miércoles, 5 de octubre de 2011

El gasto por receta aumenta un 3,35% en C-LM

MADRID.- El gasto por recetas ha aumentado en agosto en un total de nueve regiones, siendo los mayores incrementos en Cantabria (+3,89%); Castilla-La Mancha (+3,35%) y Madrid (+3,0), según el último Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).  

   Por contra, según estos mismos datos, las comunidades donde se han dado los mayores descensos son Galicia (-5,69%), Aragón (-2,91%), Murcia (-2,45%) y La Rioja (-2,10%).
   A nivel nacional, el último Observatorio del Medicamento de FEFE ha revelado como en el acumulado de los meses de enero y agosto de este año el número de recetas ha aumentado un 2,75 por ciento, mientras que el gasto desciende un 9,15 por ciento y el gasto medio por receta desciende un 11,59 por ciento.
   Según recuerda FEFE, la tendencia de descenso en el gasto y en el precio medio de las recetas ha pasado a ser positiva en agosto, mientras que el número de recetas también aumentó ligeramente, como ya ocurrió en julio, lo que prueba que "no se actúa sobre la demanda".
   Además, las previsiones a corto plazo, aunque muestran un crecimiento de los indicadores, no pueden atribuirse más que a un fenómeno ocasional, probablemente influido por los cambios de precios, por lo que "no es fácil que se mantenga en los próximos meses de septiembre y octubre, aún con una previsible recuperación o estabilización en el crecimiento del número de recetas".
   De otro lado, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha criticado los retrasos en el pago de la factura de medicamentos que se están detectando en algunas comunidades y asegura que, según la recaudación de la Agencia española de Administración Tributaria (AEAT), las únicas regiones que pueden quedar exentas de estos impagos son Asturias, Canarias y País Vasco.
   La patronal de las oficinas de farmacia teme que estos impagos se "generalicen" en la mayor parte del país en los últimos meses del año, de ahí que propongan que sea el Gobierno quien avale el cobro de la deuda contraída por las comunidades, tomando como precedentes los avales que el Estado realizó en los dos últimos años a empresas navieras, de automóviles o entidades de crédito.

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