lunes, 23 de abril de 2018

La banca analiza instalar oficinas multimarca en zonas rurales

MADRID.- El proceso de cierre de oficinas es imparable. No así el del recorte de las plantillas de las entidades financieras. Eso es al menos lo que aseguran tanto en el sector financiero como entre los supervisores bancarios. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, reiteró el pasado día 10 de abril en la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso, que España cuenta “con muchas oficinas en comparación con Europa”, razón por la que el proceso de cierres debe seguir. Durante el pasado año entre bancos y antiguas cajas de ahorros clausuraron 1.379 oficinas al situar su número total en 27.320 locales, según datos que publica hoy Cinco Días.

Nada que ver, no obstante, con los 4.286 cerrojazos que se dieron en 2013, el mayor de la historia. En total, desde que se inició la crisis financiera en 2008 hasta 2017 la red comercial del sector se ha reducido de media un 40%, aunque si solo se analiza el de las entidades asociadas a CECA el porcentaje se eleva a un 44,5%.
Pero las tendencias han ido variando a lo largo de la década de crisis. Así, mientras que inicialmente, el declive de las cajas de ahorros, con sus necesidades de ayudas públicas, desembocaron en una fuerte reestructuración de estas instituciones, ahora son los bancos los que están desprendiéndose de un mayor número de locales. El pasado año los bancos asociados a la AEB prescindieron de 734 agencias, para situar su número en España en 15.074. En el caso de las antiguas cajas los cierres ascendieron a 645 oficinas al contar en diciembre de 2017 con 12.246 oficinas.
En cuanto a las plantillas, el goteo de salidas se mantiene en el sector desde 2009, aunque, como es lógico se va atenuando, aunque el recorte de empleo sigue siendo significativo. En 2017 salieron 4.019 empleados entre bancos y antiguas cajas, número bastante inferior a los 8.551 trabajadores que tuvieron que abandonar sus puestos en 2016, o a los 18.443 que salieron en 2013, el mayor número de la historia como consecuencia del ajuste sufrido en las cajas.
Pero al contrario de lo que pasa en el cierre de oficinas, el goteo de salidas en las entidades asociadas a la CECA siguen siendo superiores. En 2017 dejaron su trabajo en estas firmas 2.398 personas, para situar el número de empleados en 72.344. Mientras que la cifra de despidos se reduce a 1.621 si se analizan solo los bancos de la AEB. 
En conjunto, la plantilla de bancos y excajas ha disminuido un 31,6% en el sector desde 2008, aunque el porcentaje se eleva al 39,3% si únicamente se tiene en cuenta a las firmas adheridas a CECA. Solo en 2017, el recorte de plantilla se sitúa en un 2,1%, que se eleva a un 3,2% en el caso de las asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
Varias fuentes financieras aseguran que tras estos drásticos recortes, “las salidas seguirán, pero serán mucho más moderadas”. Fuentes sindicales, de hecho, mantienen que “la fusión de las redes de Santander y Popular supondrá también salidas de empleados, pero estamos convencidos de que serán inferiores a ajustes anteriores”. 
La razón, la firma que preside Ana Botín no quiere cerrar demasiadas oficinas urbanas. Además, está embarcada en un proyecto para crear sucursales mucho más grandes, que necesitan más empleados por agencia.
Un estudio del BCE señala que en España el número medio de empleados por sucursal es de 6,5, frente a los 13,1 del conjunto de Europa. Por cierto, Santander ha comenzado a fusionar unas 200 sucursales suyas con las de Popular. 
Fuentes sindicales aseguran que esta iniciativa se debe a que una gran parte de estas oficinas estaban prácticamente al lado, y lo que ha hecho la entidad que preside Ana Botín es trasladar a los trabajadores de Popular a la agencia de Santander, pero con sus ordenadores y con sus clientes. 
“Aún no es una unión de redes por su fusión. En el caso actual los empleados de Popular y Santander pueden compartir local, pero no clientes”, explican estas fuentes.
Volviendo al tema inicial, este cierre masivo de oficinas en la última década ha provocado que 1,3 millones de españoles de zonas rurales, según datos de 2016, hayan sido excluidos financieramente al no tener oficinas bancarias en su zona de residencia. 
Las últimas estadísticas del Banco de España indicaban que hasta un 70% de los pueblos de menos de 100 habitantes, y más de la mitad de los pequeños municipios de todo el país ya no tienen sucursal en sus territorios.
Esta exclusión financiera ha logrado sensibilizar a las entidades, o puede que haya sido por alguna recomendación de los supervisores, pero lo cierto es que en el sector se ha abierto un debate para buscar vías de colaboración entre el conjunto de los bancos. Una de las ideas es crear oficinas multimarca en las zonas rurales, aquellas donde no hay sucursales para que el cliente pueda realizar su operativa.
El proyecto pasaría por compartir locales, pero cada entidad se turnaría en días de la semana. Esta iniciativa, gestada entre los bancos de la AEB, o por lo menos comentada por esta asociación, no sería la única fórmula de colaboración que analiza la banca.
Compartir centros tecnológicos, incubadoras y aceleradoras fintech, crear una tarjeta de crédito común, o plataformas como ocurrió con la aplicación de pequeños pagos inmediatos Bizum o con la fusión de los tres medios de pago existentes hasta ahora (Servired, 4B y Euro 6000), forman parte de este debate abierto para estrechar la colaboración en el sector financiero, que permitirá ahorrar costes.

La banca vendió 50.758 millones en ladrillo tóxico a los fondos en el 2017

BARCELONA.- España lideró el año pasado la venta de carteras de hipotecas morosas en Europa, con la venta de créditos con un valor nominal de 50.758 millones de euros (de los 104.000 millones que se traspasaron en toda Europa), según el estudio sobre el inmobiliario problemático elaborado por la consultora Evercore que recoge La Vanguardia

En el 2017 el Santander, con la venta del ladrillo del Popular a Blackstone por 30.000 millones de euros, y BBVA, con la venta de una cartera de 13.000 millones a Cerberus, se situaron entre los cinco mayores vendedores de Europa. “Es previsible que este año y el que viene volvamos a ser líderes en la venta de inmuebles adjudicados e hipotecas morosas” señala Íñigo Laspiur, director de Finanzas Corporativas de la consultora CBRE. “Ahora mismo ya hay carteras en venta por más de 8.000 millones”.
Durante los primeros años de la crisis financiera, fueron las entidades de Irlanda y Gran Bretaña quienes lideraron la venta de activos inmobiliarios adjudicados, pero ahora han tomado el relevo los bancos españoles e italianos (líderes en operaciones en el primer trimestre de este año). “La regulación del BCE, que dispara las provisiones y sobre todo las directrices contables que les obliga a aumentar las dotaciones de capital, están acelerando las ventas de los activos tóxicos”, señala Laspiur. Las ventas, además, se ven impulsadas por la recuperación del mercado inmobiliario y por el alto nivel de provisiones que ya han realizado los bancos. “En la mayoría de ventas las entidades bancarias ya ganan dinero, o al menos no pierden”.
Laspiur explica que a esto contribuye que los fondos están aceptando precios más altos por el ladrillo tóxico español: si en el 2013, cuando la Sareb empezó las primeras ventas en bloque, exigían retornos del 15% anual para comprar los activos, ahora las rentabilidades han bajado hasta apenas el 8% cuando compran créditos hipotecarios sobre inmuebles de calidad.
Las ventas de carteras de activos, por su gran tamaño, están en manos de muy pocas entidades. “Solo Blackstone, Cerberus, Apollo y Lone Star pujan por carteras de más de 5.000 millones de euros, mientras que en operaciones más pequeñas están también muy activas firmas como Bain Capital, Oaktree o el Deutsche Bank”, señaló Laspiur. Esta falta de competencia permite a los fondos comprar inmuebles a un precio muy por debajo del de mercado. “No es sólo por una cuestión de tamaño –añade–. Los fondos asumen el riesgo de gestionar las deudas (con una negociación con el deudor o en los tribunales) para acceder a la propiedad del inmueble. Es un proceso sofisticado, que atrae a pocas empresas”. Para las entidades financieras, sin embargo, “la venta de activos adjudicados y créditos morosos en grandes paquetes les permite acelerar su saneamiento y liberar recursos, porque vendiéndolos uno a uno tardarían años”.
Laspiur señala que el 2017 marcó un punto de inflexión en la estrategia de los bancos de desinvertir en el ladrillo. “Antes se estaban haciendo operaciones pequeñas. Sareb, por ejemplo, el más activo, ha hecho más de 30 ventas, seguido por el Sabadell, CaixaBank y Bankia. El año pasado, sin embargo, Santander y BBVA crearon un vehículo (una sociedad) al que aportaron sus activos malos, y lo vendieron quedándose una participación minoritaria, lo que les permite a la vez desconsolidar los activos y retener parte de la propiedad para beneficiarse de las subidas de precios que está viviendo el mercado inmobiliario”, señala Laspiur. “Es una fórmula muy buena, y creo que vamos a ver más operaciones este año”. A su juicio, serán la Sareb, CaixaBank y Sabadell las entidades que van a liderar las ventas del ladrillo este año.
En conjunto, las entidades financieras del sur de Europa concentran ahora el grueso de los inmuebles adjudicados y créditos morosos de Europa, según los datos de la consultora Evercore, que prevé que este año se cierren operaciones por valor de unos 80.000 millones, con España de nuevo a la cabeza (en estos momentos supone el 78% de las carteras en venta en Europa, según la consultora). España, recuerda Íñigo Laspiur, empezó la limpieza del ladrillo de las entidades financieras en el 2013, tarde respecto a los países anglosajones, pero antes que Italia o Grecia, que apenas han empezado. “Los grandes fondos miran al sur”, señala. Los italianos Monte de Paschi y Banca Marche estuvieron ya el año pasado entre los vendedores más activos, mientras que en Grecia los cuatro grandes bancos están bajo presión de las autoridades comunitarias para acelerar su saneamiento.
El banco malo español o Sareb es el mayor propietario de Europa de activos tóxicos, según Evercore, con unos activos adjudicados por 75.000 millones, por delante del de Irlanda (le quedan 27.000 millones) y Reino Unido (20.000). Los bancos más afectados son italianos (Intesa San Paolo, Unicredito, Atlante Fund y Monte dei Paschi) y griegos (Pireus y Alpha). En España es el Sabadell, con activos adjudicados y créditos morosos de 14.000 millones, que tras los saneamientos son apenas 4.000.

