lunes, 14 de mayo de 2018

Hacienda fracasa en la fusión de ayuntamientos: hay seis más que en 2013

MADRID.- 'La alteración de términos municipales en la reforma local de 2013: crónica de un fracaso anunciado'. Así de tajante se muestra un artículo publicado en Reala, una revista editada por el propio Ministerio de Hacienda. El trabajo cuestiona la escasa eficacia de la ley, aprobada en su día por el ministro Montoro, que pretendía acabar con el minifundismo local en España, donde conviven 8.124 ayuntamientos, de los cuales nada menos que el 84% tiene menos de 5.000 habitantes, algo que, en muchos casos, los hace insostenibles. En 14 provincias, incluso, más del 80% de los municipios no pasa de 1.000 habitantes, lo que pone de relieve la naturaleza del problema.

El artículo, escrito por Eloísa Carbonell, catedrática de derecho administrativo de la Universidad de Jaén, recuerda que la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pretendía incentivar la fusión de municipios para ganar tamaño y aprovechar las economías de escala que generan ayuntamientos más grandes, pero la realidad ha sido muy distinta.
Desde que se aprobó la ley estatal, en medio de una formidable crisis económica, apenas han nacido dos municipios fruto de la fusión de cuatro ayuntamientos: los coruñeses de Oza y Cesuras, con un resultado algo más que discreto, y los pontevedreses de Cerdedo y Cotobade, que es el municipio más joven de España (2016). La prensa local, de hecho, ha considerado que la primera fusión, bendecida por las autoridades gallegas como una especie de banco de pruebas de un proceso de concentración de municipios a escala nacional, "no ha cambiado nada", más allá de una simple agregación de nombres. 
El ayuntamiento se llama ahora Oza-Cesuras, pero poco más, como ha puesto de relieve un estudio de la Universidad de La Coruña.
El artículo editado por Hacienda considera que el fracaso en la fusión de municipios se debe a que la reforma (realizada bajo la presión de la recesión) fue "precipitada" y motivada por una perspectiva "estrictamente económica sin valorar otras posibles soluciones que había puesto de relieve la doctrina". La profesora Carbonell se refiere a la "posible incorporación del municipio no sostenible económicamente a otro financieramente saneado". Y el futuro no parece que vaya en esa dirección.
Según el estudio, "no parece previsible" que se produzca una reducción significativa de municipios ni por la aplicación del convenio de fusión que recoge la ley de 2013 ni por la formulación de propuestas al amparo del plan económico-financiero que prevé el artículo 116 bis. "A lo sumo", se dice, "se habrá conseguido que no se creen nuevos municipios por segregación".
Tampoco se ha logrado ese objetivo. Si en 2013 había registrados 8.118 municipios, a 1 de enero de 2018 son ya 8.124 ayuntamientos, pese a que se han producido tres fusiones. Dos en Galicia y una en el País Vasco al amparo de las leyes forales.

Nuevos municipios

En los últimos años se han creado municipios como Domingo Pérez (Granada), por segregación del término municipal de Iznalloz; Játar Granada), por escisión del término municipal de Arenas del Rey; Balanegra (Almería), por segregación de Berja; Montecorto (Málaga), antes ligado a Ronda; Dehesas Viejas (Granada), por segregación de Iznalloz o Serrato (Málaga), por escisión del término municipal de Ronda (Málaga). También en este tiempo, el municipio de Itsaso (Gipuzkoa) del municipio Ezkio-Itsaso.
La proliferación de municipios en Andalucía tiene que ver con el hecho de que la Junta aprovechó el tiempo hasta que la nueva ley entrara en vigor para dar carta de naturaleza a nuevos núcleos urbanos.
El artículo 13.4 de la Ley de Bases de Régimen Local habilita a los municipios colindantes dentro de una misma provincia, con independencia de su población, a acordar una fusión mediante un convenio. Eso sí, la norma deja bien claro que el municipio resultante de la fusión "no podrá segregarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión".
Esta salvaguarda está relacionada con la reciente historia del municipalismo en España. En los años 60, se pusieron incentivos para la fusión de ayuntamientos, pero al cabo de un tiempo muchos de esos ayuntamientos acabaron de nuevo por segregarse debido a que la integración no acabó de cuajar. Como dice uno de los autores de la reforma de la ley de bases de régimen local, por la ausencia de una política de Estado mantenida en el tiempo. 
Por el contrario, como ha sucedido en la reforma de 2013, se optó por el voluntarismo del legislador "en una noche de efervescencia", en lugar de actuar con gradualismo y con incentivos más potentes. El resultado es que, en estos momentos, el 61% de los municipios españoles concentra a tan solo el 3,15% de los habitantes del país.
La ley de 2013 prevé que la creación de nuevos municipios solo pueda realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes, y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 
Estos requisitos son exigibles a la creación de un nuevo municipio por segregación de ese núcleo de población diferenciada, pero no cuando el nuevo municipio es consecuencia de un proceso de fusión.
¿Cuál es el resultado? Como sostiene un informe de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), en Soria el 94% de todas sus localidades no sobrepasan los 1.000 empadronados. En la provincia de Burgos representan el 92,7% de todo su mapa municipal; el 92,4% en la provincia de Ávila, el 92,3% en la de Zamora y el 92% en la de Salamanca. 
El número de municipios, sin embargo, continúa creciendo en otras provincias. La ley es papel mojado, según El Confidencial.

El Gobierno destina el 40% de los fondos de la UE para migración a expulsiones en lugar de a asilo e integración

MADRID.- El Gobierno de España destina al control de los extranjeros que carecen de documentación y a las expulsiones más del 40% del dinero que recibe de la Unión Europea (UE) cada año para las políticas de asilo, migración e integración. El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) es el instrumento del que se ha dotado la UE con el objetivo de promover la “eficacia de los flujos migratorios”, un eufemismo para describir las expulsiones y el control de las personas sin documentación, y el “fortalecimiento de una política común en materia de asilo e inmigración”, a juicio de Público.

Así, este fondo financia tres políticas, por un lado, las de asilo, por otro, las de integración, y, por último, lo que en el lenguaje oficial se ha dado en llamar el retorno. Esta última es la que se lleva el grueso del capital total, que asciende a 269 millones de euros en el período 2014-2020, según se puede consultar en la documentación que hace pública el ministerio de Empleo en la página web llamada el portal de inmigración.
La previsión del Ejecutivo, según se recoge en el documento oficial del programa FAMI, es gastarse 69 millones provenientes de Europa en las políticas de asilo, otros 84 millones en las de integración y otros 116 millones de euros, más del 40% del total, en las de retorno hasta el año 2020. 
De momento, el Gobierno ha hecho públicos los datos de los años 2015 y 2016, en los que se han gastado ya 32,5 millones de euros en las dos primeras políticas y otros 26 millones en las expulsiones y el control de extranjeros sin documentación. En estas cuentas no se incluyen los fondos de la UE para los refugiados de la guerra de Siria, también incluidos en el programa FAMI, pero que llevan su tramitación específica.
El Programa FAMI “se realiza a través de un proceso de diálogo político entre el Gobierno de España y la Comisión Europea centrado en los resultados globales que se pretenden alcanzar”. El reparto presupuestario refleja el histórico ejecutado, las tendencias observadas y las prioridades del fondo, según se explica en el propio documento.
Esos 116 millones no serán todo lo que España se gaste hasta el año 2020 en “la eficacia de los flujos migratorios”, sino que la cifra podría ser hasta dos veces mayor, si se atiende al balance del plan anterior al FAMI: “Parte de los costes del retorno forzoso son cofinanciados por la UE [fletes de avión y dietas e indemnizaciones a funcionarios policiales encargados de su ejecución]. El esfuerzo total de España en la realización de los retornos forzosos gestionados de 2008 a 2014 ha supuesto un gasto total de 158,47 millones [gastos de transporte, indemnizaciones del personal funcionario, gastos de bolsillo al inmigrante, gastos asistenciales y manutención en Centros de Internamiento de Extranjeros, que el Gobierno estima en 18 euros por día]. De esta cantidad, hasta el año 2013, la Unión Europea ha financiado con cargo al Fondo de Retorno [al que ha sustituido el FAMI] un total de 53,6 millones”.
“La estrategia nacional se basa en desarrollar programas de retorno voluntario y de reintegración en los países de origen. También el retorno forzoso es fundamental para la ejecución de una política eficaz en materia de prevención y lucha contra la inmigración ilegal, que cumpla con los requisitos de la Directiva sobre Retorno y del acervo Schengen y respete los derechos de estas personas”, dice el documento del Gobierno.
Hasta 2020, con la ayuda de esos 116 millones, se busca alcanzar los siguientes resultados: “incrementar en 2 ó 3 el número de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) mejorando la calidad de las plazas disponibles; la atención adecuada y la mejora de instalaciones en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI); la asistencia social integral, el asesoramiento y la atención a personas vulnerables; la cooperación con terceros países; [llevar a cabo] 14 jornadas de intercambio de buenas prácticas en materia de retorno; en retorno voluntario retornar a 30.000 personas y en retorno forzoso, 53.000, [y establecer un] protocolo para el retorno de menores no acompañados”.
Las prioridades que fija el Gobierno para el gasto de los 69 millones adjudicados a las políticas de asilo son “el mantenimiento y la mejora de las condiciones de recepción y de acogida de los solicitantes de asilo, incluso ante llegadas masivas; la detección y la atención a grupos vulnerables; la calidad y rapidez en la toma de decisiones de asilo; la capacitación del personal, y el incremento de los recursos humanos, materiales y servicios de acogida”. España recibió el año pasado 31.120 peticiones de asilo, de las que solo resolvió un tercio, 13.350.
Los 84 millones para la integración se ejecutan en su mayoría a través de lo que el Gobierno llama “la sociedad civil”, fundamentalmente sindicatos y ONG. Los extranjeros en España, en su mayoría provenientes de Marruecos, Ecuador, China, Colombia, y Bolivia, son el 9,59% de la población, según el INE.
Dice el Gobierno: “La integración social de los inmigrantes es uno de los principios de la política española de inmigración. La crisis ha afectado de forma importante a los extranjeros cuya tasa de desempleo en 2014 era del 33,19% (diez puntos por encima de la media del país). El nivel de conflictividad es bajo, pero es necesario consolidar esta buena convivencia".
Así, continúa exponiendo que "la estrategia se basa en apoyar programas específicos por áreas: acogida, educación, empleo, salud, participación social, convivencia, juventud y familias, género, infancia y promoción de igualdad de trato y lucha contra la discriminación, desarrollados por la sociedad civil”.
A continuación, concreta: “En función de las necesidades detectadas se ha intervenido en: la prevención de la inmigración irregular de menores, la mejora de la atención y de la capacidad para la protección y asistencia de los menores no acompañados, en la gestión flexible y eficaz del sistema de acogida, en la mejora de la empleabilidad, en la prevención de actitudes xenófobas, en programas dirigidos al apoyo educativo, la atención a determinados colectivos como menores y jóvenes recién llegados y mujeres, la formación de profesionales, y en implantar programas integrales de convivencia en barrios”.

