domingo, 29 de enero de 2012

Vicente Rouco ve "lícito" promover modificaciones de leyes vigentes


ALBACETE.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rouco, asegura que convertir cada enjuiciamiento "en un auténtico circo" no es "bueno" para la imagen de la justicia ni para la solidez de las instituciones y por ello ha demandado a los responsables públicos, los medios de comunicación y la sociedad en general "un poquito de colaboración".

 Y ha pedido "comprensión" a la sociedad, ya que, aunque el ámbito judicial "puede mejorar" en muchos aspectos como la agilidad, la eficacia, la claridad y la transparencia, las críticas se deben tratar de sustanciar a través de los cauces permitidos.
   El hecho de que los ciudadanos estén opinando en la calle sobre determinadas sentencias es algo que el presidente del TSJCM ve "con preocupación" porque "no es lo más recomendable", aunque se ha preguntado si detrás de ello no está que los jueces no saben transmitir su labor lo suficientemente bien a la sociedad.
   Rouco es consciente de que existe "un eco social muy importante" sobre la proporcionalidad "insuficiente" de cierto tipo de castigos para delincuentes menores de edad --como también sucede en el caso de Marta del Castillo-- y "cierto estupor y perplejidad" ante determinadas sentencias "pero la sociedad debe ser consciente de que los jueces no podemos improvisar ni podemos inventarnos las soluciones".
   "Los jueces nos debemos a las leyes vigentes y no podemos hacer otra cosa que aplicarlas. No estamos para crear derecho, para eso está el Parlamento", ha indicado Vicente Rouco, que ha insistido en que "si por una indebida sensibilidad social se cargase el peso de la ley sobre un inocente, el crimen que resultaría sería mayor y más horroroso que la absolución de un culpable, que puede ser dudosa".
   Por ello, el presidente del TSJCM cree que se debe concienciar a la sociedad y explicarle "muy claramente cada caso y cada solución para transmitirle esa sensibilidad humana que puede tener un tribunal".
   En esta dirección va una de las novedades legislativas que ha planteado en el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la Ley del Menor, que va a permitir que se pueda hacer un enjuiciamiento conjunto de los menores y los que no los son implicados en un mismo delito, que Rouco ha visto "razonable" para evitar precisamente "pronunciamientos contradictorios o que causan perplejidad", como ha ocurrido en el caso de Marta del Castillo.
   Rouco también se ha referido a la prisión permanente revisable que ha propuesto el ministro de Justicia, consciente de que también aquí hay "un clamor de muchas voces sociales que reclaman que se incrementen las penas para determinados delitos especialmente execrables y con daños crueles para personas desvalidas y vulnerables", algo que deberá aplicar el legislador y en casos "muy excepcionales".
   De otro lado, el responsable del Alto Tribunal de Castilla-La Mancha se ha mostrado partidario de "debatir" sobre la reforma de la Ley del Aborto para exigir el consentimiento paterno en el caso de menores de edad. "Se puede debatir pero no creo que sea una solución técnicamente descabellada sino muy razonable", ha reconocido.
   En su opinión, es "lícito" que un Gobierno pueda promover modificaciones de leyes vigentes y, sobre esta en concreto, sería "una vuelta al sistema normal, a lo que es general en el derecho de capacidad de las personas: que los menores necesitan el complemento de la capacidad de sus padres o sus tutores".
Vicente Rouco considera que la propuesta del Gobierno de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los partidos queden apartados de la selección de jueces y magistrados es "muy saludable" y "más legítima y más acomodada a la Constitución que la vigente".
   Rouco ha mostrado su "total respeto" al sistema actual pero ha destacado que el Tribunal Constitucional "alertó de los peligros" del mismo, a lo que más tarde se ha sumado un debate social que ha puesto de relieve, según Rouco, determinadas críticas al funcionamiento del sistema actual "que no escapan" a la mente de nadie.
