miércoles, 11 de abril de 2018

Del tomate comunista al marxismo neoliberal


BRUSELAS.- Un fantasma rojo recorre Europa, el fantasma del kétchup de origen desconocido, de padre con nombre italiano y madre comunista china. Me despierto aterrado, acabo de leer un excelente ensayo escrito por el periodista francés Jean-Baptiste Malet titulado El Imperio del oro rojo y tengo pesadillas cada noche, barriles de tomate concentrado explotan y dejan todo rojo, pringoso y pestilente. Necesito tocar y comer un tomate de aquí, fresco, maduro, real. Voy a ello antes de narrar el rojo apocalipsis de mi sueño:

Plano uno. Almería. No somos ceniza ni polvo sino agua. El agua que vino de los confines del Universo en millones de meteoritos de hielo cuando la tierra era un erial caliente y vacío. Eso eres tú y yo y ese cesto de tomates tan rojos que acabas de coger. Agua fósil que llegó de muy lejos y luego se filtró por las entrañas de la tierra hasta acabar salobre en el mar, luego en la nube, después en el río, más tarde en este tomate y dentro de ti. Trituro un kilo de tomates maduros junto a dos buenas ramas de albahaca y cuelo muy despacio el puré resultante con dos trapos finos de muselina de seda. 

Aliño luego este agua casi transparente con tres gotas de vinagre de Jerez, un chorro de aceite de oliva y un poco de sal marina. Al fondo de ese agua dejo caer tres berberechos recién abiertos al vapor, dos dados de tomate limpio y unos brotes de corujas picantes. Todo aquello apenas es agua, pero en el corazón de su sabor esta todo lo bueno de la tierra y del mar de aquí al lado.

Plano dos. La pesadilla tomatera. El tomate chino es recogido a destajo en los campos de Sichuán, dos toneladas al día por persona, diez horas de trabajo, 20 € de salario medio al día. Tomates cultivados sin muchos miramientos en cuanto a polvitos venenosos. Los tomates en China se cultivan en miles de pequeñas parcelas y los agricultores pulverizan generosamente el pesticida que también utilizan para el algodón, el arroz o el girasol que cultivan al lado. Después todos esos tomates se mezclan en la gran fábrica de procesado así que su trazabilidad es complicada. La empresa transformadora que convierte la fruta en concentrado se llama Cofco Tunhe (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation), es la principal compañía procesadora y pertenece al Estado. Transforma 8 millones de toneladas y produce 250.000 toneladas / año de concentrado de tomate que luego vende a Kraft, Unilever, Heinz, Nestlé, Campbell, DelMonte, Pepsico, Ducros

La segundona es la compañía Chalkis, que produce 160.000 toneladas de tomate concentrado. Este grupo agroalimentario pertenece al Bingtuan, que es el conglomerado empresarial del ejército chino, y ha comprado empresas procesadoras de tomate francesas para luego cerrarlas y vender con esa marca tomate concentrado chino. Por ejemplo la antes prestigiosa marca francesa de tomates provenzal Le Cabanon o la prestigiosa y tradicional marca italiana Giaguaro reciben los barriles de triple concentrado de tomate chino, añaden agua y las reenvasan en latitas en las que pone made in Italy para un montón de marcas distintas. Además esas exportaciones de triple concentrado chino no pagan aranceles.

La cosa o el truco es así: si tú compras materia prima fuera orientada a su reexportación una vez procesada, la Unión Europea te perdona los impuestos porque se supone que eso mejora la competitividad de las industrias transformadoras europeas. El concepto legal se llama “régimen de perfeccionamiento activo”. Aunque esa práctica también está fastidiando a quienes producen esas materias primas dentro de la UE. ¡Tomateros de Badajoz, meleros de La Alcarria, a joderse, esto se llama globalización!. Se supone que ese producto cuya materia prima procede de China y es procesado en Europa, tiene como destino venderse fuera, pero: ¿de verdad no se vende dentro de la UE? 

Lo cierto es que sale de las fábricas europeas con un made in Italy o made in France ¿o made in Spain?, China no aparece por ningún lado pero la banderita italiana o francesa sí está en la lata. Lo alucinante es que esta práctica tramposa no es ilegal porque ha habido un “procesamiento de la materia prima”; tú coges un barril de triple concentrado de tomate, añades agua, lo envasas con tu marca y ya has “procesado” el producto originario. Además, los grandes procesadores-envasadores fabrican para las marcas más famosas de la gran distribución europea. Aparentemente, los consumidores podemos elegir entre una enorme variedad de marcas pero en realidad, dentro de la lata, lo que hay es el mismo producto; eso sí, las etiquetas de fuera son de lo más variado y colorista. Viva el capitalismo canalla.

¿Te gusta el kétchup? Dentro de un rato dejará de gustarte. La salsa kétchup se hace a base de tomate procesado y concentrado. Los principales fabricantes de concentrado son Estados Unidos, China e Italia (y muy por detrás van España y Turquía). Con el concentrado se comercia, se trafica, se especula en todo el mundo: va envasado en unos barriles azules de tamaño similar a los barriles de petróleo. El tomate concentrado está en toda nuestra comida: pizza, kétchup, salsas, platos preparados, platos congelados, sopas, conservas de todo tipo… de la paella a los garbanzos, de las albóndigas de lata al zumo de todos los aviones. El concentrado de tomate es uno de los ingredientes culinarios que puede decirse que es universal y se consume en todos los países y continentes sin excepción. Claro que los barriles de concentrado no son como el petróleo y caducan, el tomate se pone “viejo” o se estropea o se pudre y… lo ha adivinado Usted, entonces ese tomate se procesa y se envía a África donde nadie suele quejarse de que sea producto caducado o que apenas haya en la lata un 30% de tomate y que el resto sean féculas, soja, fibra u otras sustancias baratas. 

A este tomate de la peor calidad se le denomina Black Ink, tinta negra, porque hasta ha perdido su color rojo y es marrón oscuro tirando a pardo, así que se le añade colorante sintético rojo en cantidad y listo. Además en África la venta de salsa de tomate se suele hacer a granel, a cucharadas, la mayoría de la gente es pobre y no tiene ni para comprarse una latita. En Túnez, Libia, Ghana o Nigeria se han detectado partidas de miles de toneladas de este tomate adulterado, tomate basura. Y el que no se ha detectado se vende por ahí, en todos los mercados.

El neoliberalismo era esto. La mitad del kétchup de este mundo procede de triple concentrado de tomate chino, pero no puedes saber cuál sí y cuál no, para elegir con libertad soberana. Mucho del tomate que se vende como made in U.E no lo es y no lo pone en la etiqueta, ni tiene porqué, debido a esas fantasmagóricas leyes de la U.E. que convierten una materia prima exógena en otra cosa super autóctona con el sólo milagro de añadir agua del grifo. El oro rojo es una estupenda metáfora de la economía global en el siglo XXI. 

Por otra parte, y en paralelo, las más avanzadas escuelas de pensamiento neoliberal plagian las recetas marxistas y neomarxistas de la economía china como soluciones para flexibilizar o precarizar el mercado laboral o retrasar el apocalipsis ecológico y económico, y para evitar que la especie de los consumidores se extingan de la faz de la tierra, ya que la subespecie de los trabajadores se está extinguiendo sin remedio.

De nuevo la comida es política, el tomate de lata y sus circunstancias nos puede llevar a los gulag chinos en los que trabajan gratis cuatro millones de personas. Cada vez que hagas una pizza, unos espagueti o eches un chorro de kétchup en tu hamburguesa se muere un gatito. Cada vez que leas aquel capítulo de El Capital que habla de la plusvalía, un robot de la industria estará quitando el curro a uno de los tuyos, o a mil. Es lo que hay. 

La alimentación es negocio, la industria agroalimentaria mueve 3,2 billones de euros, y los que fabrican alimentos ya no son los míticos empresarios que comenzaron a hacer kétchup en 1890 como Henry John Heinz. Su compañía, ahora, fusionada con Kraft, pertenece a grises grupos de inversión especulativa como 3G Capital y Belkshire Hathaway pertenecientes a Warren Baffett, que es el segundo hombre más rico del mundo y que ahora fabrica el 59% de todo el kétchup del mundo. Su objetivo es ganar más pasta, no fabricar mejor kétchup.

Plano tres. Badajoz. Extremadura es una de las zonas de cultivo de tomate para industria más importante de España y suministra tomates cultivados según normativa de seguridad alimentaria europea con una trazabilidad total. Las marcas españolas que fabrican concentrado de tomate y salsas de tomate a partir de esa materia prima ofrecen a los consumidores productos seguros y de calidad. No se trata de decir que todos los alimentos cultivados y procesados en China son “malos” sino de tener la libertad como consumidores informados de elegir realmente un kétchup fabricado aquí con tomates de aquí o elegir cualquier otro. ¿No era la libertad de elección la base del capitalismo? 

