La OCDE pide que se reduzcan las ayudas al sector agrícola

PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha presentado su informe anual sobre políticas públicas en materia de agricultura, en el que destacó que la mayor parte del apoyo a productores "se dio a través de medidas que perturbaron el comercio", una tendencia que pidió revertir.

"Casi dos tercios del apoyo a los productores en los países que hemos estudiado distorsionan de manera particularmente fuerte las decisiones comerciales", constató el informe presentado hoy en Bruselas, en el que aseguró que la dependencia de estas medidas "incluso ha ido en aumento".

El informe ‘Seguimiento y Evaluación de las Políticas Agrícolas en 2018’ estudia la situación del sector agrícola en los 35 países que forman parte de la OCDE, así como en otras diez economías emergentes: Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Kazajistán, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Ucrania y Vietnam.

Los países de la OCDE destinaron una media de 285.000 millones de euros al año al sector agrícola en el periodo 2015-2017, de los que 205.000 millones (el 72%) fueron entregados como apoyo a los agricultores.

El apoyo público a los agricultores fue equivalente al 18% de sus ingresos, un descenso frente al casi 30% que representó en el periodo 1995-1997.

Por su parte, las diez economías emergentes estudiadas por la OCDE destinaron una media de 266.000 millones de euros al año a sus sectores agrícolas, 233.000 de los cuales (el 84%) estuvieron dirigidos a los agricultores.

Sin embargo, mientras que en la OCDE el apoyo público a los agricultores con respecto a sus ingresos había disminuido sustancialmente en las últimas décadas, en estas economías emergentes la tendencia fue justo la contraria: pasó del 2,9% en el periodo 1995-1997 al 13,5% en el periodo 2015-2017.

Más ayudas en los países emergentes

El informe destacó que, mientras que en la OCDE están abandonando las políticas públicas de apoyo al sector agrícola que "distorsionan el mercado", en las economías emergentes estudiadas estas medidas han crecido hasta representar el 80% del total.

La OCDE también analizó de forma individualizada los casos de los 51 países objeto de estudio, aunque en la Unión Europea (UE) no entró a valorar la situación de los Estados miembros, sino las políticas públicas en el ámbito comunitario.

En este sentido, el informe destacó que alrededor del 50% del apoyo público a los agricultores está condicionado por cláusulas medioambientales obligatorias, mientras que un 8% adicional se puede obtener de cumplir una serie de estándares superiores a los exigidos por ley.

Entre los principales cambios de 2017, la OCDE destacó la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) y el fin de las cuotas impuestas a la producción de azúcar.

El informe recordó que siguen aplicándose "medidas excepcionales" en los sectores lácteo y porcino, así como con respecto a la producción de frutas y verduras.

La OCDE celebró que la UE "haya mejorado la composición de las ayudas en las últimas tres décadas" e hizo especial hincapié en el incremento de los pagos no relacionados directamente con la producción, lo que "ofrece a los agricultores la posibilidad de tomar decisiones sin depender de la acción gubernamental".

En el caso de Latinoamérica, el informe destacó las ayudas dirigidas a productores jóvenes (de entre 18 y 35 años) en Chile o las medidas colombianas de compensación de producción a los productores de algodón y de reestructuración de deuda a los agricultores.

La OCDE recogió también el caso de Brasil y la mejora de su sistema de Inspección Veterinaria, la regularización del proceso de registro de productos químicos en Costa Rica y la creación en Chile del Comité Técnico sobre el Cambio Climático en el marco del ministerio de Agricultura.

El Foro de la Economía del Agua advierte que el modelo económico debe adecuarse a la escasez estructural

MURCIA.- El Foro de la Economía del Agua presentó este miércoles en Murcia ante el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, el Libro Blanco de la Economía del Agua, editado por McGraw-Hill Education, que analiza los desafíos de la gestión del recurso del agua tanto a escala global como doméstica. 

En España, el gran reto es gestionar la escasez estructural de agua en un entorno de necesaria adaptación al cambio climático, que agudiza y hace más imprevisibles eventos como el riesgo de sequías e inundaciones. 

Por eso, el Foro de la Economía del Agua advierte de la necesidad de vincular los modelos de desarrollo económico y social con la insuficiencia crónica de agua, especialmente en una región como Murcia, donde a pesar de las recientes lluvias el nivel de agua embalsada apenas supera el 20% de su capacidad, mientras que en la cuenca del Segura la situación también es complicada, con un nivel de poco más del 30% (20 puntos por debajo de los promedios de los últimos cinco y diez años).

«La falta de agua es un factor limitante, pero no debe abordarse como un conflicto secular, sino como una oportunidad y un estímulo para el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación y el avance hacia un nuevo contrato social sobre el agua», explica el director académico del Foro de la Economía del Agua, Gonzalo Delacámara. 

«En Murcia se dan las condiciones para que la región se convierta en un modelo exportable de economía circular, aspecto en el que ya lidera, y de cómo gestionar el agua en una zona árida», señala el experto.

Para atender las necesidades de agua presentes y futuras, es crítico optimizar el agua disponible y diversificar las fuentes de abastecimiento, movilizando algunas que están infrautilizadas, no por dificultades tecnológicas sino por la falta de incentivos adecuados, como ocurre con el agua procedente de las plantas desaladoras o la reutilización de agua regenerada. 

Este desafío es extensible a toda España, donde un 20% de su territorio ya está desertificado y hasta tres cuartas partes en riesgo de desertificación.

Para abordar esta situación, el Foro de la Economía del Agua considera que se requiere importantes consensos sociales entre todos los actores clave: sociedad civil, sector público y sector privado. 

En este sentido, Delacámara considera que es saludable la decisión del nuevo Gobierno de integrar en un mismo ministerio Energía y Medio Ambiente. 

Para avanzar en el consenso necesario, entre gobernados y gobernantes, entre usuarios, el Foro considera que es imprescindible que se incluya la realidad del ciclo urbano del agua: aunque el consumo urbano solo represente el 14% de la demanda de agua, es en las ciudades donde se concentra la mayoría de la población en una tendencia que se va a incrementar en los próximos años.

Por eso, garantizar la seguridad hídrica de las ciudades es esencial en la gestión del agua a medio y largo plazo algo que debería estar por encima de intereses partidistas y territoriales, dada la magnitud del desafío. 

La seguridad hídrica se concibe como el resultado de garantizar que la disponibilidad de recursos renovables, en cantidad y calidad, permite atender las demandas presentes y futuras. Sin embargo, esto exige no solo reflexionar sobre la disponibilidad sino sobre la evolución sostenible de la demanda.

La gestión del agua es una gestión de conflictos de uso y sus crisis son crisis de gobernanza. Con el espíritu de crear un espacio independiente de debate donde abordar estos desafíos nació en 2016 el Foro de la Economía del Agua, bajo el auspicio de la Universidad de Alcalá y con la colaboración actualmente de la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Granada y la editorial McGraw-Hill. 

Este esfuerzo ha cristalizado en el Libro Blanco de la Economía del Agua, que contiene, entre otras muchas, aportaciones de altos representantes de Naciones Unidas, la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones. 

La obra ha sido coordinada por Gonzalo Delacámara (en la imagen), el secretario del Comité Académico del Foro de la Economía del Agua, Francisco Lombardo, y el director del Foro de la Economía del Agua, José Carlos Díez.

Ábalos asegura que el cambio de Gobierno no afectará a los contratos del AVE

MADRID.- El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que la voluntad del Ejecutivo es que, con carácter general, el cambio de Gobierno no afecte a los compromisos de inversión ni a los contratos en lo que respecta al AVE.

    "No pensamos paralizar nada ni demorar nada, los consejos se están haciendo en las fechas previstas. Este lunes hubo un consejo de Adif y aprobó una serie proyectos, los mismos que tenía previsto antes del cambio de Gobierno", ha dicho Ábalos en respuesta a una pregunta del portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Miguel Barrachina.

    Además, ha avanzado, el próximo vieres el Consejo de Ministros aprobará otros tres tramos de AVE por 190 millones de euros, entre ellos uno correspondiente al Corredor Mediterráneo.

    Respecto a la auditoría sobre plazos y obras de AVE que encargará Fomento, Ábalos ha dicho que se hará porque lo importante es no generar falsas expectativas y porque cuando se habla de plazos lo que debe contar es la puesta en servicio y no el final de la obra.