Rivera supera a Podemos en la defensa del soldado-funcionario de más de 45 años

MADRID.- Albert Rivera, después de encabezar las causas salariales de guardias civiles y policías, también se ha puesto al frente de las aspiraciones del personal de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas al asumir en el Congreso postulados de asociaciones de militares hasta ahora solo amparados por Podemos. Ciudadanos va incluso más allá y propone la figura del soldado-funcionario, al defender que los contratos de larga duración se prolonguen más allá de los 45 años y que los interesados, aunque no asciendan ni se especialicen, tengan garantizado un puesto de trabajo con cargo al Estado hasta su jubilación ordinaria, según relata hoy El Confidencial.

La subcomisión creada en el Congreso para estudiar el régimen profesional de los militares de las Fuerzas Armadas registra las primeras consideraciones de los grupos parlamentarios, basadas la mayoría en mejorar las condiciones de la carrera para soldados y marineros, pero dejando en segundo plano las necesidades operativas de los ejércitos. Podemos pretende 'cuadrar' las subidas salariales y el problema del envejecimiento de las tropas con una posterior reducción general de sus efectivos que, a su juicio, debería abordar la Cámara antes de que termine la legislatura.
En el caso de Ciudadanos, sus aportaciones se basan en las propuestas de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Ambos grupos plantean al Ministerio de Defensa la suspensión de la normativa vigente en el límite de edad (45 años) para permanecer en las FAS cuando el soldado o marinero no logra una plaza permanente por el pase a una escala superior o consigue acceder a una de "compromiso permanente" (hasta los 58 años) reservada para especialistas.
El 85% de los 76.000 soldados y marineros con que cuentan las Fuerzas Armadas españolas tiene contratos temporales o de larga duración con el tope en los 45 años. Las pocas plazas de ingreso ofrecidas durante la crisis, más las escasas salidas voluntarias por la situación laboral, han disparado la edad de la tropa hasta los 33 años de media y existe la amenaza de superar los 35 en breve. Es una tendencia que alarma en el Estado Mayor, desde donde piden de entrada rebajar la edad máxima de acceso a las FAS hasta los 25 años.
El ministerio trabaja en un plan de formación profesional, titulaciones y reserva de plazas en otros ámbitos de la Administración para paliar las salidas forzosas de soldados sin posibilidades de entrar en el mercado laboral 'civil' que se tienen que conformar con los 7.200 euros anuales que reciben los acogidos a la fórmula de la reserva "de alta disponibilidad". Pero al mismo tiempo consideran letal para el modelo de Ejército y la operatividad de las unidades alentar la idea del soldado-funcionario.
En el texto presentado en la subcomisión, Ciudadanos propone eliminar el tope de los 45 años y abrir la posibilidad de que "la tropa y marinería alcance con carácter general la edad necesaria para pasar a la reserva, al igual que ocurre con oficiales y suboficiales". En cualquier caso, el partido de Albert Rivera sostiene que el Gobierno debe ocuparse de "implicar" a otros ministerios y "otras administraciones públicas" para garantizar una salida laboral a los soldados que abandonen las Fuerzas Armadas.
El alineamiento de los 'riveristas' con Podemos en la reforma del régimen profesional de los militares ha obligado a los representantes del Grupo Popular en la subcomisión a apelar al tradicional consenso que han mantenido con el PSOE en materia de Defensa en las últimas legislaturas, tanto con gobiernos del PP como socialistas. De hecho, el régimen de personal de las Fuerzas Armadas actual data de 2006, cuando era ministra Carme Chacón.
Fuentes del partido en el poder confían en llegar a un acuerdo con los socialistas, "que sí tienen sentido de Estado", para que la citada reforma se haga sin perjuicios para la seguridad nacional y la operatividad de los ejércitos.

Julio Rodríguez, el ex JEMAD de Podemos: "Las Fuerzas Armadas son insostenibles"


MADRID.- Julio Rodríguez (Orense, 1948), Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) con el segundo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011), relata hoy en www.vozpopuli.comcómo se incorporó a Podemos en 2015 después de haber ocupado el cargo de mayor rango de las Fuerzas Armadas por debajo del Rey. 

En el libro que acaba de publicar 'Mi patria es la gente' (Península, 2018) relata su trayectoria vital y profesional, desde los tiempos de su juventud cuando votó al PCE en las primeras elecciones democráticas  de 1977 y le apodaban Julito, el Rojo' por sus ideas políticas. 
Además, narra episodios desagradables que le han ocurrido desde que decidió aceptar la propuesta de Pablo Iglesias para ingresar en el partido con el que concurrió como candidato en las elecciones generales de 2015 y 2016 sin lograr escaño.
En la entrevista que concede a Vozpópuli plantea una reducción progresiva del personal de las Fuerzas Armadas para adaptarlas a las necesidades actuales; analiza el futuro de Podemos tanto en Madrid como a nivel estatal y la relación con el PSOE; y desgrana su visión de la monarquía y del rey Felipe VI.

- Usted conoce bien las Fuerzas Armadas por dentro. ¿Cree que sobra personal?
- Yo hablo de que hay que redimensionar las Fuerzas Armadas. Tanto en capacidades de personal como en capacidades operativas. ¿Por qué? Porque ahora mismo son unas Fuerzas Armadas insostenibles. Tenemos una deuda tremenda y no se puede ir alargando la solución hacia el futuro. Como son alimentadas por los Presupuestos Generales del Estado, hay que establecer prioridades. Y el debate de la seguridad hay que abrirlo de una manera transversal. La sociedad civil, si quiere sentirse más segura con el instrumento militar, tiene que poner recursos. Y esos recursos los tiene que detraer de otro sitio.

- ¿Pero habría que rebajar el número de militares?
- Hay que redimensionarlas. Ahora en los conflictos se utilizan instrumentos distintos a los que se utilizaban hace cinco o diez años. En cuanto a sistemas de combate, aviones, profesionales, drones, pilotos o sistemas de armas.

- Es que en su libro plantea que hay que pasar de los 140.000 efectivos máximos actuales a una horquilla de entre 103.000 y 108.000, distribuidos entre 70.000 y 80.000 soldados y marineros, y entre 33.000 y 36.000 mandos.
- Pienso que todo el sistema de personal es un proceso que requiere diez años como poco. No puedes pasar de 140 a 100 en un año. Es un proceso que empieza por la entrada en las academias y acaba con la cúpula. Es un proceso que tienes que empezar reduciendo y eso requiere programas y mentalidad a largo plazo. Es algo que hay que hacer con progresividad.

- No le gustó el discurso que pronunció el rey en octubre con la crisis de Cataluña. En su libro repasa el papel de don Juan Carlos en el 23-F. ¿Son comparables?
- Critico el discurso pero no lo comparo con el 23-F. Yo siempre valoro las circunstancias y el contexto. La del 23-F fue una actitud que era la que se debió tomar. Había unos poderes fácticos que existían claramente. Luego, la conducta del rey emérito que le llevó a abdicar fue otra decisión que podríamos entrar a valorarla; es verdad que entraron nuevos aires a la monarquía. El mismo Pablo Iglesias lo dijo.
Y cuando juzgamos la actitud desde el punto de vista personal que tomó con respecto al discurso de Cataluña, hago más una crítica al Gobierno. Como los discursos del rey los debe escribir el Gobierno, si eso fue una decisión del Gobierno del PP, fue una decisión que utilizó a la institución. 
Pero (al rey) yo le critico el lenguaje personal que tuvo, el no ocupar el papel que le correspondía de mediador –que hubiera sido más útil-. Desde ese punto de vista, lo considero como un error.