Renta 2017: ¿Cómo tributa el rescate del plan de pensiones?

MADRID.- Durante toda la vida laboral, el plan de pensiones es de las pocas cosas que provocan una sonrisa a la hora de hacer la declaración porque las aportaciones son de las escasas cosas que deducen directamente.

Pero los planes de pensiones se convierten en un disgusto fiscal en el momento de rescatarlos. Porque no es cierto que las aportaciones a planes de pensiones estén exentas de tributar como algunos piensan, lo que ocurre es que se difiere su tributación hasta el momento del rescate. Y es entonces cuando llega el susto. 
En principio, los planes de pensiones están pensados para ser rescatados en el momento en que el contribuyente se jubila. Pero durante la crisis, el Gobierno ha modificado la ley en varias ocasiones para ser algo más flexibles con la liquidez de este tipo de ahorro. 
En la actualidad es posible rescatar el plan de pensiones en casos de especial vulnerabilidad del contribuyente como invalidez, desempleo de larga duración, enfermedad grave, defunción del contribuyente en cuyo caso los herederos pueden rescatarlo, o desahucio de la vivienda habitual.
Además, en reforma del IRPF de 2015 Gobierno aprobó una modificación legal, cuyo reglamento acaba de ser aprobado, para permitir que las aportaciones realizadas antes de 2015 puedan ser rescatadas, sin ninguno de los requerimientos anteriores, pasados 10 años. Es decir, en 2025.

Son rentas del trabajo

Pero sea cual sea el motivo del rescate, el tratamiento fiscal es el mismo. Todo el dinero rescatado de un plan de pensiones se considera o, al menos, se trata como si fuera un rendimiento del trabajo y tr ibuta el tipo marginal del contribuyente, entre el 19% y el 45%.
Por lo tanto, rescatar un fondo de pensiones de una sola vez puede significar que la factura fiscal sea más alta que toda la rentabilidad obtenida a lo largo de la vida del fondo. 
Y es que si un contribuyente declara 25.000 euros anuales y tiene en el plan de pensiones un fondo de 80.000 euros que decide rescatar de golpe, su base imponible ascenderá hasta los 105.000 euros en un año, en el que pasará de tributar un 16% de tipo efectivo de IRPF a un 34%.

Rescatarlo de golpe, penaliza

Con estos datos, la opción de jubilarse y rescatar de golpe todo lo aportado al plan de pensiones es la menos aconsejable. Para atenuar el impacto fiscal, lo mejor es rescatarlo en forma de renta recibiendo cantidades periódicas o esporádicamente según le interese.
También se puede hacer una fórmula mixta parte en capital y parte en renta. Esta fórmula es especialmente aconsejable para aquellos contribuyentes que hubieran realizado aportaciones a un plan de pensiones antes del 1 de enero de 2007, puesto que para ellos todavía sigue vigente la ley anterior según la cual se aplica una reducción del 40% a las cantidades rescatadas de un plan de pensiones en forma de capital. De esta forma solo se paga el 60% de impuestos y no el 100%.

El año de la jubilación, no es el mejor para recuperar el ahorro

Para poder acceder a este trato fiscal excepcional, el contribuyente que se haya jubilado en 2017 tiene que rescatar el plan de pensiones o parte de él en forma de capital durante los tres años posteriores a la jubilación o al motivo por el que lo rescata.
La premisa no es valadí. En el caso que el motivo del rescate sea la jubilación, conviene darse un plazo y no rescatar el plan en mismo año de esa contingencia. Puesto que ese año todavía habrá ingresado parte de su sueldo y la cuantía a consignar en la declaración como rentas del trabajo será más alta que en años venideros cuando como pensionista sus ingresos por “rentas del trabajo” que así se considera también la pensión serán seguro más bajos.

Presupuestos 2018: cómo afectarán a la pensión del autónomo

MADRID.- Las pensiones de los trabajadores autónomos son, en líneas generales, la más reducidas del grueso de los pensionistas.  De hecho, la pensión media del autónomo alcanza los 646,30 euros mensuales según establece la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) y 720,09 euros conforme a lo aportado por el Ministerio de Empleo, una cifra limitada, según recoge infoautonomos.eleconomista.es.

Estas cifras son motivo de reivindicaciones por parte del colectivo y tienen que ver con el incremento de la pensiones contemplado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 aún a falta de aprobación y puesta en marcha.
¿A cuánto asciende ese incremento en la pensión del autónomo?
Desde la asesoría online de Infoautónomos analizamos la subida y las razones por las que las prestaciones por jubilación de los autónomos son tan estrechas.
El pasado verano nos hacíamos eco de que las intenciones del Gobierno pasaban por un incremento anual en las pensiones del 0,25%, el mínimo establecido por ley. Esta subida básica se mantendría hasta el año 2022 pero las peticiones populares ha obligado al ejecutivo a dar un giro de tuerca en las Cuentas Públicas de 2018 y finalmente el incremento será mayor de lo esperado.
La partida presupuestaria para estas prestaciones sociales alcanza 127.110 millones, un 3,5%  más que en 2017, periodo en que el aumento de las pensiones fue de apenas 0,25%.
El porcentaje de incremento de las pensiones en 2018 queda establecido de la siguiente forma:
  • 3% de incremento en las pensiones mínimas y no contributivas
  • 2% para las pensiones de viudedad
  • 1.5% para pensiones por debajo de 700 euros mensuales
  • 1% para pensiones entre 700 y 800 euros mensuales
Como ya hemos indicado, la pensión media del autónomo no alcanza los 700 euros, por tanto, según lo indicado con anterioridad,  el incremento estimado para estas pensiones es del 1,5% . Este aumento revalorizará diez euros mensuales la cuantía de la pensión.
Sin embargo, la subida se queda corta; una gran parte de los autónomos seguirán cobrando una pensión tan estrecha que no alcanza los 735 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si tomamos como referencia la aportación de UPTA,  la pensión media del autónomo pasará de los 646,30 euros actuales a 655,99 euros.
El menor de los incrementos previstos, el del 1% se aplicará sobre las pensiones entre 700 y 800 euros.
La pensión media del autónomo varía entre los 640 y 720 euros en función de la fuente de información y el periodo establecido.
Sin embargo, en lo que no hay variación es en la brecha existente entre la pensión del autónomo y el asalariado que llega a ser de 500 euros.  Esta diferencia abismal es uno de los principales motivos por lo que el trabajador por cuenta propia continúa cotizando tras alcanzar la edad de jubilación en lo que se conoce como jubilación activa.
La falta de un sistema de cotización ajustado a los ingresos reales da lugar a que el 80% de los autónomos esté cotizando, hoy por hoy, por la base mínima lo que redunda en unas coberturas sociales muy limitadas, especialmente la pensión del autónomo que es irriosoria si  el trabajador siempre ha cotizado por la base mínima.
Desde Infoautónomos recomendamos optar por cotizaciones superiores a la mínima cuando los resultados de la actividad económica lo permitan y muy fundamentalmente conforme el autónomo se aproxime a la edad de jubilación.