Salto en el tiempo. Mediados de agosto, con diez o doce años, siesta obligada de la que siempre nos escapamos para ir al río a pescar y a bañarnos hasta casi las nueve. Somos niños salvajes requemados por el sol que volvemos con un hambre caníbal. Olor a tierra caliente y mojada bajo la parra. Avispas peleando contra niños, chicharras enloquecidas, brisa con olor a tabaco en flor. Una rebanada de pan y un tomate maduro y perfecto cortado por la mitad por mi abuelo, un chorro de aceite y sal. Nada más. Una delicia. Tal vez de verdad el sabor del paraíso, el maná, el fruto aquel del árbol de la ciencia, el origen de todos los pecados deliciosos de este mundo. Para los otros pecados, los amargos, vuelva al plano dos.

Merece la pena meterse en el rojo y pestilente universo alimentario mundial del estupendo trabajo de investigación de Jean-Baptiste Malet El imperio del oro rojo. Ed. Península 2018.


BBVA alimenta el optimismo: España rozará los 20 millones de ocupados en 2019

MADRID.- España vuelve a repetir el escenario de los últimos años: llega abril y las casas de análisis reconocen que la desaceleración de la economía va mucho más lento de lo que esperaban. Ahora es el turno del BBVA Research, que ha revisado en cuatro décimas al alza su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,9%, publica El Confidencial

De este modo, la entidad se sitúa entre las firmas más optimistas respecto al ritmo de crecimiento de España este año. Para 2019 también ha revisado al alza su estimación hasta el 2,5%, dos décimas más. La relajación de la incertidumbre en Cataluña, el crecimiento de la demanda externa, el impulso fiscal de los Presupuestos y la caída de los tipos de interés de largo plazo están alentando un crecimiento económico más rápido de lo esperado.
Estos indicadores permiten a BBVA anticipar que la economía española mantendrá el ritmo alto de creación de empleo. La entidad anticipa que se incrementará el número de ocupados en 940.000 trabajadores en términos de EPA, lo que permitirá a España superar los 19,9 millones de trabajadores al final de 2019. 
Si se cumple esta previsión significará que España alcanzará el objetivo de los 20 millones de ocupados un año antes de lo esperado por el Gobierno. Las ganancias de productividad unidas a los estímulos cíclicos que benefician a España sostienen este buen desempeño del mercado laboral. En cualquier caso, todavía no se alcanzarían los niveles de empleo logrados antes de la crisis, ya que en el año 2007 se superaron los 20,7 millones de ocupados.
En concreto, el número de ocupados aumentará un 2,6% en 2018, la misma tasa que en 2017, y que en 2019 se moderará hasta el 2,3%, lo que supone una revisión al alza de la previsión en cuatro décimas. Este incremento del empleo permitirá rebajar la tasa de paro en el país hasta el 13,7% en 2019, su nivel más bajo desde el año 2008. 
Esto significa que en apenas dos años el desempleo caerá en tres puntos y medio, un proceso de corrección del paro muy intenso que llevará a la economía española por debajo de su tasa estructural histórica de desempleo, que tradicionalmente se ha situado en el entorno del 15%.
BBVA Research advierte que para mantener este ritmo de crecimiento del empleo será fundamental que los salarios no se disparen en los próximos trimestres. Hasta el momento, la subida salarial pactada por convenio se mantiene por encima del IPC pero muy lejos del crecimiento real del PIB (en el entorno del 1,5%), lo que permite anticipar un comportamiento moderado de los salarios. 
Para Rafael Doménech, responsable de Economías Desarrolladas de la entidad, "el incremento de la remuneración por asalariado no debería superar el entorno del 2% anual para que la tasa de paro se modere en línea con las previsiones presentadas".
Hace apenas siete meses, la mayor parte de las casas de análisis estimaba una ralentización inminente del crecimiento de la economía española, sin embargo, los datos publicados han contradicho este escenario. El PIB avanzó un 0,7% en el primer trimestre del año, la misma tasa que en el anterior. Ahora BBVA estima que el ritmo de avance en el segundo trimestre podría alcanzar el 0,8%, una décima más.
Este optimismo se sustenta principalmente en tres factores. El primero es la solidez de la demanda externa, que tira de las exportaciones y que contribuye a minimizar cualquier posible desaceleración de la demanda interna. El segundo es la caída de los tipos de interés de largo plazo en el mercado, que permite elevar la inversión y el consumo de las empresas y las familias. 
Y, por último, la política fiscal expansiva adoptada por el Gobierno, que eleva su contribución al PIB en detrimento de una corrección más rápida del PIB y la deuda. A falta del desarrollo definitivo de los Presupuestos Generales del Estado, BBVA Research anticipa que el déficit público cerrará el año en el 2,4%, dos décimas por encima del objetivo pactado con Bruselas. Además, el proyecto de PGE incluye medidas fiscales expansivas, lo que puede dificultar más el objetivo.

La "chapuza Lexnet" ya tiene castigo: España infringió la ley de protección de datos

MADRID.- Fue la mayor crisis a la que se enfrentó el Ministerio de Justicia durante los últimos años. El pasado verano, un fallo informático dejó inoperativo durante días el sistema LexNet. Además, el 27 de julio, un grave fallo de seguridad informática dejó al descubierto más de 11.000 documentos judiciales, parte del código fuente de la plataforma y de la Intranet del propio ministerio, recuerda El Confidencial

La gravedad no era poca cosa, ya que los profesionales del sector jurídico pudieron acceder incluso a documentos de terceras personas: bastaba con cambiar los IDs que identifican a cada usuario en la URL para acceder a la bandeja de entrada privada de otra persona y a los documentos de cada uno de los procesos judiciales que tenía en marcha.
Desde Justicia se intentó minimizar el impacto de aquel fallo, que muchos expertos jurídicos e informáticos calificaron de "chapuza Lexnet", que se prolongó durante varios días y contó con nuevos episodios
Además, el ministro Rafael Catalá aseguró en sede parlamentaria que la plataforma sólo dejó de ser segura un 0,75% del tiempo y que el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales. 
Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no opina lo mismo: la plataforma que costó más de 7 millones de euros de dinero público, que puso en entredicho a las empresas que la desarrollaron y que denunció al propio informático que ayudó a desvelar el fallo acaba de ser sancionada por incumplir la Ley de Protección de Datos.
En el expediente sancionador, la AEPD asegura que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), dependiente del Ministerio de Justicia, infringió el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que determina que "el responsable de un fichero (...) deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado".
No acaba ahí la cosa. Además, Justicia también infringió el artículo 10 de dicha ley, que le obliga al "secreto profesional respecto de los mismos [los datos personales] y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".
Según la AEPD, por tanto, durante el grave fallo de seguridad de Lexnet "se difundieron datos personales que tenían unos usuarios y pudieron ser vistos por otros usuarios".
La vulneración de estos dos artículos le ha supuesto al Ministerio de Justicia la ejecución de una infracción grave, aunque no habrá sanción efectiva más allá de la publicación de este expediente, ya que la AEPD considera que Justicia "ha tomado las medidas adecuadas para evitar que se vuelva a producir el incidente de seguridad referido".
No es el único 'tirón de orejas' que la AEPD le da al Ministerio de Justicia. En el expediente sancionador también se recoge que "la versión de Lexnet que tenía la brecha de seguridad se puso en producción el 20 de julio a las 21:45h, se detuvo a las 15:15h del 27 de julio y se sustituyó por una nueva versión a las 16:25h", con lo que Lexnet funcionó durante más de una semana con un sistema informático vulnerable.
Además, los responsables de la plataforma no fueron precisamente rápidos, ya que el primer aviso de vulnerabilidad se produjo "mediante un mensaje privado a la cuenta de Twitter de Lexnet aproximadamente a las 02:00h (madrugada) del jueves 27 de julio de 2017" y luego "la misma persona [el letrado José Muelas] envió un mensaje público por Twitter aproximadamente a las 9:30h del mismo día en el que se manifestaba cómo explotar la vulnerabilidad del incidente".
Sin embargo, "el subdirector de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia fue informado de ello "entre las 10:30h y las 11h". A continuación, "entre las 11:30h y las 14h se realizaron verificaciones exhaustivas, para comprobar si el comportamiento era anómalo o un problema puntual de un único usuario". Finalmente, "a las 14h "se detiene el sistema” y “a las 16:20h el error de programación que produjo el incidente de seguridad está solucionado”.
En resumen, pasaron más de 9 horas desde que Lexnet recibió el primer aviso de vulnerabilidad hasta que lo abordó, y más de 14 horas hasta que el error se subsanó... para volver a fallar poco después.
Según la investigación recopilada por la AEPD, 284 usuarios accedieron a 692 buzones que no les pertenecían, realizando 1.438 visualizaciones de mensajes de forma no autorizada. De ellos, 74 usuarios accedieron a 79 buzones que no les pertenecían y consultaron 432 documentos de forma no autorizada.
Pero, ¿a qué tipo de información ajena se pudo acceder durante casi ocho días? Según la AEPD, "a las notificaciones practicadas, traslado de escritos, demandas, notificaciones, partes hospitalarios, etc., a las notificaciones ya aceptadas, a los acuses de recibo de los escritos presentados previamente por el usuario y a las notificaciones no practicadas en caso de buzones de procuradores".
Los tipos de cuenta que quedaron expuestas fueron "las correspondientes a los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. Otras cuentas más sensibles", asegura la AEPD, "como las correspondientes a la Fiscalía, juzgados, fuerzas y cuerpos de seguridad, medicina legal, abogados del estado, servicios jurídicos de las CC.AA y Seguridad Social, no estaban afectadas por el incidente".
En total, durante ese periodo de tiempo se accedió "al 0,1% de los buzones de Lexnet, al 0,02% de los mensajes que se intercambian en un día, al 0,0001% de todos los mensajes que se han intercambiado en la plataforma Lexnet desde el inicio de su operación", aunque no se puede saber hasta qué punto los documentos vulnerados eran más o menos determinantes.
La cuestión, en cualquier caso, es evidente: pese a que el Ministerio de Justicia quitó hierro al asunto y el ministro Rafael Catalá aseguró en el Congreso que "el problema fue resuelto sin que afectara a la seguridad de los usuarios o de los procesos judiciales", lo cierto es que, según la AEPD, la cosa fue mucho más allá: el Gobierno infringió la Ley Orgánica de Protección de Datos y, según los expertos, Lexnet volverá a fallar antes o después.