- A renglón seguido dice en el libro que otra "metedura de pata" podría poner encima la mesa el debate sobre la monarquía.
- Digo que la institución, igual que tenía una cierta credibilidad con el anterior rey, hay riesgo de que errores de este tipo la pongan en riesgo. Es un debate que está ahí pendiente. Una institución que puede jugar un papel como en otros países, si entra a marcarse políticamente, puede poner en riesgo la institución. En una institución democrática, alguien podría poner en duda cómo el rey -el jefe del Estado- no es elegido democráticamente. Si encima actúa políticamente…

- ¿Qué propondrían?
- En un proceso constituyente hay que modificar la Constitución. Igual que hace unos años se planteó por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero que llevo cuatro asuntos al Consejo de Estado. Este proceso puede ampliarse y puede que ese debate se abra.

- Usted dice que si se volviera a redactar ahora el artículo 8 de la Constitución, probablemente se enunciaría en otros términos.
- Yo siempre digo que hay que leer la Constitución entera y también hago referencia al artículo 97, que dice que están sometidas al poder civil. Eso es lo que ya ha calado, el espíritu del constituyente. Pero si existe alguna ambigüedad, hay que modificarlo para clarificar. Este no es un motivo por sí sólo para cambiar la CE, pero si se producen cambios, hay que hacerlos formalmente y resolver ambigüedades. Y si este es uno de ellos, habrá que hacerlo.

- ¿Pero las Fuerzas Armadas deben garantizar la unidad territorial, no?
- Están sometidas al poder civil. Si se lee como me está insinuando, que ellas pueden actuar, hay que leer la Constitución entera. Y está claro que no pueden actuar de una forma autónoma, por sí solas. Si el poder civil decide utilizar el instrumento militar porque hay un invasor extranjero, o porque decide poner un estado de excepción o de sitio, es una responsabilidad política, pero no una responsabilidad que autónomamente puedan tomar las fuerzas armadas.

- Critica al Gobierno por el discurso del Rey. Pero en su libro también reprocha duramente cómo gestionó el Ejecutivo su baja como general de la Reserva tras fichar por Podemos. ¿Hay un cierto ajuste de cuentas con Pedro Morenés?
- No es un ajuste de cuentas. Explico cómo se produjo el cese. No quise explicarlo en aquel momento en que estábamos en campaña, porque no quería utilizar como había hecho el Gobierno una decisión para utilizarla como denuncia. Yo creo que fui leal. Lo hice dentro de la legalidad. En este sentido, le critico su reacción visceral, que puede tener cualquier ciudadano individual, pero él era un representante del Gobierno; era un ministro. 
Por tanto, la visceralidad tenía que haberla puesto a un lado. Que le produjera un efecto sorpresa, lo entiendo, pero que reaccionó visceralmente como diciendo 'algo hay que hacer', para alguien que había pedido la baja de forma voluntaria; que se diga que se le cesa por 'falta de idoneidad' era algo totalmente fuera de lugar.

El PP anuncia un pacto nacional sobre agua con sus barones, que asegura transferencias de caudales sobrantes

MADRID.- El Partido Popular presentará «en pocos días» un documento sobre agua acordado con sus presidentes autonómicos y en el que se detalla cómo distribuir los recursos hídricos en España, que incluye asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias a través de trasvases. 

La dirección nacional del PP y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, llevan meses negociando con sus líderes territoriales una posición común en un asunto que tradicionalmente ha enfrentado a las comunidades del Levante, como Murcia y Valencia, con autonomías como Castilla-La Mancha y Aragón.
El agua fue precisamente uno de los temas que se acordaron impulsar en la comida de trabajo que Mariano Rajoy celebró el pasado 12 de febrero en la sede del partido con los barones del PP. 
De ese encuentro salió también el compromiso de redactar propuestas en materia de financiación autonómica y demografía. Sin embargo, los populares consideran que el agua es «una cuestión de Estado» y por eso hacen hincapié en la necesidad de lograr un acuerdo con los principales partidos de la oposición, en especial el PSOE, ya que gobierna en siete comunidades.
Además, es un compromiso recogido en el programa con el que el PP se presentó a las elecciones generales de 2016, en el que prometía negociar un Pacto Nacional del Agua, «cuyo objetivo sea cumplir los compromisos asumidos con la UE, asegurar la atención de las demandas en las cuentas deficitarias del país y evitar la sobreexplotación de determinados recursos, así como dotar al sistema español de gestión del agua de la suficiente estabilidad y solvencia financiera». 
Todo ello, añadía, desde una perspectiva de solidaridad y equilibrio territorial. En su programa, el PP apostaba por un plan estatal del agua y un sistema integral de gestión que incluía las medidas necesarias para la «coordinación y aplicación de los planes hidrológicos de cuenca», incorporando además recursos como el agua desalada.
De hecho, la propia Isabel García Tejerina ya subrayó la semana pasada en Murcia la necesidad de alcanzar un «gran acuerdo por el futuro del agua» que incluya «infraestructuras» que garanticen interconexiones dentro de las mismas cuencas y «acopio de recursos» entre cuencas. 
También el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, afirmó recientemente en Murcia que «el trasvase forma parte de la realidad para garantizar el agua a los regantes» en territorios como la región murciana, Alicante o Almería. Por eso, afirmó que el acuerdo interno del PP incluirá los trasvases y estará basado en la «solidaridad» y el «consenso».
Fuentes del PP admiten que el término trasvase suele recordar la guerra que se abrió con el acueducto del Ebro aprobado por el segundo Gobierno de José María Aznar y derogado por el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero. 
Por eso, en las filas del PP hay quien prefiere hablar de transferencias, dando prioridad a la cuenca cedente.

Un fascista, Torra, en la Generalitat / Marcello *

Por sus escritos, su discurso y pensamiento lo conoceréis pero Cataluña ya tiene de presidente de la Generalitat a un personaje xenófobo, fascistoide y supremacista que se llama Quim Torra.

Y vamos a ver qué dicen y piensan del pájaro la Cataluña del ‘seny’ que se dice democrática, progresista, conservadora o liberal y sus agitadores y los ‘intelectuales’ que apoyan el golpe de Estado Catalán. Qué opinan de un personaje de esa calaña que pretende la independencia de Cataluña a las órdenes de Puigdemont.

Torra, impuesto por la CUP en un pacto secreto con Puigdemont, prueba a la vez la propia calaña y el progresismo de los ‘cuperos’ que se dicen anti capitalistas y que ahora puestos están al servicio de un loco xenófobo. El  que ahora representa todo aquello que durante años representó en Cataluña a CiU. Y lo mismo se puede decir de ERC y de sus presuntos compromisos de corte progresista.

Lo de Torra no durará y pronto habrá elecciones anticipadas y el regreso al 155. Y Puigdemont finalmente habrá cometido otro gran error que en la UE ni siquiera se atreven a calificar a la vista de los datos y escritos de este personaje que no tardará en echar los pies por alto y al que Podemos ya debería de haber empezado a denunciar con la firmeza con la que ataca a los liberales y conservadores de este país.

Rajoy, Sánchez y Rivera se van a reunir en las próximas horas para ver y analizar la nueva presidencia de Torra. Y esperemos que los tres hallen un punto y una estrategia de encuentro en defensa de la democracia y de la prioridad constitucional. No en vano todo a punta a que muy pronto habrá serias tensiones en Cataluña y que el nuevo presidente Torra no durará.



(*) Pseudónimo de un veterano y prestigioso periodista cordobés



sábado, 12 de mayo de 2018

¿Fake news? / Guillermo Herrera *

Cuando oigo hablar últimamente de “fake news” o noticias falsas se me encienden todas las alarmas como periodista y amante de la libertad de expresión, por la que tanto luchó mi generación en España.
Curiosamente, la preocupación por las noticias supuestamente falsas no procede de la gente, que puede contrastar fuentes de información por Internet y sacar sus propias conclusiones, sino de la élite de poder que teme perder su monopolio de “la verdad” difundido a través de los medios informativos de su propiedad, que expresan un pensamiento único con distintos matices.

En realidad, ellos estarían encantados con una dictadura del pensamiento, sin voces disidentes, pero, como no pueden hacerlo, argumentan supuestos principios éticos. La libertad de expresión les importa un rábano. Lo que realmente les importa es que la gente se entere cada vez más de sus corruptelas y mamandurrias.

La información es poder, y los poderosos siempre se han guardado una parte para utilizarla en su propio beneficio, aunque vaya en contra de los intereses de la mayoría de la población, del llamado bien común. La bondad se le puede presuponer a una persona, pero en el poder sólo existen intereses bastardos.

Pero los tiempos están cambiando para bien, y cada día sale más verdad liberadora, por mucho que intenten poner puertas al campo. Ya intentaron colar el tema en el Parlamento Europeo, pero no tuvieron éxito, porque la censura de noticias va en contra de los principios liberales con los que se fundó la UE. Ahora están intentando provocar la tercera guerra mundial en Siria para acabar con todos nosotros. Ellos lo llaman con un eufemismo: “reducción de población”.

El famoso multimillonario estadounidense de origen húngaro George Soros, el mismo que financia la independencia de Cataluña, está pagando una campaña publicitaria internacional en contra de la libertad de expresión, alegando que es una amenaza para la democracia, cuando la única amenaza es él mismo y sus amigos.