    "A veces se habla de final de obra como si al mismo tiempo uno se subiera en el tren", ha lamentado el ministro, que ha apuntado que en 2015 el gobierno del PP anunció que pondría en servicio 1.000 nuevos kilómetros de AVE -Murcia, Burgos, Granada, Plasencia, Badajoz y variante de Pajares- de los que ninguno está hoy en servicio.

El presidente Sánchez equiparará la fiscalidad del diésel y la gasolina para recaudar 2.100 millones más

MADRID.- El Gobierno de Pedro Sánchez quiere dar un impulso definitivo a la fiscalidad medioambiental, para que la mayor recaudación se traduzca en más gasto contra el cambio climático, y por tanto en un mayor compromiso con la transición ecológica de la economía. 

Una de las primeras medidas que intentará aprobar el Ejecutivo será la equiparación de la fiscalidad del combustible diésel y de la gasolina, según avanzan fuentes socialistas a Expansión.

Actualmente el impuesto especial de la gasolina es de 40,25 céntimos por litro, y el del gasóleo, de 30,7 céntimos. El Ejecutivo calcula que la equiparación de ambos impuestos supondría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se hiciese de golpe, pero quiere hacerlo "de forma escalonada", según fuentes cercanas a Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.

"El primer año se recaudarían 600 millones de euros", y así sucesivamente. Es decir, la igualación se lograría "en menos de cuatro años", aseguran las fuentes, que revelan que ya se ha creado un equipo de trabajo en el ministerio y que el Gobierno ya ha decidido dar el paso.

El nuevo gobernador del Banco de España se compromete con la transparencia

MADRID.- En  la toma de posesión de Pablo Hernández de Cos como nuevo gobernador del Banco de España se han dado cita algunas de las principales personalidades del sector financiero y político español. 

En el primer discurso oficial, Hernández De Cos ha estado flanqueado por su predecesor Luís Linde y de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. 

En un discurso breve (sólo 6 páginas), pero con claros mensajes sobre lo que quiere conseguir en sus seis años que va a permanecer en el cargo, se ha dedicado a perfilar las que pretende que sean las líneas de su mandato: reforzar la posición negociadora del Banco de España en Frankfurt como reto internacional y a nivel interno recuperar la confianza perdida en la institución apostando por la transparencia y reforzando la alerta temprana de los riesgos económicos.  

Eso sí, ha reivindicado "la independencia" del Banco de España, algo que no siempre ha sido así.

Al acto  han acudido numerosos representantes del mundo de la economía y las finanzas, como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, el presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, el de CaixaBank, Jordi Gual, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, o el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán.

También el director general de la CECA, José María Méndez, el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, el exgobernaodor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el exsubgobernador y expresidente de la AEB, Miguel Martín,  el vicepresidente ejecutivo de Santander España, Juan Manuel Cendoya, o el consejero independiente del Banco de España, Manuel Pizarro.

Concluye hoy el plazo para domiciliar la devolución de la renta

MADRID.- El plazo para domiciliar el resultado a ingresar de la declaración de la Renta 2017 concluye hoy, miércoles, mientras que el viernes es la fecha límite para solicitar citas previas por cualquier vía para la confección de la declaración. La Campaña de la Renta 2017 finaliza el próximo lunes 2 de julio.

El pasado 4 de abril arrancó la campaña para la presentación de las declaraciones por Internet y por teléfono y para solicitar cita previa para el nuevo plan 'Le Llamamos', por el que la Agencia Tributaria (AEAT) llama a los contribuyentes para confeccionar su declaración, así como para realizarlas a través de la nueva 'app', una de las principales novedades de la campaña.

Asimismo, desde el pasado 8 de abril los contribuyentes pueden solicitar de forma previa el servicio de atención presencial de la AEAT para la confección y presentación de la declaración en las oficinas, que comenzó el 10 de abril, sumándose a la presentación telemática y por teléfono que se podía realizar desde el pasado 4 de abril.

Las principales novedades de la campaña son la nueva aplicación móvil de la Agencia Tributaria, que se puede descargar desde el pasado 15 de marzo en las plataformas de Apple y Android; y la solicitud de la cita previa para el Plan 'Le llamamos', por el que la AEAT llama a los contribuyentes previa solicitud y les confecciona y presenta la declaración por teléfono.

Hasta la semana pasada Hacienda había devuelto un importe superior a los 6.000 millones de euros, el 63% de lo previsto para la campaña, y se habían presentado más de 16,9 millones de declaraciones, el 85% de lo estimado, según informan fuentes de la Agencia Tributaria.

La AEAT prevé que en la Campaña de la Renta 2017 se registren 19,94 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 1,1%, de los que 16,65 millones serán individuales (+2%) y 3,29 millones conjuntas (-3,4%).

De ese total, 13,77 millones darán derecho a devolución, un 2% menos, por un importe de 9.468 millones de euros, un 5,3% menos, mientras que 5,24 millones saldrán con resultado a ingresar, un 8% más, por importe de 9.621 millones, un 4,9% más.

Asimismo, estima unas 925.000 declaraciones negativas y otras, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al año anterior. Con estas cifras, la AEAT calcula que se registrará un resultado neto positivo de 153 millones de euros, frente al negativo de 823 millones de euros del año pasado.

El organismo realizará unos 136.000 avisos a contribuyentes que ha detectado con pisos en alquiler ofertados en Internet y algo menos de 300.000 avisos por los bonos de fidelización del Santander, así como a quienes hayan regularizado cláusulas suelo.

Peperos al borde de un ataque franquista de nervios / Máximo Pradera *

Mi padre, Javier Pradera, que al frente de Alianza Editorial, tuvo que negociar infinidad de contratos de edición, tenía una máxima que me repetía siempre: Si quieres tener éxito en una negociación, deja siempre que el último euro se lo lleve la otra parte.

 

Su talante moderado y pactista le llevaba a tomarme el pelo cuando me veía metido en pleitos o amenazando con ellos. Siento decirte, hijo mío, que lo tuyo es un trastorno mental llamado querulancia.

 

Al igual que Abraham Lincoln, Pradera estaba convencido de que no hay nada más estresante y angustioso (pleitos tengas y los ganes, dicen los gitanos) que un litigio.

Quienes vuelvan a ver hoy el programa de RTVE Tengo una pregunta para mí dedicado a la Memoria Histórica, en el que Basilio Baltasar entrevista a varios intelectuales (Pradera entre ellos) sobre la polémica ley de Zapatero, se convencerán de que mi padre siempre vio la Transición como una suerte de arreglo extrajudicial. 

Le encantaban las películas americanas de juicios y el modo en que fiscales y abogados estadounidenses luchan siempre hasta el último minuto por ahorrarle tiempo y dinero al contribuyente, cerrando un acuerdo privado entre las partes. Tengo más que constatado que en España tiramos más bien hacia el polo opuesto. Somos capaces de ponerle una demanda a nuestro casero solo porque se niega a cambiarnos la junta de goma de un radiador.

De Shlomo Ben Ami (un híbrido  de político e intelectual por el que sentía gran admiración) Pradera tomó la frase La paz y la justicia son incompatibles.

 

En el sentido de que si de verdad quieres llegar a un acuerdo con la otra parte (en Madrid o en Jerusalén), no puedes emperrarte en que prevalezca un estricto cumplimiento de la justicia: debes permitir, como hacía Pradera en Alianza Editorial con los siempre voraces agentes literarios, que el último euro (por más que  sepas que en puridad te corresponde) se lo lleve la otra parte.

La Transición (decía mi padre) fue una negociación parecida. Los famosos cautivos y desarmados del Ejército Rojo que no fueron exterminados por el sanguinario dictador y se pudrieron en la cárcel durante largos años, así como los exiliados de la República (unos 500.000, según los historiadores más solventes), llegaron a la conclusión, en 1978, de que les compensaba la paz, aunque tuvieran que hacer grandes cesiones.

Lejos de valorar el esfuerzo notabilísimo que llevaron a cabo los perdedores de la Guerra Civil por no llegar a la Ruptura, la derecha española aún se ríe de ellos, con frases a lo Pablo Casado Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién o a lo Rafa Hernando Algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarlo.

 

El deseo de paz era tan grande en aquellos años, que los rojos renunciaron a buscar los restos de sus familiares y aceptaron convivir con engendros como el Valle de los Caídos o la placa de homenaje a la Legión Cóndor que Ruiz–Gallardón se negó a retirar del cementerio de la Almudena cuando fue alcalde de Madrid.