El largo camino de El Corte Inglés: Amazon factura seis veces más en España

BARCELONA.- Los temores de El Corte Inglés en su guerra online contra los gigantes se justifica. El ranking elaborado anualmente por la revista de eShow Barcelona y Netquest revela que la cadena de grandes almacenes factura 683,8 millones a través de las ventas por internet, mientras que Amazon y Aliexpress facturaron 4.241 millones de euros y 1.234 millones de euros millones, respectivamente.  

En el resto de clasificación aparece eBay, en tercer lugar, con 678,3 millones de euros y Pc Componentes, con 314 millones. Completan el top 10 Decathlon, Zalando, Gearbest, Zara y Privalia.
Por número de pedidos, Amazon, Aliexpress y eBay vuelven a copar el podio, mientras que El Corte Inglés queda otra vez en el cuarto lugar.
El gigante de Jeff Bezos recibió en 2017 un total de 53 millones de pedidos, Aliexpress con 16 millones de pedidos y eBay con 13,5 millones de pedidos. La web del gigante de la distribución española, por su parte, se situó cuarta con 3,7 millones de pedidos.
Los datos del estudio contrastan con lo que la compañía americana pagó a Hacienda en concepto de impuesto de sociedades. Los últimos datos disponibles en el registro mercantil afloran una tributación por valor de 864.000 euros, cifra muy exigua si se compara con el volumen de negocio que revela el estudio.
¿Por qué? Al igual que la mayoría de gigantes digitales o empresas emergentes, su entramado societario le permite implantarse en España con una filial en la que justifica únicamente pagos por marketing y servicios de publicidad. Dicho de otro modo, lo que se compra en la web se factura fuera de España, lo que le permite adelgazar su factura fiscal cada año.
Precisamente, este aspecto fue el que criticó el presidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, en su última comparecencia. Gimeno abogó por crear un marco normativo europeo que implante "como mínimo la igualdad fiscal" sin "ningún tipo de proteccionismo caduco”.
Además, reiteró que, en ese sentido, busca “únicamente la igualdad normativa para que no se vulnere la libre competencia".

Universidades públicas: ¿las nuevas cajas de ahorros?

MADRID.- ¿Qué lleva a un catedrático universitario a arriesgar su prestigio y su carrera profesional por salvar la cara a un representante político? ¿Qué obliga a tres profesoras a permanecer en silencio mientras sus firmas se exhiben como supuesta prueba exoneratoria de un tribunal que nunca existió?, se pregunta elconfidencial.com

Hace unos días, en esta misma tribuna, señalaba un poco a vuelapluma que “las universidades españolas son las cajas de ahorros de hace 15 años”. Como no han sido pocos los comentarios que en todas las direcciones he recibido, vaya aquí una reflexión algo más elaborada al respecto.
Empecemos por el capítulo de salvedades iniciales. La primera, preguntarse por el papel de la universidad no es una cortina de humo para dejar de hacerlo por Cristina Cifuentes. Creo que el futuro político de la presidenta de Madrid tiene fecha de caducidad. Cuando se acabe su viacrucis, Cifuentes será una expresidenta más. Con el debido respeto, su futuro a partir de entonces me resulta indiferente. Lo verdaderamente importante es cómo quedan nuestras instituciones después de la tormenta. 
La segunda salvedad es una perogrullada: no paso por alto las muchas diferencias entre universidades y cajas de ahorros. Las universidades no representan un riesgo sistémico y sus dirigentes no se embolsan sueldos propios de futbolistas. Cualquier analogía es parcial e imperfecta, y no es necesario estirarla más de lo debido. 
Sin embargo, sí existen en mi opinión inquietantes similitudes, un ecosistema viciado que no provocará un rescate de miles de millones de euros, pero que sin embargo puede estar deteriorando la calidad de la enseñanza que reciben nuestros estudiantes. Y, si me apuran, tal vez esa factura sea más grave que la de cualquier rescate.
La tercera salvedad es que al hablar de 'universidades públicas' estaremos, como en toda generalización, siendo injustos. Hay muchas excepciones: universidades que funcionan muy bien y profesionales que ponen su mejor empeño en ofrecer una enseñanza de calidad. No lo niego, más bien al contrario. Denunciar lo que funciona mal es la mejor defensa de quienes funcionan bien. También había excelentes profesionales en nuestras cajas de ahorros. Lo importante no son las excepciones sino la regla: si el diseño institucional y los incentivos son los adecuados o es necesario reformarlos.

Hechas las salvedades, vayamos con las semejanzas.
-Una red de favores mutuos entre universidades y políticos. Una de las razones que arrastraron a las cajas de ahorros fue la relación simbiótica o, mejor dicho, mutuamente parasitaria que existía entre cajas y políticos. Con las universidades ocurre algo parecido. ¿Qué favores reciben los políticos? Se ha escuchado mucho durante los últimos días la reflexión de que Cifuentes no necesitaba para nada el famoso máster. Discrepo al respecto: el máster era un ingrediente fundamental del producto político llamado Cristina Cifuentes.
La presidenta madrileña ha cultivado una imagen de 'maverick', de política no convencional. En realidad, es todo lo contrario. Diputada autonómica desde principios de los noventa, es una de tantos cargos políticos que no han tenido otra ocupación en su carrera. Sin embargo, el máster le permitía dar una pátina diferente a su currículo: esa imagen de profesional exitosa que está en la política casi de paso.
Algo parecido ocurre con Pablo Casado: cuando cursó su máster en 2008 ya era presidente de Nuevas Generaciones en Madrid, una de las muchas ocupaciones políticas que ha tenido a lo largo de su todavía joven carrera. Los másteres de los políticos no son un adorno superfluo: embellecen el currículo para aparentar una imagen de profesionales formados y exitosos cuando, en realidad, carecen de una carrera profesional alternativa a la política (dicho sea de paso, tengo la impresión de que las dudas sobre el máster de Casado poco tienen que ver con el caso Cifuentes, y al menos de momento no hay ni engaño ni manipulación de documentos).
No es este el único favor que las universidades ofrecen a los políticos. Las universidades sirven para 'blanquear' proyectos políticos dudosos: hace años, por ejemplo, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ofertó una nueva titulación: Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria, a la sombra del flamante Aeropuerto de Ciudad Real. Para culminar el disparate, la titulación no llegó ni quiera a tener carácter oficial porque la UCLM no remitió la correspondiente memoria a la Aneca.
Tanto les gustan las universidades a los políticos que cada partido ha tenido siempre la suya: la Complutense ha sido históricamente uno de los resortes de poder de IU y los viejos comunistas. Los socialistas crearon la Carlos III y, para compensar, el PP creó la Rey Juan Carlos. Y todos contentos.
Por su parte, ¿qué favores hacen los políticos a las universidades? Como ocurre con muchas otras cosas, la Constitución española no habla de la enseñanza universitaria en ninguna de las dos relaciones que reparten las competencias entre el Estado y las CCAA (art. 148.1 y 149.1), pero la práctica política ha hecho que la mayor parte de las competencias sobre universidades corresponda a las CCAA (como por cierto también ocurría con las cajas de ahorros). 
La más importante de ellas es la financiación: según un informe del Observatorio Universitario, la financiación pública representa entre el 60% (Cataluña) y el 85% (País Vasco) de la financiación total de las universidades. O, en euros, por alumno, si cada universidad vasca recibe 8.429 euros por estudiante, las universidades madrileñas solo reciben 4.730 euros. Es decir, para las universidades, ganarse el favor político es una cuestión de supervivencia.
-Sistema de gobernanza. El funcionamiento interno es otra de las semejanzas entre cajas y universidades. En las cajas de ahorros, debido a su finalidad social, el poder se repartía entre diversos colectivos: CCAA, ayuntamientos, impositores y sindicatos. El problema surge cuando estos colectivos no tienen 'accountability' interna: ¿ante quién responden los representantes de los impositores? 
Durante mucho tiempo, tuve mis ahorros en una caja de ahorros: nunca supe quién me representaba como impositor, y aunque lo hubiese sabido, no le hubiese dedicado tiempo. Algo parecido ocurría con sindicatos, CCAA y ayuntamientos. ¿Ante quiénes respondían por su labor de gestión en las cajas? Cuando no hay 'accountability' interna, vale todo. Los gestores dejan de velar por los intereses colectivos que teóricamente representan y empiezan a hacerlo por el de ellos mismos.
Algo parecido ocurre con el gobierno interno de las universidades: los consejos sociales teóricamente son un instrumento democrático, destinado a favorecer que la universidad atienda una pluralidad de intereses. En la práctica, la falta de rendición de cuentas hace que los intereses a los que sirve la universidad sean más los intereses privados de los representantes que los intereses difusos de los representados.
-Dualidad laboral. Y vaya una última semejanza: las universidades son un pequeño microcosmos del mercado laboral español. Algo parecido ocurría en las cajas de ahorros, pero en las universidades la dualidad es si cabe más agravada: cuando los profesores consiguen una plaza, se dice que la han 'ganado', son profesores 'titulares' que disfrutarán de la misma de por vida. 
Mientras tanto, hay un colectivo de profesores 'precarios', los asociados, una figura teóricamente destinada a que profesionales de prestigio diesen clase en la universidad, pero que en la práctica está siendo utilizada como los contratos temporales en el resto del mercado laboral.
No es casualidad que la profesora que se atrevió a denunciar el acta de Cifuentes fuese la única integrante del supuesto tribunal que era profesora titular. En las universidades, los precarios tienen una posición incluso más débil debido a la endogamia, la falta de transparencia y el poder que acumulan algunos catedráticos. Algunas relaciones son casi de vasallaje. 
Producía bastante repulsión que el director del máster de Cifuentes hablase hace unos días de sus 'discípulas'; sobre todo, porque un 'maestro' no las induce a firmar un acta falsa, ni se cuida de explicar cuando lo pillan que, como su firma no aparece en ningún sitio, él no tiene responsabilidad legal alguna.
En definitiva, sí creo que las universidades son, en varios aspectos, las cajas de ahorros de hace algunos años. Alguien entenderá esta reflexión como un ataque al sistema público de universidades por ser público: al contrario, pienso que cuando un sistema público deja de servir al interés general y solo lo hace a intereses privados, la mejor defensa es reformarlo para que vuelva a ser verdaderamente público.
Un último inciso a este respecto: tenemos un sistema universitario bastante por debajo de lo que nos corresponde. Igual que, en mi opinión, tenemos un sistema sanitario bastante por encima de nuestra posición relativa como país (en términos de desarrollo económico). La autonomía en la gestión se puede utilizar para mal, como en las universidades, o para bien, como en los hospitales. En las políticas públicas, el diablo está en los detalles.