Partamos de la base de que en el mundo hay tres grandes titiriteros que dirigen los gobiernos. El primero es la banca Rostchild, que puso a Macron en Francia, el segundo es la casa real de Arabia Saudita, que es el mayor traficante sexual del mundo, y el tercero es George Soros, con su Fundación “Open Society”. 
“Dadme el control del dinero de un país y no me importará quién gobierne” dijo un Rostchild. En España los tres titiriteros son los Jesuitas, el Opus Dei y los Masones.

Aquí en España se ha creado una comisión secreta para estudiar el tema de las supuestas noticias falsas, presidida por la señora que cobra más sueldos en el PP, María Dolores de Cospedal. Para dar ejemplo de “transparencia informativa” ha prohibido que se levante acta de sus reuniones. A saber las vergüenzas que dirán cuando quieren ocultarlo.

Claro que existen noticias falsas, y un ejemplo de ello es TVE, según sus propios profesionales, que trabajan con griteríos y amenazas en su Redacción. Pero el tema no funciona como se dice. Nadie va a convencer a nadie de que los burros vuelan, de que la nieve es negra o de que la tierra es plana, pero se manipulan las noticias sesgando la información: destacando lo que interesa y ocultando lo que no interesa. 
Es decir, que te meten la bacalá suavemente, sin que te des cuenta, con vaselina mentolada.

De todos modos ya existe el pensamiento único, excepto en Internet, porque todos los periódicos y televisiones nos cuentan versiones similares de la actualidad, ya que todos ellos dependen de las mismas agencias de noticias controladas por la élite manipuladora. Ejemplo de ello fue el supuesto ataque de armas químicas en Siria. Nadie lo cuestionó, nadie lo investigó, nadie lo reflexionó. Simplemente se lanzaron los misiles y ya está. ¿Como podemos ser tan manipulables y estúpidos?

La anomalía social más extraña que veo ahora es que aunque en la historia de la Humanidad cada generación ha cuestionado los paradigmas de sus padres, y ello explica el progreso de la sociedad, pero la nueva generación no cuestiona nada, y además tiene tendencias políticas regresivas o involucionistas. Es decir, que no valora tanto la libertad, porque no ha tenido que luchar por ella.




(*) Periodista independiente

Enriquecer a las agencias / Joaquín Abad *

Parece que la Comunidad de Madrid va a destinar nada menos que dos millones y medio de euros en campañas para la prensa digital. Lo que hará más ricos, más millonarios, a las agencias que se adjudiquen la campaña. Porque de esos 2.500.000 a los medios digitales sólo les llegarán 250.000 euros. Los restantes 2.250.000 se lo quedan las agencias para pagar sus gastos.

En tiempos de la publicidad en papel, en prensa, recuerdo que las agencias se reservaban una comisión de un diez por ciento. Ahora se reservan comisiones de un 85 al 90 por ciento. No me extraña que con esa manera de repartir la tarta los que soportan redacciones lo estén pasando tan mal, excepto los medios golpistas catalanes que reciben jugosas subvenciones por defender el “proces”.

Estos días hemos conocido que el Tribunal de la Competencia (CNMC) ha multado con 7 millones de euros a Carat, Media by Desing, Media Sapiens y Persuade Comunicación por repartirse las campañas de los ministerios. Vamos, que aparte de hacerse millonarios actuaban como un cártel colombiano, mafioso, para repartirse lo que la administración adjudicaba e imponer criterios similares a los medios.

Desde hace años sufrimos una carencia de calidad en los medios digitales ya que con los ingresos publicitarios apenas se cubren los gastos de una redacción que pueda permitirse el lujo de investigar, controlar al poder y, en fin, desarrollar la misión encomendada a los medios informativos. 

En lugar de ello, estamos viendo como “los digitales” -así les llaman ahora a los diarios en internet- están escorados a uno u otro partido con la esperanza de que le favorezcan en el reparto de publicidad institucional. Reparto institucional que no va a los medios, sino a las agencias que cada vez son más millonarias y pueden destinar fondos a hacer lobby, a invitar a políticos, a empresarios, a dar premios, para seguir adjudicándose las campañas exprimiendo a los medios digitales.

Como siempre, el problema es que no hay unión. Porque si todos los digitales se negaran a insertar publicidad programática que les llena de migajas, si se negaran a aceptar campañas con comisiones del 90 por ciento para el intermediario, si criticaran al político que no sólo lo permite, sino que está de acuerdo, otro gallo cantaría. 

La falta de medios valientes ha propiciado que ante el vacío las redes sociales ocupen la atención de los jóvenes que ya sólo se informan por Facebook, Twitter, WhatsApp y las nuevas que vengan. Y además se quedan con nuestros datos, los revenden y se reparten la tarta publicitaria.



(*) Periodista

Fusiones, absorciones, alianzas y compra-venta de empresas / Ángel Tomás *

La globalización, la internacionalización, el crecimiento del capital riesgo y la consolidación de grupos empresariales, han favorecido en las últimas décadas la fusión, absorción y compra-venta de empresas por motivos personales, familiares, societarios, competitivos o financieros.

Cualquiera de estos procesos resulta muy complejo y laborioso y se extienden en la mayoría de los casos a meses requiriendo, además, preparación técnica especializada e inteligencia positiva, sin olvidar un acuerdo de confidencialidad imprescindible, que caso de no llegar a buen fin mantenga los valores de la empresa reservados.

Para que el proceso necesario de “valoración, negociación y cierre” concluya de forma satisfactoria, habrá de establecerse el “valor empresarial” en función de los balances y cuentas de pérdidas y ganancias reales de los cinco últimos años, o de los transcurridos desde la fundación si la vida de la empresa es inferior a cinco. El “precio” en que finalizará la operación nunca coincidirá con el del “valor empresarial”, por ser objeto, como en toda operación mercantil, de intereses contrapuestos entre las partes. Es de la máxima importancia diferenciar los términos valor y precio.

Para establecer el valor de una empresa en un momento determinado, habrán de seguirse los siguientes pasos: 1.- Memoria descriptiva de su historial, objetivos, valores de su fondo de comercio y diferenciación con la competencia. 2.- Elaboración de la documentación completa, analítica y real de la posición económica-financiera y flujos de caja, y 3.- Planes de innovación y creatividad previstos realizables. El valor obtenido puede verse afectado por el de mercado y sobre todo por la oferta y la demanda en el momento de la operación pretendida.

Los motivos que han impulsado a las operaciones corporativas de fusiones o adquisiciones, han sido muy diversos y en la mayoría de los casos imprescindibles: “Empresas familiares”. Cuatro de cada cinco en la tercera generación, por falta de adoptar soluciones de continuidad y pactos de obligado cumplimiento, se ven obligados a venderla o ceder la gestión con pérdida de la responsabilidad de dirección tradicional.

“Deseo de continuidad”. Para no perder el esfuerzo creativo y dedicación de años, que sirvió para conquistar un mercado y crear una importante plantilla de empleados. “Necesidad de crecer”. Un mercado competitivo interior y exterior, la necesidad de aumentar la rentabilidad o la concentración de otras empresas del sector, obligan a consolidar, y para ello surge la necesidad de más recursos financieros.

“El deterioro continuado de los márgenes comerciales”. La alta competencia y la pérdida continuada de valor, obliga a la búsqueda de inversores para evitar la solicitud del concurso de acreedores, que generalmente termina en la liquidación y pérdida de todos los valores conseguidos con esfuerzo y sacrificio durante años.

“La actual existencia de grupos financieros inversores”. España es uno de los países elegidos para inversiones del exterior, y en especial en determinados sectores. Ejemplos los tenemos que terminaron en absorción o tomando participaciones mayoritarias, cuyo precio superó el valor real prudente de mercado.

Una empresa debe elaborar anualmente una documentación contable completa, expresando: la situación económica y financiera, los nuevos valores creados, las innovaciones estructurales, los costos comparativos por artículo y familias, las variaciones de la demanda y las nuevas tendencias del consumo; cuyo conjunto de datos servirán de base para establecer objetivos y presupuestos para el nuevo ejercicio.

ANALIZAR E INVERTIR EN CALIDAD
Si pretendemos definir de una manera amplia la palabra calidad, nos resultará complicado, porque se aplica a todo acto, objeto, pensamiento o novedad creativa, pero si la aplicamos a la inversión en valor empresarial su comprensión será generalmente rápida y aceptada. Una inversión en calidad supone admitir una gestión excelente, unos resultados crecientes y una gran capacidad de liquidez que permita una reinversión también rentable.

Otro elemento de necesario estudio es que el negocio despliegue su actividad en un sector adecuado y seguro, con posibilidades de crecimiento futuro y diversidad de ventajas competitivas, ya que de ser pasajeras las ventajas positivas (cuestión del ciclo), disminuiría la calidad empresarial e impediría la investigación y el desarrollo I+D). La inversión se inclina siempre más por la valoración cualitativa que por la cuantitativa, junto a las ventajas competitivas.

El capital circulante necesario para generar ingresos es también objeto de estudio de todo inversor. Lo constituyen principalmente los activos aplicados a inventario y a deudas a corto plazo, como los créditos a clientes pendientes de cobro. El crecimiento de las ventas o servicios originan aumento del capital circulante, restando flujos a caja como consecuencia. El crecimiento del circulante exigido por el de ventas habrá de no anular, aunque en menor cuantía, los flujos de caja.

