tribunal castellano-manchego emitida a finales del pasado mes de enero, tras la denuncia la interpuso el Ayuntamiento de Torrejoncillo contra una macrogranja al comprobar por los análisis de los servicios de Sanidad que el agua de abastecimiento del pueblo superaba el límite legal de nitratos, resultando no potable.
El TSJCM condena también a la Junta de Comunidades por considerar que la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental no siguió el "procedimiento legal establecido" puesto que "la Declaración de Impacto Ambiental ha de ser previa a la Autorización Ambiental Integrada y ha de someterse a información pública". 
De ahí, que haya declarado nula la resolución de dicho departamento, por no haber seguido el procedimiento adecuado.
"Pero la sentencia va más allá en el voto particular de un magistrado, el cual pasa a valorar el fondo del asunto que se había denunciado, que no es otra cosa que la contaminación del agua de uso público de Torrejoncillo del Rey", ha defendido la asociación.
"Queda suficientemente acreditado por los informes de los servicios de Salud de la Consejería de Sanidad que las aguas de consumo público del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey están contaminadas por los nitratos procedentes de los purines y estiércol originados por las granjas de cerdos, no siendo apta para el consumo humano", reza el voto particular del magistrado.

Se están "acelerando los trámites"
Por ello que 'Stop Macrogranjas. Pueblos vivos' haya lamentado que la administración regional "está acelerando los trámites de las autorizaciones ambientales para estas explotaciones industriales, favoreciendo los intereses de las grandes empresas cárnicas frente al derecho público a la protección ambiental que consagra tanto la legislación regional como el propio artículo 45 de la Constitución".
Y es que, a juicio de la asociación, esta sentencia "contradice de manera clara el discurso tanto de la Administración regional, que niega la posibilidad de estos casos de contaminación por nitratos, como el de las empresas del sector cárnico que se aferran a la supuesta estricta normativa ambiental para afirmar que esto no puede suceder".