Pero de la misma manera que en derecho existe algo llamado novación modificativa del contrato, el pacto de la Transición puede y debe ser renovado. Y debe serlo por las mismas razones por las que se cerró el del 78: porque no es posible la paz si se exige un estricto cumplimiento de la justicia. 

Es cierto que en su día se acordó lo que se acordó, pero la derecha (entre la cual hay buenos abogados) debe entender que ningún contrato es para siempre, y que hoy la mayoría de la población española está a favor de esa novación modificativa del acuerdo que fue la Transición. 

Eso afecta tanto a la necesidad imperiosa de cambiar la Constitución (algo a lo que el PP se resiste como gato panza arriba, al grito de Pacta sunt servanda; Santa Rita, lo que se da no se quita, para los que aborrezcan los latinajos) como a admitir sin refunfuñar que el Estado debe ayudar a que los represaliados del franquismo recuperen los restos mortales de sus deudos.

Y atañe también, como no, al Valle de los Caídos. Hay que sacar los restos de Franco y José Antonio de esos lúgubres sepulcros donde reposan desde hace demasiado tiempo y entregarlos a sus familias, como se ha hecho ya con Mola y Sanjurjo –dos de los cerebros del Glorioso Alzamiento– en Pamplona. 

Hay que desmontar también esa ominosa y prepotente cruz de 130 metros, porque es el símbolo de la Cruzada, la sanguinaria operación ilícita de rescate espiritual de la patria en la que se embarcó Franco al grito de Salvaré a España del marxismo aunque tenga que fusilar a la otra media.

 

Y como dice el profesor Julián Casanova, hay que retirar de una vez por todas la Guerra Civil del debate político e introducirlo en los libros de texto.

Para que los españoles (que desconocen en su mayoría lo que de verdad ocurrió en la Guerra Civil) se puedan carcajear cada vez que un político tortillero e ignorante dice bobadas como las de Rafa Hernando: La República trajo un millón de muertos. Ni fueron un millón (500.000, a lo sumo), ni los trajo la República.

La República trajo, en esencia, la abolición de los privilegios de los ricos y los poderosos. Y los muertos los trajeron aquellos que, como Franco, Yagüe y Mola, exterminaron a media España (150.000 muertos solo en la retaguardia) con tal de conservarlos.

(*) Columnista

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/13952/peperos-al-borde-de-un-ataque-franquista-de-nervios/

Las tasaciones de viviendas para hipotecas suben un 8,4% hasta marzo

MADRID.- El número de tasaciones de viviendas con fines hipotecarios se incrementó un 8,44% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2017, según la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

El total de las tasaciones efectuadas entre enero y marzo por las 24 sociedades que constituyen la AEV fue de 284.429 valoraciones completas efectuadas, lo que supone un descenso del 5%.

La patronal explica esta caída, la primera en cuatro años, por el número de valoraciones ligadas a requerimientos contables de las entidades financieras, que estima cercano al 17%, debido a la "venta masiva" de carteras de activos inmobiliarios "que se está produciendo" en los últimos meses.

Las entidades financieras, según AEV, están sacando estos inmuebles de los balances bancarios y eliminan así la obligatoriedad de seguir tasándolos periódicamente.

AEV destaca en una nota que, por primera vez desde el inicio de la recuperación, ha descendido el número de tasaciones con fines hipotecarios de edificios en proyecto durante el primer trimestre.

En concreto, cifra este descenso en casi 700 unidades con respecto al primer trimestre del año pasado, hasta cerca del millar de proyectos.

La secretaria general de AEV, Paloma Arnaiz, advierte de un "cierto cambio de composición" de la actividad de las tasadoras, que a su juicio pasarán "paulatinamente a destinar la mayor parte" de sus recursos a la tasación con finalidades hipotecarias.

Lo explica por la venta de carteras que están llevando a cabo las entidades financieras y añade, como novedad para la labor de las tasadoras, el asesoramiento a fondos de inversión y otros nuevos actores en el sector.

Las cotizaciones no cubren la esperanza de vida de los jubilados: se 'agotan' tras 12 años de pensión

MADRID.- Las cotizaciones sociales que un trabajador acumula durante toda su vida laboral se agotan en unos 12 años, esto es, que una vez transcurrido ese periodo de tiempo la Seguridad Social ya habría abonado a los jubilados lo equivalente a los derechos que generaron con sus aportaciones al sistema, según los cálculos de El Mundo. 

Sin embargo, la esperanza de vida supera de manera holgada esa cifra, tanto que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), los españoles viven una media de 83 años. 

Y si se acude a la misma fuente, se observa que, en el momento de poner fin a su vida laboral, los jubilados presentan hoy una esperanza de vida de unos 21 años superior, lo que indica que vivirán hasta los 86. Por lo tanto, y aunque la Seguridad Social es un sistema de reparto en el que los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados actuales, resulta evidente que el desfase existente entre el periodo que acumulan las aportaciones y el que se prolonga la prestación supone otro punto de presión para el diezmado sistema.
«La Seguridad Social española es muy justa. De hecho, es injusta por exceso, porque a los 12 años de haberte jubilado te ha devuelto todas tus cotizaciones», explica José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y presidente del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones. 

Por ello, entre otros motivos, Herce es un defensor de la necesidad de elevar la edad de jubilación de manera notable y de acometer una profunda reforma en el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Eduardo Bandrés, director de economía pública de Funcas eleva el periodo en el que se agotan las cotizaciones. En su opinión puede llegar hasta los 15 años en función del régimen, pero aun así ese tiempo sigue siendo inferior tanto a la esperanza de vida actual como a la que presentan los nuevos pensionistas.  

Este aumento de vida y desajuste respecto a lo cotizado se suma, además, a que las prestaciones son cada vez más altas y numerosas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicó ayer que en el actual mes de junio, y por primera vez en la historia, la nómina mensual de las pensiones superó los 9.000 millones de euros. 

De esta manera, la nómina mensual de las pensiones prosigue con el marcado ascenso que viene experimentando en los últimos años. De hecho, si se hace una comparativa con la situación de hace 10 años, se observa que en 2008 la factura era de 6.138 millones de euros, lo que supone que en la última década se ha disparado un 46%.

Este espectacular incremento viene dado, como ya se ha señalado, por el mayor importe de las pensiones y por el aumento de las mismas. «La pensión media de jubilación asciende a 1.083 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado», explicaba el informe mensual publicado por Trabajo. 

De nuevo, si se hace una comparación con lo que ocurría antes del inicio de la crisis, el resultado es que se ha producido un incremento de más de 250 euros al mes de media. Asimismo, «la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 937,19 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,8%» y unos 220 euros más que en 2008.
Y en cuanto al número total de prestaciones, los datos de la secretaría de Estado de Seguridad Social evidencian que el sistema «supera los 9,6 millones de pensiones contributivas, un 1,13% más respecto al año pasado». 

«Más de la mitad», añade Trabajo, «5.919.154 concretamente, son por jubilación», que son precisamente las que presentan una mayor cuantía media. «2.359.486 corresponden a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor de familiares», añade.
En este complejo contexto, el propio Gobierno reconoce que la Seguridad Social se encuentra en una situación de déficit casi crónico, tal y como apuntó la semana pasada la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Santander. Para atajarlo, Valerio ya ha afirmado que el Ejecutivo se plantea buscar nuevas vías de ingresos a través de impuestos e impulsar una mayores cotizaciones a través de incrementos salariales.

Informe del Tribunal de Cuentas europeo sobre el AVE: pocos pasajeros y sobrecostes

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado este martes un informe sobre la red ferroviaria de alta velocidad europea en el que denuncia la falta de pasajeros en algunas de las líneas españolas y sobrecostes en las obras, así como que los trenes circulan en algunos casos a una velocidad muy inferior a la prevista.

Los auditores europeos han visitado España, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Austria para analizar el gasto en más de 5.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, lo que representa alrededor del 50% del total del bloque comunitario. Su principal conclusión es que, aunque "la longitud de las redes nacionales de ferrocarril de alta velocidad está en crecimiento, no se alcanzará el objetivo de triplicar la longitud de las líneas hasta los 30.000 kilómetros en 2030".