La recuperación económica no llega a la escuela pública pero sí a la concertada, menos en CLM

MADRID.- Por segundo año consecutivo, el gasto público en enseñanza concertada marcó un récord. En 2016, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, las Administraciones educativas gastaron en concierto 6.055 millones de euros, casi 140 más que en 2015 y la cifra más alta de la serie histórica que arranca en 1992, según la Cadena SER. 

Con respecto a 2009, el año en el que ha habido más inversión educativa en España, el gasto en concertada ha subido en casi 165 millones de euros. Si hacemos la comparación con 2012 - cuando el Partido Popular llegó al Gobierno - ha aumentado en 346, 6 millones (un 6,11%).
La enseñanza pública, sin embargo, aún sigue por debajo de los niveles precrisis: en 2016 se alcanzaron los 41.500 millones, 6.400 millones menos que en 2009. Con respecto a 2012 la inversión en educación pública supera ya en 753 millones la que había entonces aunque sigue muy lejos de sus mejores años.
A las cifras de inversión hay que añadir que el número de alumnos entre 2009 y 2016 ha aumentado en la enseñanza pública en 493.449 (un 9,85%). En los centros privados - que incluye concertados y no concertados - ha subido en 176. 165 (7,2%).
El sociólogo de la Educación, José Saturnino Martínez, ve en estas cifras el reflejo de una apuesta ideológica especialmente en algunas comunidades autónomas: "Está aumentando la concertada en comunidades como Madrid que están dando más facilidades para que se abran plazas en la concertada y hay una visión de la pública más como subsidiaria de la iniciativa privada en educación".
Madrid y Murcia son las comunidades donde más ha aumentado el gasto en conciertos en los últimos siete años, aunque en 2016 la subida fue generalizada. Solo bajó a la inversión en este tipo de centros en Castilla-La Mancha respecto al año anterior.

La cabecera del Tajo trasvasará 38 hm3 al Segura tras aumentar su capacidad

TOLEDO.- Los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han sumado en una semana 81,22 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, con lo que disponen de 647,66, por encima de los 645 que marca el nivel legal por el que pueden trasvasarse al Segura 38 al mes, en lugar de 20 cuando tiene de 400 a 645.

Tienen ahora el 26,17 por ciento de su capacidad total de embalse, que es de 2.474 hm3.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 5 de abril la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente del pasado día 3 por el que autoriza transferir 60 hectómetros cúbicos de agua en tres meses, a razón de 20 mensuales, a través del acueducto Tajo-Segura, dado que el nivel no superaba esos 645 que permite ampliar la cantidad que se transfiere a 38.
Según los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), el embalse de Buendía tiene esta semana 344,397 hectómetros cúbicos de agua embalsada, que son 37,60 más que la semana pasada, lo que supone el 21,01 por ciento de su capacidad total de embalse, que es de 1.639 hectómetros cúbicos.
A su vez, la reserva de agua en el pantano de Entrepeñas ha subido 43,91 hectómetros cúbicos, de forma que almacena 303,27 hectómetros cúbicos, el 36,31 por ciento de su capacidad total, que se sitúa en 835 hectómetros cúbicos.
Hace un año por estas fechas los pantanos de cabecera del Tajo almacenaban 406,45 hectómetros cúbicos, es decir, un 16,42 % de su capacidad total de embalse.
En la totalidad de la cuenca hidrográfica del Tajo, los embalses almacenan esta semana 8.127,95 hectómetros cúbicos de agua, que son 363,46 más que la pasada semana y suponen el 73,84 por ciento de la capacidad total de almacenaje, que es de 11.007 hectómetros cúbicos.

La 'bomba Valls': ganar Barcelona para el constitucionalismo / Jesús Cacho *

Desnortado en el laberinto catalán, el Gobierno Rajoy trabaja en una salida pactada (“En Catalunya estamos haciendo todo lo posible para que se recupere la normalidad y sensatez”, dijo ayer el pasmado) con ciertos sectores de Convergencia y el respaldo de personajes de la banca y el empresariado, para colocar en la presidencia de la Generalitat a Elsa Artadi –la chica de Mariano, como él mismo reveló ante lo de Ana Rosa-, con Mas-Colell como conseller en cap, fórmula que permitiría al doliente levantar el campo del 155 y salir pitando hacia los jardines de Moncloa donde todo es paz y sosiego. 

Es la enésima versión de la “operación diálogo” de la que ayer hablaba aquí José Alejandro Vara, que explicaría episodios tan vergonzosos como el más reciente de Montoro, –un mandao de la vicepresidenta Soraya, la virreina catalana- asegurando que en la preparación del referéndum del 1-O no se utilizó un euro público. Quienes conocen el paño vienen a decir, sin embargo, que esa es una soberana tontería, puro wishful thinking, porque en Cataluña habrá un presidente/a al gusto de Puigdemont y de la máxima confianza de Puigdemont, con un vicepresidente de ERC, y la abstención de CUP.


En los círculos constitucionalistas catalanes se sigue apostando, con todo, por la celebración de nuevas elecciones autonómicas a pesar de lo que el independentismo se juega en el envite, y ello porque la división en el universo indepe es tan grande, el odio entre unos y otros tan visceral, que no hay forma de unir las piezas rotas del jarrón del prusés. Haya o no elecciones, o termine aflorando ese Gobierno títere a las órdenes de Puchimón, lo que parece claro es que el 155 seguiría operativo, dispuesto a prolongar el parón de facto en que vive la Comunidad desde hace tiempo. 

Nada de esto interesa ya a esos sectores constitucionalistas que en Barcelona y Cataluña llevan años soportando el chaparrón totalitario del prusés. Ellos están en otra derivada, muy alejados de las cuitas cobardes, entreveradas de traición, que mantienen paralizado al Gobierno Rajoy. En un escalón de más altura, ellos están ya empeñados en la gran operación política que viene, en la que el constitucionalismo –que cada vez tiene menos que ver con el Gobierno Rajoy- se lo juega todo a una carta: la toma de la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales de mayo de 2019, justo un año a partir de ahora, un envite que puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra la lacra independentista.

La bomba explotó el viernes, con el anuncio de que el ex primer ministro francés, Manuel Valls, baraja la posibilidad de presentar su candidatura a esa alcaldía como cabeza de lista por Ciudadanos en las municipales del próximo año, respondiendo a una invitación formulada por Albert Rivera

 “Me he metido en este debate porque soy nacido en Barcelona, hijo de catalán, y porque también quiero dar a Cataluña y a España mis orígenes”, explicó el viernes en Los Desayunos de TVE. “España es un Estado democrático de Derecho con una Constitución de las más democráticas que existen en el mundo, pero no hay posibilidad para Catalunya de salir de España”. 

Esta es la gran operación en la que C’s, junto a Sociedad Civil Catalana y otras organizaciones opuestas al rodillo indepe, llevan meses trabajando en silencio, muy de espaldas a Soraya y sus cuitas con el preso de Estremera. Esta es la llama de la esperanza que el viernes prendió en millones de españoles, dentro y fuera de Cataluña, porque a nadie se le oculta que estamos hablando de un candidato excepcional, que haría de la de C’s una lista ganadora.