Sin embargo, un profundo análisis previo a toda inversión debe contemplar “La Generación
del Futuro” (Next Generation). EL progreso tecnológico está invadiendo de manera vertiginosa e imparable las materias primas, el sector industrial, la distribución y el consumo, llegando incluso al cambio de nuestros estilos de vida mediante el impulso de nuevas necesidades y costumbres. La digitalización apoyada en la inteligencia artificial cognitiva y los datos, productos y servicios masivos integrados en la nube y el aprendizaje automático, hacen que el software a través de la nube y su inmensa oferta de servicios, sea cada vez más eficaz.

La creación de riqueza global protagonizada principalmente por los grandes países emergentes, se manifestará especialmente en la mejora del medio ambiente transformando el futuro de la energía y como consecuencia del transporte. Se impondrá la solución a la producción sostenible y de calidad de los productos para la alimentación, requerido por el crecimiento de la población global. La ingeniería médico-quirúrgica y la investigación sobre sustancias que combatan gérmenes antibacterianos y antifúngicos, transformará la medicina, la producción farmacológica y su distribución. 

Por último, la electrónica, la robótica, el avance de la infraestructura móvil y de los servicios adyacentes, junto a la expansión creciente del comercio digital, influirá en la disminución de los costos y de los puestos de trabajo; sin olvidar que la “tecnología financiera” frente al cambio secular de pagos al sistema digital, obligará a la banca a suprimir sucursales y reducir plantillas.

El tejido empresarial se enfrenta a un obligado cambio de estructura continuado, a un establecimiento de objetivos variables, con posible afección de los agentes externos, a una creatividad original y una diferenciación en el mercado frente a su competencia, de lo contrario la supervivencia no será posible.




(*) Economista y empresario

miércoles, 9 de mayo de 2018

El circo 'Gottani' demanda a 'Pacma' por acusarle de maltratar a sus elefantes

MADRID.- La empresa Núcleos Zoológicos y el circo Gottani, responsables de los elefantes que sufrieron un accidente en la carretera A-30 en abril pasado, ha demandado al Partido Animalista (Pacma) y a su presidenta, Silvia Baquero, por las acusaciones de maltrato animal vertidas en su contra.

El director y gestor de Núcleos Zoológicos y representante del Circo Gottani, Eduardo Belltall Olmos, ha informado en un comunicado de que son "totalmente falsas" las informaciones del Pacma y Baquero sobre el "maltrato de los animales" en el circo.
Así, ha advertido que los "verdaderos responsables" de toda la situación creada a raíz del accidente del camión que transportaba los elefantes, a la altura de los kilómetros 23 y 24 de la A-30, a su paso por Pozo Cañada (Albacete), son las asociaciones animalistas, que ejercen como grupos de presión política y económica.
Las "campañas denigratorias" contra el circo por parte del Pacma y las agrupaciones animalistas "giran en muchas ocasiones a modo de manipulación y persecución, convirtiéndose en un verdadero delito de odio".
Belltall Olmos ha sostenido que es un "delito penal" prohibir a las compañías circenses "derechos fundamentales" recogidos en la Constitución como el derecho al trabajo, la libertad de empresa y el libre acceso de los ciudadanos a la cultura, entre otros.
Los ejemplares, señala, son "animales domesticados" nacidos "en cautividad con muchas generaciones filiales de antepasados pertenecientes a colecciones zoológicas". Y nunca usan "animales salvajes", práctica prohibida por la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (Cites).
Ha remarcado que el propietario de los elefantes, Joy Gartner, "no está condenado por maltrato animal", como han señalado algunas informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación.
Según el representante del circo Gottani, Gartner ha sido galardonado con el Clown de Plata, en el Festival del circo de Montecarlo, ha manifestado Belltall Olmos.
Por su parte, el Pacma ha informado en un comunicado de que las cuatro elefantas del domador Gartner "siguen encerradas en un pequeño solar de Pozo Cañada (Albacete)".
Ha asegurado que sigue muy de cerca el estado de los ejemplares sobrevivientes del accidente y han solicitado a la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Medioambiente, al Servicio de Protección de la Naturaleza y a la autoridad administrativa en España de la Cites la incautación inmediata de esos ejemplares.

Los bancos reciben más de 400.000 reclamaciones por gastos hipotecarios

MADRID.- Las reclamaciones por los gastos asociados a la firma de una hipoteca, como el arancel del notario, se han convertido en la nueva pesadilla de la banca. El Supremo dejó claro en febrero que el sujeto pasivo del impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, que supone cerca del 70% de estos gastos, corresponde al hipotecado y no a la entidad financiera tras meses de dudas jurídicas y sentencias contradictorias en los juzgados, según Expansión

Para los costes de notario, gestoría, registro y tasación sigue sin haber jurisprudencia clara. Consumidores y bancos están a la espera de una aclaración por parte del Supremo cuando lleguen al Pleno alguno de los recursos planteados.
La perspectiva de que el asunto acabe en el TJUE europeo, como sucedió con las cláusulas suelo, ha disparado las reclamaciones.
El año pasado, los servicios de atención al cliente de la banca recibieron más de 400.000 reclamaciones sólo en el caso de los bancos cotizados, según la información pública disponible. Parte de ellas acabarán en los juzgados.
Asumiendo una devolución media de entre 900 y 1.100 euros, el impacto económico ascendería a unos 440 millones de euros.
Los bancos con una mayor cartera hipotecaria son los que más quejas han recibido. BBVA gestionó el año pasado 171.146 reclamaciones, de las que el 90% corresponden a gastos de formalización hipotecarios. Santander no detalla la cantidad, pero afirma que admitió a trámite 69.321 reclamaciones sobre créditos.
En la banca mediana destacan por su número las más de 36.000 reclamaciones recibidas por Abanca; las alrededor de 9.000 llegadas a Deutsche Bank España y las 33.838 en KutxaBank. La entidad vasca ha desestimado todas las recibidas. 

El último 'ranking' de las universidades españolas ni menciona a la de Castilla-La Mancha

MADRID.- La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Navarra (UNAV) son las universidades españolas con mayor número de indicadores de mayor rendimiento (un total de 24), según el Ranking de la Fundación CYD, que analiza 22 ámbitos de conocimiento y 2.235 titulaciones, y en el que participan las 50 universidades públicas españolas y 32 privadas.

Cerca de ellas, aparecen la Universitat Pompeu Fabra (23 indicadores de mayor rendimiento), la Carlos III de Madrid (21), las de Gerona, Autónoma de Madrid y Deusto (con 20 cada una), Barcelona (19), Rovira i Virgill, Ramon Llull, Politécnica de Catalunya, Pontificia de Comillas y Mondragon Unibertsitatea (con 18 cada una), Valencia-Estudi General (14) y Politécnica de Valencia (13), que obtiene el mismo número de indicadores de mayor rendimiento que la Politècnica de Madrid.
De las 15 universidades mejor situadas en esta clasificación, diez son públicas y cinco privadas (Navarra, Deusto, Ramon Llull, Pontificia de Comillas y Mondragon), y se reparten en cinco comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, que por este orden lideran la clasificación por comunidades autónomas, seguidas por Asturias, Cantabria, Baleares, Galicia y Aragón.
Del ranking se desprende que las universidades con menor rendimiento relativo --es decir, aquellas que tienen más indicadores en el grupo de menor rendimiento--, se encuentran la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la de Jaén, Valladolid, la Politécnica de Cartagena y la Universidade Da Coruña.
"No podemos ni queremos responder a la pregunta de qué universidad es mejor, porque no se puede dar una respuesta unidimensional", ha explicado el director del ranking, Martí Parellada, durante la presentación este miércoles en Madrid de los resultados, que tienen por objetivo que "sirvan para la gestión de las universidades y orientar su actividad con la máxima información posible", según Parellada.
"Todas las universidades participantes tienen algún indicador en el grupo de mayor rendimiento", ha subrayado el director del ranking. Por su parte, el vicepresidente de la Fundación CYD, Francesc Solé, ha destacado que el ranking demuestra que las universidades españolas han "resistido" tras años de falta de recursos financieros.
"En un momento determinado en el que han caído los recursos de la universidad y ha habido normas como la imposibilidad de la sustitución del profesorado, en esta situación lo razonable es que la universidad hubiera ido para atrás de forma notable", ha afirmado Solé, apuntando que junto al aumento de financiación, la mejora de la autonomía de las universidades podrían mejorar sus rendimientos.
En esta edición, el ranking CYD ha incorporado cinco nuevos ámbitos de conocimiento (Farmacia, Odontología, Enfermería, Ciencias Políticas y Educación) y ha actualizado los datos de otros cuatro (Medicina, Psicología, Sociología y Trabajo Social) que se suman a los trece que ya se incluían en esta clasificación de las universidades españolas.
Así las universidades que destacan por tener un mayor número de indicadores de mayor rendimiento en cada ámbitos son la de Barcelona en Farmacia, la de Deusto en Trabajo Social, la Carlos III de Madrid en Sociología, la Autónoma de Barcelona en Psicología, la Complutense de Madrid en Odontología, la de Alicante en Enfermería, y la Autónoma de Madrid en Educación, Medicina y Ciencias Políticas.
Además, el ranking CYD clasifica a las comunidades autónomas por los resultados del rendimiento de sus universidades en diferentes ámbitos. De esta manera, Navarra, País Vasco y Castilla y León destacan en Enseñanza y Aprendizaje, mientras Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia lo hacen en Investigación.
Por otra parte, Cataluña, Madrid y País Vasco son las mejores en Transferencia de Conocimiento y Orientación Internacional, mientras en Contribución al desarrollo regional destacan las universidades de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
En estos ámbitos, la Universidad de Navarra logra los mejores resultados en Enseñanza y Aprendizaje e Investigación, y la Autónoma de Barcelona en Transferencia de Conocimiento y Orientación Internacional. 
Además, la Internacional de Catalunya es la más destacada en Contribución al desarrollo regional, según los datos del ranking de la Fundación CYD, que en esta edición incluye un gráfico de evolución de los resultados de la universidad española en los últimos tres años.
Estos datos acumulados revelan que desde 2015 ha aumentado un 50,1% las patentes concedidas por el profesorado, un 20,9% las publicaciones por profesor y un 20,5% las publicaciones regionales, como resultados más destacados. Por contra, el número de profesores extranjeros se ha reducido un 8,5%, los fondos privados un 4,3% y los fondos de investigación regionales un 3,5%.
Este trabajo detalla las universidades con mayor rendimiento por ámbitos de conocimiento. Así, para Farmacia destacan las universidades de Barcelona, Complutense de Madrid, Navarra, Salamanca, Santiago de Compostela.
En Trabajo Social sobresalen Deusto, Granada, Málaga, Rey Juan Carlos, Valencia (Estudi General); en Ciencias Políticas: Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra, Ramon Llull y Salamanca.
En cuanto a Sociología: Universidad Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra, Pontificia Comillas, Rey Juan Carlos y Zaragoza; en Psicología: Autónoma de Barcelona, Deusto, Lérida, Oviedo, Salamanca; en Educación: Autónoma de Madrid, Gerona, Salamanca, Valladolid, Zaragoza.
Y en Medicina: Autónoma de Madrid, Barcelona, Navarra, Pompeu Fabra, Salamanca; Odontología: Complutense de Madrid, Granada, Internacional de Cataluña, Murcia, Salamanca; y Enfermería: Alicante, Navarra, Pública de Navarra, Salamanca, Valladolid.