En concreto, el documento analiza diez líneas de alta velocidad (entre las que se encuentran el Eje Atlántico gallego y las líneas Madrid-León, Madrid-Barcelona-frontera francesa y Madrid-Galicia) y cuatro interconexiones transfronterizas (entre ellas, Madrid-Lisboa, Figueras-Perpiñán y la 'Y vasca').

El documento resalta que España es el Estado miembro que ha recibido más fondos europeos para invertir en redes ferroviarias de alta velocidad, con 11.200 millones de euros desde el año 2000 hasta 2017. Esto representa el 47% de los 23.700 millones de euros que la UE ha desembolsado a todos los países en el mismo periodo de tiempo.

A nivel general, los auditores europeos han detectado que los análisis coste-beneficio "no se usaron adecuadamente" y que "la decisión de construir líneas de alta velocidad se basa habitualmente en consideraciones políticas". 

 "En España la mayoría de los informes tienen ratios coste-beneficio muy bajos y algunos no eran viables desde una perspectiva socioeconómica", señala el informe.

Además, dos líneas españolas de alta velocidad (el Eje Atlántico y Madrid-León) registraron un número de pasajeros bastante inferior al umbral de nueve millones (o seis en su primer año de funcionamiento) que establece la UE para que sean viables. Si se tiene en cuenta el nivel de "pasajeros potenciales" en cada área, el informe denuncia que las inversiones tampoco serán viables en las líneas Figueras-Perpiñán y en la 'Y vasca'.

Sobrecostes y menor velocidad

En relación a los sobrecostes, la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa es la que más se ha desviado entre las españolas con respecto a su presupuesto original (un 38,5%, hasta los 12.109 millones de euros), seguida de Madrid-León (un 33,3%) y el Eje Altántico (un 26,3%). El informe no aporta datos sobre la línea Madrid-Galicia.

No obstante, el mayor sobrecoste entre las líneas auditadas corresponde a la conexión Stuttgart-Múnich, cuyo presupuesto original era de 1.800 millones y se ha disparado un 622% hasta los 13.273 millones. Las obras de esta vía, además, siguen en marcha.

Con respecto a la velocidad real de los trenes, la línea Madrid-Galicia circula a una velocidad alcanza sólo el 29% con respecto a la prevista (110 kilómetros por hora, frente a los 350 kilómetros por hora esperados). 

Esto ocurre también en las conexiones Madrid-León (39%), Eje Atlántico (50%), Madrid-Barcelona (54%) y Figueras-Perpiñán (36%).

El informe también recoge los años que tardaron en completarse las obras de cada una de las líneas, que asciende a 16 años en el caso de la conexión Madrid-Barcelona-frontera francesa y alcanza los 25 años si se cuenta desde que comenzó a planificarse. 

A su vez, la línea Madrid-Galicia tardaría 18 años en construirse si se cumple el plazo de terminarla en 2019, mientras que se tardó 14 años en finalizar las obras del Eje Atlántico y de la conexión Madrid-León.

Los jóvenes españoles siguen emigrando: son el doble de los que vuelven

MADRID.- Los jóvenes españoles siguen yéndose de España. El saldo migratorio entre los jóvenes (20-40 años) nacidos en España desvela que en el año 2017 se fueron 23.000 personas mientras ‘solo’ 10.000 jóvenes de esa franja de edad volvieron, según www.elboletin.com. 

Una cifra similar a todos aquellos jóvenes que tienen nacionalidad española y que participaron en movimientos migratorios: la emigración afectó a 44.000 de ellos y la inmigración a 25.000.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca los datos sobre las migraciones durante el pasado año. Entre otras, el saldo migratorio positivo. En 2017, la inmigración supuso la llegada de 532.482 personas a España. La emigración, por su parte, registró la partida de 367.878 personas. Un saldo migratorio positivo de 164.604 personas.

Uno de los registros más destacables del informe presentado por el INE es que siguen yéndose más españoles de los que vuelven. Entre nacidos en España y personas con nacionalidad española, se fueron 87.685 personas y volvieron 78.058.

El grupo de edad más afectado por esos movimientos migratorios fue el que comprende entre los 20 y los 40 años de edad. El principal punto de destino, Reino Unido, por lo que el Brexit no parece un inconveniente a la hora de buscar trabajo en el extranjero.

Además de Reino Unido, Francia, Estados Unidos de América, Alemania y Ecuador, fueron los principales lugares donde emigraron los españoles durante el 2017.

“Cabe destacar que en casos como los de Ecuador, Colombia o Bolivia se trata, fundamentalmente, de población no nacida en España o de niños menores de 16 años, lo que parece indicar una migración de retorno de ciudadanos extranjeros que han adquirido la nacionalidad española junto con sus hijos nacidos en España”, asegura el INE.

La emigración de jóvenes españoles (nacidos en España y/o quienes tienen la nacionalidad) ha aumentado paulatinamente en los últimos 4 años. La cifra más alta se produjo en 2015, cuando emigraron cerca de 42.000 jóvenes. Ese mismo año, el retorno de personas dentro de esa franja de edad (nacidos en España y/o con nacionalidad española) no superó los 17.500.

Correos convoca 2.300 plazas de personal fijo en toda España

MADRID.- Correos ha abierto hoy formalmente una convocatoria para proveer 2.295 plazas de personal laboral fijo en toda España, en puestos de reparto urbano y servicios rurales motorizados y no motorizados, agentes de clasificación y atención al cliente. El plazo de inscripción ha quedado abierto desde hoy y hasta el próximo 4 de julio, a través de la página web de Correos.

Las modalidades de contratación serán, con carácter general, a tiempo completo, a excepción de los puestos de agente de clasificación y atención al cliente, que serán a tiempo parcial, preferentemente con jornada de cuatro a cinco horas.
Para el reparto urbano y servicios rurales motorizados, Correos ha convocado 1.170 plazas y para este mismo servicio pero no motorizado, el número de plazas convocadas es de 266.
Las plazas disponibles para agentes de clasificación a tiempo completo alcanzan las 256, y 109 plazas irán a destinadas a este mismo puesto pero a tiempo parcial.
Para la atención al cliente a tiempo completo, Correos ha convocado 294 plazas, en tanto que a tiempo parcial habrá 200 puestos para cubrir.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera la convocatoria anunciada por Correos como "positiva aunque insuficiente" y añade en una nota que llega con un retraso de dos años.
CSIF ha denunciado que la convocatoria de otras 1.869 plazas para esta empresa estatal, aprobada en diciembre de 2017, aún no se ha iniciado seis meses después.

El PP estima que en sus primarias sólo votarán "en torno al 7 u 8%" de los afiliados censados

MADRID.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, estima que "en torno al siete u ocho por ciento" de los 860.000 afiliados "en el censo" de la formación votarán en la primera vuelta para elegir al candidato que habrá de suceder a Mariano Rajoy en la presidencia.

"En los últimos congresos autonómicos creo que votó en torno al siete o el ocho por ciento. Creo que la cifra puede andar por ahí", ha señalado en una entrevista en TVE en la que ha afirmado que "no va a haber una gran diferencia entre el congreso autonómico y el congreso nacional en términos de participación".
Aunque Martínez-Maillo ha reconocido que no tiene las cifras concretas porque "se están incorporando algunas provincias" y aún "tiene que analizarlo el comité", sí ha apuntado que "son 860.000 en el censo" del PP. Por eso, si como ha afirmado, la participación "va a ser muy parecida" a la de los congresos autonómicos, serían entre 60.000 y 69.000 los militantes 'populares' que votarían candidatura.
El coordinador 'popular' ha atribuido esta baja estimación a que los afiliados del partido "no están acostumbrados al proceso que se abre en la formación para elegir presidente" y ha reconocido que la cifra de participación "puede resultar llamativa".
En todo caso, considera que "habría que preguntar al resto por qué no quieren participar".
La cifra de afiliados que ha facilitado tampoco está cerrada y aún se encuentra en revisión. Según ha explicado, en el PP estaban trabajando para adaptar el censo a la realidad teniendo en cuenta "la baja, el alta y las modificaciones vía online", un proceso que "se interrumpió" con la moción de censura y el cambio de Gobierno. Este lunes, la hasta ahora secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, cifró la militancia en algo más de 780.000 personas.
Con todo, Martínez-Maillo ha recordado que el proceso tendrá una primera vuelta el 5 de julio en la que votarán estos afiliados y una segunda donde sólo pueden participar los compromisarios.
"No sé si los compromisarios notables son muchos, son los que tienen la última palabra. Hemos establecido este sistema reforzado en el que los afiliados en la primera votación eligen a un compromisario y un precandidato", ha comentado.Por otra parte, el diputado 'popular' ha celebrado "la diversidad" de las seis candidaturas a presidir el PP y considera que es "una auténtica lección" que, mientras en otros partidos se necesitan casi 9.000 avales para presentar candidatura, en el PP bastan 100 apoyos para concurrir.
"No creo que sea malo tener más de una candidatura y que podamos llegar a un acuerdo, no existe ningún riesgo de ningún tipo de fractura. A la mayor parte de las candidaturas le separan matices, ni siquiera cuestiones de fondo, y a veces son más personales que otra cosa", ha subrayado Maillo en relación a los programas de los distintos candidatos.
Respecto a la petición del candidato José Manuel García-Margallo de crear debates entre los distintos postulantes para discutir sobre los programas, Maillo ha explicado que esa idea "se descartó por las dificultades de ser una campaña muy corta" y que ya existe "un libro de patrimonio ideológico del partido".
Respecto a la apuesta de la precandidata María Dolores de Cospedal de unificar en una lista conjunta a los dos candidatos que resulten de la primera votación, Maillo ha añadido que "incluso esa unificación de listas se puede hacer ya, hasta el último día de la primera votación", aunque, "dependerá de los candidatos".