Romper el espinazo del separatismo

Todos los partidos del arco parlamentario catalán consideran las municipales de mayo del 19 como el envite decisivo. Para todos se trata de una cita crucial. Ocupar la alcaldía de Barcelona supondría para el independentismo un espaldarazo casi definitivo; conquistar Barcelona para el constitucionalismo, por el contrario, significaría romper el espinazo del separatismo, cerrando probablemente la puerta a ese tipo de aventuras en toda Europa y dando paso al restablecimiento de la normalidad democrática, con un alcalde y un Ayuntamiento capaces de servir a todos los barceloneses y no solo a la minoría indepe

 Desde hace meses, los sectores constitucionalistas antes citados han estado sondeando la posibilidad de formar una candidatura transversal, como se dice ahora, integrada básicamente por nombres de C’s y del PSC, con el apoyo de independientes de prestigio y el respaldo por fuera o a posteriori del PPC. Pero lo que sobre el papel podría imaginarse como una apuesta a caballo ganador, en la práctica se ha demostrado imposible. Las resistencias son infinitas, como infinita es la desconfianza mutua.

Esa realidad terminó reorientando los trabajos en la dirección de un pacto poselectoral mediante el cual PSC y PPC pasaran a apoyar, dentro del mismo o por fuera, a un Gobierno municipal liderado por C’s como lista a priori más votada. El PSC tiene ya su candidato prácticamente elegido. Se trata de Jaume Collboni, un representante de esa “izquierda caviar” a la que ayer aludía aquí Miquel Giménez, incapaz de despertar el menor entusiasmo entre los descendientes de aquella emigración que décadas atrás conformó el cinturón rojo de Barcelona en busca de una vida mejor. 

“No es mal candidato, pero no despierta muchas simpatías”. Por su parte, el PPC, con el nombre de Andrea Levy revoloteando, parece decidido a presentar de nuevo a Alberto Fernández, de los Fernández & Fernández de toda la vida, la finca de los hermanos Fernández Díaz, asumiendo con resignación la posibilidad de que el PP pueda quedar fuera del Ayuntamiento, y ello porque el centro derecha en Cataluña no es ahora el PP, sino C’s.

Y en esto estalló la bomba Valls y la posibilidad cierta de rescatar del fango a la gran Barcelona que fue antes de que cayera en manos de la extrema izquierda, de una Ada Colau dispuesta a poner la ciudad al servicio de su turbio negocio político. El cambio de la calle dedicada al Almirante Cervera, un héroe de la guerra de Cuba respetado por los vencedores de la batalla naval de Santiago, por un titiritero como el tal Rubianes y su “puta España”, ha sido la última humillación a la que esta señora ha sometido a una ciudad antaño espejo de tolerancia. 

La doña no pasa por su mejor momento. Su proyecto estelar, la multiconsulta promovida por sus Comunes, supuestamente llamada a ser un hito de participación ciudadana a costa de dilapidar 3,6 millones del erario público, ha sido tumbada días atrás por la oposición municipal. Privada de apoyos desde que decidiera romper el pacto de Gobierno que mantenía con el PSC, y con el respaldo de apenas 11 concejales -una cifra del todo insuficiente para plantear una gestión municipal autónoma-, la Colau afronta su último año de mandato en la mayor de las soledades.

El gran enemigo de Valls no será Colau

El gran enemigo de Valls y C’s no será obviamente Colau y sus muy loables artes y oficios (“Fregar suelos o vender pescado son trabajos tan dignos y respetables como el de alcaldesa. También trabajar en una verdulería”), sino un nacionalismo que ya trabaja con la idea puesta en una lista única capaz de situar a un separatista al frente del Ayuntamiento, lista que tras la irrupción en escena de Valls hay que dar por cierta, por difícil que pueda resultar su concreción. 

Ese va a ser el envite. Recuperar la ilusión de aquella Barcelona del 92, la de los Juegos Olímpicos, un evento que le puso en el mapa de las ciudades más atractivas del mundo. La importancia de lo que ocurra en mayo del 19 es obvia. Barcelona es la rada sobre la que descansa toda Cataluña, con un efecto tractor brutal sobre la Comunidad. La ciudad y su hinterland cuentan con cerca de 5 de los 7,5 millones de habitantes que pueblan la región, y el Ayuntamiento dispone de capacidad suficiente para formular políticas capaces de surtir un efecto arrastre definitivo sobre la vida económica, política y social catalana.

Se trata de convertir la antaño llamada Ciudad Condal en un espacio de libertad y progreso, una especie de Comunidad autónoma al estilo de la de Madrid en el corazón de la Cataluña rural y carlista. Esa sería la gran victoria de la candidatura Valls, que muy probablemente vendrá avalada por una serie de personalidades independientes y de prestigio dispuestas a devolver a la ciudad el papel que siempre jugó como adelantada del desarrollo y la liberalidad española. 

Hacer de Barcelona el faro capaz de iluminar la Europa mediterránea, para desde allí recuperar un clima de normalidad democrática que dote al constitucionalismo de un relato integrador susceptible de atraer a una buena parte de los catalano-parlantes que en los últimos tiempos se han sentido atentados por la inclemente propaganda independentista. Es la gran jugada que escondía la broma de Tabarnia. Ese sería el triunfo de Tabarnia.


(*) Columnista


sábado, 21 de abril de 2018

Pedro Sánchez recupera la guerra del agua de Zapatero

MADRID.- "Nuestro objetivo es el fin de los trasvases y apostar por las desaladoras. Ha llegado el momento de poner fin a la improvisación. No hay que hacer política con el agua, sino una política del agua".

Ese es el texto del mensaje enviado a la red social Twitter por el secretario general del PSOE, que resume sus palabras en un acto celebrado en Albacete con los socialistas castellano-manchegos. Poco después, el tuit de Pedro Sánchez era celebrado por Cristina Narbona, presidenta del PSOE y enterradora del Trasvase del Ebro como ministra de Medio Ambiente en el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, recuerda hoy Libertad Digital.
Las palabras de Sánchez son toda una declaración de guerra contra el sector agrícola del Sureste español, que deja en una situación muy complicada a los socialistas valencianos, murcianos y almerienses. Pero es que, además, la ligereza de Sánchez al hablar de un tema que, obviamente, desconoce, lo ha llevado a protagonizar uno de los patinazos más sonados de los últimos tiempos.
Lo que ignora el líder socialista es que, de "poner fin a los trasvases", como pretende, quedarían automáticamente sin suministro para el consumo humano toda el área metropolitana de Barcelona (Trasvase Ter-Llobregat), el área metropolitana de Valencia (Trasvase Júcar-Turia), Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota y Puerto de Santa María (Trasvase Guadiaro-Guadalete), 25 municipios vizcaínos cercanos a Bilbao (Trasvase Zadorra-Ebro-Arratia), 54 municipios de Castilla La Mancha (Trasvase Tajo-Guadiana) y otros 89 municipios de Alicante, Murcia y Almería (Trasvase Tajo-Segura).
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura brinda estos datos a Pedro Sánchez, para que aclare si pretende acabar con los más de cuarenta trasvases existentes en la actualidad o su inquina va dirigida exclusivamente contra los usuarios y regantes de la cuenca del río Segura, el único con déficit estructural en España y de cuyo caudal depende la supervivencia de miles de familias dedicadas a la agricultura.
Para una mejor comprensión de las dimensiones de su metedura de pata, los regantes levantinos incluyen este mapa con los 16 trasvases más importantes que en estos momentos existen en España, de cuyo mantenimiento depende el abastecimiento diario de millones de personas.

Una asociación nacional de interinos recurre las oposiciones de Educación

MADRID.- La Asociación Nacional de Interinos y Laborales ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra las oposiciones convocadas por la Consejería de Educación. Y adelanta también que hará lo mismo con las sanitarias, porque ambas sacan a concurso plazas de la oferta para la estabilización del empleo.

