El Gobierno de Cospedal acudirá a los tribunales por la presunta destrucción de archivos

TOLEDO.- La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que el Gobierno que preside "se dirigirá a los tribunales y presentará la correspondiente denuncia" contra el anterior Gobierno para que se investigue la presunta destrucción de información llevada a cabo por parte del Ejecutivo de José María Barreda. 

   En este sentido, Cospedal ha indicado que dicho informe, hecho público por la portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Carmen Riolobos, está elaborado por el jefe de los servicios informáticos de la Junta e indica que "han desaparecido muchos archivos" de las bases de datos.

   A raíz de este informe, la presidenta regional ha señalado que en próximas fechas el Gobierno de Castilla-La Mancha "se dirigirá a los órganos jurisdiccionales" para aclarar la situación.

Negación

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha asegurado este lunes que el Gobierno de José María Barreda no borró ningún documento oficial y "ha sido absolutamente responsable y respetuoso" con el funcionamiento de la administración pública.

   Así ha salido al paso Caballero por las declaraciones realizadas por la portavoz del Grupo Popular Parlamentario en las Cortes, Carmen Riolobos, en las que la dirigente 'popular' denunció que el anterior Gobierno socialista destruyó información, y ha lamentado que la "extrema derecha mediática de este país campe alegremente por los despachos de Cospedal" accediendo a documentación que es oficial.

   El secretario de Organización ha solicitado que si esa información que maneja el PP es oficial y pública debe hacerse pública, pero que si es oficial y privada se debe investigar quién la ha filtrado para "depurar responsabilidades".

   En este sentido, Caballero ha asegurado que el PSOE solicitará información para saber si existe ese informe y cómo ha accedido el PP a esa documentación, y ha señalado que el consejero de Presidencia, Jesús Labrador, "debería enviar este asunto a la Fiscalía en la medida que se han robado o alguien ha entregado un documento de información que es oficial pero que no es pública".