martes, 10 de abril de 2018

García-Page denuncia que «por el trasvase va tanta agua como por el Tajo»


TOLEDO.- El presidente del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, denunció que por el canal del trasvase al Segura discurre «tanta agua como por el Tajo» y abogó por utilizar las desaladoras como solución «preferente» a este problema.

De esto modo se ha pronunciado García-Page durante su intervención ante los periodistas tras la reunión itinerante del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha que se celebró este martes en el Ayuntamiento de Illescas, Toledo.
«No me gustaría que, porque está lloviendo ahora, volvamos a la política del corto plazo en la gestión del agua», señaló el presidente, quien criticó que se lleven al Levante las «cuatro gotas» que han caído en los pantanos de cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía.
García-Page denunció que por el trasvase vaya «tanta agua como por el Tajo» y lamentó que, debido a los desperfectos que tiene esta infraestructura, «se está despilfarrando el agua que le quitan al Tajo, lo cual ha tachado de »un insulto y una enorme inmoralidad«.
Asimismo, ha afirmado que entiende las necesidades de los regantes del Levante, pero también las de los regantes de Castilla-La Mancha, «que llevan años esperando la ampliación de regadíos».
Ha añadido que esta «España seca» tiene «un problema estructural» y ha apostado por que las desaladoras sean la solución «preferente» ante este problema.
«Si en estos meses en los que no ha habido trasvase porque no había agua, Levante ha funcionado sin problema con las desaladoras, es hora de que el Gobierno de España plantee que la desalación no sea una solución provisional, sino la definitiva», ha agregado.
García-Page ha aseverado que Castilla-La Mancha va a luchar para que el Gobierno central pueda bonificar el precio de la desalación «al mismo nivel que está haciendo con el agua del Tajo», que paradójicamente, ha subrayado, «tiene menos coste económico cuando llega a Murcia que cuando sale de Entrepeñas y Buendía».
En su opinión, «no habrá posibilidad de un acuerdo en serio sobre el agua en España si no se entiende la lógica de las directivas europeas, la sostenibilidad ambiental y los derechos de la cuenca cedente».

Más de 180.000 ciudadanos piden a Bruselas prohibir los circos con animales

MADRID.- Más de 180.000 ciudadanos han firmado una petición de Infocircos que pide a la Comisión Europea que prohíba los circos con animales salvajes tras el accidente de un camión que transportaba cinco elefantes en la A-30.

Entidades políticas y ciudadanas, organizaciones de proección animal han pedido una solución “definitiva” al problema de los animales salvajes en los circos. Según fuentes policiales y de la Dirección General de Tráfico el accidente se produjo cuando el camión adelantó a otro vehículo voluminoso.
Inforcircos acusa a la familia propietaria de los elefantes de tener un “largo historial de negligencias” que han provocado varios incidentes de seguridad y asegura que algunos de los elefantes que sufrieron el siniestro debían haber sido confiscados hace unos años en Alemania, pero nunca pudo realizarse porque los paquidermos fueron sacados en secreto del país y finalmente llegaron a España.
Infocircos denuncia que la utilización de animales salvajes en los circos es un “serio problema de bienestar animal” que conlleva “graves riesgos de seguridad que las autoridades están cada vez menos dispuestas a asumir“.
Un informe de Eurogroup for Animals apunta que entre 1995 y 2017 se constataron 305 incidentes en los que resultaron involucrados 608 animales salvajes, es decir unos 15 por año. 
La Federación de Veterinarios de Europa (FVE) ha instado a la prohibición de los circos con animales salvajes por la “imposibilidad” de los circos itinerantes de satisfacer las necesidades de estos animales y por el grave riesgo que supone su uso.
En la misma línea, asegura Infocircos, la Asociación Europea de Zoos (EAZA) ha emitido una declaración oficial acerca de la imposibilidad de equiparar un circo con animales a un zoo.
En definitiva, la campaña de Infocircos pide a la Comisión Europea que en base a las competencias relativas a la salud y la seguridad ciudadanas se abra la vía legislativa para prohibir de forma general los espectáculos circenses con animales salvajes y su transporte a tal objeto.

La reserva de agua del Segura sube 5 hm³ hasta los 297

MURCIA.- La reserva de agua en los embalses del río Segura ha subido en la última semana 5 hectómetros cúbicos (hm³) hasta los 297, algo más de un cuarto de su capacidad, un 26,1 % que sigue siendo aún el porcentaje más bajo de entre todas las cuencas peninsulares.

Los pantanos de la Península se encuentran al 65,3 por ciento de su capacidad total, con una reserva de 36.618 hm³, veinte puntos por encima de la cantidad embalsada hace un mes, en que estaban al 46,9 % de su capacidad.
Tras las lluvias de la última semana, solo tres cuencas registran ligeras pérdidas, en concreto la de Galicia Costa, las de Tiento-Odiel y la de Guadalete, mientras que todas, salvo la del Segura, Júcar y Mediterránea andaluza, se encuentran por encima del 60 por ciento.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península, con la máxima en Vigo, donde se recogieron 126,5 litros por metro cuadrado.

Los cazadores de la provincia tomarán Albacete para exigir que se "respete su modo de vida"

MADRID.-La Real Federación Española de Caza (RFEC) y las federaciones autonómicas saldrán a la calle el próximo domingo 15 de abril en cuarenta capitales españolas para reivindicar este "modo de vida" y exigir el fin de los "insultos", "ataques" y "agresiones" a este colectivo que aseguran vienen de parte de organizaciones ecologistas y animalistas "con la connivencia" de las administraciones públicas.