Macartismo universitario / Ramón Cotarelo *

En los años cincuenta del siglo XIX, Karl Marx, exiliado en Londres desde 1849, solicitó la nacionalidad británica, que le fue denegada. Se conserva el informe que el policía que lo atendió elevó a sus superiores dando pie a la negativa porque, decía el probo funcionario, "el hombre no ha sido leal a su Rey y su País". 

No ser leal a un rey y una patria permite sin duda pensar por inferencia que tampoco se será a otro rey y otro país. No estoy muy seguro de si cabe vincular la nacionalidad de un país a la lealtad o falta de lealtad del solicitante a otro rey pero estoy dispuesto a admitir que, si se trata de conseguir la ciudadanía de un lugar, esta petición tiene algunos (pocos) visos de verosimilitud.

En donde no los tiene es en la actividad de la Academia, de la Universidad que, como su nombre indica, está por encima de estas obediencias terrenas. Salvo que se esté hablando de España y la Universidad española en donde a veces se aplican criterios políticos y partidistas para tomar decisiones que debieran obedecer a fines exclusivamente académicos; en donde los profesores actúan como comisarios políticos del régimen y purgan a los adversarios de este, no por razón de sus méritos de estudio, sino de su doctrina política.

Obviamente, no se trata de que esta tradición de inquisidores respete el principio de libertad de cátedra que es propia del Occidente civilizado, cuando las Universidades acogían generosas a estudiosos perseguidos en otros lugares por sus opiniones, como sucedió, por ejemplo con Campanella en la Sorbona y muchos otros. Ya se sabe que el liberalismo jamás germinó en el solar español, ni siquiera en sus universidades.

Pero, cuando menos, estaría bien que disimularan. Hace una fechas, mi departamento de la UNED acordó negarme la condición de "colaborador honorífico", imprescindible para renovar la de profesor emérito. Los promotores trataban de hacerme daño. Su argumento, el único que se expuso por boca de un profesor a tiempo parcial y plumilla de "El País" a tiempo completo (y al que, en el ínterín, han echado de su cargo en el diario), Torreblanca, fue que, en mi condición de funcionario público estoy obligado a mostrar la lealtad y el respeto a las instituciones españolas que a él le parezca bien y no puedo manifestar determinados puntos de vista que se le antojan condenables.

Sin embargo, nadie, al parecer, (yo, lógicamente, no estaba presente) levantó la voz para decirle al Macarthy de turno que, aunque eso fuera cierto, que no lo es, no corresponde a un departamento universitario tomar decisión alguna restrictiva de derechos de su profesorado por razones políticas y no académicas. Para eso están los jueces, a los que el departamento ha suplantado. 

El fondo de la cuestión, claro, es mi posición favorable a un República Catalana independiente que profeso con el mismo derecho con el que otros profesan que Catalunya debe ser una región de España o, incluso menos que eso: el derecho de la libertad de pensamiento y expresión que no se puede reservar a los amigos y negar a los adversarios  so pena de quedar como lo que se es, un franquista.

No tiene mayor importancia. El impulsor se limitó a sacarse una espina personal por una controversia que habíamos tenido en las redes y de la que, por supuesto, no informó a los otros miembros, aunque varios de ellos, sin duda, la conocían. Otro departamento, Sociología I, actuando con criterios de rendimiento profesional y no macartistas al servicio de la derecha (y de la derecha ciudadana), decidió acogerme.

Queda claro que, si en la Universidad española hay profesionales competentes que se atienen a los principios académicos, también sigue habiendo los inquisidores de siempre, sin mérito ni categoría, que solo tratan de hacer daño. Sin conseguirlo, porque ignoran la gran enseñanza de Sócrates de que vale más sufrir la injusticia que infligirla. 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Carlos Egea Krauel imputado por administración desleal en Caja Murcia por parte del Juzgado de Instrucción nº 7

MADRID.- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, reabrir la causa por un delito de administración desleal contra el ex presidente ejecutivo de Caja Murcia y Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea Krauel, ahora consejero ejecutivo de Bankia, que está imputado en el procedimiento, según adelanta hoy Vozpópuli.

"Se dirige la presente causa contra Carlos Egea Krauel en su condición de investigado por presunto delito de administración desleal", especifica el auto de 18 de junio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que apunta que el procedimiento podría ser dirigido contra otros posibles "partícipes" en el delito.

Este delito, que el juez considera que presuntamente fue cometido en la gestión de la entidad Caja Murcia, posteriormente BMN, "debe ser imputado inicialmente al investigado Carlos Egea Krauel", reitera el auto.

La Audiencia de Murcia ha reabierto así una causa archivada tras una denuncia de Jesús Plaza Piñeyro, un exempleado despedido de Caja Murcia contra Egea. Le acusa de distintas irregularidades durante su etapa en Caja Murcia y BMN. El juez no vio inicialmente indicios de delito y la archivó, pero el tribunal superior ha considerado que debe investigarse, aunque sin citar de momento a Egea y sí al denunciante.

Consultado por este medio, Egea se mostró ayer "convencido de que su actuación y la de Caja Murcia fue totalmente correcta y reclamó que la causa se instruya a la mayor velocidad posible para que así se demuestre”.

El instructor, que ha citado a declarar como testigo al denunciante de los hechos, también pretende interrogar al responsable legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el organismo público que inyectó 1.645 millones de euros al banco resultante de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra.

El Frob, perjudicado

El juez también ofrece al Frob la posibilidad de ejercer acciones legales contra Egea, como perjudicado. Reclama a este organismo que le informe acerca de las gestiones realizadas tras ser informado de la denuncia.

"Requiérase para que informe [...] de la realidad de los hechos denunciados, identidad de las personas que hubieran tomado decisiones para aquellas actuaciones y sobre cualquiera otras circunstancias que permitan valorar si las actuaciones denunciadas han supuesto un importante beneficio para algunas personas en perjuicio de la entidad Caja Murcia, ahora BMN", especifica en este sentido el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. 

El Frob investigó toda la gestión de la entidad liderada por Egea -como la del resto de grupos que recibieron ayudas públicas- hace ya años sin encontrar irregularidades del expresidente.

Asimismo, el instructor se dirige al Servicio de Inspección del Banco de España para que les informe si ha llevado a cabo alguna investigación en base a los hechos denunciados: "Debiendo remitir informe de lo resuelto en su caso", indica la resolución del juez José Fernández Ayuso.

La causa contra el consejero ejecutivo de Bankia, una de las personas más conocidas en la Región de Murcia por su largo periplo en la presidencia ejecutiva de Caja Murcia, fue inicialmente archivada por el juez de primera instancia murciano.

Audiencia de Murcia

Pero la Audiencia Provincial de Murcia, con el magistrado Francisco Navarro Campillo como ponente, reabrió la causa, tras interponer el abogado José Luis Mazón un recurso, con un auto en el que especificaba: "Los hechos denunciados por la apelante ciertamente pudieran constituir indiciariamente un presunto delito de administración desleal, por lo que no comparte la Sala la inicial decisión instructora de archivo provisional de la causa".