Esta organización, que aglutina a más de 2.000 interinos y que preside el abogado Manuel Martos, ha recurrido previamente el acuerdo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó hace un año con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF para la estabilización del empleo, con el objetivo de reducir hasta el 8% la tasa de temporalidad en la administración. Para ello se permite la convocatoria en los próximos años de una oferta pública de empleo de 250.000 plazas en el conjunto del país, para convertir trabajos interinos en fijos y reducir así la temporalidad.
Ha sido el sistema elegido para la convocatoria, el de concurso-oposición, el motivo por el que la plataforma nacional ha decidido recurrir el acuerdo, porque desde su punto de vista perjudica a los interinos, especialmente a los de mayor edad y que llevan años trabajando. Y motivo por el que está recurriendo los diferentes procesos selectivos convocados en las comunidades autónomas que conllevan la salida de plazas extras para la estabilización del empleo.  
«La estabilización del empleo se puede realizar a través de un proceso de consolidación, que es el que reclamamos, por medio de un concurso de méritos», explica Manuel Martos. «Porque el sistema de concurso-oposición fijado no solo exige aprobar un examen, sino que, además, fija una puntuación máxima por los años de experiencia; en definitiva, no permite que se valoren todos los años de trabajo de los interinos», añade. De hecho, la fase de oposición será un 60% de la nota y la de concurso, el 40% restante. «Ni siquiera se ha establecido para la oferta extraordinaria que busca estabilizar el empleo un 50-50», critica Manuel Martos.
La asociación asegura que, por eso, en el caso de las plazas que conforman el plan de estabilización del empleo no se cumplen los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
Estos interinos explican que los criterios de mérito y capacidad han sido probados sobradamente en personas que tienen una larga trayectoria laboral. Y, en cuanto a la igualdad, afirman que un interino que desarrolla su labor diariamente no puede competir en condiciones de igualdad con un joven recién licenciado. No solo por la disposición de tiempo para estudiar, muy reducida cuando se trabaja, sino porque la capacidad de retención y aprendizaje se ve mermada con el paso de los años.
Por eso consideran que ahora, cuando la administración tiene que resolver por mandato de Europa un problema que ha generado, reducir la temporalidad por no llevar a cabo ofertas acordes con la realidad en los últimos años, no debe perjudicar a los interinos. «No estamos pidiendo que no entren los jóvenes en el sistema, estamos pidiendo que a los profesores con más años y experiencia docente se nos facilite otra vía, creemos que nuestra labor realizada durante años nos da el derecho a exigirla», dice Dalia Gómez.
«No competimos en igualdad de condiciones, se deben consolidar personas y no plazas», afirma María José Altamirano.
«Lo que quieren hacer es un ERE encubierto. Hemos demostrado que valemos para dar clases, hemos recorrido muchos kilómetros por toda Extremadura para que, ahora, nos echen a la calle sin más», concluye Felipe Dávila.

Sigue la guerra por el Trasvase en las filas socialistas

LORCA/TOLEDO/MURCIA- El secretario general del PSOE lorquino, Diego José Mateos, ha dicho hoy en un comunicado de prensa que "no le importará enfrentarme a la dirección actual" del partido, que hasta ahora siempre había defendido el Tajo-Segura, su continuidad, e impulsado las desaladoras.

 Mateos ha hecho este comunicado después de que el pasado viernes el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la dirigente socialista y exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona se mostrasen contrarios a los trasvases y más partidarios de la desalación.

El dirigente lorquino ha advertido que el Partido Popular siempre ha venido criticando las plantas desalinizadoras, las cuales, según manifiesta en la nota de prensa, "se han convertido en la única solución a la sequía actual, especialmente tras la aprobación del memorándum del trasvase".

Maetos defiende la compatibilidad de los trasvases y las desaladoras, como elementos para combatir la necesidad de agua, "le pese a quien le pese".

"Poner fecha al fin de los trasvases es aceptar lo que el Partido Popular ya hizo con el Memorándum del trasvase Tajo-Segura, con el que vergonzosamente limitaron el caudal en época de sequía", añadió.

Mateos dice defender a "ultranza" el trasvase Tajo-Segura, y no admite que se resten recursos hídricos "de los ya escasos que disponemos".

Además ha asegurado que su posición es "clara y firme". En este sentido, asegura que por encima de todo, " defiendo a Lorca, defiendo a los regantes lorquinos y a mí no me importará enfrentarme a la dirección actual de mi partido".

Por su parte, el diputado del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha José Luis Escudero ha dicho hoy que la culpa de que Murcia pida un trasvase extra del Tajo, añadido al triple trasvase ya iniciado, es del "Memorándum de la traición a Castilla-La Mancha que en su día firmó Cospedal".

En un comunicado, Escudero ha asegurado que "ya estamos hartos del saqueo del agua" que está llevando a cabo el Gobierno central con el "silencio cómplice" del PP castellano-manchego, y ha dejado claro que los pueblos ribereños del Tajo "tienen el mismo derecho a su desarrollo económico que el Levante".

Ha resaltado que frente al desarrollo que ha experimentado el Levante "gracias al agua que ha llegado desde Castilla-La Mancha, hemos podido comprobar como los ribereños han ido perdiendo población, negocios y turismo".

Sin embargo, lo más lamentable, ha argumentado, son las oportunidades "pérdidas" de los dirigentes del PP para sumarse a una defensa de nuestro agua "que hacen todos menos ellos".

Por otro lado, la portavoz del PPRM, Nuria Fuentes, ha dicho hoy que Diego Conesa, " ha querido quedar bien con los murcianos" con sus manifestaciones a favor del trasvase del Tajo, "pero no ha explicado si va a pedir a Pedro Sánchez que cambie su no" en su visita el próximo fin de semana a Molina.

"Ya está bien de medias palabras, hay que pronunciarse claro, en Murcia sabemos lo que el PSOE opina de trasvases, lo demostraron eliminando el del Ebro", ha aseverado.

Así, la portavoz de los 'populares' ha vuelto a recordar al PSOE que "el trasvase es irrenunciable y mientras gobierne el PP no renunciaremos a él".

La Generación Z cambiará las estrategias de las empresas y los hábitos de consumo

MADRID.- Los na­tivos di­gi­ta­les, glo­ba­les, mul­ti­ta­rea, hi­per­co­nec­tados y muy pre­coces a la hora de con­sumir pueden cam­biar los es­quemas que hasta en­tonces te­níamos en todos los ám­bi­tos. También en el em­pre­sa­rial. Estos con­su­mi­dores que acaban de ate­rrizar en el mer­cado han obli­gado a las marcas a cam­biar de es­tra­tegia de ma­nera ra­di­cal. Una di­ná­mica que irá a más a me­dida que au­menten sus re­tri­bu­ciones una vez que en­tren de lleno en el mer­cado la­bo­ral. La ca­rrera ya ha co­men­zado, según Capital Madrid

Aunque haya varios factores que vayan de la mano de la generación anterior, los millennials, existen muchas características que hacen a los Z únicos. Sin embargo, lo destacable y lo que puede afectar al ámbito empresarial en los próximos años es los hábitos de consumo que desarrollan y que, efectivamente, terminarán repercutiendo a la hora de conformar líneas estratégicas por parte de los equipos gestores.
Sin ir más lejos, Klik & Pay, la plataforma de pagos digitales especializada en Pymes que permite a las pequeñas y medianas empresas vender online a nivel internacional en más de 15 monedas, 11 idiomas y todo tipo de medios de pago, daba su punto de vista en cuanto a cuáles son las costumbres de esta generación. Una manera de comprar que, evidentemente, cambiará los esquemas de las compañías para conseguir captar mayor facturación y clientela.
  Así, los Z tienen una mentalidad absolutamente cortoplacista y que no compromete su libertad. De hecho, se decantan por el el uso del débito en sus compras. Ha crecido en un ambiente de crisis económica que ha asentado en su consciencia el hecho de que los créditos no pagados ocasionan problemas en el corto plazo. 
La visión de la Generación Z es cortoplacista, por ello, prefieren pagar sus compras a débito para no endeudarse. Y si las cantidades son altas, en lugar de pagar a crédito prefieren optar por el pago diferido en lugar del crédito, de esta manera mantienen su "libertad" financiera y huyen de los sistemas tradicionales de financiación que consideran de la vieja escuela. Así pues, las empresas que se enfocan a los medios de pago ya están en procesos de innovación para conseguir llamar la atención de estos jóvenes que vienen apretando muy fuerte.
Por su parte, las ventas online admiten muchas más formas de pago que el clásico pago directo a débito/crédito con tarjeta y las nuevas generaciones reclaman cada vez opciones más diversificadas en este sentido. 
Si bien es cierto que la generación Z prefiere pagar a débito, exige nuevas formas diferentes a la habitual introducción de los datos bancarios.  
Además, no hay compra que realicen sin haber hecho cinco comparaciones en otras tiendas online distintas. De esta manera, las compañías no tendrán más remedio que seguir adaptándose al entorno digital y tener aún mayor competitividad con respecto a sus homólogas.
En esta línea, esta generación revisa con mucho detalle lo que adquieren o no, pero también investiga cuidadosamente las opiniones de otros usuarios y, en concreto, las de los influencers. Aunque el precio es un elemento clave, su importancia desaparece si el producto ha sido recomendado por un influencer a través de sus redes sociales. Por tanto, las empresas deberán dedicar más atención aún a la difusión por estos canales. Más de lo que ya lo están haciendo.