Las concentraciones se celebrarán de forma simultánea a las 12.00 horas en 40 capitales como Madrid, Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela o Mérida, bajo el lema de 'Sí a la caza, nuestra forma de vida". A las movilizaciones asistirán los principales colectivos y órganos de representación del mundo rural, asociaciones agrarias y ganaderas, el sector de la pesca deportiva y otras actividades vinculadas al mundo rural y sus tradiciones.
El presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Ángel López Maraver, ha defendido que no solo la caza, sino "todos los afectados del mundo rural, unidos" los que saldrán a la calle a "exigir respeto" a sus aficiones, tradiciones, sus valores y, en definitiva a su "forma de vida".
"Vamos a exigir respeto a la caza y a los cazadores, y a demostrar que somos un colectivo unido y activo que defiende una actividad que protege la conservación, estimula el desarrollo rural y genera riqueza", ha recalcado el presidente de la RFE.
López Maraver ha añadido que en la concentración se exigirá igualmente a las administraciones públicas "más sensibilidad y cercanía con los problemas y necesidades de la caza" y revindicará a la sociedad su "derecho a practicar una caza ética y sostenible".
Hasta la fecha, se ha confirmado las concentraciones en Almería (Rambla de Almería); Cádiz (Plaza de Asdrúbal); Córdoba (Plaza de las Tendillas); Granada (Fuente de las Batallas); Huelva (Plaza del Carmen): Jaén (Parque Plaza de las Batallas); Málaga (Plaza de la Marina); Sevilla (Muelle de la Sal junto al río Guadalquivir); Palma de Mallorca (Plaza de España); Menorca (Recinto Ferial de Es Mercadal); Ibiza (Finca Es Coll des Jundal - Sant Josep).
En Canarias habrá concentraciones en Santa Cruz de Tenerife (Plaza de España); en Las Palmas de Gran Canaria (Plaza de la Fuente Luminosa). También habrá movilizaciones en Santander (Plaza del Ayuntamiento); Albacete (puerta principal del Parque de Abelardo Sánchez, plaza Gabriel Lodares); Ciudad Real (Plaza Cervantes); Guadalajara (Plaza del Infantado); Toledo (Plaza del Ayuntamiento); Cuenca (Plaza de España); en Ávila (Plaza de Santa Ana); Burgos (Paseo de la Sierra de Atapuerca); León (Plaza San Marcelo); Palencia (Plaza Mayor); Salamanca (Plaza Mayor); Segovia (Plaza de Santa Ana); Soria (Plaza de San Esteban); Valladolid (Plaza Mayor), Zamora (Plaza de la Marina).
Asimismo, los cazadores también se movilizarán en Barcelona (Parc Ciutadella); en la ciudad autónoma de Ceuta; en Madrid (Plaza de Cibeles); Mérida (Plaza de España); Santiago de Compostela (Rúa do Horreo); La Rioja (Plaza del Mercado); Murcia (Plaza Circular); Pamplona (Avda. Carlos III); Bilbao (Plaza del Arriaga); San Sebastián (Plaza Easo); Oviedo (Plaza de la Escandalera). 
Por su parte, en Valencia se celebrará una macromanifestación el próximo 26 de mayo.

El FMI avisa de que en España la tasa de actividad caerá al 50% si no hay políticas de choque

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional advierte de que el envejecimiento de la población mermará de forma considerable la tasa de participación en el mercado laboral –lo que en España suele denominarse tasa de actividad-, es decir, el colectivo de personas en edad y capacidad de trabajar que hace que las economías tiren adelante, avanza El País

Según los cálculos publicados hoy, en función de las previsiones demográficas de Naciones Unidas, el porcentaje de esta participación bajará un promedio de cinco puntos y medio en los próximos 30 años si no hay políticas que lo eviten, con España en el grupo de los peor parados. Su tasa de actividad rondará el 50% en 2050 (cuando cerró 2017 en el 58%), el mismo débil nivel que estima para Francia, Bélgica, Italia y Portugal.
Al margen de las economías más perjudicadas por esta tendencia, en general, un descenso de la tasa de actividad de 5,5 puntos como el que el Fondo proyecta se traduce en un recorte de la producción de tres puntos porcentuales en una economía desarrollada. Este cálculo procede de uno de los capítulos analíticos del informe de primavera que el FMI presentará en sus jornadas de la semana que viene y plantea la necesidad de una mayor actividad de la mujer y los empleados de edad avanzada para frenar este declive, entre otras medidas.
Para España, el asunto es de especial calado, sobre todo en un momento de protestas por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y, en paralelo, de voces de alarma por la sostenibilidad de las pensiones con un mercado laboral cada vez más envejecido. 
El propio FMI publicó el pasado marzo un estudio en el que advertía de que el número de pensionistas en la cuarta economía de la zona euro se disparará de nueve a 15 millones en las próximas tres décadas. Para que ello sea sostenible, plantea, entre otras medidas, la necesidad de incorporar a más de cinco millones de inmigrantes y aumentar las cotizaciones de algunos trabajadores con salarios más altos.

Más inmigración

Si la española es una de las economías con más riesgo de perder tasa de actividad en las próximas décadas, también es una de las que más ha visto crecer esta tasa en los últimos años, burbujas y recesiones mediante. En el grueso de las economías avanzadas, el porcentaje de participación laboral no ha variado más de dos puntos si comparamos 1985 y 2016, pero España, Alemania, Corea del Sur y Holanda destacan con incrementos de más de cinco puntos en el mismo periodo.
El Fondo anima a las economías desarrolladas a impulsa la entrada de extranjeros a su mercado laboral con el fin de compensar el declive de su mano de obra, un mensaje que choca con la ola nacionalista experimentadas en varios países europeos y en Estados Unidos, entre otros, en los que la clase trabajadora se ha visto muy erosionada en los últimos años.
"Políticas migratorias más restrictivas agravarían notablemente el efectivo negativo del envejecimiento de la población en la participación [en el trabajo]", señala el informe, que incluso se atreve con cálculos sobre lo que ocurriría si el flujo migratorio se para: "Si no se permite nueva inmigración, el declive de la participación sería 2,7 puntos porcentuales mayor", añade, aunque reconoce los potenciales problemas que la recepción de inmigrantes plantea en los países. Para EE UU, el migratorio es un debate que enciende a los electores. 
En Europa, también. Este domingo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ganó las elecciones de nuevo en su país a lomos de un discurso muy nacionalista y radical contra la inmigración.

Menos patentes, menos productividad

El Fondo huye en los capítulos analíticos de referirse a países o Gobiernos específicamente al plantear sus recomendaciones, pero sí apunta a los debates del momento. Esa vez no habla directamente del proteccionismo, aunque entona su habitual canto a la globalización en un momento en el que grandes potencias como EE UU y China se enfrentan en una espiral arancelaria. 
Los estadounidenses han visto cerrar miles de fábricas en las últimas décadas por la fuga de producción a países con mano de obra más barata y por la robotización.
"Mientras este capítulo destaca los efectos positivos de la globalización en el crecimiento, los gobernantes deben asegurarse de que esos beneficios se comparten ampliamente entre la población", señala el informe dedicado a la productividad en una economía globalizada.
Hay elementos para la preocupación de los países avanzados en este terreno. Para tomarle la temperatura a la innovación de las economías, el número de patentes registradas es una buena pista y los datos resultan poco alentadores en el grupo de EE UU, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, el G-5, cuyo crecimiento en patentes se ha ralentizado desde 2000, según el FMI, en paralelo a su productividad. 
Sin embargo, el capítulo destaca el crecimiento de China y Corea. Las políticas chinas para incentivar las patentes han producido un 'boom' en los últimos años.

Murcia y Valencia se unen para pedir financiación, agua y el Corredor Mediterráneo


ALICANTE.- La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana han comprometido hoy a sumar esfuerzos contra el actual "agravio" que sufren ambos territorios en materia de financiación autonómica, agua e infraestructuras, sobre todo el Corredor Mediterráneo.

Así lo han puesto de manifiesto tras una reunión de más de una hora en Alicante los presidentes valenciano, el socialista Ximo Puig, y el popular Fernando López Miras, quienes han destacado el "nuevo camino de colaboración" entre ambos territorios, por encima de las diferencias que puedan tener por el distinto signo político.
Puig y López Miras han firmado acuerdos en financiación, recursos hídricos e infraestructuras, que defenderán en los distintos ámbitos para tratar de corregir la actual situación que genera "desigualdad y falta de oportunidades" a los habitantes valencianos y murcianos.
Para el president Puig, "si la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia tuvieran una financiación adecuada, tendrían un crecimiento superior al 4 por ciento", lo cual constituye "una realidad que genera una profunda falta de equidad y un problema para España".
En palabras de López Miras, ambas comunidades están "discriminadas" desde 2009, año desde el que se "sufre la injusticia de un sistema de financiación" que resulta "injusto e insolidario", y que en el caso de la Región murciana se refleja en que cada año se reciben 250 millones de euros menos que la media, con solo una autonomía peor financiada, que ha dicho que es precisamente la valenciana.
López Miras ha sostenido que este "maltrato continuo a los valencianos y murcianos debe corregirse basado en un acuerdo mayoritario" y ha puesto como ejemplo que "el 80 por ciento de la deuda (de la Región) es consecuencia de este sistema de financiación".
El agua es la segunda materia que más tiempo ha ocupado en la cumbre entre Puig y López Miras, materia en la que el president valenciano ha recordado que estas dos autonomías "no despilfarran" y sí piden "un esfuerzo en infraestructuras y solidaridad entre comunidades para una calidad del agua que no pare el desarrollo" porque "aún hay posibilidades de crecimiento y de mejorar la capacidad de exportación".
En este asunto, el presidente murciano ha subrayado que el agua es una de las "herramientas" fundamentales para el desarrollo de la Comunidad y la Región, y ha destacado que el sector agroalimentario de su territorio utiliza el 3 por ciento del agua disponible para generar el 20 por ciento de las exportaciones españolas de fruta y hortalizas.
Por ello, ha apelado a un Pacto Nacional del Agua basado en la solidaridad y que pivote en un uso eficiente, ya que cree que "hoy en España hay agua suficiente para abastecer a todos los españoles: para beber, para las industrias y los cultivos", pero lo que ocurre es que "está mal distribuida".
Las deficiencias en infraestructuras han sido la tercera materia de consenso en estas dos comunidades del sureste peninsular, y han demandado especialmente la finalización del Corredor Mediterráneo con el argumento de que de él depende la competitividad de sus economías.
"Es una infraestructura capital para el crecimiento de todo el país y para articular el Mediterráneo", ha sostenido Puig, en plena sintonía con su homólogo murciano.