El recurso del abogado Mazón, que ha asesorado al denunciante, empleado de Caja Murcia durante 32 años, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica los hechos presuntamente atribuidos al expresidente de Caja Murcia: "La concesión de prebendas, premios y préstamos personales y anticipos de nómina a empleados (fondos de reptiles) por su adhesión inquebrantable a los designios del 'caudillo' de la entidad, Carlos Egea, y preboste regional que conoce altos jueces, fiscales, delegados y directores generales".

Y los empleados presuntamente beneficiados, según el recurso del letrado Mazón, consiguieron mejorar sus indemnizaciones "camuflándolas" como operaciones "legítimas que paga el erario público que desembolsó 915 millones en el rescate".

Ventas perjudiciales

Además, el denunciante acusa a Egea de despatrimonializar Caja Murcia al vender sus oficinas más representativas en condiciones "escandalosas": "Se vendían a precios perjudiciales para la entidad, se conceden préstamos a los nuevos adquirentes, y pagando acto seguido a los prestatarios unos alquileres muy por encima del tipo de interés de los préstamos". Estos son los conocidos como 'sale and lease back' (venta y posterior alquiler) al que casi todos los bancos recurrieron al comienzo de la crisis.

El denunciante ve la operación así: "La Caja pierde patrimonio y los afortunados compradores ganan no sólo la propiedad, sino que reciben por los conceptos de alquiler un rendimiento equivalente al 8%. Absolutamente impensable para cualquier inversor y absolutamente ruinoso para la Caja".

La denuncia también apunta otras presuntas irregularidades, como por ejemplo la indemnización de 150.000 euros de la que se benefició el ex subdirector general y secretario general de Caja Murcia Federico Ros Pérez tras ser despedido; los préstamos personales y anticipos de nómina que se conceden al ex director de Recursos Humanos Jerónimo García Abellán, que acaban primero en el Departamento de Impagados y después a a la situación de "Fallido Definitivo", con un saldo pendiente de 52.303,93 euros, en fecha 30 de marzo de 2012.

Otras presuntas irregularidades cometidas por Carlos Egea son, según la denuncia, condonaciones "a dedo por favores realizados a ex jefes de zona que también salían por la puerta grande". Como es el caso, siempre según la denuncia, del directivo Joaquín Martínez Asensio, cuyo préstamo de 27.514 euros se resuelve con un movimiento de “condonación contencioso”.

Presidente de Caja Granada

El despido pactado del ex director de la Oficina Principal de Murcia y jefe del Departamento de Clientes Institucionales, Juan Miguel Sánchez Caballero, también está bajo sospecha, ya que el denunciante asegura que también recibió un trato de favor por recibir "una jugosa cantidad", que cifra en más de 250.000 euros, y ser beneficiario de la condonación de dos préstamos de 54.847 euros y 41.523 euros.

Manuel Alonso Martínez, del Departamento de Marketing también solicitó un anticipo de nómina de 20.000 euros, que también pasó a ser considerado por Caja Murcia como "fallido definitivo".

Por su parte, el ex director general de Caja Granada Manuel López Robles recibió con el concepto de "abonos varios", completa el denunciante, más de 469.000 euros para compensar su despido, que la denuncia especifica que fue "voluntario".

La denuncia también alude a otras presuntas irregularidades cometidas desde Caja Murcia: "esta Caja era práctica habitual la condonación de deudas completas o parciales, [...] las cancelaciones de operaciones 'por que sí', y de las que tengo ejemplos que se remontan al año 1988: desde presidentes de Comunidades Autónomas hasta Cofradías de Semana Santa, pasando por Federaciones de Fútbol, o particulares amigos del amo del cortijo".

Bankia no ve razones para apartar a Egea

La imputación de Carlos Egea no afectará a su cargo como consejero ejecutivo de Bankia. El banquero murciano entró en el órgano de gobierno de la entidad nacionalizada a comienzos de año, como representante de la fusionada BMN.

Desde Bankia explican que, entonces, Egea pasó el test de idoneidad que afrontan todos los consejeros de la banca, sin ninguna pega. Incluso, añaden, se examinó la denuncia que ha dado fruto a la imputación.

"Esta denuncia ya se conocía cuando se analizó la idoneidad de Carlos Egea como consejero y superó todos los procedimientos. No obstante, la Comisión de Nombramientos volvería a examinarlo en caso de que procediera”, señalan desde Bankia.

Egea es uno de los cuatro consejeros ejecutivos de Bankia, junto al presidente, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero delegado, José Sevilla; y el director general de Personas, Medios y Tecnología, Antonio Ortega.

Trayectoria

El banquero murciano, de 71 años, comenzó su trayectoria en Caja Murcia en 1976. Siete años después fue nombrado director general y, en 2008, presidente. 

En 2010 lideró la fusión de Caja Murcia con otras tres entidades: Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès, con la inyección de las primeras ayudas públicas. Penedès fue la caja que más problemas aportó al grupo resultante, BMN. 

Durante los años siguientes, y tras una nueva inyección pública en 2012, Egea dirigió BMN para mantenerla en solitario e incluso sacarla a bolsa. Fue imposible, y el Frob decidió que lo mejor para el Estado era unir la entidad a Bankia, hasta ahora.

En todos estos años, y a pesar de la revisión exahustiva del Frob con informes forensic, Egea no se ha visto envuelto en ningún caso de presuntas irregularidades. Al contrario, destapó la causa de las prejubilaciones irregulares en Penedès, por la que hubo condena en la Audiencia Nacional.

Fijan en 150.000 euros la indemnización a un trabajador de banca 'por daños morales'

VALENCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la entidad Banco de Santander SA a la mayor indemnización a un trabajador en España por daños morales, establecida en 150.000 euros en el fallo de la sentencia ante los recursos de ambas partes contra la fijación anterior en sentencia de 50.000 euros por el juzgado de lo social nº 7 de los de Alicante a Javier Fernández de Diego representado por el letrado del Colegio de Abogados de Murcia, Antonio Checa de Andrés (en la imagen).

La Sala confirma la sentencia de instancia recurrida salvo en lo relativo a la indemnización a satisfacer al demandante por la entidad bancaria en concepto de daños morales, que se cuantifica ahora en 150.000 euros frente a los 50.000 fijados en primera instancia.

Entre los fundamentos de derecho, la Sala integrada por tres magistradas (Isabel Moreno de Viana Cárdenas, María Mercedes Boronat Tormo y María del Carmen López Carbonell) estima que "la sentencia de instancia considera acreditada, desde hace varios años, una conducta de acoso y hostigamiento al actor por parte de la entidad Banco de Santander, durante varios años, que culmina en un traslado forzoso desde la localidad de Alcoy (Alicante), hasta Tarragona, que considera vulnera sus Derechos Fundamentales, habiéndose diagnosticado al actor de un trastorno adaptativo consecuente a la situación laboral".

El letrado señor Checa en su recurso, solicitaba que la indemnización se cuantificase, no en atención a los parámetros de las sanciones de grado medio establecidos en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), sino en los establecidos para las sanciones mas graves de 100.000 a 187.515 euros, valorando las consecuencias que para el actor ha tenido la conducta empresarial.

Por contra, la citada entidad bancaria niega la situación de acoso y hostigamiento que se afirma producida hacia el actor, y que ha afectado a su salud.

Sin embargo, para la Sala "el actor se encuentra diagnosticado de trastorno adaptativo secundario a problemas laborales, que se encuentran documentados por psiquiatra. A la vista de tales datos la sentencia de instancia ha considerado acreditada una situación de acoso y hostigamiento con resultado lesivo para la salud del trabajador, que ésta Sala comparte, en base al concepto legal de acoso consistente, tal y como señala la sentencia de instancia, y que no cabe reiterar, en una conducta que, de modo individualizado, implica un trato desigual y ocasiona un daño igualmente individualizado".

Por lo que se refiere a la situación de acoso, por sucesivos traslados, asi como absoluto ninguneo de sus peticiones de traslados y apoyos, "la Sala se muestra acorde con los razonamientos de la instancia que, en base a la documental y testifical pone de relieve la anormalidad de las sucesivas comisiones de servicios, alguna de ellas hasta nueva orden o por tiempo de seis meses, asi como su atribución mayoritaria al actor, incluso cuando el actor se encontraba ya de baja por trastorno depresivo, a la cual siguieron, tras su mejoría, once comisiones mas por diferentes días hasta la atribución definitiva de plaza el 23.09.2015, a la que siguieron nuevas comisiones".