Inmediatez y exceso de información
Esta generación quiere estar “sobre informada” ya no de la tipología del producto que adquiere, sino también del origen de la empresa, por qué se ha creado unos productos en concretos, con qué objetivo, cuáles son las recomendaciones para utilizarlos, cuándo se va a producir el cobro de su compra, cuánto tiempo tardará en ser enviado y entregado su pedido online, etc.
De modo que las firmas del futuro deberán tener mucho cuidado en aras de comunicar correctamente lo que vende. Asimismo, la inmediatez y la transparencia son características clave de esta generación, si perciben opacidad en el proceso, se sentirán defraudados y no solo no volverán a comprar, sino que se asegurarán de que su grupo de amigos. Algo que afecta a la toma de decisiones empresariales.

Llarena, déjalo ya / Xavier Sardà *

Llarena, déjalo ya. En otra ocasión será, pero esta vez el Estado está perdiendo la partida. Vamos, que si de lo que se trataba era de volver a la legalidad y solucionar el enorme conflicto político surgido en Catalunya, el Gobierno y la justicia no vais ni al compás ni bien encaminados.

Llarena, déjalo ya porque Montoro acaba de tener un nuevo arrebato egocéntrico y dice que, de malversación, nada. Vamos, que los 'indepes' tienen razón. Un ministro del Gobierno deja claro a la defensa de Puigdemont el camino a seguir y de paso se limpia las manos en tu toga.

​Llarena, déjalo ya porque en la reforma del Código Penal del 95 se eliminó la figura de la Declaración Ilegal de Independencia por considerar que se trataba de una antigualla. De paso, en aquel 95, a los delitos de Sedición y Rebelión, Izquierda Unida le añadió el concepto de necesaria “violencia”. Así andas tú buscando obcecadamente una violencia sin la cual puede que no cristalicen las acusaciones.

Llarena, déjalo ya porque tus euroórdenes son básicamente fallidas.  La confianza entre las judicaturas europeas parece haber pasado a la historia en el tema Puigdemont y compañía, para natural deleite y fruición del universo 'indepe'.

Llarena, déjalo ya porque el ejecutivo de Rajoy esconde su incapacidad política tras tu toga. Si en España en lugar del actual presidente del Gobierno, hubiésemos tenido un estadista, seguramente no deberías estar en tu solitario y enmarañado laberinto judicial. Un silencio autista e indolente ha dado aire y fuerza al 'procés'.

Llarena, déjalo ya porque la desproporción judicial puede, paradójicamente, beneficiar a los acusados. Veremos qué dice el Constitucional, que podría retirar la competencia al Supremo y el asunto iría a la justicia ordinaria.

La tormenta perfecta

Llarena, déjalo ya porque según informaciones de última hora la Guardia Civil te habría ocultado los datos que demostrarían que no hubo malversación el 1-0. Zoido dice que de eso nada y que sí hubo malversación. Pura coordinación, vamos.

Llarena, déjalo ya porque el Partido Popular y el Gobierno de España están hasta las cejas de casos de corrupción. Un presidente del Gobierno capaz de enfrentar un problema de la gravedad y dimensión del catalán debería ser moralmente intachable y ética, estética y dialécticamente irreprochable. El 'caso Cifuentes' es la guinda del pastelazo todo.

Llarena, déjalo ya porque esta idea de España que se respira últimamente es -como alguien ha dicho acertadamente- muy del Capitán Alatriste. Sin quitarles ninguna responsabilidad a los independentistas por sus inmensos errores ni por sus pasos en falso, es cierto que la reacción del Estado resuena a los “novios de la muerte”. La tormenta perfecta e inacabable.


(*) Periodista


Periodistas amenazados / Guillermo Herrera *

Cuando escribí mi artículo sobre “Periodistas del misterio” me dejé en el tintero algunos casos de compañeros presionados que merecen reconocimiento público. La oscuridad gana poder cuando nos acojonamos, y lo pierde cuando publicamos sus secretos.
 
El caso más reciente es el del director de “La Tribuna de Cartagena”, Josele Sánchez, al que le han ofrecido mucho dinero para que deje de investigar el posible asesinato de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander.

Josele prepara más capítulos, centrados en la trama colombiana, del narcotraficante Jesús Samper, de la familia del que fue presidente colombiano. Por otro lado denuncia una campaña de acoso y amenazas hacia su persona por parte de individuos y colectivos.

Si lo hubiera aceptado, no nos hubiéramos enterado de nada, porque también hay periodistas sobornados, como en toda familia hay un garbanzo negro. Se les distingue porque son muy aburridos: tratan temas anodinos que no molesten el poder, y a veces se les ve mucho el plumero cuando hacen la pelota.

El caso más dramático es el del periodista y abogado Juan Ignacio Blanco, compañero de mi promoción, a quien le arruinaron la vida, la carrera, y hasta le provocaron un cáncer, por tratar de investigar el crimen de las niñas de Alcácer, igual que hicieron con el padre de Miriam por el mismo motivo. En su momento me solidaricé con él a través de un artículo de opinión.

También fue amenazado el famoso periodista y escritor Juan José Benítez (cuyos libros me encantan, y están prohibidos por el Opus Dei) para que no investigara determinadas conspiraciones, pero él no quiso arriesgar la seguridad de su familia. No se lo reprocho, porque la familia es lo primero.

Una secta amenazó también al periodista Pepe Rodríguez, especializado en sectas, pero él se defendió depositando ante notario una información comprometedora sobre dicha secta, con la orden de hacerla pública en el caso de que le ocurriera algo malo. Desde entonces no han vuelto a molestarle.

A Javier Sardá le cerraron sus “Crónicas marcianas” porque quiso invitar a Alberto Canosa a su programa, el personaje más censurado en todos los medios de comunicación. Canosa es abogado e investigador de enigmas y misterios, pero nadie quiere que hable de la Cueva de Hércules en Toledo o de los cuerpos de gigantes enterrados en rocas.

El propio Iker Jiménez engañó a Alberto Canosa cuando le sacó información sobre la Cueva de Hércules, para publicarla en su programa, sin mencionar para nada a su autor y descubridor, porque está absolutamente prohibido por los de arriba.

Canosa tuvo que autoexiliarse en Alemania porque le mataron a su abogado y fue engañado por Antena-3 cuando firmó un contrato ante notario que nunca cumplió, porque la cadena fue amenazada de cierre también por “los de arriba”.

Precisamente el infarto súbito del doctor Jiménez del Oso llegó justo en el momento el que quiso entrevistar a Alberto Canosa. A él no lo han podido asesinarle porque está muy protegido.

Por tocar estos temas, el periodista Santi Prados recibió una amenaza de muerte por teléfono, cuya grabación escuché. En cambio a la investigadora Virtu Pontes le quemaron el ordenador y hasta intentaron volverla loca por el mismo motivo.

A mi no me han amenazado nunca, pero me han ‘aconsejado’ paternalmente que no toque algunos temas “por mi propio bien”.

¿Libertad de expresión? ¡Ja! Estamos dominados por mafias de poder como en la edad media, y al que se sale del rebaño van a por él.

Son malos tiempos para la ética, pero todavía quedan muchos héroes anónimos y conocidos que son ejemplo de integridad y que merecen todo honor y respeto por la gente de bien.

Los casos deben ser infinitos, pero yo sólo conozco unos pocos, y he querido dar testimonio de ellos para iluminar la oscuridad con el conocimiento público. Joaquín Abad me llamó “paranoico retorcido” pero la triste realidad de este oficio de tinieblas me da la razón.

Cuando dije que la investigación de enigmas y misterios es el trabajo más apasionante que conozco, olvidé añadir que puede ser tan adictivo como una droga y tan peligroso como un trapecio. Por eso nos aconsejaban “no te metas en estos temas que te vas a volver chalado”.



(*) Periodista

viernes, 20 de abril de 2018

Hacienda se prepara para una batalla legal con miles de interinos que temen por su plaza

MADRID.- El Ministerio de Hacienda se prepara para una batalla legal a cuenta del proceso de estabilización de 350.000 plazas interinas y temporales en el conjunto de la Administración. Estos trabajadores se enfrentarán en los próximos cinco años a un proceso de oposiciones para poder consolidar su plaza y puede que en ese tránsito la acaben perdiendo tras años en el puesto, según www.elindependiente.com.