El Constitucional avala las subvenciones a los colegios que segregan por sexos

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso del PSOE contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y ha avalado que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros aspectos de la norma, como la alternativa obligatoria a la asignatura de Religión.

El pleno ha fallado por mayoría de ocho votos contra cuatro y ha desestimado en su totalidad el recurso que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en marzo de 2014.
El recurso iba contra varios puntos de la LOMCE, y no solo la financiación pública de la educación separada por sexos, sino también contra la segregación de los alumnos en itinerarios académicos o que la asignatura de Religión tenga una alternativa obligatoria, por lo que, al ser desestimado en su totalidad, también se confirman estos otros aspectos de la norma.

'El Corte Inglés' tiene un doble reto en digital


MADRID.- El Corte Inglés fue durante décadas el campeón nacional. Amazon, sin embargo, ha llegado a España muy tarde, lo hizo definitivamente en 2011 tras varios intentos fallidos. Pero, aunque tarde, lo ha hecho con una fuerza singular. En tan sólo siete años se ha convertido en casi un monopolio de la venta online. Eso también ha ocurrido con Alibaba, que ha logrado un espectacular músculo en nuestro país, aunque a distancia de Amazon. El negocio de Alibaba no obstante tiene algunas particularidades que lo hacen distinto, según www.merca2.es.

Nadie puede negar de la brillantez del planteamiento de los americanos. Ético o no, fairplay o no, se lo saben de memoria y lo replican en todos los mercados en los que operan. España no ha sido una excepción. Pocas veces el “Veni, vidi, vici” se ha ejecutado en nuestro país de forma tan espectacular, y eso da miedo.
Si es cierto que, en nuestro mercado, por sus particularidades a nivel logístico, se esperaba una mayor resistencia los primeros años. Pero Amazon tuvo el viento de cola, ya que los primeros años tras su llegada, El Corte Inglés, ahogado en problemas financieros y accionariales, no presentó batalla ni resistencia. 
De hecho, durante una época pareció tener “poco interés” en el desarrollo del comercio electrónico. Esto podría parecer trivial, pero sin embargo es muy significativo en nuestro mercado, la compañía de Hermosilla (en la imagen) es de las pocas empresas europeas que, por su historia, su implantación y su capilaridad en un país, pueden competir con el gigante americano que juega con las cartas marcadas. 
En nuestro entorno hay otros dos rara avis, pero no compiten frontalmente con Amazon al ser sectoriales. Se trata de Inditex en moda, y Mercadona en alimentación.
Hoy el comercio electrónico tiene una penetración tardía, pero crece exponencialmente en España. No estamos aún a la altura de otros países europeos, pero hemos cogido mucha velocidad. El 67% del total de internautas españoles compra online. Somos un mercado cercano a los 20.000 millones de euros, alejado aún de otros mercados como Alemania (95.000 millones) y el Reino Unido, líder europeo indiscutible, un mercado de 173.000 millones de euros, donde uno de cada dos euros se gasta online. 
Allí, el 85% de sus internautas, 62,2 millones de habitantes, compra online. Mercados similares al nuestro en tamaño, como el italiano, están algo más maduros con facturaciones de 30.000 millones de euros anuales.
En las últimas décadas, mientras el viento soplaba favorable, si a alguien no le interesó un rápido crecimiento del comercio electrónico fue a El Corte Inglés. Pero tampoco a Kodak le interesó el desarrollo de la cámara digital, pensaron que iba contra su negocio, y eso los llevó a la ruina. No puedes frenar el futuro y la innovación. Mejor competir contigo mismo antes de que te impongan la realidad y hayas quedado rezagado.
La empresa española, líder indiscutible en el sector físico, afrontó de lleno el reto de los operadores sectoriales (MediaMark, Decathlon, Inditex etc). Llegó la crisis y la caída del consumo, y entre unas cosas y otras sus cuentas de forma dramática y eso influyó decisivamente en no invertir para afrontar el reto digital. 
El tiempo pasó despacio hasta que apareció Amazon. Entonces el reloj de arena cogió velocidad de vértigo. Ahora, los retos son dos. Los operadores sectoriales que merman las cuentas de resultados de algunas secciones, y muy especialmente, el reto del comercio electrónico.
En ese terreno, el partido va 0-3 y hay que ponerse manos a la obra para remontarlo. Al menos para no perder por una goleada mayor.
Para El Corte Inglés es un doble reto. Por un lado, va a tener que cambiar parte de su ADN más tradicional si quiere competir con los nuevos operadores, especialmente con Amazon. Por otro lado el crecer en digital, que para los operadores digitales es un fin en sí mismo, en El Corte Inglés no garantiza nada. Necesitan crecer en digital sí, pero siempre buscando un nuevo consumidor, no sólo migrando los actuales de un canal a otro. 
Si las ventas aumentan mucho, pero lo hacen a costa de vaciar los centros comerciales, la situación será dramática. La empresa se estará fagocitando a si misma, perdiendo cuota de mercado y bajando la rentabilidad de los centros comerciales. Sobrarán decenas de miles de empleados. Sobrarán y no aportarán más que pérdidas decenas de centros comerciales, los menos rentables.
El principal reto digital que se asume es detener la sangría y encontrar al nuevo cliente. Ese cliente, menor de 30 años, no entra en los Centros de El Corte Inglés más que por error. Los ve desfasados, como si fuera el comercio de la generación de sus padres y abuelos. 
Es un reto de captación de nuevas generaciones similar al que afrontó con un sobresaliente éxito Mercedes Benz hace 25 años, al percatarse que o rejuvenecía su base de clientes, o literalmente desaparecería la marca, porque se estaban poco a poco muriendo, y no enganchaban con las nuevas generaciones. 
Hoy, muchos jóvenes sólo entran en las tiendas de El Corte Inglés si van acompañando a sus mayores, cuando hace décadas eso no sucedía. Sí, El Corte Inglés hace 20 o 30 años era cool para los jóvenes. El principal reto de su ecommerce, es captarlos de nuevo.

El Corte Inglés y el difícil, pero apasionante reto digital

El reto por lo tanto es mantener como sea la facturación y cuota de mercado en grandes almacenes, al menos hacer que se erosione lo más lento posible, mientras se crece de forma exponencial en la parte digital. Esto no será sencillo, pero es fundamental.
Lo primero, tal y como dijo Dimas Gimeno, presidente de El Corte Inglés, en su aplaudida intervención en Davos, para competir se precisan unas reglas del juego justas. Mismo negocio, mismas condiciones. De eso, que es imprescindible y fácilmente entendible, hemos hablado ya en otras ocasiones 
La situación actual vulnera la libre competencia. Es de locos que eso ocurra con una empresa sistémica que en España da trabajo de forma indirecta a 150.000 familias. O lo arreglamos o nos estamos haciendo el harakiri, y el legislador tiene una responsabilidad sobre ello, y así debemos exigirles.
Pero al margen de que a nivel nacional y europeo se ordene la actividad de los nuevos operadores, para hacer frente a los intermediadores se prevén dos planes.
Hace tan sólo unos días en un desayuno de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Dimas Gimeno invitado por su presidente Isidro Fainé, hablaba de una alianza de distribución entre grandes operadores europeos, para facilitar de ese modo la competencia con los grandes operadores de ecommerce
Es una idea interesante, pero compleja. Empresas que venden marcas de terceros (en el caso de la empresa española el 70%), podrían generar una distribución global europea, minimizando los costes logísticos y la necesidad de inversión en los mismos. Eso convertiría a El Corte Inglés en un operador europeo, no sólo en un campeón nacional. 
Ese trabajo comenzó hace meses, y aunque sea difícil de creer, empezó por lo más básico: identificar por parte de El Corte Inglés a sus iguales, empresas compatibles con buena capilaridad de nivel europeo y producto similar con las que se pueda llegar a un acuerdo.
Dado el alto número de operadores y que hay mercados muy fragmentados es un reto difícil, pero hay que afrontarlo.