   Convencido de que volver al sistema antiguo contribuirá "a mejorar la imagen y el prestigio de la justicia", espera que los jueces ahora respondan "con un sentido de la responsabilidad muy grande" haciendo una "elección sabia" para "demostrar que no se han equivocado".
   "No está de más insistir en que deberemos hacer un ejercicio responsable de ese derecho y elegir sabiamente. Y quienes resulten elegidos deberán hacer ese trabajo al margen de cualquier tipo de criterio condicionante, incluso de los de tipo corporativo", ha apuntado.
   En este sentido, aboga por que el legislador "procure un sistema que permita reflejar de una manera proporcional todas las sensibilidades de la carrera judicial", a fin de contribuir a la mejora de un sistema que, tal y como se propugna, "es mejor y más saludable y más acomodado al sentido del constituyente".
   Según ha recordado Rouco, el "espíritu del constituyente" era que los 12 vocales de procedencia judicial fueran elegidos directamente por jueces y magistrados, por lo que le parece "muy bien" que se vuelva a ese sistema que él mismo ha venido defendiendo desde el año 1985, siendo juez.
   Respecto a la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de habilitar el mes de agosto para actuaciones procesales, opina que "habrá que reflexionar" sobre la misma ya que, aunque "probablemente contribuya a agilizar algo más" los procedimientos, no deja de plantear un problema de organización a los profesionales que trabajan en la administración de justicia, los abogados y procuradores.
   Tras recordar que actualmente el mes de agosto es inhábil solo a efectos de celebrar vistas y juicios y actuaciones procesales "que no sean de carácter penal", Rouco ha reseñado que esa inhabilidad permite que la mayor parte de los jueces y magistrados puedan tomarse vacaciones, por lo que, de aplicarse la medida, habría que distribuir las vacaciones durante los meses del año.
   Por eso cree que es necesario estudiar "si compensa" habilitar el mes de agosto, aunque ha subrayado que más bien ésta es una propuesta "de imagen".
   En cuanto a la intención del ministro de aplicar tasas judiciales en la segunda instancia, ha comentado que "no es descabellada sino todo lo contrario" y va en la línea de hacer frente a un "problema de litigiosidad muy desmedida".
   Rouco ha reconocido que cada vez hay "más litigios y más demanda de tutela judicial" y por ello "es lícito plantearse si el ciudadano debe de afrontar o colaborar en el pago de ciertos costes" si se quiere acudir a otras vías de recurso en decisiones ya adoptadas, teniendo en cuenta que el 80 por ciento de los recursos son desestimados actualmente y pueden convertirse en un "instrumento de dilación o demora".
   En este contexto, y preguntado por el uso de la justicia por parte de la ciudadanía, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha advertido de que "no estaría de más" que se informara a los ciudadanos de los costes judiciales, especialmente "en tiempo de dificultades y de austeridad".
   "Todos tenemos derecho a la tutela judicial pero si se hace de una manera absolutamente irreflexiva, sin condicionamientos ni cautelas, llegamos a extremos en los que tenemos una cantidad de pleitos y causas absolutamente infundadas" que paralizan o dilatan la decisión de otros asuntos "más importantes", ha argumentado.
   Por otra parte, el presidente del TSJCM ha valorado el anuncio del ministro de acometer otras reformas judiciales como la relativa al Estatuto de la Víctima, consciente de que este colectivo necesita desde luego "una atención" ya que, a veces, las sentencias "se quedan sin reparación en el aspecto psicológico o de responsabilidad económica" a las víctimas.
   En otro orden de asuntos, el presidente del Alto Tribunal castellano-manchego ha aplaudido el nombramiento del fiscal Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general del Estado por el Consejo de Ministros.
   Según ha comentado Rouco, el nuevo fiscal general es una persona "muy respetada" y un hombre "bien visto" en el contexto general de opinión de la carrera judicial y la Fiscalía y "merece todo nuestro aplauso".

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