El sentir generalizado es que esa experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en el proceso de selección en lugar de tener que pelear por el puesto como uno más, junto a candidatos que optan por primera vez al puesto.
Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT trataron de negociar unas condiciones de acceso a las plazas favorables para aquellos que ya estuvieran ocupandolas como interinos y temporales. Incluso, en el caso de la Educación, se llegó a hablar de hacer excepciones para aquellos trabajadores interinos de más de 55 años. Sin embargo, aseguran que se toparon con varias sentencias judiciales que les cerraron las puertas y dieron por perdida esta posibilidad.
Ahora, miles de interinos se están organizando y están acudiendo a despachos de abogados para recurrir los términos en los que se va a realizar esta transición. Algunos de ellos argumentan que el Estatuto Básico del Empleado público recoge que “sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Insisten, por tanto, en que poder se puede.
La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se mostraba resignada el pasado martes, tras comparecer en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ante la oleada de recursos que se avecina, más aún que el acuerdo alcanzado en marzo de 2017 con los sindicatos empieza a moverse y ya se han convocado oposiciones para 129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del ámbito de estabilización recogido en el acuerdo de empleo trianual para los funcionarios.
También lo insinuaba poco antes en respuesta a la oposición. Admitía que “la plataforma de interinos que se ha constituido tanto en Valencia, en toda la franja de Levante, como en Andalucía, está cobrando fuerza”. 
“Hay ya miles de personas que se están poniendo en manos de despachos de abogados y que entienden que por los años que llevan trabajando en la Administración pública tienen que tener un proceso diferente, un proceso que no respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, añadía.
Collado se refería a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), una organización igualmente denostada por CCOO y UGT, que lleva alrededor de un año sumando apoyos para revocar el acuerdo entre los sindicatos y la Administración por considerarlo, de facto, un ERE en el sector público en tanto que no garantiza el puesto a sus actuales ‘dueños’.
El último paso que ha dado esta organización es la presentación el pasado 9 de abril de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para revocar los acuerdos entre sindicatos y Gobierno, aunque esta iniciativa está pendiente de aprobación parlamentaria para abrir en ese momento el plazo de 9 meses para recabar las 500.00 firmas preceptivas. ANIL ha llevado estas reivindicaciones también hasta el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, aún sin contar con una repercusión firme.
“Nuestra posición ahí, con franqueza, es que los interinos tienen una gran oportunidad”, señaló el pasado martes Collado, para añadir a renglón seguido que “en la Función Pública se ingresa como se ingresa”.
“A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos provocar, pero ¿qué hacíamos? No había otra solución, no se puede trabajar en un país con 350 000 interinos y temporales de otras vinculaciones. No debemos parar este proceso y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que la gran mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, con un poco de esfuerzo y tirando de su experiencia, conseguirán sacar una plaza fija y adquirir la condición de funcionarios de carrera”, añadió.

453 pueblos de Castilla-La Mancha no tienen sucursal bancaria

ALBACETE.- El director general de Eurocaja Rural, Víctor M. Martín, asegura que  recibía continuamente llamadas de los alcaldes para que se instalara una oficina de la entidad en su localidad. Y con razón. En España, la población de más de 4.100 municipios no dispone de esta clase de establecimiento, el 2,7 por ciento de la población. Otros 1.281 tan solo disponen de una única entidad, en la que residen un total de 1,4 millones de habitantes, el 3,1 por ciento de la población. 

En el caso de Castilla-La Mancha, este porcentaje aumenta hasta el 3,6 por ciento, pues 453 municipios no tienen oficina alguna donde los vecinos pueden realizar sus operaciones bancarias.  No hay que olvidar que, según un estudio del Grupo Inmark, el 60,9 de los clientes de las cajas rurales acuden a la oficina bancaria al menos una vez al mes, frente al 51,3 por ciento del resto de entidades bancarias.
El cierre de las oficinas bancarias en España no ha cesado desde el inicio de la crisis en 2008. En 2017 operaban en España un total de 27.320 oficinas de entidades, un 40 por ciento menos que en 2008. 
En el caso de Castilla-La Mancha, la región pasó de 2.029 oficinas abiertas en aquella fecha  a 1.556 el termino de 2017, un 23 por ciento menos y la comunidad que menos oficinas bancarias ha cerrado durante dicho periodo de tiempo. El mayor tijeretazo a las oficinas bancarias se dio en 2013, en plena crisis financiera debido a la reestructuración de caja y los rescates a la banca, cuando el sector cerró 4.451, casi el 12 por ciento de las sucursales que había en España un año antes.
Esta exclusión bancaria en determinados territorios, choca con la concentración aún existente en algunas provincias españolas, que se encuentra cerca de duplicar el limite por el cual el Banco Central Europeo considera un mercado altamente concentrado. 
Actualmente, según datos del Banco de España, nuestro país cuenta con una oficina por cada 1.613 habitantes, mientras que la media de la Eurozona se sitúa en una oficina por cada 1.278 habitantes. 
Respecto al número de trabajadores, en cada sucursal trabajan, de media, 6,5 operarios por los 15,6 empleados en la media de la UE, según crónica de www.eldigitalcastillalamancha.es.

Eurocaja rural Castilla-La Mancha: nuevo nombre para una entidad "sólida y privilegiada"


TOLEDO.- Caja Rural Castilla-La Mancha pasa a ser Eurocaja rural, según lo ha anunciado hoy su director general Víctor Manuel Martín López. La entidad ha celebrado su asamblea general ordinaria con un aforo prácticamente a rebosar en su sede toledana, según eldiario.es

En el "máximo acontecimiento anual" de la entidad bancaria, han recordado al expresidente de Caja Rural Toledo, Francisco Basarán, que dejó su "huella de afecto en todos los que le conocimos", señaló el presidente de la Caja, Javier López. 
López Martín fue el encargado de abrir la asamblea, asegurando que "somos líderes en confianza y rentabilidad" debido a las principales líneas de actuación que se han seguido.
Con una posición "sólida y privilegiada" entre las cajas española, López ha celebrado que los resultados obtenidos durante 2017 son "de mucho calado" y que dan una "buena perspectiva para los años venideros, a lo que suman una "imparable" extensión territorial tras haber llegado hasta la Comunidad Valenciana. 
"Nadie pensaba que la Caja que nace en Toledo en 1965 llegaría 53 años más tarde a tener presencia en la zona de Levante", recalcó el presidente. "Tenemos un proyecto de largo recorrido el modelo, es un valor seguro desde hace ya más de cinco décadas con ratos de solvencia extremadamente buenos, con pasos cortos pero firmes. No nos conformamos, somos ambiciosos", aseguró.
Por otro lado, destacó la combinación de las casi 400 oficinas de la caja con la "amplia oferta digital y tecnológica" como las "claves" para ofrecer un servicio de "máxima calidad". "Queremos consolidar la caja como entidad financiera de referencia y estar a la altura de lo que demanda la entidad. Con una excelente posición estratégica, una morosidad por debajo de la media y un modelo consistente. Sabemos ajustar sus ambiciones a sus capacidades", continuó López.
El director de la entidad, Víctor Manuel Martín, fue el encargado de anunciar el cambio de nombre de la caja, lo que asegura es el "broche" de una "fantástica etapa" y el comienzo de otra "nueva y emocionante". 
"La Caja se presenta sólida, como una referencia social, como una banca ética que busca el bien de sus socios y clientes", aseguró Martín al repasar el desarrollo de la labor durante 2017. El nuevo nombre, explicó, une a todos quienes tienen "el corazón rural y la sangre verde". 
Como "excelentes resultados" resumió Martín la situación actual de la entidad bancaria, con "números que hablan por sí solos" de una entidad "solvente, segura y estable". 
La ahora llamada Eurocaja rural ha subido su ratio de solvencia en los últimos dos años del 16,92% al 18,03%, y también ha bajado su ratio de morosidad del 3,17% al 2,82% en el mismo período. "Esto es ruralismo", afirmó. 
Ante estos datos, sin embargo, advirtió que no se pueden olvidar las "dificultades y retos" que ofrece la economía actual, entre los que nombró la posible retirada de estímulos del Banco Central Europeo.
"La Caja ha sido capaz de comportarse ágilmente y trabajamos con el convencimiento profundo de que la estrategia planteada es la más idónea y el tiempo nos ha dado la razón. Nos basamos en el fortalecimiento de alance y en nuestros resultados recurrentes", resaltó Martín. 
Actualmente, Eurocaja Rural es la única franquicia financiera física en 42 localidades, por lo que en 2018 la atención de la compañía se seguirá centrando en la búsqueda de "alternativas" para que el modelo llegue al "mayor" número de clientes.
En cuanto a las oficinas, Martín ha señalado que las oficinas casi han doblado su número entre 2011 y 2018, cuando llega a las 392, y superando los mil trabajadores. Entre ellos, el 47% son mujeres, y el 54,4% son menores de 40 años. 
Además, han señalado que el proceso de digitalización de la clientela es "evidente" ya que se han producido unos 68 millones de transacciones online, lo que ha supuesto un crecimiento de estos trámites de un 46,5%. En total hay más de 412.000 clientes y casi 80.000 socios.