Y añade: "Dado que existe una directa relación causa-efecto entre la conducta empresarial y las dolencias psiquiátricas del actor que están plenamente acreditadas, debemos estimar que las mismas son consecuencia directa de la conducta de hostigamiento y acoso a la que ha sido sometido". 

Estima la Sala que "claramente puede atribuirse a la empresa una responsabilidad patrimonial mayor que la declarada en la instancia, en atención a los criterios señalados por el trabajador. Y ello porque negar los perjuicios al trabajador resulta ciertamente perturbador (...) 

Es evidente que el trabajador ha visto dañada su dignidad profesional y las conductas descritas en los hechos probados de la sentencia de instancia han actuado como causa desencadenante de un proceso psiquiátrico cuya lesividad no debe desconocerse, amen de tratarse de conductas activas u omisivas claramente despreciativas y que evidencian la existencia de toda empatía ante la situación ajena, por lo que la afectación a la dignidad del trabajador puede afirmarse sin resquicio alguno.

Por ello, claramente debe aceptarse que la calificación de la conducta empresarial debe ser considerada como una falta muy grave de las previstas en el art 40 c) de la LISOS, que establece un abanico de entre 100.006 a 187.515 euros, fijándola en su grado medio, que prudentemente se cuantifica en 150.000 euros".
Por tanto procede, "reiterando la argumentación de la instancia, que se completa con los argumentos antedichos, desestimar el recurso de suplicación interpuesto por la entidad Banco de Santander SA y estimar el del Sr. Fernandez de Diego, cuantificando la indemnización a percibir por éste de la citada entidad bancaria en 150.000 euros".

En su fallo la Sala del TSJCV dice que "desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de Banco de Santander, y estimamos el interpuesto por el trabajador don Javier Fernandez de Diego contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Alicante, de fecha 8 de mayo del 2017, en virtud de demanda presentada a instancia de don Javier Fernandez de Diego; y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida salvo en lo relativo a la indemnización a satisfacer al demandante por la entidad bancaria en concepto de daños morales, que se cuantifica en 150.000 euros".


http://www.murciaconfidencial.com/2017/05/el-letrado-murciano-antonio-checa-le.html 

¿Qué es la ‘posverdad’ (post-truth)? / Guillermo Herrera *

Esta palabreja se ha puesto de moda entre los advenedizos de la modernidad pero provoca alarma entre los periodistas decentes, porque esconde intenciones aviesas que voy a tratar de averiguar.

Posverdad o mentira emotiva es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales.

En cultura política, se denomina política de la posverdad a aquella en la que el debate se enmarca en apelaciones a emociones desconectándose de los detalles de la política pública, y por la reiterada afirmación de puntos de discusión en los cuales se ignoran los hechos reales. Se resume en la idea de que "el que algo que aparente ser verdad es más importante que la propia verdad".

David Roberts acuñó el término "política de la posverdad" en un blog para la revista electrónica Grist el 1 de abril de 2010, donde la definió como "una cultura política en la que la política (la opinión pública y la narrativa de los medios de comunicación) se han vuelto casi totalmente desconectadas de la política pública (la sustancia de lo que se legisla)".

Para el sociólogo Félix Ortega la manipulación de la información hace que el público no pueda conocer qué es verdad y qué falsedad. Esto se debería a la transformación de la comunicación política en propaganda, la pérdida de principios éticos por el periodismo actual y su sometimiento a intereses totalmente particulares así como la puesta en escena de los políticos hacia el espectáculo, la manipulación y la fragmentación de la ciudadanía.

HABLANDO CLARO

Como su propio nombre indica, ‘posverdad’ es lo que viene después de la verdad, que no puede ser otra cosa que la mentira dulcificada, como una gragea amarga, para que sea más fácil de tragar. Es muy bueno que dos y dos sumen cinco, pero no es cierto.

La posverdad es sencillamente mentira o estafa encubierta con el término políticamente correcto de ‘posverdad’, que ocultaría la tradicional propaganda política y el eufemismo de las relaciones públicas y la comunicación estratégica como instrumentos de manipulación y propaganda.

Esta fantasía se puede producir a través de la inteligencia artificial que crea una realidad virtual tan espectacular como un videojuego, pero que no es otra cosa que una distorsión de la realidad.

¿A quién beneficia este engaño? A los de siempre. A los que tratan de manipularnos para convertirnos en zombis hipnotizados por las pantallitas de los móviles que sean muy fáciles de manejar mientras ellos se forran a nuestra costa.

NO ES NUEVO

Parece nuevo pero es viejo, muy viejo. Es lo que viene sufriendo la Humanidad desde hace trece mil años en que se produjo el hundimiento de la Atlántida. ¿Quién es el padre o el rey de la mentira? Las tradiciones espirituales lo llaman el inicuo, el demonio, Satanás o Lucifer, pero tiene muchos nombres y no es uno sino legión de entes oscuros a los que los brujos mejicanos llaman depredadores y cuentan con muchas marionetas entre nuestra especie, especializados en chupar la sangre a la Humanidad.

La alarmante novedad que tenemos ahora es el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada en beneficio de unos pocos y en contra del bien común de toda la Humanidad, que es la libertad y la soberanía de todos y cada uno de los ciudadanos y el beneficio de todas y cada una de sus comunidades. El desarrollo más preocupante es el de las computadoras cuánticas (Rusia está en la vanguardia) porque pueden hacer cosas increíbles, hasta el extremo de que un día pueden convertirse en nuestros amos y nosotros en sus esclavos.

‘POSDEMOCRACIA’

En su libro de 2004 Post-democracy, Colin Crouch utilizó el concepto "posdemocracia" para dar cuenta de un modelo de política donde "el debate electoral público es un espectáculo estrechamente controlado, gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, y considerando una pequeña gama de temas seleccionados por esos equipos."

En 2016, la etiqueta ‘posverdad’ fue especialmente usada para describir la campaña presidencial de Donald Trump, tanto por periodistas y columnistas como por académicos de la ciencia política y la historia de Harvard. La explicación de la posverdad también fue utilizada para describir la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea en el referéndum de 2016.

El mayor arma de destrucción masiva que existe es la mentira, y la mayor liberación de la Humanidad es la revelación de la Verdad. Por lo tanto sigan atentos a este tema y no se dejen engañar.

(*) Periodista

El cambio de Gobierno deja en el aire inversiones en trenes y aeropuertos

MADRID.- El cambio de Gobierno deja en el aire inversiones multimillonarias de las empresas públicas o sociedades participadas mayoritariamente por el Estado como Aena, Renfe, Adif o Puertos del Estado. El plan estratégico del gestor aeroportuario 2018-21,el mayor contrato de compra de trenes de Cercanías de Renfe por más de 1.500 millones de euros o la reprivatización de las autopistas de peaje rescatadas son algunos de los proyectos que el relevo en el Ejecutivo deja en suspenso, según adelanta hoy El País.

Y es que, a diferencia de las grandes propuestas económicas como las pensiones o el salario mínimo, que precisan de leyes que deben pasar por el Parlamento —donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en franca minoría y es difícil esperar que salgan adelante— en los planes de las empresas públicas los responsables elegidos por el Gobierno tienen barra libre, ya que dependen directamente de departamentos como el Ministerio de Fomento, el de Energía o el de Economía.

Previamente, con el cambio en La Moncloa se producirá un relevo obligado en la cúpula directiva de todas estas empresas. Los presidentes de Renfe, Adif, Puertos del Estado o Lotería Nacional abandonarán el cargo en cuanto se constituya el nuevo Ejecutivo y serán sustituidos por otros designados por el Gabinete socialista.

Más dudas suscita el presidente de Aena, participada por el Estado en un 51% y la única de las sociedades de Fomento que cotiza en Bolsa, por lo que se supone que la designación de su máximo responsable depende del consejo de administración y no solo de una decisión política. 

No obstante, se da por seguro que el actual presidente, el murciano Jaime García Legaz, pondrá su cargo a disposición en cuanto se constituya el Gobierno socialista, para que éste designe un nuevo responsable de la sociedad dependiente del Ministerio de Fomento, informaron a El País fuentes conocedoras de la decisión.

