TOLEDO.- El informe definitivo de análisis de la
contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
correspondiente al ejercicio 2007, elaborado por la Sindicatura de
Cuentas, recomienda al Gobierno regional exigir rigor en la selección de
la forma de adjudicación, justificándose la elección del procedimiento,
y superando así justificaciones "de carácter estrictamente formal" o la
"mera alusión a la normativa de referencia".
Según publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), el informe recomienda igualmente llevar a cabo la
revisión por los órganos de contratación de los diversos tipos de
pliegos de cláusulas administrativas particulares, "evitando la
utilización de pliegos genéricos".
La Sindicatura de Cuentas también aconseja adoptar las medidas
necesarias para incrementar el grado de objetividad de las
adjudicaciones mediante "la fijación más precisa" del orden de
preferencia de los criterios de adjudicación, de las fórmulas y métodos
de valoración que vayan a ser utilizados y de su ponderación.
Según el informe, conviene igualmente incrementar los controles
sobre la calidad de los proyectos aprobados y la viabilidad práctica de
los mismos, "a fin de evitar modificaciones de obra derivadas de errores
e imprevisiones en los proyectos iniciales que den lugar a desviaciones
significativas en los costes y plazos de ejecución".
También aconseja incrementar el rigor en la exigencia del
cumplimiento por parte de los contratistas de los elementos del contrato
que hayan servido como criterios determinantes para la adjudicación del
procedimiento de contratación, y aumentar el rigor en la elaboración de
la previsión de anualidades en contratos.
Finalmente, recomienda un registro contable "adecuado" de los
gastos derivados de la contratación administrativa en sus diferentes
fases, potenciar el seguimiento de los contratos celebrados "evitando
modificados que no estén plenamente justificados" y extremar el proceso
de reforzamiento del control interno en los distintos ámbitos de la
Administración.
El informe de la Sindicatura de Cuentas concluye, sobre la
contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
correspondiente al ejercicio 2007, que --con carácter general-- se
cumple la legalidad de la actividad económico-financiera, excepto en
algunos expedientes fiscalizados donde se ha comprobado la falta de
documentos exigidos por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
En concreto, ha comprobado diversas incidencias en relación con el
cumplimiento de las disposiciones aplicables en la tramitación de
contratos que pasan por el hecho de que en 11 contratos de la Junta "no
ha sido suficientemente motivada" la justificación del trámite o que
resultan "muy numerosas" las incidencias por omisiones de menciones
perceptivas en el documento contractual.
Igualmente, determina que en el 24 por ciento de expedientes de la
Junta, el 58 por ciento del SESCAM y el 22 por ciento de otros
organismos autónomos, se producen incidencias en relación a la petición
del representante de la intervención para la comprobación del gasto con
motivo del contrato.
De otro lado, el informe observa que se ha llevado a cabo el
cumplimiento de los principios contables públicos salvo en el 23 por
ciento, siete por ciento, y 11 por ciento de los contratos celebrados
por la Junta, el SESCAM y otros organismos autónomos, respectivamente,
donde la imputación presupuestaria del contrato "es incorrecta".
También apunta que en el dos por ciento de los expedientes de la
Junta y el 10 por ciento del SESCAM se contabilizan con cargo a los
presupuestos del 2007 facturas o certificación de obra emitida en 2006 o
que la anualidad prevista para el ejercicio fiscalizado no se agota y
no se ha realizado el correspondiente reajuste de anualidades "para una
buena gestión presupuestaria".
Finalmente, la Sindicatura de Cuentas no ha advertido
infracciones, abusos o presuntas irregularidades en las contrataciones,
aunque señala incorrectas prácticas en el hecho de que en la mayoría de
las licitaciones --salvo las de obras o adquisición centralizada-- no se
aportan los estudios o cálculos realizados que pudieran fundamentar los
presupuestos de licitación.
Asimismo afirma que "en numerosos casos" el gasto imputado al
presupuesto no se realiza a nivel de centro de gasto, que "no se
justifica suficientemente" la excepcionalidad para contratar
conjuntamente proyecto u obra, o que los certificados omitidos
telemáticamente no se encuentran autentificados por el funcionamiento
responsable de su obtención.