Para los cinco indicadores que toma el Ranking CYD sobresalen diversas universidades:
Para Enseñanza y Aprendizaje destacan: Católica de Valencia San Vicente Mártir, Deusto, Gerona, Navarra, Pompeu Fabra y San Pablo-CEU.
En Investigación: Cantabria, Gerona, Jaume I de Castellón, Navarra, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili.
En Transferencia de Conocimiento: Autónoma de Barcelona, Carlos III de Madrid, Mondragón Unibertsitatea, Navarra, Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia y Zaragoza.
En Orientación Internacional: Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Carlos III de Madrid, Deusto y Pompeu Fabra y en Contribución al desarrollo regional: Autónoma de Barcelona, Barcelona, Deusto, Gerona, Internacional de Cataluña, La Laguna, Politécnica de Cataluña, Rovira i Virgili y Sevilla.
Por otro lado, nueve autonomías aparecen en el grupo que obtienen mayor número de indicadores agregados de mayor rendimiento.
Así, Castilla y León, Navarra y País Vasco sobresalen en Enseñanza y Aprendizaje; Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia en Investigación; Cataluña, Madrid y País Vasco en Transferencia de Conocimiento; Cataluña, Madrid y País Vasco en Orientación Internacional; y Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana en Contribución al desarrollo regional.
Parellada ha señalado que entre 2015 y 2018 la crisis se ha reflejado en que han disminuido los profesores a los que se reconoce capacidad investigadora (-10,8) y los docentes extranjeros, pero las patentes concedidas por profesor aumentaron un 50,1 %.

Castilla-La Mancha garantizará por ley una renta mínima de 600 euros mensuales

TOLEDO.- La renta mínima garantizada en Castilla-La Mancha superará, por ley, los 600 euros mensuales. Así lo recoge el borrador del anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, que establece este derecho subjetivo que en su primer año de aplicación prevé llegar al 90 por ciento de nivel de cobertura de los hogares de la región con menores a su cargo y que tengan ingresos bajos.  

Un nuevo derecho que "no permite comparativa", subraya en un artículo de opinión la consejera propuesta por Podemos para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas de la Junta, Inmaculada Herranz, puesto que se trata de un sistema de protección social "sin precedentes" en Castilla-La Mancha. Es, en su opinión, "un nuevo paso adelante" hacia el objetivo de alcanzar el cien por cien de protección, ya que "garantizar la igualdad social es garantizar la libertad individual". 
Además de este derecho de nuevo cuño, Herranz destaca la incorporación a este anteproyecto de Ley de las principales prestaciones del Plan a través de un conjunto de garantías complementarias. Un borrador que surge de "un proceso riguroso" de implementación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, su evaluación y el "análisis científico" de las necesidades de la población, subraya la consejera. 
Pero no todas las prestaciones contempladas en el Plan son nuevas, al existir previamente algunas de ellas. Esto, dice Herranz, "puede provocar que la comparativa directa con los años anteriores a la puesta en marcha del Plan se haga más compleja". 
No obstante, y hecha esta salvedad, la consejera apunta como "novedad radical" que "frente a la anterior descoordinación y dispersión de políticas públicas en materia social", por primera vez se ha procedido "a una integración y reordenación de medidas y prestaciones". 
Una reordenación que, según la consejera, "ha podido trasladar confusión en los análisis de ciertos medios de comunicación" y es por ello que la consejera de Podemos pretende ofrecer su versión de los hechos, refiriéndose aparentemente a una información publicada este domingo, en la que se indicaba que las medidas del Plan de Garantías Ciudadanas solo están llegado al 6,5 por ciento de los 130.500 hogares con bajos ingresos que hay en Castilla-La Mancha.
Según explica Herranz, este Plan nacía con el objetivo de "mejorar la respuesta a las necesidades de una población duramente golpeada por la crisis económica". Para ello planteaba integrar medidas que anteriormente estaban dispersas y de las cuales se carecía de un histórico de evaluaciones sobre su impacto y efectividad. 
Así, "a ocho meses de nuestra entrada en el Gobierno" ‑precisa la consejera de Podemos en el artículo de opinión remitido desde el gabinete de Comunicación del Ejecutivo regional‑ "se ha conseguido implementar el Plan con importantes mejoras de cobertura, se ha elaborado el primer informe de seguimiento del 2017, disponemos de un diagnóstico en profundidad de las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas de la región y se ha elaborado el borrador de anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha ajustándolo a dicho diagnóstico". 
Y apunta, "rara vez en las políticas sociales de nuestra tierra se ha hecho tanto, y tan novedoso, en tan poco tiempo". 
De este modo, y una vez recalcado el papel que ha jugado su entrada en el Ejecutivo regional que preside Emiliano García‑Page para esta reordenación de prestaciones ya existentes, la consejera da cuenta de las principales mejoras del Plan. 
Entre ellas destaca así el "significativo aumento presupuestario en el 2018, que supone un incremento del 31,6 por ciento respecto a algunas de las medidas existentes en el 2016, y del 20 por ciento respeto al 2017", y "la integración de las medidas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para una mayor cobertura a los hogares con escasos ingresos. 
Por otra parte, señala también la mejora del Plan de Pobreza Energética, al establecer que se podrán percibir dos prestaciones al año "en lugar de la única que se había previsto en 2016". 
Asimismo, y apelando al "compromiso político" de los miembros de la formación morada presentes en el Gobierno, Herranz destaca que el 20 de marzo se hacía público el primer informe de seguimiento de las medidas del Plan Integral de Garantías, "por primera vez en Castilla-La Mancha" ‑cabe recordar en este punto que el Plan en sí, fue aprobado por el Consejo de Gobierno a finales de octubre de 2017‑. 
Un informe en el que se analiza la implementación y el impacto del Plan Integral, entre cuyos principales resultados globales Herranz destaca "la nueva concesión de 137.062 prestaciones en el 2017", de las cuales se han beneficiado un total de 100.000 perceptores. Respecto a 2016 se producía así "un incremento en el volumen de prestaciones del 23,4 por ciento". 
Sin embargo, precisa la consejera, diseñar políticas sociales que se adapten a las situaciones reales de la población "requiere un diagnóstico en profundidad" que determine el conjunto de necesidades y la dimensión de las mismas. 
Para ello, añade, de nuevo "por primera vez" en la región, la Universidad de Castilla-La Mancha ha elaborado un estudio representativo "en todas las provincias y capitales" de la región con el objetivo de fijar la población de alta vulnerabilidad a la que deberá dirigirse esta nueva ley que tendrá como objetivo "proveer a la ciudadanía de los recursos necesarios para tener una vida digna". 
Un diagnóstico del que se desprende que del total de hogares de la región, el 16,7 por ciento vive con bajos ingresos, mientras que en el conjunto de los hogares con menores "esta situación afecta al 14,7 por ciento", apostilla. A un 90 por ciento de ellos se prevé que pueda llegarse durante el primer año de aplicación de la renta garantizada.