Aena es la mayor patata caliente para el nuevo gobierno ya que, al cotizar en los mercados, está sometido a un examen del que carecen el resto de empresas públicas. El consejo del gestor aeroportuario aprobó el pasado 28 de mayo el Plan Estratégico para el periodo 2018-2021, que incluye un programa de expansión internacional y, sobre todo, un generoso plan de pago de dividendos (el 80% del beneficio) que aseguraba unos ingresos mínimos de 500 millones anuales para el Estado en los próximos tres años.

Pese a haber pasado el plácet del consejo de Aena, los nuevos gestores pueden dar marcha atrás o reformar las líneas maestras del plan. Por lo pronto, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha suspendido la presentación pública que iba a tener lugar este lunes, y la propia Aena ha aplazado “hasta nueva fecha” la presentación a analistas prevista para el próximo 7 de junio. En el ámbito inmobiliario, también se quedan en fase de estudio los desarrollos inmobiliarios de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, con cientos de millones de euros en juego.

Compra de trenes de Cercanías

Por su parte, Renfe ha dejado en suspenso el concurso público para la compra de nuevas locomotoras y trenes por una inversión de 1.500 millones de euros durante este año y 2019 que anunció en marzo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Se trata de la primera fase del plan de compra de nuevos trenes que la compañía ferroviaria presentó, pero que no ha pasado aún por el consejo de administración, aunque ya estaban preparados los pliegos, informaron a El País fuentes conocedoras del mismo.

El retraso en el concurso puede suponer un duro golpe a la empresa ferroviaria, que precisa urgentemente de este material ferroviario para cubrir sus necesidades de servicio público. Por ejemplo, solo en Madrid, el plan permitirá cambiar el 60% de los trenes con que se presta el servicio de Cercanías.

También queda pendiente la adjudicación del doble contrato de mantenimiento de trenes que Renfe ha sacado a concurso, que supone realizar estos trabajos en un total de 420 vehículos de Cercanías y Avant durante cinco años por un importe total de 450 millones de euros, según informaron fuentes de la empresa. El doble contrato actualmente en liza abarca casi una tercera parte (el 30%) del parque total de trenes de la compañía ferroviaria pública, que suma unas 1.360 unidades.

El único consuelo en materia ferroviaria es que, con los presupuestos generales del Estado aprobados, se asegura la inversión de 3.000 millones en la Alta Velocidad (AVE).

Autopistas de peaje

El Gobierno tiene pendiente volver a licitar las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado, y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año. El Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa, ya ha asumido asumiendo la gestión y explotación de ocho de las autopistas de peaje, quedando pendiente solo la AP-41 de Toledo.

El Ejecutivo confiaba en obtener 1.000 millones de euros con la relicitación de las autopistas, para volver a ceder su explotación a empresas privadas, según consta en la última actualización del Plan de Estabilidad enviado a Bruselas a comienzos del mes de mayo.

Además, tendrá que lidiar con los procesos judiciales que van a derivar por el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), la compensación que el Estado debe abonar a cada una de las concesionarias por las inversiones que realizaron en construir esas autopistas.

El último cálculo es de 1.800 millones de euros, pero las concesionarias piden más del doble. Tanto el PSOE como sus apoyos nacionales (Podemos) e independentistas (PDeCat y ERC) se han mostrado muy críticos con este plan de reprivatización, por lo que tendrá difícil legislar sobre la materia.

El 'banco malo' se pone las pilas y trocea su cartera por regiones para vender más

MADRID.- El viento parece estar empezando a cambiar en el mercado inmobiliario. La presión al alza de los precios y la mayor escasez de activos de calidad en los dos mercados que han liderado el resurgir del sector en los últimos cuatro años - el madrileño y el barcelonés- están llevando a los inversores a otear oportunidades en otras localizaciones, en busca de rentabilidades que justifiquen su apuesta por España. En los últimos meses, el fenómeno se ha concretado en la dinamización de otros mercados como el de la Costa del Sol o el de Levante, a juicio de La Información.

Los cazadores de tendencias de Sareb, el 'banco malo' creado en 2013 para extraer del balance de la banca española más de 200.000 activos inmobiliarios considerados tóxicos por aquel entonces y gestionar su eventual recolocación en el mercado durante los siguientes 15 años, lo han visto claro y han ordenado un nuevo giro en la estrategia comercial de la entidad para priorizar su dimensión territorial que se concretará, a grandes rasgos, en dos líneas de actuación, según señalan fuentes del banco malo: la extensión de la red comercial de Sareb por toda España para impulsar las ventas en el segmento minorista (ventas a particulares) y el diseño de carteras de activos con criterios territoriales para dar acceso al ingente patrimonio inmobiliario del banco malo no sólo a los grandes fondos de inversión oportunista, como los Blackstone, Cerberus, etcétera, sino también a operadores de menor tamaño e intereses más restringidos a un determinado ámbito territorial.

El paso supone un nuevo enfoque en la estrategia de mercado del banco malo. Al calor de las grandes operaciones de desinversión inmobiliaria cerradas el año pasado por Santander y BBVA con grandes gigantes internacionales como Blackstone o Cerberus, Sareb decidió probar suerte también en la comercialización de 'macrocarteras' y encargó a Goldman Sachs testar el interés real de los grandes fondos internacionales por quedarse con alguna de las grandes carteras de activos inmobiliarios que el banco malo había puesto en mano de los 'servicers', concretamente por la gestionada por Haya Real Estate, compuesta por 59.300 activos y cuyo valor de mercado se estima en el entorno de los 13.000 millones.

Fuentes de la entidad confirman que el prestigioso banco de inversión continúa rastreando el mercado en busca de potenciales compradores para alguna de las macrocarteras de activos que Haya, Altamira, Solvia y Hábitat mantienen en gestión, pero avanzan que la intención de la entidad es buscar un enfoque comercial más territorial "para ampliar el rango de mercado y abrir la cartera de Sareb a inversores con interés más regional". ¿Cómo? Diseñando carteras de activos territorializadas, de menor tamaño, pero que puedan despertar el interés de un perfil de inversores diferente al interesado en las 'macrocarteras'.

Los cinco mercados del banco malo en España

La base de este nuevo planteamiento estratégico lo presentó la directora de la red de servicers del banco malo, Marisela González, en una jornada organizada por Idealista en el marco del último SIMA, y pasa por la segmentación de la cartera de activos de Sareb por cinco grandes espacios territoriales (Ver gráfico): la Zona Noroeste (Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, País Vasco y Navarra, dónde se concentran el 19,6% de los activos del banco malo, pero apenas el 14,5% de las ventas); la Zona Catalano-Aragonesa, más Baleares (24,7% de los activos, 28,1% de las ventas, gracias a Cataluña y Baleares); la Zona Centro (Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura, más Canarias (19,5,% de los activos, 20,89% de las ventas, con grandes diferencias entre el rendimiento de las carteras canaria y madrileña y el resto); la Zona de Levante (18,7 de los activos; 16,3% de las ventas), y Andalucía (10,6% de los activos, 16,3% de las ventas).

Para cumplir estos objetivos el siguiente paso que dará Sareb es ampliar su red comercial territorial, que hasta ahora se limitaba a su presencia en Madrid y Barcelona y a la oferta presentada a través del portal web. En las próximas semanas, Sareb abrirá una nueva oficina en Valencia, para dar servicio al mercado de Levante, y la intención es tener presencia física en cada una de las áreas definidas en el plan estratégico antes de que finalice el presente ejercicio.

Sareb entiende que este esquema permitirá gestionar mejor el amplísimo portfolio que no sin dificultades gestiona la institución, que aún tiene por evacuar cerca de dos terceras partes de los activos recibidos en su día, porque hará que los potenciales inversores conozcan mejor el producto, permitirá afinar más la estrategia de ventas a través de la red comercial y facilitará una gestión más activa de la cartera por parte de los gestores. 

La nueva estrategia del 'banco malo' también permitirá dar soporte a uno de los objetivos marcados por el directorio encabezado por Jaime Echegoyen en orden a facilitar la transformación de préstamos fallidos y crédito promotor en inmuebles. El año pasado el banco malo consiguió convertir más de 1.000 millones de activos financieros en activos inmobiliarios y para este año el objetivo no sólo es mejorar esa cifra sino cerrar una sociedad con un socio industrial (una promotora) para impulsar la actividad del banco malo como promotor inmobiliario. 

El proceso sigue abierto y, después de caerse Via Célere, Aelca y Aedas Homes son los candidatos a conformar la sociedad promotora del banco malo, según confirman desde la entidad.