MADRID.- El Consejo de Ministros ha derogado la
anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley
que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las
competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas
intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más
eficiente en materia de agua".
Según ha informado la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar
duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en
el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido
"siempre" una competencia del Estado.
Concretamente, ha
precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se
establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la
gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones
hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal
Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca,
especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas
comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el
Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas
asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en
aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba que cada
comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica,
fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que
correspondía a su territorio.
Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es
más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial
del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre
las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida
de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos
y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los
ciudadanos.
La vicepresidenta ha manifestado que se trata de
"no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los
ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".
Así, ha añadido
que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una
gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos
sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar
la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los
ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.
Además, ha dicho
que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un
dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume
"todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones
hidrográficas.
"De acuerdo con el principio de unidad de
cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el
Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones
contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador
del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en
las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.
Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto
también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios
protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que
los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos
que se pueden ejercer en cada zona.
Esta modificación que se
incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y
solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los
usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se
podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba
una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la
administración competente en su gestión.
"El Real Decreto Ley
establece una coordinación de todas esas calificaciones con
participación de los municipios afectados en la calificación y la
gestión que puede hacerse", ha apuntado.
Por otro lado, Sáez
de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a
la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de
la unidad de mercado.
De este modo,
ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha
puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias
comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad
autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera
"complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo
que supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes
llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener
las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad
ampliada del productor.
Con el nuevo texto, se modifica también
la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir"
las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e
inseguridad" en la aplicación de la norma.
Concretamente las
principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las
relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con
el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones
ambiguas" de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se
precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.
Asimismo, se
establece en los casos en los que las características del residuo, sus
dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los
objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas
resulte la más adecuada.
En cuarto lugar, el Real Decreto Ley
adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con
lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de
adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el
nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas
españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera
"competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el
marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.
Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el
segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de
2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones
de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar
algo más de 10 millones.