El Corte Inglés Prime

Un segundo paso vendrá por parte de la implantación de un servicio de tarifa plana de envíos, similar a Amazon Prime. En estos momentos se están estudiando distintas posibilidades con objeto de que el servicio vea la luz durante 2018.
Amazon Prime es una de las grandes ventajas que ofrecen los americanos. Una tarifa plana logística que permite por una cuota, ahora mismo absurda y deficitaria, y que será revisada al alza, fidelizar y hacer crecer la base de clientes.
Hoy, Amazon cobra 19,95 euros al año por acceder a Prime. Se espera que el precio se revise para asemejarse a países de nuestro entorno. Se barajan opciones que triplicarían ese precio hasta los 50-60 euros anuales. Cómo es realmente útil, con mayor o menor cabreo la gente, mayoritariamente, aceptará el aumento. Lo vale.
En El Corte Inglés explican que no será fácil: “Amazon ofrece más cosas que un simple envío gratis, a cambio de esa suscripción debemos ver otras contrapartidas, no sólo el envío”. Eso es algo que debo decir que yo no comparto del todo. Por mucho que es cierto que Amazon ofrece otras ventajas (Prime Vídeo, Prime foto etc.), no me parecen diferenciales para contratar el servicio.
La vedette es la logística. El cliente paga por los envíos, por pedir durante todo el año lo que quiera sin costo de transporte. No por los servicios añadidos, que, ya que te los dan igual los usas, pero mi sensación es que mucha gente -yo entre ellos- ni lo hace. 
Yo soy usuario de Amazon Prime desde que se creó en España, y lo hago simplemente por la ventaja logística. Si necesito algo, por pequeño que sea el importe, ya nunca más me enfrento a la tesitura de que el coste de transporte haga que pedir determinados productos por internet sea ilógico.
Aún no está fijado el precio de “El Corte Inglés Prime” (espero, eso sí, que le pongan un nombre en castellano) y las características del mismo. De hecho, habrá que ver si Amazon Prime no sufre variación de precio como se espera, y eso trastoca los planes de precio. Sería interesante por ejemplo dos velocidades, una para todo tipo de productos, incluyendo supermercado, y otra, tal vez más económica, para non-food, donde los márgenes son mayores y es más fácil de escalar.
El Corte Inglés, por medio de acuerdos con empresas logísticas para la “última milla” utilizaría sus más de 90 tiendas como auténticos centros logísticos para distribuir desde ahí las compras online a usuario final. Se trataría de una gran ventaja respecto Amazon, que tiene poco centros de almacenaje y están en las afueras de las grandes ciudades, en polígonos industriales. 
De este modo podría garantizar la entrega en 24 horas y en muchos casos, en poco más de 2 horas si hay cercanía entre el centro comercial y el domicilio final.
En paralelo a esta oferta deben prepararse acuerdos logísticos con operadores de “última milla” que puedan hacer posible una escalada significativa del número de las entregas. Ahí de nuevo es fundamental garantizar una competencia justa con el gigante americano. La empresa española, no cogerá atajos. No veremos planteamientos vergonzantes como los que hacen de Jeff Bezos el negrero del siglo XXI pretendiendo, por medio de Amazon Flex que no profesionales; incluso estudiantes, y jubilados, en condiciones laborales discutibles y en sus ratos libres, le repartan los paquetes.

Los fondos de pensiones deberán sostener las infraestructuras públicas

MADRID.- España ha pasado de ser un país de gran inversión en infraestructuras a quedarse rezagado por debajo de la media de la Unión Europea. El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, advierte de que la inversión pública, que superó los 20.000 millones en pleno boom de la crisis, no volverá y aconseja que el Gobierno busque la inversión en grandes fondos de pensiones y de infraestructuras para seguir con el desarrollo del sector, según elEconomista.

Los Presupuestos de 2018 recogen el mayor incremento de inversiones con dinero público en infraestructura desde que se inició la crisis económica en 2008. El Estado destinará 8.487 millones de euros en 2018, lo que supone un aumento del 12,7% respecto a 2017, pero son cifras muy alejadas a los momentos precrisis, cuando se llegó a movilizar más de 22.000 millones en AVE, carreteras y otros desarrollos.
Según el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, España ha pasado de ser un país de "gran inversión" a uno que tiene un nivel por debajo de la media europea, ya que el gasto en infraestructuras representaba el 5% del PIB al inicio de la crisis y un 14% del gasto público, cuatro puntos por encima de la media europea, tras lo que se produjo un ajuste "brusquísimo" hasta situarse ahora en dos puntos del PIB, frente a los 2,5 puntos de PIB que de la UE.
El jefe de supervisión de las cuentas públicas ha avisado que los niveles anteriores de recursos públicos no volverán ya que economía española va a estar "constreñida" en los próximos años "de forma mucho más notable" que en los últimos ejercicios por el elevado nivel de endeudamiento público que presiona el gasto del Estado y por las restricciones de financiación de la banca, que cada vez tiene mayores requerimientos de solvencia.
La AIReF plantea buscar alternativas para no perder los niveles de desarrollo como el modelo de EEUU en el que grandes fondos de pensiones e infraestructuras invierten en obra pública. Estas firmas tienen un perfil de inversión de muy a largo plazo con rentabilidades estables y ligadas a la inflación que encajan perfectamente con las infraestructuras.
Para Escrivá existe la necesidad de captar este tipo de inversores "naturales" de largo plazo como son los fondos de inversión, los fondos de pensiones y las propias aseguradoras.
A su juicio hay margen de actuación por esta vía, puesto que solo alrededor de un 3% de los fondos de inversión internacionales dirigen el ahorro hacia las infraestructuras. Asimismo, ha considerado necesario explotar el papel de los bancos públicos de desarrollo y las asociaciones público-privadas.
En su opinión, este camino requiere también apostar por una evaluación sistémica e independiente de los proyectos, lo que obliga a evolucionar desde una evaluación basada en criterios exclusivamente fiscales (que las inversiones fueran sostenibles) a una evaluación basada en la eficiencia económica.
Ha añadido que se tienen que valorar no solo los efectos directos sino también las externalidades positivas y negativas.
Al respecto ha dicho que en un país como España, con un sesgo muy elevado en la inversión pública hacia infraestructuras, hace falta una "evaluación serena" del impacto de esa inversión. En España las infraestructuras han supuesto un importante factor de cohesión territorial, pero ha asegurado que se trata "más de una intuición" que del resultado de un "análisis fino".
Además, insiste en la posibilidad de estudiar la vía de "adecuar más las tarifas y los pagos y copagos a los costes", de forma que "pague el que hace uso de la infraestructura", algo que ya sucede en España "en cierto porcentaje".
El presidente de la AIReF ha lamentado que en España hay "poca cultura" de una evaluación 'ex ante' y 'ex post' de los proyectos públicos, de los impactos que pueden tener y de un análisis profundo de los costes, el beneficio y los resultados, lo que hace que la priorización en los Presupuestos sea "complicada". Por ello, ve "crucial" introducir elementos de eficiencia en la evaluación de proyectos y encontrar espacios fiscales para poder destinar la financiación a los proyectos más productivos.
Preguntado sobre el rescate de las autopistas, Escrivá ha indicado que la normativa anterior de octubre de 2015 es "agua pasada", ya que desde entonces hay una nueva Ley de Contratación Pública y una nueva normativa que establece que si se produjese algo similar, el Estado pagaría lo que obtendría con la relicitación de las autopistas, con lo que disminuye la posible vulnerabilidad del Estado.
"Tenemos una legislación que protege mucho más al Estado y esto no va a volver a ocurrir", ha enfatizado Escrivá, quien ha explicado que, con el nuevo régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración, se acota el riesgo asumido por la Administración al valor del activo.

Los agentes medioambientales se sienten abandonados y quieren depender ahora de la Consejería de Hacienda