A Europa le puede quedar un año / Esteban González Pons *

Si nada lo remedia, el próximo 29 de marzo de 2019 Reino Unido abandonará la Unión Europea, en lo que supone un hecho sin precedentes porque nunca antes un país miembro dejó de pertenecer al proyecto comunitario. Hemos descubierto que el proyecto europeo no es irreversible. Por encima de cualquier otra consideración, el Brexit es un error de dimensiones históricas, que está marcando ya el momento actual de la UE y cuyas consecuencias vamos a pagar tanto europeos como británicos.

Es un hecho innegable que la sociedad británica fue intoxicada con numerosas campañas de desinformación, propaganda y noticias falsas. Cómo no acordarse por ejemplo de aquella tramposa promesa de campaña de devolver 350 millones de libras a la semana (unos 400 millones de euros) al sistema nacional de Salud una vez concretado el Brexit. Pero hay también otra lectura de los acontecimientos, la que revela que los europeístas no hicimos lo suficiente para evitar el Brexit. Ya fuera por ingenuidad o por cualquier otro motivo, nuestro silencio ante las mentiras de los brexiteros fue también nuestra condena.

Pero dicho esto, no podemos olvidar que, además del Brexit que lo condiciona todo, Europa se enfrenta en estos momentos a varios desafíos de enorme envergadura. La crisis migratoria y de refugiados, aunque ahora ocupe menos espacio en los informativos, sigue muy presente en los países del Este y del Sur europeo. Las secuelas de la crisis económica y social todavía se sienten en muchos países de Europa y en muchos segmentos sociales porque esa crisis, no debemos olvidarlo, arruinó a millones de familias y debilitó nuestro modelo de bienestar social.

Como no pensar, también, en los efectos colaterales de la globalización, que ha dejado a miles de trabajadores en los márgenes del progreso, sin capacidad ni de reciclarse ni de reincorporarse al mercado laboral. Afrontamos además amenazas constantes como el terrorismo, que ha generado miedo e inseguridad en los europeos, y problemas a corto, medio y largo plazo como el cambio climático. Todo esto ocurre además en el contexto de un nuevo escenario mundial que es cada vez más incierto, más inseguro, más complejo por la multiplicación de los actores influyentes, y en el que los europeos estamos cada vez más solos y con menos aliados.

Ante todos estos problemas, el Día de Europa es sin duda una buena oportunidad para reflexionar. La falta de ambición política en los últimos tiempos, tanto de la UE como de los países miembros, ha tenido dos graves consecuencias. La primera de ellas ha sido la desafección de una parte muy importante de la sociedad con las instituciones públicas y los partidos políticos. La segunda y más peligrosa, la aparición del entorno social propicio para el regreso de los movimientos nacional-populistas, extremistas y radicales, los mismos que habían estado en cuarentena democrática desde la derrota del nazismo y del fascismo.

75 años después de acabado el horror de la Segunda Guerra Mundial, el nacional-populismo vuelve a ser, por terrible y anacrónico que parezca, la mayor amenaza para la paz, la libertad y la democracia en Europa, y por tanto, para su futuro. No se trata solo de los 17 millones de británicos que votaron por el Brexit en 2016 o los 10 millones de franceses que votaron por el extremismo de Marine Le Pen el año pasado. Son también los 5 millones y medio de alemanes que han vuelto a sentar (y como tercera fuerza política) a la extrema derecha en el Bundestag Alemán. Algo que no ocurría desde los tiempos de Hitler. En España, los nacional-populistas han convencido a la mitad del pueblo catalán para votar en contra de la otra mitad.

El nacional-populismo es un virus de la democracia, que todo lo envenena y todo lo mata. Su arraigo en algunos países europeos amenaza al conjunto del proyecto de la UE. El próximo objetivo serán las elecciones europeas de mayo de 2019. Y si no le ponemos remedio, podemos tener el primer Parlamento Europeo de la historia dominado por antieuropeos, algo que podría ser el principio del fin de la Unión Europea.

Frenar al nacional-populismo exige abordar de manera urgente los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en estos momentos. Exige, fundamentalmente, articular una respuesta política a los efectos de la globalización; reformar la arquitectura de la zona euro; hacer realidad el pilar social de la Unión; abordar la transformación digital del continente; reformular la política exterior y de seguridad común; reforzar la democracia europea; y prepararnos para las crisis que están por venir, desde las guerras comerciales hasta la crisis climática, energética o demográfica. 

Frenar al nacional-populismo exige responsabilidad y altura de miras. El escenario no es alentador, pero bajar los brazos no es una opción. Nunca debe serlo. Europa debe luchar por su propia supervivencia con todos los instrumentos de la democracia y el Estado de derecho. Ni uno más, pero tampoco ni uno menos.

Hoy más que nunca debemos recordar que nuestra prosperidad y bienestar dependen de la paz y la estabilidad de Europa. Y que si el proyecto europeo desaparece, la democracia y la libertad acabarían también desapareciendo con ella. Nos estamos jugando que el próximo Parlamento Europeo sea o no un parlamento de mayoría antieuropea. El debate de la campaña electoral que viene, menos de dos meses después del Brexit, va a ser “Europa sí, Europa no”. Tenemos un año para ganar.


(*) Portavoz del PP en el Parlamento Europeo y vicepresidente del grupo PPE en el PE



lunes, 30 de abril de 2018

La crisis y las prohibiciones reducen a su mínimo histórico los festejos taurinos en España

MADRID.- Los festejos taurinos que se celebran en España caen un 60% desde el año 2007. Diez provincias han dejado de celebrarlos. El 9,5% de los españoles declara haber ido a los toros: el 40% dice no tener ningún interés en la materia y un 20%, que no entiende la fiesta.

¿Qué tienen en común Gerona, Lérida, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Ceuta? Ninguna de estas provincias celebra festejo taurino alguno. Al menos no lo hacen desde el año 2011, cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte comenzó a elaborar las estadísticas de asuntos taurinos con datos desagregados a nivel provincial. A este listado se sumaron un año más tarde, en 2012, Barcelona y Orense. Y en 2016, el último del que se ofrecen datos oficiales, tampoco se organizaron eventos relacionados con la tauromaquia ni en La Coruña ni en Lugo.

En total son una decena las provincias que han dicho adiós a este tipo de festejos en los últimos siete años. Ni ha habido corridas de toros o corridas mixtas con rejones, ni becerradas, ni festivales (lidia de reses despuntadas), ni novilladas, ni rejoneo, ni toreo cómico, ni festejos mixtos (espectáculos que incluyen al menos dos de los mencionados anteriormente). Estas son todas las categorías que contempla la estadística estatal y en todas ellas, para las provincias citadas, el dato es el mismo: cero.

La despedida a la tauromaquia en estos puntos geográficos, sumado al descenso generalizado de los espectáculos taurinos en el resto del país, ha provocado una caída de más del 60% de los festejos taurinos desde el 2007. En aquel año se celebraron 3.651 y en 2016 bajaron hasta los 1.598.

Esto supone que, mientras en el año 2007 tuvieron lugar más de 10 festejos taurinos al día, en 2016 solo fueron cuatro. La mayoría, 386, fueron corridas de toros; seguidas de novilladas sin picadores (262), festivales (215) y novilladas con picadores (200).

El secretario de la asociación Unión de Toreros (UT), Iñigo Fraile, achaca el descenso a la crisis económica. En este sentido, aclara que "el descenso se debe, principalmente a que se celebran menos festejos fuera de feria, que eran mucho más numerosos en épocas de bonanza".

De las 52 provincias que existen en España, diez han roto su relación con la tauromaquia. De las 42 restantes, dos son las que concentra la mayor parte de los festejos taurinos: Madrid con 251 y Toledo con 128. Entre ambas representan el 24% del total de espectáculos taurinos celebrados en España. 

Junto a Salamanca (92), Ávila (82) y Cuenca (79) aglutinan casi el 80% de todos los festejos del país. Castilla La Mancha y Castilla y León se posicionan como las dos comunidades autónomas en las que más eventos de este tipo se celebran. A nivel autonómico les siguen Andalucía, Madrid y Extremadura. La distribución se ha mantenido inalterable desde que existen estadísticas oficiales.

En plena caída de los festejos taurinos, el Gobierno aprobó la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural en el año 2013. Sin embargo, en el preámbulo del propio texto legislativo se matiza el apoyo social a la decisión estatal en los siguientes términos: "La sociedad española es muy diversa y dentro de esa diversidad encontramos grandes aficionados y a su vez muchos ciudadanos que han manifestado su preocupación por el trato que reciben los animales durante los espectáculos taurinos".

Uno de los efectos inmediatos que tuvo la entrada en vigor de esta norma fue la inclusión de los festejos taurino en las encuestas de hábitos y prácticas culturales en España, que realiza cada cuatro años el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. La primera, y hasta el momento única, en la que aparece esta materia corresponde a la serie 2014-2015 (en noviembre se publicará la nueva). 

En ella se constata el escaso público que respalda estos eventos, pues solo el 9,5% de los encuestados dijeron haber acudido a un espectáculo taurino en el último año. Para Fraile no se trata, ni mucho menos, de un dato preocupante. "Creo que es un porcentaje positivo tratándose de una actividad de ocio y teniendo en cuenta que son estas actividades las que primero se reducen en épocas de crisis", comenta.