Los regantes del Trasvase piden a Pedro Sánchez que «puntualice sus declaraciones»

MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, contestó este viernes a los comentarios del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anoche en Albacete, que quiso «poner fin a los trasvases y apostar por las desaladoras del Levante».

«Esperamos que el dirigente socialista Pedro Sánchez puntualice rápidamente sus declaraciones contra los trasvases, vertidas en Twitter. Apostar contra los trasvases no es ni bueno para la nación ni factible para el desarrollo del país. Son declaraciones muy desafortunadas para ser proferidas por un dirigente político que pretende gobernar los designios de la nación española», explica Jiménez.
En el comunicado el presidente de los regantes del Trasvase solicita al dirigente socialista que aclase «si su pretensión de acabar con los trasvases y apostar por la desalación como recurso estrella, es una medida extensible a todos los municipios abastecidos por los más de cuarenta trasvases existentes en la actualidad. 
Si, caso contrario, sólo se refiere a las regiones levantinas, sería de igual modo importantísimo saber cual es la opinión de los dirigentes autonómicos y locales de estas poblaciones ante dichas declaraciones y cuales serán las actuaciones a seguir. Dado que condenar al Levante, y sólo al levante a un futuro sin trasvases supondría un recorte inminente e importante de nuestras opciones de desarrollo futuro».
Concluye el comunicado considerando que «ha llegado el momento de parar con esta locura de declaraciones mediáticas, dejar el asunto del agua en manos técnicas, no demonizar una obra en concreto por el mero hecho de captar atención electoral y planificar el recurso del agua bajo un prisma aséptico y profesional».

Pedro Sánchez y Diego Conesa, enfrentados en Twitter por los trasvases

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, defendió esta mañana en Twitter el trasvase del Tajo como "imprescindible para beber y para vivir", y también considera imprescindibles las desaladoras.

Conesa ha hecho público este tuit después de que el líder socialista Pedro Sánchez anunciase hace doce horas en Albacete que "el PSOE pondrá fin a la política del agua del PP basada exclusivamente en trasvases", y que Cristina Narbona afirmase que hay que garantizar hoy y mañana agua en la cuenca del Segura, que gradualmente procederá cada vez más de sus propios recursos, aumentando la desalación y reduciendo así la necesidad de agua del Tajo".
Conesa manifestó en Twitter que defenderá "lo que es imprescindible para mi Región con la misma razón y pasión que defiendo lo que es imprescindible para el resto de España".  
"Y lo haré como sólo sé hacerlo: con la verdad,con sentido común y con la planificación que hoy brilla por su ausencia en el relato político regional y nacional, donde se gobierna a golpe de titular, vendiendo humo, enfrentando territorios y amordazando ideas y opiniones discrepantes", añadió en otro tuit. 

Cristóbal Montoro certifica el fin de ciclo de Mariano Rajoy / Carlos Carnicero *

No hay Gobierno en España. Es la impresión de lo que viene sucediendo en los últimos tiempos. Sobre todo, referido al fracaso de la estrategia de Mariano Rajoy frente al secesionismo.

Pero no solo en este acápite fundamental. Se instala la sensación de fin de ciclo que recuerda a lo que sucedió en la última época de la UCD en el Gobierno de España. Para que la similitud sea simétrica, solo falta la estampida final en las confrontaciones internas del PP al grito de "sálvese quien pueda".


El presidente de Gobierno hace tiempo que ha abdicado de toda acción política frente al desafío catalán. Ha dejado toda la defensa del estado en manos del Rey y del magistrado Pablo Llarena.

Pero en su desidia ha dado un paso al frente. El ministro Cristóbal Montoro, sorprendentemente y sin una razón distinta que su imprudencia o su deseo de justificar su gestión, ha declarado en una entrevista en el diario El Mundo que "no se ha utilizado ni un euro de dinero público en el referéndum del 1-O".


En otras palabras, Montoro contradice de raíz la existencia de los presuntos delitos que justifican el procesamiento de los golpistas por malversación. Hasta tal punto que el magistrado Llarena ha requerido al Ministerio de Hacienda para que apuntale con datos lo manifestado por el ministro.

Y todo ello con la extradición de los fugados pendiente de decisión de las autoridades judiciales de Alemania, Bélgica y el Reino Unido.


Es el último episodio de una larga carrera de errores y omisiones cometidos por Rajoy desde que comenzara la más importante crisis de la democracia española desde el golpe de estado del 23-F.

La impericia del Gobierno en el intento de referéndum del 1-0 es de sobra conocida. Las fotos de la intervención policial, producto de la incapacidad del ejecutivo para prevenir la respuesta del secesionismo, apuntaló el relato secesionista en el mundo.


Tuvo que mediar el Rey para establecer un sólido muro de contención del secesionismo. A la vista de lo ocurrido desde la puesta en vigor del artículo 155, la intervención se ha quedado corta. Y no solo en lo referido a la televisión pública catalana.


Fuentes cercanas a la delegación del Gobierno en Cataluña, dan cuenta de la desazón del delegado, Enric Millo, por los criterios impuestos desde el Gobierno en la administración de los órganos intervenidos de la Generalitat.

Las mismas fuentes afirman que la mayor parte de las instituciones de la Generalitat carecen de un control efectivo del Gobierno de Rajoy y que están sincronizadas por canales subterráneos al servicio de los intereses del cesado presidente Carles Puigdemont.


Según estas fuentes, la consigna impartida desde la presidencia del Gobierno de España ha sido la de mínima intervención y guante de terciopelo en la gestión pública de los órganos de la Generalitat.


En este momento, producto de diferencias importantes de criterio en estos asuntos, la comunicación del presidente Rajoy con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, está rota.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sigue fiel a su compromiso de apoyar al Gobierno de Rajoy en la defensa del estado. Pero su descontento y sus discrepancias son profundas.


La acusación de desistimiento de la política y la delegación de todo el peso en el Tribunal Supremo hace más incomprensible la posición de Montoro de cuestionar la utilización de fondos públicos sostenida por el magistrado Llarena.

La puntilla: los sindicatos y el 'caso Cifuentes'


Hay otros episodios que sin ser responsabilidad directa de Rajoy apuntalan la idea de fracaso en la crisis catalana. Sin duda el apoyo público y activo de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT a la causa del independentismo.

Se ha constatado la baja masiva de afiliados en los dos sindicatos a los que nadie ha sido capaz de reconducir en su deriva de apoyo a los golpistas.


La ausencia de una estrategia de comunicación internacional del Gobierno en la crisis catalana ha promovido discretas quejas de embajadores por la falta de instrucciones en sus respectivas legaciones para contrarrestar el relato secesionista.

Rajoy traslada la impresión de que toda la acción política de su gobierno está succionada por la amenaza electoral de Ciudadanos. La gestión de la crisis de Cristina Cifuentes es un buen ejemplo. Prefiere que no dimita solo con la creencia de que el apoyo de Ciudadanos a la moción de censura presentada por Ángel Gabilondo pase factura al partido de Albert Rivera por la participación de Podemos.

Empieza a producirse abandonos en el barco del Partido Popular en medios de comunicación, hasta ahora amigos, y en sectores financieros. 


Lo más preocupante, sin duda, es el frente contra los intentos de secesión en Cataluña y la sensación creciente de que Mariano Rajoy navega a la deriva en estas aguas turbulentas.


(*) Columnista