TOLEDO.- Los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha han pedido dejar de depender de la Consejería de Agricultura de la Junta, que dirige el consejero Francisco Martínez Arroyo, ante el "abandono" que aseguran sufrir por parte de este departamento en cuanto a sus reivindicaciones de más medios materiales y humanos y más "seguridad" personal ante el creciente número de agresiones.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa en Toledo el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM) de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Martín, que ha precisado que este cuerpo, que "ostenta la condición de agente de la autoridad y de policía medioambiental", ha pedido pasar a depender de la Dirección General de Protección Ciudadana, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular es el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina.
Martín ha explicado que este cambio de dependencia funcional y orgánica se produce después de que solicitaran ser incluidos en la Viceconsejería de Medio Ambiente o ser integrados en una Dirección General propia dentro de la Consejería de Agricultura, a la que han acusado de "desoír" todos sus planteamientos. 
En este punto ha atribuido "falta de voluntad política" tanto al actual Gobierno regional como al anterior para cumplir con las demandas de este cuerpo, entre las que figura una mayor dotación de medios humanos, ya que Castilla-La Mancha es la comunidad con menos agentes por unidad de superficie, al contar con solo 494 efectivos para 8 millones de hectáreas, ha recalcado el responsable de APAM.
Y ha recordado el acuerdo social al que se llegó hace tiempo para llegar hasta los 700 efectivos que se consideran necesarios para cubrir esta superficie y que, en la práctica, no se ha cumplido. 
A la falta de medios humanos, hay que sumar la falta de medios materiales para desempeñar sus funciones, según Martín, quien ha afirmado que, en estos momentos, se encuentran "a merced de los delincuentes medioambientales" ante la subida exponencial de agresiones, concretamente 30 en los últimos cinco años.
En este punto ha reclamado más medios de defensa personal, como chalecos antibalas y armas cortas, así como cursos de formación, por ejemplo de judo verbal, para hacer frente a las amenazas y agresiones, teniendo en cuenta que los agentes medioambientales son el cuerpo que "se enfrenta a un mayor número de personas armadas", al identificar a veces en un solo día a cien cazadores. 
Unido a la falta de las medidas para garantizar su integridad física, Martín ha criticado la falta de seguridad jurídica ya que, en algunos juicios, se encuentran "totalmente desamparados por la administración", al no contar nisiquiera con un letrado que les defienda.
A estas reivindicaciones, APAM suma la discriminación que sufren en cuanto al propio trabajo que tienen encomendado como cuerpo y no pueden desarrollar, al no ser incluidos en los planes de inspección de Calidad Ambiental, que velan por que no se produzcan desastres como los incendios de Chiloeches o Seseña o los vertidos al Tajo. 
"Queremos trabajar para acabar con la inseguridad medioambiental en Castilla-La Mancha", ha afirmado Martín, quien se ha mostrado convencido de que muchos delitos medioambientales que se producen actualmente no ser materializarían "si nos dejasen trabajar sobre el terreno, del que somos los mayores conocedores", ha aseverado.
Igualmente piden ser integrados en la Sala de Emergencias del Servicio de Urgencias 112, por lo que creen que su trabajo sería "más efectivo" dependiendo de la Dirección General de Protección Ciudadana, que es donde se coordinan los protocolos de emergencia, como sucede en otras comunidades como Madrid, Murcia o Cataluña. 
Por último, el presidente de APAM ha confiado en que la solicitud de esta asociación de pasar a depender de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se atienda "cuanto antes" y ha anunciado que no descartan volver a movilizarse, como ya hicieron en 2016. 

Firmado el Convenio Provincial del Metal hasta el año 2020

ALBACETE.- Los delegados sindicales del sector del Metal de Albacete han firmado el Convenio Colectivo de Industrias y Servicios del Metal en la provincia para los años 2018, 2019 y 2020. La mesa negociadora ha estado formada por once miembros de CCOO y cuatro de UGT.

Según han informado ambos sindicatos en una rueda de prensa, este convenio colectivo es “el principal de la provincia”, ya que afecta a más de 10.000 trabajadores de Albacete.
El convenio será de aplicación a los trabajadores del sector del Metal en Albacete, que trabajan desde grandes empresas de tradición en la provincia como a las pequeñas industrias de sectores diversos como las energías renovables, instalaciones eléctricas, de fontanería o fundiciones.
Cuatro reuniones han hecho falta para llegar finalmente al acuerdo que se suscribió el 26 de marzo. En el que como principales puntos han destacado una vigencia para tres años –2018, 2019, 2020– y una subida salarial para cada uno de ellos de 2,2 por ciento sobre todos los conceptos retributivos.
Para los contratados a partir del 2015 se fija un complemento salarial del 8 por ciento al cumplir 5 años en la empresa, con lo cual, se recupera la antigüedad, también la aclaración de algunos aspectos en la cláusula de subrogación y la adaptación del texto en diversas materias al Convenio General del Metal Estatal.
Las centrales sindicales de UGT y CCOO de Albacete de manera conjunta han valorado positivamente este convenio colectivo, ya que se trata de un convenio cuya negociación “partía con grandes dificultades y unas posiciones encontradas entre cada uno de los intervinientes”.
El secretario general de UGT FICA Albacete, Manuel Rodríguez, y el secretario general de Industria de CCOO de Albacete, Juan Antonio Cuevas, han indicado que aunque el acuerdo es positivo, “este año ambas plataformas eran amplísimas, recogiendo reivindicaciones de las plantillas y representantes de las empresas del Metal, fundamentalmente del sector de las renovables y que desgraciadamente se han quedado en el tintero”.
Por su parte, los máximos responsables provinciales de ambos sindicatos, Javier González de UGT y Carmen Juste de CCOO han destado “lo importante” de cerrar convenios colectivos “con subidas decentes en la provincia y con prontitud”.

La libertad de expresión es la base de todo / Ramón Cotarelo *

Sin libertad de expresión todos los demás derechos son papel mojado. Por eso, lo primero que hacen los tiranos es reducirla o suprimirla. 
 
Lo primero que hizo el gobierno del PP vencedor con mayoría absoluta parlamentaria en 2011 fue cambiar el estatuto legal de la RTVE para suprimir en ella la libertad de expresión y ponerla a su servicio y lo segundo, elaborar una ley de restricción de las libertades públicas, singularmente de expresión, reunión y manifestación que se promulgó en 2015 como Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

La inquina de la derecha neofranquista a la libertad de expresión es acendrada y muy fuerte. A estas alturas son varios los titiriteros, raperos y tuiteros procesados por enaltecimiento de lo que no se debe enaltecer, injurias a quien no se puede injuriar, atentado contra unos sentimientos religiosos contra los que es permisible atentar. Todo pura especulación, fabulación, interpretación y arbitrariedad. 

Quien impone límites a la libertad de expresión sabe en dónde empieza, pero no en dónde acabará. Entre castigar algo tan etéreo como la falta de respeto a los símbolos e imponer un código de decoro público religioso por ejemplo, solo hay un paso.

Y ello sin mencionar un factor adicional. La represión de la libertad de expresión no solamente es una injusticia sino una doble injusticia porque depende de qué ideologías sean las implicadas: las injurias, faltas de respeto, amenazas, insultos, coacciones de la extrema derecha, muchas de ellas muy relacionadas con el PP, ni se consideran en justicia. No van a los tribunales. Esta justicia es injusta porque es manifiestamente parcial, política.   
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La preocupación por las pensiones alcanza su mayor nivel en 30 años

MADRID.- La preocupación ciudadana por el futuro de las pensiones ha repuntado en el último mes hasta alcanzar su nivel más alto de los últimos 30 años, mientras continúa bajando la inquietud de los españoles por la independencia de Cataluña, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El barómetro del CIS, elaborado entre el 1 y el 13 del pasado mes de marzo, refleja que las pensiones escalan hasta el quinto puesto en la lista de problemas y ya son citadas por un 15,5 por ciento de los encuestados.
Del otro lado, la independencia de Cataluña vuelve a caer a su nivel más bajo desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, con un 8,6 por ciento frente al 11,3 por ciento del mes pasado.

lunes, 9 de abril de 2018

España fue el segundo país de la UE que más extranjeros nacionalizó en 2016

BRUSELAS.- España fue el segundo país de la Unión Europea con un mayor número de concesiones de nacionalidad en 2016, con 150.944, tras crecer un 32% con respecto al año precedente, según los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Italia fue el único país del club europeo que superó a España, con una cifra de 201.591 concesiones de nacionalidad (un 13% más). El tercer país de la lista fue Reino Unido (149.372 y un 27% más), seguido de Francia (119.152 y un 5% más) y Alemania (112.843 y un 2% más).
Los principales receptores de nacionalidad española fueron los ciudadanos marroquíes, que representaron el 24,5% de las concedidas por España, por delante de los bolivianos (10,5%) y ecuatorianos (10,1%). Además, España fue el país de la UE que más marroquíes, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, peruanos y dominicanos nacionalizó.
Con respecto a la tasa de naturalización, España nacionalizó a 3,4 ciudadanos de terceros países por cada 1000 residentes extranjeros, la octava mayor tasa de la UE tras Croacia (9,7), Suecia (7,9), Portugal (6,5), Rumanía y Grecia (4,2) y Finlandia e Italia (4,1). En el polo opuesto se situaron Austria, Letonia y Eslovaquia (todos los países con una tasa del 0,7), Estonia y Lituania (0,9) y República Checa (1).
En total, aproximadamente 995.000 personas adquirieron la nacionalidad de un Estado miembro en 2016, una cifra que supera las 841.000 registradas en 2015 y las 889.000 observadas en 2014. Un 12% de éstas se concedieron a antiguos ciudadanos de otro Estado miembro, mientras que la gran mayoría fueron para ciudadanos extracomunitarios.
Los ciudadanos marroquíes fueron los extranjeros que más concesiones de nacionalidad coparon en 2016 (101.3000 y un 89% en España, Italia y Francia), por delante de los albaneses (67.500 concesiones centradas casi exclusivamente en Italia y Grecia), e India (41.700 principalmente en Reino Unido).
Por otro lado, las nacionalizaciones concedidas en otro Estado miembro de antiguos ciudadanos británicos elevaron un 165%, con respecto a las de 2015, hasta alcanzar la cifra de 6.555. También crecieron con fuerza las nacionalizaciones de ciudadanos de Arabia Saudí (un 108%), Nicaragua y Bután (un 99%) y Paraguay (un 70%).