En la encuesta también llama la atención que 2 de cada 10 personas que sí presenciaron un espectáculo de este tipo reconocieron haberlo hecho con entrada gratuita. Una información a la que el secretario de UT no da mucha credibilidad.

Frente al 9,5% que sí asistió a festejos taurinos, hay un 90,5% que no lo hizo. Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y el 20% que, directamente, no lo entendía.

El apoyo gubernamental es una de los argumentos que explican el crecimiento del número de escuelas taurinas y de profesionales mientras se produce un descenso generalizado de los festejos en todo el país. En el caso de las escuelas se percibe un notable incremento a partir del año 2013, cuando se aprueba la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural y el Plan PENTAURO que incluye, entre otras medidas, apoyar la capacitación de profesionales taurinos. 

Una causalidad que admite Iñigo Fraile, secretario de la asociación Unión de Toreros (UT), quien añade otro motivo: "Ha habido un fomento de las escuelas taurinas, pero creo que el aumento también se debe vincular a la organización de clases prácticas. Resultan más baratas de organizar que un festejo en sí mismo en el que puedan practicar y enfrentarse a un escenario real los jóvenes que se inician".

El negocio bancario en España sería una ruina sin comisiones

MADRID.- Los cinco grandes bancos es­pañoles ga­naron 1.923 mi­llones de euros por su ne­gocio ban­cario en España du­rante el primer tri­mestre de este año. Sin los 2.265 mi­llones de co­mi­siones netas que re­cau­daron de sus clien­tes, ha­brían te­nido que dar pér­di­das. La caída de los már­genes de in­tere­ses, por los bajos ti­pos, se com­pensa con un peso cada vez mayor de las co­mi­siones que co­bran por co­mer­cia­lizar pro­ductos no ban­ca­rios, ya que las pro­ce­dentes de ser­vi­cios si­guen ba­jando por la com­pe­tencia entre en­ti­da­des, según recoge hoy Capitalmadrid

Que 28 de cada 100 euros de margen bruto obtenido en España por los cinco grandes bancos (Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia y Sabadell) provenga ya de las comisiones, supone, ni más ni menos, que el negocio bancario clásico sigue tocado. Pero es que aún hay más. Si se desgaja la cuenta de ingresos se ve cómo por cada 100 euros de margen de intereses, estas entidades recaudan otros 52 por comisiones. Y esto es lo que provoca que sin esta partida los bancos estarían en pérdidas.
Pero para lograr todo esto sin que los clientes se enfaden y cambien de banco, las entidades financieras han ideado sistemas de lo más variopinto para cobrar comisiones y mantener a salvo la cuota de mercado. El que mejor les ha salido ha sido el de mantener fuera del balance los productos que más rentables son por la vía de las comisiones, lo que infla la recaudación sin dañar la relación con la clientela. ¿Cómo se consigue esto? Pues comercializando fondos de inversión, fondos de pensiones y gestión de carteras o sociedades Sicav. Ninguna de estas cosas es negocio bancario, pero los bancos se las ofrecen a los clientes para asegurarse el nivel de ingresos.
Entre los cinco grandes bancos, al finalizar el primer trimestre de este año manejaban 1,2 billones de euros de recursos de clientes. De ellos, 872.536 millones de euros eran recursos que podrían denominarse bancarios (cuentas corrientes y depósitos a plazo, fundamentalmente) y los 318.824 millones restantes estaban fuera de los balances. Aunque aquí también hay distintas formas de contabilizar las cosas, ya que, por ejemplo, CaixaBank considera recursos de clientes dentro de balance los pasivos por contratos de seguro, mientras que el Santander hace lo propio con los fondos de inversión.
En cualquier caso, y para unificar las cuentas evitando distorsiones, si consideramos como recursos de la clientela puramente bancarios la cuenta de depósitos, se ve cómo la entidad que gana por goleada en la búsqueda de productos que le den comisiones es CaixaBank, que tiene el 34% de los recursos totales de clientes fuera de balance. Le sigue el Sabadell, con el 32%, y a continuación se sitúan Santander y BBVA (27%). Cierra la lista Bankia con un 18%. La media de estos cinco grandes es del 28%.
En cuanto a lo que suponen las comisiones sobre el margen bruto, y siempre según las cuentas oficiales del negocio bancario en España de estas entidades a 31 de marzo último, quien gana aquí es el Santander, que por cada 100 euros de margen bruto, un total de 33 proceden del cobro de comisiones. Le siguen CaixaBank y Bankia (28% en ambos casos), y cierran la lista BBVA y Sabadell, con un 26% y un 25%, respectivamente. La media de los cinco grandes es, como en el caso de los recursos fuera de balance, del 28%.
El caso del Santander, sin embargo, es algo especial. Según señalan fuentes del sector a Capitalmadrid, la introducción de la Cuenta 1,2,3 en su negocio de depósitos, ha modificado la estructura de ingresos. Esta cuenta cobra unas comisiones fijas de mantenimiento a todos los clientes, aunque después estos pueden compensarlas a través de ingresos por intereses, dependiendo del saldo medio que mantengan en ella. Esa estrategia comercial asegura el cobro de comisiones que con el tiempo va compensando la caída inicial que se produce en el margen de intereses cuando se implanta la cuenta y los clientes migran hacia ella.
Regresando a las cifras globales, los bancos no suelen desglosar de dónde proceden las comisiones que se apuntan en sus cuentas de resultados. La entidad que más pormenores ofrece es CaixaBank, pero tampoco en este caso se puede ver el grado de detalle que aclare cuánta parte de estos ingresos proceden de productos de dentro y fuera de balance. O para ser más exactos, qué parte viene del negocio bancario puro y duro. Sin embargo, el Banco de España sí tiene los datos, extraídos de las cuentas que supervisa, y que llevan mucho más grado de detalle.
La última estadística oficial de la autoridad supervisora española a estos efectos es la del 31 de diciembre de 2017. Según sus datos, y con cifras medias del año 2017, el 37,8% de los ingresos por comisiones de la banca española en su conjunto procedían de comercializaciones de productos. La cifra es 7 puntos superior al 31,7% que recaudaron las comisiones por servicios bancarios en el conjunto del año pasado, y se encuentra a años luz del 7,3% que supusieron las de gestión de acciones en Bolsa. El resto de las comisiones (23,2%) provienen de gestión, depósitos y mantenimiento de activos de clientes, fundamentalmente.
Las fuentes consultadas por Capitalmadrid afirman, a este respecto, que la entrada de España en el euro supuso un antes y un después en el negocio bancario. “Los tipos de interés en mínimos históricos -señalan- han provocado cambios profundos en la estructura de ingresos de las entidades financieras, que ven cómo es imposible aumentar el margen entre lo que se cobra por los créditos y lo que se paga por los depósitos, que es de lo que vive el margen de intereses”. De esta manera, el cobro de comisiones, no sólo se ha convertido en algo fundamental, sino que también ha sufrido una evolución profunda.
Una vez más, los datos son los que más luz pueden arrojar sobre estos cambios. En el año 2000, con el euro recién estrenado como moneda de curso legal, los ingresos por servicios bancarios suponían el 52,7% de las comisiones cobradas (21 puntos más que ahora), mientras que las comercializaciones de productos se quedaban en el 24% (casi 14 puntos menos que ahora).
Las comisiones por operar en Bolsa en nombre de los clientes suponían el 15,2% de las comisiones totales cobradas (algo más del doble que ahora) y el resto era infinitamente menor, ya que se quedaba en un exiguo 8% frente al 23,2% actual. Puede comprobarse, pues, cómo el cambio de las circunstancias del negocio bancario ha variado también notablemente de dónde viene el dinero que los bancos cobran por comisiones.

Los (pocos) casos en los que el autónomo sí puede prejubilarse

MADRID.- La jubilación anticipada para los trabajadores por cuenta propia también existe, aunque no es muy común. En este artículo de Cinco Días se explica cuáles son los casos en los que un autónomo puede prejubilarse.

Según explica la empresa Plus Ultra Seguros la primera condición que hay que cumplir para poder realizar esta gestión es ser “mutualista”. Además de cumplir una serie de requisitos comunes
  • Pueden solicitarlo dos años antes de la edad que reglamentariamente sea de aplicación, que actualmente es de 65 años y 6 meses. No obstante, en unos años la edad de jubilación se fijará en los 67 años, por lo que los autónomos podrían prejubilarse a los 65.
  • Estos profesionales por cuenta propia deberán acreditar un periodo de cotización efectiva de, al menos, 35 años; siendo dos de ellos correspondientes al periodo de 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud o al momento de cese.
Una vez se aceptada la jubilación anticipada, estos autónomos experimentarán una reducción en la cuantía a percibir que va del 2% por trimestre para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses hasta el 1,625% por trimestre para aquellos que hayan cotizado más de 44 años y medio.
Eso sí, según explica la empresa anteriormente citada hay excepciones en lo que respecta al periodo de cotización de algunos colectivos, como son los del sector agrario o los autónomos contratados a tiempo parcial.
También podrán acogerse quienes se hallen en uno de estos dos grupos, ambos con una edad de 60 años.
  • Profesionales que se acogieron al Régimen Especial de la Minería del Carbón a día 1 de abril de 1969 y cotizasen a alguna de las Mutualidades Laborales del Carbón a día de 31 de enero de 1969 o con anterioridad.
  • Quienes estuvieran en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar a día de 1 de agosto de 1970.